El proyecto Bre-B, impulsado por el Banco de la República, se estructuró como una intervención de política pública con fundamentos en la economía industrial, orientada a corregir una falla de mercado en la provisión de pagos electrónicos de bajo valor. Antes de su implementación, el mercado presentaba altas barreras de entrada, fragmentación e interoperabilidad limitada entre los distintos proveedores, lo que restringía la competencia y el acceso a medios de pago eficientes.