12 de mayo de 2026

Juliana Londoño Vélez, Profesora Asistente en Economía, Universidad de California en Los Ángeles.

Doctorado: Universidad de California en Berkeley.
Maestría: Escuela de Economía de París.
Pregrado: Universidad de los Andes.

Página personal: https://sites.google.com/site/julianalondonovelez

Estefanía Saravia, Candidata a Ph.D. en Economía, Universidad de California en Los Ángeles.

Pregrado y maestría: Universidad EAFIT.

Página personal: https://sites.google.com/view/estefaniasaravia

Sobre la iniciativa voces: https://economia.uniandes.edu.co/voces

En épocas de elecciones presidenciales en Colombia, varios candidatos se han pronunciado sobre el aborto. Desde la derecha, Abelardo de la Espriella ha declarado públicamente su oposición, afirmando que “defender la vida del indefenso” sería uno de los principios centrales de su campaña. En contraste, figuras de centro e izquierda han defendido el marco actual de derechos reproductivos.

Vale la pena entonces preguntarse: ¿qué ocurre cuando a una mujer se le niega el acceso a un aborto? Cuando una mujer no puede acceder a un aborto, enfrenta dos alternativas: continuar un embarazo no deseado o recurrir a procedimientos inseguros para interrumpirlo. Ambas opciones pueden tener consecuencias profundas para su salud, su bienestar económico y su familia.

Responder a esa pregunta no es sencillo. Las mujeres que logran acceder a un aborto son muy distintas de aquellas que no lo logran: pueden tener más recursos, más información o mejores redes de apoyo. Por eso, comparar ambos grupos directamente no permite aislar el efecto causal de negar el aborto de todas esas diferencias previas. Aunque estudios anteriores, como el Turnaway Study en Estados Unidos¹, abrieron el camino para entender qué ocurre cuando se niega un aborto, todavía sabemos poco sobre las consecuencias a largo plazo para las mujeres y sus hijos.

Colombia ofrece una oportunidad única para responder esta pregunta. El país cuenta con datos administrativos muy detallados que permiten seguir a las mujeres durante años después de haber buscado interrumpir su embarazo. Además, existe algo inusual y muy valioso para la investigación: variación casi aleatoria en quién obtiene acceso al aborto y quién no.

En Colombia, las barreras al acceso han llevado a más de cien mil mujeres a recurrir a tutelas para exigir una interrupción voluntaria del embarazo. Esta es la base de nuestro estudio. Más del 99% de estas mujeres solo busca acceder a un aborto una vez durante los más de 15 años que las observamos, lo que contradice la idea de que el aborto se use como método anticonceptivo.

Estas tutelas se asignan automáticamente y casi al azar entre distintos jueces. Algunas mujeres terminan con jueces más favorables al aborto; otras, con jueces mucho más restrictivos. En la práctica, algo tan importante como poder interrumpir un embarazo no deseado muchas veces depende simplemente del juez que le toque a cada mujer.

En un primer estudio analizamos todas las tutelas relacionadas con aborto presentadas en Medellín² y, en investigaciones posteriores, ampliamos el análisis al resto del país. Encontramos un primer dato impactante: una de cada dos tutelas para acceder a un aborto es rechazada, y esa decisión reduce de manera importante el acceso a medicamentos y procedimientos abortivos.

El segundo hallazgo es aún más sorprendente: el mayor predictor de que una tutela sea negada es el sexo del juez. Los jueces hombres rechazan el 62% de estas tutelas; las juezas, el 42%. No se trata de una diferencia aislada: esta brecha aparece de manera sistemática en casi todos los municipios del país.

¿Y qué ocurre cuando a una mujer se le niega el aborto?

Nuestros resultados muestran consecuencias profundas y duraderas sobre la salud, la vida familiar y la situación económica de las mujeres y sus familias.

