Del Cultivo al Consumo: Debates sobre narcotráfico, violencia y política de drogas en Colombia

21 de abril de 2026

María Alejandra Vélez, Profesora Titular, Universidad de los Andes.

Doctorado: University of Massachusetts, Amherst.
Pregrado: Universidad de los Andes.

Página personal: https://sites.google.com/view/maria-alejandra-velez

Sobre la iniciativa voces: https://economia.uniandes.edu.co/voces

Entre el 2013 y el 2023, los consumidores de cocaína en el mundo crecieron de 17 a 25 millones, y buena parte de este crecimiento ocurrió en Europa (UNODC, 2025). Por su parte, el cannabis de uso adulto, el estupefaciente más consumido a nivel global con más de 244 millones de usuarios en 2023 (casi el 5% de las personas entre 15 y 64 años en el mundo), también ha venido creciendo en años recientes, con casi 100 millones de usuarios nuevos en los últimos veinte años (UNODC, 2025). En este contexto global Colombia continúa siendo el mayor productor de cocaína en el mundo; en 2023 concentró más del 70% de la producción potencial global (UNODC, 2025). Simultáneamente, es un importante productor regional de cannabis ilícito de uso adulto, con una capacidad productiva estimada en 3.000 hectáreas que suplen prácticamente toda la demanda doméstica y surten a un mercado de exportación regional principalmente hacia Brazil (Restrepo y Cuéllar, 2025). Actualmente, y por una dinámica que se remonta al 2014 con el anuncio del Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito (PNIS) y otros factores posteriores, el país se encuentra en picos máximos de área cultivada de coca (ver gráfica 1) y de producción potencial de cocaína, aunque hay un debate sobre la precisión de este indicador y la necesidad de mejorar su estimación.

La expansión de la oferta de estos dos mercados en Colombia se ha consolidado a pesar de los enormes esfuerzos a nivel nacional e internacional enmarcados en el contexto de la Guerra contra las Drogas (incautaciones, erradicación forzada, destrucción de laboratorios, etc.). Actualmente estos mercados se expanden en medio de un complejo contexto de seguridad nacional, unas promesas incumplidas de transformación de las regiones cocaleras estipuladas en el Acuerdo Final de Paz con las FARC-EP y un difícil escenario internacional. En particular, en medio de unas relaciones tensas con Estados Unidos que culminaron con la descertificación condicionada de Colombia como país aliado en la lucha contra las drogas en septiembre del año pasado, algo que no sucedía desde 1996-1997.

Gráfico elaborado por los autores a partir de información del SIMCI (2025)

La línea verde denota el anuncio del PNIS

Ante este contexto nacional e internacional, el debate público en el país parece haberse reducido a promover fórmulas ya probadas de erradicación forzada, incluida la fumigación aérea, como estrategia para disminuir los cultivos y atacar indirectamente las finanzas de los grupos armados que hoy controlan estos mercados. Asimismo, dados los resultados negativos de la actual estrategia de la Paz Total, parece que un sector de la sociedad quiere cerrar definitivamente la puerta a avanzar en soluciones negociadas con los actores armados vinculados a economías ilegales.

Las respuestas, sin embargo, deberían ser más complejas y matizadas, respondiendo a diagnósticos acertados de las regiones productoras y los actores involucrados, incluyendo análisis actualizados sobre el rol de los grupos armados después de la desmovilización de las FARC-EP e incluyendo años de aprendizajes y evaluaciones sobre las diferentes estrategias de la Guerra contra las Drogas. Para contribuir a esta discusión, desde la Red de Estudios sobre Drogas en América Latina (Redesdal) y el Centro de Estudios de Seguridad y Drogas (CESED) lanzamos el libro Del Cultivo al Consumo: Debates sobre narcotráfico, violencia y política de drogas en Colombia, editado con Ana Arjona y Lucas Marín Llanes, en el que 13 expertos[1] reflexionamos sobre la evidencia en estos temas y proponemos recomendaciones concretas para los próximos gobiernos. No es una conversación homogénea ni completa. Aún hay tensiones y vacíos de conocimiento, pero en estos capítulos intentamos proponer nuevos caminos para esta conversación que parece estancada en el tiempo, a pesar de los enormes esfuerzos y costos que ha enfrentado Colombia y en particular las poblaciones más excluidas y marginalizadas, como lo mencionamos en la introducción del libro.

