Notas de Política
Con el ánimo de contribuir al diseño de mejores políticas públicas y de aportar elementos académicos al debate público, la Escuela de Gobierno y el Centro de Estudios sobre el Desarrollo Económico (CEDE) presentan periódicamente los resultados de investigaciones académicas en un lenguaje ágil y accesible para un amplio espectro de personas en Colombia.
Notas de Política No. 27
"La presente nota de política expone las conclusiones de la revisión de la evidencia científica, nacional e internacional, por parte de los autores sobre la implementación de un impuesto a las bebidas azucaradas (BA), que incluyen bebidas gaseosas y jugos o néctares con azúcares añadidos en Colombia, y provee recomendaciones de política para la discusión sobre la inclusión de un impuesto a estas bebidas en una reforma tributaria. Los impuestos han sido una medida empleada para reducir el consumo de sustancias nocivas como el alcohol y el cigarrillo. Esta ha demostrado ser efectiva en la reducción del consumo de estos productos. En el caso de estas dos sustancias, no solo se ha demostrado su efectividad, sino también su costo-efectividad y factibilidad, lo cual hace los impuestos muy atractivos como herramienta de política pública. Con este antecedente, en los últimos años varios países han considerado e inclusive puesto en práctica un gravamen a las BA..."-- Tomado de la página 1
02-12-2016
Notas de Política No. 26
"La Ley 70 de 1993 es quizás, después de la abolición de la esclavitud en 1851, la política pública más importante y determinante en la historia de las comunidades negras del Pacífico Colombiano. Comunidades rurales, en lo que hoy se considera el Chocó biogeográfico, pasaron de habitar unos territorios considerados baldíos a ser dueños de sus territorios. La Ley 70 además prometió el desarrollo económico y social de sus habitantes. En Colombia hoy persisten brechas significativas en términos de resultados y oportunidades para las comunidades negras e indígenas, si se comparan con la población mestiza del país (Cardenas, Ñopo y Castañeda, 2014). Estas brechas incluso persisten al interior de las regiones con prevalencia afro o indígena. La Constitución de 1991, en reconocimiento a la importancia de estas poblaciones en la construcción de un país multicultural y respondiendo a estas desigualdades, reiteró el reconocimiento a la ocupación ancestral de las comunidades indígenas y afrodescendientes sobre sus territorios..."-- Tomado de la página 1
02-10-2016
Notas de Política No. 25
"La presente nota de política resume los resultados y recomendaciones de política de la investigación llamada: "Movilidades en zona de conflicto". Este proyecto explora las vidas de trabajadoras sexuales trans en Bogotá, cuyas geonarrativas de (in)movilidad son más complejas que la realidad imaginada por la sociedad urbana corriente y los transeúntes en Bogotá. En el contexto colombiano, el reporte más reciente de derechos humanos sobre violencia contra la población LGBTI reporta 824 víctimas de homicidio entre 2006 y 2014; de este total, 19 de las 30 víctimas de homicidio durante 2013 y 2014 fueron mujeres trans, y estos casos fueron documentados por el Gobierno como crímenes por prejuicio cometidos en razón de la identidad de género de la víctima (Colombia Diversa, 2015). En la sección de abuso policial, el reporte también muestra una incidencia considerablemente alta entre mujeres trans a lo largo de múltiples regiones en Colombia..."-- Tomado de la página 1
02-08-2016
Notas de Política No. 24
"Este documento contiene una serie de reflexiones sobre la política de desarrollo rural, las cuales surgen de una reciente evaluación de impacto al Programa de Desarrollo de las Oportunidades de Inversión y Capitalización de Activos de las Microempresas Rurales, del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural (MADR), programa que se conoce como Oportunidades Rurales (OR). El programa OR operó entre 2007 y 2014 y fue incorporado al Plan Nacional de Desarrollo (2010-2014) como uno de los instrumentos de política para mejorar la capacidad de generación de ingresos de la población rural. De acuerdo con el MADR, el programa tuvo una operación exitosa y por esta razón, OR se convirtió en uno de los puntos de partida para el diseño de las políticas y proyectos de desarrollo rural, incluyendo la nueva estrategia de Desarrollo de Capacidades Productivas y de Generación de Ingreso del MADR..."-- Tomado de la página 1
02-04-2016
Notas de Política No. 23
"Uno de los objetivos fundamentales de la política social es garantizar la movilidad social, entendida como el rompimiento de la dependencia de los resultados socioeconómicos de una cohorte de individuos con respecto a la de sus padres (Azevedo y Bouillon, 2010). En otras palabras, asegurar que el destino de una persona no dependa del lugar o del hogar donde nace. Para ello, se deben proveer las condiciones necesarias que aseguren que aquellos individuos provenientes de los contextos más vulnerables, puedan ubicarse en condiciones socioeconómicas más favorables que las de sus padres al alcanzar la edad adulta. Esta movilidad social hacia arriba, a su vez, de acuerdo con estudios previos, permitiría también en muchos casos la disminución de la inequidad, otro objetivo deseable de la política pública. La educación de calidad es quizás el vehículo más importante para lograr el tránsito hacia las mejores condiciones socioeconómicas, una mayor movilidad y una mejor distribución del ingreso en la sociedad..."-- Tomado de la página 1
02-10-2015
Notas de Política No. 22
Desde el año 2011, la ONU promueve la década de la seguridad vial, iniciativa que surge al reconocer que los accidentes de tránsito son un problema de salud pública mundial: a causa de estos, hay más de 1,3 millones de muertos y cerca de 30 millones de heridos anualmente en el planeta. La década de la seguridad vial busca consolidar políticas integrales que reduzcan de manera significativa los accidentes, especialmente en países en desarrollo, donde se concentra esta problemática. La Universidad de los Andes ha venido trabajando en diversas investigaciones con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y el Fondo de Prevención Vial (FPV), en temas relacionados con la accidentalidad vial y su prevención, en especial a nivel urbano. Este documento resume las recomendaciones que hemos venido realizando en el Grupo de Estudios en Sostenibilidad Urbana y Regional (SUR) frente a esta problemática, y presenta opciones para construir una política sostenible de seguridad vial en nuestras ciudades
02-08-2015
