Más allá de la frontera: cómo las deportaciones desde Estados Unidos afectan el empleo en El Salvador

En los debates sobre migración, las deportaciones suelen presentarse como una herramienta para disuadir la migración irregular, reforzar la seguridad y proteger los empleos de los trabajadores nativos. Sin embargo, detrás de esos objetivos hay una realidad más compleja: las deportaciones no solo tienen efectos dentro de Estados Unidos, sino también en los países de origen.

Una amplia literatura muestra que, en Estados Unidos, las deportaciones no han logrado mejorar las condiciones laborales de los trabajadores nacidos en el país ni reducir el crimen. Por el contrario, se asocian con aumentos en los costos de servicios esenciales como el cuidado infantil, de adultos mayores y de vivienda. Mucho menos se sabe, sin embargo, sobre sus efectos en los países de origen, donde las dinámicas migratorias están profundamente entrelazadas con la economía local.

En un documento de investigación reciente con Christian Ambrosius y Juliana Quigua, buscamos contribuir a esta literatura, estudiando el caso de El Salvador —uno de los países más marcados por la migración hacia Estados Unidos y por políticas migratorias enfocadas en intensificar las deportaciones.

El Salvador

Pocas economías dependen tanto de la migración como la salvadoreña. Uno de cada cuatro salvadoreños vive fuera del país y las remesas representan alrededor del 25% del PIB nacional. Entre 2000 y 2020, más de 300 mil salvadoreños fueron deportados desde Estados Unidos, el equivalente a casi el 5% de la población.

La mayoría de estas personas son hombres jóvenes con baja escolaridad y poca experiencia laboral formal. Al ser deportados, regresan sin ahorros ni redes económicas sólidas. El contexto que los recibe tampoco ayuda: altos niveles de informalidad, subempleo rural y violencia, además de la presencia de grupos criminales que restringen la movilidad y la actividad económica. Todo esto convierte a El Salvador en un caso clave para entender las consecuencias de las políticas migratorias estadounidenses más allá de su frontera.

La evidencia

Para analizar estos efectos, nuestro estudio se basa en la expansión del programa Secure Communities, una política migratoria implementada en Estados Unidos entre 2008 y 2014 que facilitó la detección y deportación de migrantes indocumentados. Durante este período, se estima que alrededor de 454,000 deportaciones estuvieron asociadas a esta política. La expansión del programa fue gradual y se aplicó condado por condado, lo que nos permite comparar municipios en El Salvador con diferentes niveles de exposición, según los lugares en Estados Unidos donde vivían sus migrantes antes de ser deportados.

Los resultados son claros: los municipios más expuestos al programa registraron caídas en los salarios locales. Los efectos se concentran entre los hombres, los trabajadores con menor nivel educativo y quienes se desempeñan en ocupaciones informales, especialmente en la agricultura.

Lo más revelador es que estas caídas salariales no se explican simplemente por las características de los deportados. Es decir, no se trata solo de que quienes regresan tengan menos habilidades o experiencia. Lo que ocurre es que su retorno altera el equilibrio del mercado laboral: aumenta la competencia por trabajos escasos y reduce el poder de negociación de los trabajadores locales.

El caso salvadoreño pone en evidencia una paradoja: una política pensada en proteger a los trabajadores estadounidenses termina afectando a trabajadores a ambos lados de la frontera. En Estados Unidos, las deportaciones impactan negativamente a los trabajadores nativos porque los migrantes suelen desempeñar tareas complementarias que aumentan la productividad y reducen costos en sectores como el cuidado, la construcción o la agricultura. En El Salvador, en cambio, el retorno forzoso de migrantes genera un exceso de oferta laboral en los sectores más informales.

Para los hogares, la caída de los salarios y de las remesas puede traducirse en mayores dificultades económicas. Para las comunidades, puede significar menos oportunidades y una renovada presión migratoria, alimentando un ciclo de emigración, deportación y falta de oportunidades tanto en los países de destino como en los de origen. En trabajos futuros buscamos documentar estos efectos a nivel de hogares y comunidades.

El caso de El Salvador muestra que las políticas de control migratorio no pueden analizarse de manera aislada ni limitarse a lo que ocurre dentro de las fronteras estadounidenses. Sus efectos se extienden a las economías que dependen en gran medida de la migración internacional y, lejos de fortalecer los mercados laborales, las deportaciones corren el riesgo de debilitarlos tanto en los países de destino como en los de origen.