Esta entrada de Voces es una invitación a leer este libro, que ofrece un resumen actualizado de varios de los temas más relevantes asociados con la política de drogas, sustentado en evidencia y recomendaciones desde la academia. Pero, sobre todo, es una invitación a que los hacedores de política, periodistas y, en general, la sociedad colombiana evite prejuicios y diagnósticos apresurados sobre el funcionamiento de estas economías, así como la formulación de propuestas de intervención sin planes de evaluación que permitan entender su efectividad, o, aún peor, ignorando evidencia clara sobre sus efectos no deseados. Muchos de estos prejuicios —como considerar que son economías intrínsecamente violentas, que la regulación del cannabis implica promover su consumo, o que los cocaleros forman parte de organizaciones criminales— han limitado el debate y las alternativas de política, además de fomentar la estigmatización de ciertas poblaciones y territorios.

Quizás lo más importante es que el énfasis de las recomendaciones que aquí desarrollamos parte de priorizar la reducción de la pobreza (vía intervenciones integrales) y la reducción de la violencia, incluso si esto implica sacrificar reducción de la oferta. Esto supone un reto para las relaciones internacionales, en particular con Estados Unidos—algo que no es menor y que requiere cuidar los canales diplomáticos bilaterales y reactivar las instancias diplomáticas regionales para buscar respuestas acordes con nuestras realidades.

Resumo aquí las recomendaciones principales que se sustentan en cada uno de los capítulos:

1. Las intervenciones de política pública para las regiones cocaleras deben seguir un modelo de intervención por fases que, antes de iniciar proyectos de sustitución, prioricen la inversión regional y extrapredio, incluyendo provisión de infraestructura rural como electrificación y construcción vial, entre otros. Es decir, se deben primero asegurar las condiciones necesarias para el desarrollo de una economía legal, teniendo en cuenta las diferencias regionales, ambientales y étnicas. Este modelo de intervención por fases debe responder a las geografías de la economía cocalera (y a sus patrones de concentración y desconcentración) y a la capacidad estatal, priorizando las intervenciones de acuerdo con las necesidades regionales y en articulación con las autoridades locales.
    
2. Incluir en las estrategias de la política de drogas el diagnóstico actualizado de las regulaciones que ejercen los actores armados sobre las economías de la pasta base, la cocaína y el cannabis. De esta manera será posible identificar las limitaciones de las estrategias e intervenciones que, al no fomentar mecanismos de regulación formal y comunitaria, mantienen las regulaciones de los actores armados sobre las economías de cocaína y cannabis.
    
3. Diseñar e implementar estrategias de inteligencia para controlar el lavado de activos de las estructuras financieras.  Así mimo, abandonar los operativos indiscriminados y priorizar enfoques de inteligencia y disuasión focalizada para reducir la capacidad violenta de las organizaciones, evitando incentivos perversos como la fragmentación producto de las capturas y los desmantelamientos.
    
4. En el actual régimen internacional de drogas, las medidas para reducir la oferta deben priorizar la destrucción de cristalizaderos y laboratorios, así como la incautación de grandes cargamentos de cocaína. Estas herramientas de interdicción deben contar con diagnósticos reales que permitan identificar si efectivamente están afectando las finanzas y las capacidades de las organizaciones que comercializan cocaína.
    
5. Diseñar e implementar un piloto para la regulación del cannabis de uso adulto, con un enfoque experimental para el inicio del proceso regulatorio, en el cual se definan indicadores de base para medir sus impactos en salud, sistemas productivos, inclusión y violencia.
    
6. Tramitar y aprobar en el Congreso de la República una nueva ley de sometimiento a la justicia para refinar marcos jurídicos, establecer beneficios, líneas rojas y compromisos tanto del Estado como de los grupos armados.
    
