Fue entrevistada por EL TIEMPO sobre Desplazamiento es perpetuación de pobreza para generaciones presentes y futuras. La pionera de las investigaciones económicas sobre este fenómeno muestra el empobrecimiento de millones de campesinos del país.
El pasado 30 de junio, el Gobierno entregó, a instancias de la Corte Constitucional, los lineamientos de política pública para la restitución de bienes a las víctimas del desplazamiento forzado, quienes sufrieron despojo de sus tierras o las tuvieron que abandonar, no para buscar mejores oportunidades de vida sino para ponerse a salvo de las constantes amenazas (principal causa del desplazamiento) o para evitar ser asesinados, descuartizados o masacrados.
Nunca como hoy, aquí y ahora, se hace necesaria una ley de restitución o, finalmente, una reforma agraria que les entregue a todas las personas en situación de desplazamiento las tierras que perdieron o las que necesiten para regresar al campo, su lugar de origen, del que nunca debieron salir. Estos desplazamientos han sido, en su gran mayoría, de familias individuales y no masivos, por lo que las imágenes de cientos de personas que huyen a campos de refugiados no son el pan de cada día y, tal vez por ello, este éxodo sigue sin ser prioridad nacional.
Estudios recientes coinciden en señalar que el 8 por ciento de la población, o sea alrededor de tres millones seiscientas mil personas, son víctimas de desplazamiento, cifra que, de manera vergonzosa, nos pone por encima de países con guerras declaradas, como Irak, Sudán, el Congo y Somalia, según reciente informe del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados.
La restitución de tierras y en general el impacto económico sufrido por la población campesina son temas del que se vienen ocupando economistas nacionales y extranjeros, como sucedió hace unas semanas en el foro "De la justicia transicional a la justicia social", organizado por el Programa de Justicia Global y Derechos Humanos de la Universidad de los Andes y Prio de Noruega.
Dentro de este grupo de expertos se destaca, como pionera, la economista ambiental Ana María Ibáñez, quien comenzó hace ocho años a recolectar datos, a cruzar cifras oficiales con las de organizaciones no gubernamentales, a elaborar estadísticas y a construir ecuaciones que la hicieron parecer un "perro verde", como con humor se nombra.
El fenómeno del desplazamiento, en general, se narraba en primera persona, a través de sufridas historias de vida; o a varias voces, a partir de reflexiones de sociólogos, sicólogos, antropólogos y demás científicos sociales, quienes indagaban causas y consecuencias, documentando una de las más tristes y críticas secuelas del conflicto armado y del despojo de la tierra; pero el impacto económico sufrido por estas familias no era estudiado ni tenido en cuenta.
"Como economistas nos preocupamos por lo cuantitativo, pero lo cualitativo, las narrativas de la violencia, las historias de vida, enriquecieron y enriquecen el trabajo árido de números, indicadores y porcentajes. Comencé -dice Ana María- con una colega a interesarme por los costos de la violencia en Colombia, no como se calculaba: ¿Cuánto dinero se dejaba de invertir en lo social, para dedicárselo a la guerra?, por ejemplo, sino que quisimos saber qué le pasó al bolsillo de cada campesino, qué a los activos de estos hogares".
El libro de Ana María Ibáñez, El desplazamiento forzoso en Colombia: un camino sin retorno hacia la pobreza, publicado el año pasado, con motivo de los 50 años del Centro de Estudios Económicos, Cede, de Los Andes, se convirtió en uno de los primeros balances económicos sobre la cuantía de los activos que estos tres millones seiscientas mil personas perdieron. Uno de sus principales hallazgos, que se repite en varios capítulos, es que: "El desplazamiento sí es un camino sin retorno hacia la pobreza, un camino que, además, pueden también trasegar las segundas generaciones si el Estado y la sociedad no deciden asumir su compromiso y adoptar las medidas necesarias para evitarlo".
