Criminalidad organizada: un muro de contención para el desarrollo de América Latina y el Caribe
2 de septiembre de 2025
Juan F. Vargas, Carlo Alberto Chair, Collegio Carlo Alberto y Profesor de Economía, Universidad de Turín.
Doctorado: Royal Holloway, University of London.
Pregrado y maestría: Universidad de los Andes.Página web del autor: https://sites.google.com/site/juanfvargas/
https://x.com/juanf_vargasSobre la iniciativa voces: https://economia.uniandes.edu.co/voces
La saga Narcos de Netflix, basada en Colombia y México, parece un juego de niños comparado con lo que se ha convertido hoy el crimen organizado en América Latina y Caribe (ALC). Todos los días, medios de comunicación del mundo entero dan cuenta no sólo de que la región es la más violenta del mundo —los latinoamericanos hemos normalizado los asesinatos de forma patológica— sino de cómo las organizaciones criminales han trascendido el negocio del narcotráfico para controlar las cárceles, las rutas de migración, la economía legal, la provisión de servicios públicos y la política. Empresas extorsionadas, autoridades corruptas y enormes franjas del territorio en donde millones de personas viven bajo el dominio criminal son solo algunos de los fenómenos asociados a la expansión desproporcionada que el crimen organizado ha logrado en las últimas décadas en ALC.
Netflix se vería en dificultades presupuestales para producir las secuelas de Narcos en Brasil, Venezuela, Centroamérica, Rosario y un largo etcétera en el que todos los años hay una nueva región azotada por una o varias organizaciones criminales. El asesinato del candidato presidencial Fernando Villavicencio en Ecuador en 2023 es sólo un ejemplo de cómo las redes criminales se han convertido en un poder paralelo en toda la región, desde México y el Caribe hasta el Cono Sur.
No se puede enfatizar lo suficiente cuán perjudicial es el crimen organizado para el desarrollo económico, la reducción de la desigualdad y la salud de la democracia latinoamericana. Los impactos de la catástrofe criminal que enfrenta la región son múltiples y profundos:
- Destrucción de capital humano: la violencia criminal acaba con vidas y altera trayectorias educativas y oportunidades laborales, con efectos sobre la productividad de largo plazo.
- Menos inversión: la incertidumbre, la extorsión y el gasto improductivo en seguridad en el que se incurre en contextos de criminalidad reducen la competitividad de empresas y disminuyen la inversión local y extranjera. La extorsión constituye una doble tributación que afecta sobre todo a negocios chicos.
- Reproducción de desigualdades: las víctimas de la violencia criminal son desproporcionalmente los sectores más pobres y marginados, que no pueden protegerse con seguridad privada.
- Erosión democrática: cuando las mafias financian campañas, intimidan candidatos o imponen orden en sus territorios, la ciudadanía pierde confianza en el Estado y gana espacio la corrupción y la gobernanza criminal.
En su más reciente Informe Económico sobre América Latina y el Caribe, el Banco Mundial subraya que es imposible desligar la discusión sobre el desarrollo de la región de aquella sobre cómo combatir la criminalidad organizada.[1]
Crimen organizado en ALC
Las organizaciones criminales de la región ya no son estructuras dedicadas solo al narcotráfico y el contrabando. Se trata en cambio de verdaderos gobiernos paralelos que presentan, en mayor o menor medida, cuatro características fundamentales que se interrelacionan.
- Control territorial: las organizaciones criminales controlan barrios enteros o zonas rurales, imponiendo su ley con violencia y monopolizando las actividades ilícitas y legales.
- Gobernanza criminal: en muchos de estos lugares, estos grupos sustituyen al Estado ofreciendo “seguridad” o resolviendo disputas, al tiempo que restringen libertades básicas. En otros, ellos coexisten y complementan al Estados en una suerte de equilibrio de mutua conveniencia.
- Extorsión sistemática: comerciantes y terratenientes pagan una “doble tributación” en forma de impuestos al Estado y pagos por “protección”. En la práctica se trata de protección frente a la amenaza de las represalias que los mismos grupos puedan tomar.
- Captura del Estado: mediante una combinación de coerción y sobornos, las organizaciones criminales controlan a actores estatales y deterioran la democracia.
Si bien este tipo de organizaciones existen en casi todos los rincones del planeta, en ALC se destacan por su excesivo uso de violencia homicida. Según el Índice Global de Criminalidad Organizada producido por la Iniciativa Global contra el Crimen Organizado (GI-TOC por su sigla en inglés), mientras en el resto del mundo los países con fuerte presencia de criminalidad organizada mantienen tasas de homicidio relativamente moderadas (menores a 10 asesinatos por cada 100 mil habitantes), en buena parte de ALC la tasa de homicidio superan los 20, y en algunos países la cifra es el doble o triple (Figura 1). Esto revela algo fundamental: el crimen organizado en ALC no se limita a los negocios ilegales, sino que se expande mediante la disputa violenta de territorios o mercados, resuelve conflictos internos de forma violenta y de la misma forma intimida a funcionarios y políticos.
Figura 1. Tasa de homicidios e Índice de Criminalidad de GI-TOC
Fuente: Meléndez et al. (2025)
Contener y redireccionar el crimen organizado
El crimen organizado encuentra terreno fértil en la falta de oportunidades y de participación política de los sectores más vulnerables. Por eso, es indispensable atacar tanto los factores que aumentan la oferta laboral para las organizaciones ilegales como los que los que aumentan la demanda por los servicios que estas proveen.
En cuanto a lo primero, la falta de acceso a educación de calidad y a empleos dignos de los jóvenes de nuestra región hace que la alternativa de vincularse a un grupo criminal (que incluye dinero rápido, reconocimiento y sentido de pertenencia) sea atractiva. La desigualdad política reflejada en la falta de agencia de muchos latinoamericanos refuerza esta dinámica. Las organizaciones criminales también son actores políticos.
En cuanto a lo segundo, ALC necesita estados fuertes, eficaces y comprometidos. El problema no radica solo en la ausencia del Estado, sino en su mal funcionamiento. La incapacidad institucional, el estancamiento burocrático y la captura política convierten al Estado en un actor débil que, en ocasiones, facilita la expansión criminal. La falta de monopolio legítimo sobre la seguridad y la justicia, la desigual presencia territorial y el recurso excesivo a la militarización son síntomas de este fracaso.
Pero, si bien combatir el crimen organizado requiere Estados más eficaces, es impensable que los latinoamericanos tengamos que esperar a su pleno fortalecimiento para actuar contra la criminalidad organizada. Nuestros gobiernos deben ser capaces de priorizar y trazar “líneas rojas” que identifiquen las conductas más dañinas para la sociedad, concentrando recursos en enfrentarlas de manera coordinada. Así han hecho otras regiones del mundo, que no erradicaron el crimen organizado, pero aprendieron a gestionarlo reduciendo su impacto social. Italia, donde yo vivo, es un ejemplo de ello.
Referencias
Meléndez, M., N. Peña-Tenjo, E. Schargrodsky y J. Vargas (2025). “The Growing Threat of Organized Crime in Latin America and the Caribbean”
[1] El informe tiene soporte en un artículo que coescribí con Marcela Meléndez, Nicolás Peña-Tenjo y Ernesto Schargrodsky en el marco de una iniciativa de generación de conocimiento sobre crimen organizado en ALC que lidera la Oficina del Economista Jefe para la región en el Banco Mundial, en la que vengo participando. Esta entrada también se alimenta de ese artículo, así como de los hallazgos parciales de esa agenda.
