Políticas Públicas

El pasado 22 y 23 de Julio se llevó a cabo el evento Políticas públicas para la reducción de la criminalidad urbana en Colombia, organizado por la Universidad de los Andes, el Ministerio de Defensa, la Policía Nacional, el Centro de Estudios sobre Seguridad y Drogas -CESED, el Banco Interamericano de Desarrollo-BID y la CAF - Banco de Desarrollo de América Latina. Con la presencia del Ministro de Defensa, Juan Carlos Pinzón; del Director General de la Policía Nacional, General Jose Roberto León Riaño y de profesores de las universidades de Cambridge, George Mason y los Andes, se discutió la optimización de metodologías policiales y del sistema penal, dando a conocer diferentes casos, experiencias y propuestas para reducir la criminalidad urbana de una forma más eficiente y congruente con los recursos de la fuerza policial colombiana.

A lo largo del evento se hizo un enfoque en el uso de análisis empírico y evidencia clara para la aplicación adecuada de políticas. De este modo, se dejó claro, tanto por parte de los estudios nacionales como internacionales, que las políticas más efectivas deben ser el resultado de un proceso de experimentación, estimación de impacto y diseño de mecanismos para contrarrestar factores externos. Para el estudio del sistema penal, el trabajo de Ana María Ibáñez, Catherine Rodríguez y David Zarruk –am Universidad de los Andes- expuso la incidencia del sistema judicial sobre la participación de jóvenes en actividades criminales (costos, impactos y canales de transmisión) y, a su vez, sobre la asistencia educativa.

Para las estrategias de prevención, se hizo énfasis en el entrenamiento y acción zonal de la fuerza policial, y la aplicación de decretos restrictivos (ej.: restricción a la venta de alcohol). Sobre este último punto, el estudio realizado por Joao de Mello –de la PUC Rio-, Daniel Mejía y Lucía Suárez –ambos de la Universidad de los Andes- dejó entrever, en principio, las dificultades para identificar los canales de transmisión entre los decretos y la reducción del crimen. Y, sin embargo, a partir del análisis econométrico y algunas conjeturas es clara la relación entre las restricciones y la reducción de algunos crímenes.

Con respecto a la acción zonal, los dos expositores estadounidenses, Lawrence Sherman y David Weisburd, de la universidad Cambridge y George Mason, respectivamente, dejaron claro que es más efectivo atacar “hot spots” –zonas con alta actividad criminal- para reducir el crimen en las ciudades. Y para el caso colombiano, los estudios de Daniel Mejía, Juan Felipe García –de la Fundación Ideas para la Paz-, Daniel Ortega –del Banco de Desarrollo de América Latina-, Francisco José Lloreda –Alto Consejero Presidencial para la Convivencia y la Seguridad Ciudadana- y los expuestos por el General José Roberto León se acentuaron sobre el Plan Cuadrantes de la Policía Nacional. De este plan es importante mencionar los procesos de implementación, articulación y entrenamiento, que incluyen un trabajo integral con la ciudadanía y sus condiciones culturales, y con otras entidades locales.

El evento finalizó con la introducción del General José Roberto León Riaño al Evidence-Based Policing Hall of Fame de la Universidad George Mason de la mano de David Weisburd. Se le condecoró por su trabajo exhaustivo con la Policía Nacional y por la planeación e implementación de políticas basadas en estudios integrales, incluyendo la relación entre la policía y la comunidad.

Aparte de las teorías y casos expuestos, vale la pena destacar de este evento que es la muestra de los diferentes tópicos relevantes para la esfera social colombiana que pueden y deben ser estudiados por los centros de estudio económico y que, hasta el momento, parecen haberse dejado de lado.