7. Diseñar procesos de negociación con organizaciones criminales de manera estratégica, complementando la política de seguridad y criminal, la justicia efectiva y la aplicación de la ley focalizada a partir de diagnósticos reales sobre el crimen organizado y las regulaciones que ejercen en las economías ilícitas.
    
8. Coordinar los procesos de negociación desde el Gobierno nacional con los gobiernos locales y con la rama judicial, especialmente con la Fiscalía General de la Nación, para fomentar logros más amplios y sostenibles en el tiempo.
    
9. Garantizar la verdad, la reparación a las víctimas y la justicia efectiva en los procesos de negoción con organizaciones criminales, resultados imposibles de obtener a través de la confrontación militar.
    
10. Profundizar la humanización de las políticas de atención al consumo de drogas basadas en derechos humanos más allá del derecho a la salud y ampliar su alcance para superar la exclusión social de sectores altamente vulnerables al consumo de drogas y a la desigualdad estructural, así como mitigar el impacto de los diversos consumos existentes.
     
11. Fortalecer la participación y el rol de la sociedad civil en la estrategia internacional orientada a la transformación del régimen antidrogas.
     
12. Promover un acercamiento latinoamericano para iniciar una forma de diplomacia basada en respuestas flexibles y pragmáticas que permitan promover reformas, ampliar o mantener espacios de autonomía e imprimirle estabilidad a la relación Washington-Bogotá.

Más allá de las recomendaciones de política, en los diferentes capítulos del libro los autores actualizan el debate público y plantean ideas concretas: balancear el gasto público entre reducción de oferta y atención del consumo, priorizar las inversiones regionales y no las estrategias de sustitución con inversiones prediales, abrir la puerta a las negociaciones bien diseñadas que permiten reducir violencia, y focalizar y priorizar las intervenciones de reducción de oferta en los eslabones de alto valor, entre otros. En Colombia y en Latinoamérica, como mencionamos en libro, nos estamos enfrentando a una dependencia de las economías a los mercados de drogas ilegales y a la gobernanza de grupos criminales; de hecho, cerca del 14 % de la población total de América Latina, vive bajo la gobernanza de grupos criminales vinculados al tráfico de drogas (Uribe et al. 2025), lo que trae consecuencias profundas para la sociedad y el orden democrático. Con este libro queremos aportar al entendimiento de estas economías ilegales, su impacto más allá de los directamente involucrados, y a la discusión de soluciones estructurales que aborden estas problemáticas, evitando lugares comunes y resultados de corto plazo.

Referencias

Arjona, Trujillo A., Marín Llanes, L. Vélez, Lesmez M.A. (Edición Académica). (2026). Del Cultivo al Consumo. Debates sobre narcotráfico, violencia y política de drogas en Colombia. Bogotá: Universidad de los Andes, Facultad de Economía, Ediciones Uniandes.

UNODC (2025). World Drug Report 2025. Key Findings Fascicle. United Nations Office on Drug and Crime. Disponible en: https://www.unodc.org/documents/data-and-analysis/WDR_2025/WDR25_B1_Key_findings.pdf

Restrepo, D., & Cuéllar, L. (2025). Descifrando el Cannabis Recreativo: Composición y Dimensionamiento del Sistema Productivo de la Marihuana desde el Suroccidente Colombiano. Documento Temático # 52. Centro de Estudios sobre Seguridad y Drogas (CESED). Universidad de los Andes. https://hdl.handle.net/1992/76166

Uribe, A., Lessing, B., Schouela, N. y Stecher, E. (2025). Criminal governance in Latin America. Prevalence and correlates. Perspective on Politics, 1-19. https://doi.org/qkxd

Vélez, M.A., Millán Orduz, D., & Weintraub, M. (2026). ¿Cómo se mide la Coca y la Cocaína? Implicaciones para la Política de Drogas. Comentario de Política CESED #20. https://hdl.handle.net/1992/78352