Gaceta CEDE 10: Cómo promover la formalización de la pequeña minería de oro

Según la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, la minería que extrae el metal depositado en las playas, terrazas y cauces de los ríos alcanzó un área de 100.752 hectáreas en 2020, 22% más que a mediados de la década pasada.

Lamentablemente, el 69 % de esta explotación es “ilegal” pues tiene títulos mineros, ni ha sido declarada área de reserva especial (un tipo de concesión para la pequeña minería realizada por comunidades) ni está registrada como en tránsito hacia la legalidad. 

La cifra preocupa pues significa que la mayoría de la minería de oro en el país no cumple con requisito ambiental alguno o de seguridad social o laboral y no paga impuestos o regalías. Adicionalmente, está sujeta a presiones de los grupos organizados criminales que extraen rentas de la actividad.

Sin embargo, esta minería clasificada como ilegal también incluye la pequeña minería informal sin los permisos legales y los requerimientos para surtir el proceso de formalización. Un estudio del Centro de Estudios sobre Seguridad y Drogas (Cesed) de la Universidad de los Andes, explica cómo la política pública que categoriza como ilegales a los mineros que operan sin los requerimientos formales ha estigmatizado a aquellos que son pequeños o usan técnicas artesanales. Además, ha justificado intervenciones policiales en muchas comunidades sin haber resuelto las barreras estructurales que enfrentan los pequeños mineros para formalizarse.

Actualmente, el 41 % de la explotación de oro de aluvión ocurre en Consejos Comunitarios de Comunidades Negras y el 28 % de la minería clasificada como ilegal ocurre en Zonas Mineras Especiales de Comunidades Negras. Esta última figura, si bien garantiza el derecho de prelación a las comunidades para explotar la minería en su territorio, no las exime de contar con los permisos técnicos ni ambientales para obtener el título minero o concesión. 

Según el estudio, existe un consenso en torno a la formalización como la estrategia crucial para desarrollar el sector de la pequeña minería y diferenciarla de la minería criminal. Dentro de las estrategias que se han propuesto para avanzar y promover la formalización de la pequeña minería están el diseño o reajuste de marcos regulatorios y una burocracia más eficiente, la asignación de derechos de propiedad sobre los minerales, las soluciones de mercado y acceso a certificaciones, los arreglos de coexistencia o integración vertical (subcontratos de concesión) y la intervención simultánea de las economías cocalera y minera.

En dos artículos recientes (publicados en el Journal of Environmental Economics and Management y  en World Development), Maria Alejandra Vélez, directora del CESED; Luz Ángela Rodriguez, profesora de la Universidad Javeriana; y Alexander Pfaff, profesor de la Universidad de Duke, exploran experimentalmente una estrategia novedosa que podría inspirar el diseño de nuevas políticas en el sector. En particular, evalúan el efecto de incentivos colectivos para promover la adopción de tecnologías más limpias. Estos incentivos ayudan a superar las limitaciones de monitoreo sobre la pequeña minería y la mayor eficiencia de hacerlo a nivel comunitario. Además, se concentra en incentivos positivos en lugar de multas o sanciones, que resultan inefectivas para cambiar el comportamiento especialmente considerando que son comunidades marginadas con altos niveles de pobreza y por fuera de la economía legal.

Los artículos se apoyan experimentos económicos con más de 800 mineros de oro en nueve consejos comunitarios de Buenaventura.  En estos experimentos, los participantes toman decisiones con consecuencias monetarias para entender el efecto de diferentes reglas de juego o instituciones. Concretamente, se estudia el efecto de un incentivo entregado al grupo de mineros, condicional a su cumplimiento con un límite de número de motobombas en su comunidad. El pago por cumplir con lo establecido era repartido de manera equitativa entre todos los participantes. Los resultados confirman que estos incentivos colectivos sirven para regular la actividad de los mineros.

Esta propuesta innovadora demuestra que el manejo comunitario puede ser una estrategia prometedora, pero que debe ser apoyada e incentivada desde el Estado. Sus impactos van más allá del bienestar de los propios mineros, y alinean los intereses del resto de la sociedad.

​​​​​​​*Adaptado del texto de María Alejandra Vélez y Luz Ángela Rodríguez para EL TIEMPO.

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