De manera sorprendente, los gobiernos tienen escaso margen de maniobra para definir sus gastos. Grupos políticos y sociales plasman sus aspiraciones en normas legales o constitucionales, a tal punto que reemplazan el análisis sobrio e informado sobre los ingresos disponibles, los gastos prioritarios y la sostenibilidad de la deuda pública.
Los cuerpos constitucionales y legislativos introducen constantemente leyes y reformas que definen la manera como los gobiernos deben usar sus recursos. De allí la pregunta: ¿quién manda, o debe mandar, sobre el presupuesto público? ¿El ejecutivo o el legislativo?
Esta tensión entre una estructura indeseablemente rígida del presupuesto público, por un lado, y la necesidad de un ordenamiento racional y priorizado del presupuesto, que defienda algunos rubros considerados esenciales, por el otro, constituye la esencia de este libro.
Se analiza el fenómeno de la rigidez presupuestal, a partir de una discusión conceptual sobre las razones que dan origen a este fenómeno, y de la iluminadora experiencia de Argentina, Colombia, México y Perú.