Colombia cuenta con un marco normativo avanzado para proteger la primera infancia, pero persisten brechas críticas: información fragmentada, derechos reconocidos que no se traducen en servicios de calidad en los territorios, e inversión insuficiente en comparación regional. Bajo una medida comparable de gasto público en cuidado y educación inicial, Colombia destinó cerca del 0,40% del PIB en 2021, por debajo de Perú (0,50%), Chile (0,50%) y México (0,46%). La transición de gobierno 2026-2030 ofrece una oportunidad para cerrar estas brechas y convertir la política pública en atenciones integrales verificables.
17-09-2026
Autores externos: Penha, Ana Sofía; Morales, Laura Alejandra