La gestión del Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles (FEPC) representa un desafío estratégico para la política pública en Colombia, con repercusiones fiscales, sociales, macroeconómicas y ambientales. El debate reciente sobre la sostenibilidad de las finanzas públicas ha reactivado la discusión sobre la necesidad de ajustar el FEPC y reducir el subsidio implícito a los combustibles. Este no es un tema meramente fiscal: debe analizarse en el contexto internacional, por sus efectos sobre la inflación y el crecimiento, por el impacto distributivo y en la eficiencia del gasto público, así como por los incentivos contrarios que genera frente a los compromisos climáticos y ambientales del país.