"Las estadísticas son poderosas", advierte Ana María, con enorme satisfacción, ya que gracias a ellas cumplió con su objetivo de demostrar con cifras las pérdidas económicas de personas, de hogares y de la economía nacional, en general. Y enfatiza: "Además de un legado de dolor, el desplazamiento deja un legado de pobreza".
La economista Ibáñez formó un equipo y se asoció con la Conferencia Episcopal, para medir el impacto económico, a través de testimonios de desplazados. Diseñaron una encuesta económica con la asesoría de un experto del Dane, la cual aplicaron en 2.322 hogares de 48 municipios de 21 departamentos, a través de las 3.764 parroquias de la iglesia católica, lugar a donde acuden, en primer lugar, las familias que son obligadas a salir de su parcela con lo puesto.
"Lo primero que indagamos fue cómo se había dado el proceso de migración, quién o quiénes los había victimizado, qué personas del hogar fueron asesinadas, si habían migrado solos o acompañados, cómo cambió el hogar, cuántas personas lo componían antes y cuántas después, si se perdió el jefe del hogar o la persona más productiva, cómo eran las condiciones socioeconómicas antes y cómo en la actualidad, cuánto ingreso dejaron de recibir, qué consumían antes de salir y qué consumen ahora. Preguntamos por las condiciones de salud, de educación, el acceso a capital financiero formal y no formal, por las pérdidas de redes sociales y las implicaciones de estas carencias en su salud y un largo etcétera".
Una parte de los resultados de la encuesta son materia prima del libro de Ana María, en el que se hace un reconocimiento a la política que ha delineado el Estado colombiano para población desplazada, única en el mundo. Sin embargo, la economista considera que el problema es que la gran mayoría de esos lineamientos no se cumple y se trata de una política puramente asistencial. Por otro lado, como no se han fijado parámetros claros de restitución ni capacitaciones de largo aliento, esos campesinos y pequeños agricultores no han podido volver a ser productivos.
"Los mercados laborales citadinos no han tenido la capacidad de absorber esa numerosa mano de obra no calificada para empleos urbanos. El desplazamiento en este escenario es una perpetuación de la pobreza para las generaciones presentes y, tal vez, futuras", dice la economista con amargura, y agrega: "Al restringir las alternativas de generación de ingreso, el choque causado por el desplazamiento contrae el ingreso permanente por debajo de la línea de pobreza, condenando a las familias desplazadas a pobreza estructural y a una alta dependencia de la asistencia estatal".
Las personas desplazadas se han ido a los mercados informales, compiten con las personas más vulnerables y pobres de la población, por lo que los salarios de ese sector han caído, en cinco años, en un 60 por ciento. El ingreso después de meses de desplazamiento no es siquiera la mitad del que percibían cultivando la tierra son también otros de los hallazgos de la investigación de Ibáñez.
Los retornos hasta ahora no han sido fáciles ni anhelados: solo el 11 por ciento de los entrevistados por Ibáñez, así lo manifiestan. Las asesinadas Yolanda Izquierdo Berrío, Carmen Cecilia Santana Romaño, Osiris Jackeline Amaya y Judith Vergara Correa lideraban estos procesos en sus familias y comunidades. Estos retornos que van más allá del pasaje de bus que entrega el Gobierno, porque así sus tierras no estén ocupadas, se necesita dinero para desmontarlas, para comprar semillas y para hacer mejoras locativas a casas que hace por lo menos cinco años no se habitan. Y, claro está, no se debe olvidar el imperativo sine qua non: que los recientes amos de la tierra ya no sean sus vecinos.
El mejor homenaje hacia estas mártires del desplazamiento sería que los lineamientos de política de restitución, que se entregaron esta semana, no se queden en el papel sino que se pongan en marcha para brindar futuro a quienes, hasta el momento, no tienen más que deudas, penurias y dolor.
Myriam Bautista
Para EL TIEMPO