Primero, aumenta el riesgo de muerte en los nueve meses siguientes, principalmente por infecciones severas. Esto sugiere que muchas mujeres recurrieron a abortos inseguros cuando no pudieron acceder a uno legal. En otras palabras, negar el acceso al aborto puede convertirse, literalmente, en una sentencia de muerte.

Al mismo tiempo, negar el aborto obliga a muchas mujeres a continuar embarazos no deseados. Los datos muestran que la probabilidad de dar a luz se duplica en los nueve meses siguientes. Esto contradice la idea de que restringir el aborto simplemente empuja los procedimientos a la clandestinidad sin afectar los nacimientos. Para muchas mujeres, negar el aborto cambia radicalmente su vida reproductiva: afecta no solo si tienen hijos, sino también cuántos tienen y cuándo los tienen, alterando profundamente el resto de sus vidas.

Seguimos a estas mujeres y sus familias hasta 15 años después de la tutela y encontramos efectos persistentes sobre su salud y bienestar.

Negar el acceso al aborto deteriora tanto la salud física como la salud mental de las mujeres. Años después, las mujeres a quienes se les negó el aborto presentan más problemas de salud, más visitas a urgencias y más hospitalizaciones. También muestran una mayor dependencia de medicamentos psiquiátricos, incluidos antipsicóticos, típicamente usados para tratar trastornos mentales graves. Las secuelas de negar un aborto legal persisten mucho después de la decisión judicial.

Los efectos también transforman la vida familiar. Las mujeres a quienes se les negó el aborto tienen mayor probabilidad de convertirse en madres solteras. La probabilidad de estar casadas o viviendo en pareja cae, mientras que el divorcio y la separación aumentan. Lejos de fortalecer a las familias, negar el acceso al aborto parece desestabilizarlas.

Las consecuencias económicas también son profundas. Estas mujeres alcanzan menores niveles educativos, participan menos en el mercado laboral y viven en hogares con menores ingresos.

El sistema de protección social colombiano detecta esta situación de vulnerabilidad y responde con más subsidios condicionados y una mayor afiliación al régimen subsidiado de salud, mientras que el mayor uso de hospitales, urgencias y medicamentos incrementa la carga sobre el sistema de salud. Negar el acceso al aborto también tiene costos fiscales persistentes.

Pero incluso con estos subsidios, las mujeres y sus familias siguen teniendo más probabilidad de vivir en pobreza y en barrios más vulnerables. Y los efectos son grandes: la probabilidad de vivir en pobreza extrema o moderada aumenta en casi un 50%, mientras que la probabilidad de vivir en los estratos más bajos aumenta en un 42%.

Y los efectos no terminan ahí. Al menos una de cada cinco mujeres que buscó abortar ya tenía hijos. Cuando se les niega el aborto, las consecuencias también recaen sobre esos niños: años después, tienen menos probabilidad de asistir al colegio y más probabilidad de trabajar.

En conjunto, nuestros resultados muestran que negar un aborto tiene consecuencias profundas y duraderas sobre la salud, la estabilidad económica y las oportunidades futuras de las mujeres y sus familias. Y las consecuencias no terminan con ellas: también recaen sobre los hijos que ya tenían antes de buscar el aborto.

Estas conclusiones son especialmente relevantes hoy, cuando varios candidatos presidenciales han convertido la oposición al aborto en una bandera política. El aborto es un tema complejo y nuestro objetivo como investigadores no es tomar posición sobre ese debate, sino aportar evidencia sobre las consecuencias de restringir el acceso al aborto. Entender esos efectos es fundamental para que la discusión pública se base en hechos y no únicamente en opiniones o intuiciones. En una discusión tan polarizada, los hechos importan.

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1.  Foster, Diana Greene, The Turnaway Study, (New York: Scribner, 2020).

2.  Londoño Vélez, Juliana & Estefanía Saravia. (2025). “The Impact of Being Denied a Wanted Abortion on Women and their Children.” The Quarterly Journal of Economics, 140 (2): 1061–1110.