En las campañas de Congreso y Presidencia de 2018 se reportaron gastos por un poco más de $364.000 millones, según Transparencia por Colombia. Hace cuatro años, el 34 % provino de contribuciones privadas, sin contar las contribuciones propias de los candidatos y sus familiares. Si se consideran solo las campañas a Congreso, las contribuciones de los privados fueron un 45 % de los gastos reportados. De otro lado, el 10 % provino de anticipos del Estado, sin incluir los recursos que luego se les entregan a las campañas por reposición de votos. El resto de dinero vino de fondos propios y créditos.
Teniendo en cuenta este escenario, la pregunta que surge es cómo se deberían regular los fondos que entran en las campañas para que los beneficios de las contribuciones sean mayores que sus costos.
El artículo escrito por Oskar Nupia, profesor de la Facultad de Economía de la Universidad de los Andes y Francisco Eslava, estudiante de doctorado en la Universidad de British Columbia, publicado en la revista Social Choice and Welfare, estudia justamente esta pregunta. El resultado más interesante que encuentra es que permitir contribuciones privadas, pero cobrar impuestos a estos aportes, es una buena manera de regular la financiación de las campañas.
¿Por qué? En pocas palabras, porque esta regulación puede ayudar a sopesar los costos y beneficios de la financiación privada. Entre estos costos y beneficios se encuentran dos que no se habían considerado hasta ahora en la literatura existente. Por el lado de los beneficios, cuando los partidos y políticos gastan el dinero que reciben de las contribuciones en movilizar a sus potenciales votantes, se promueve la participación cívica en la toma de decisiones de política pública a través del voto. Por el lado de los costos, se pueden dilapidar recursos públicos si los aportes a las campañas conducen a prebendas para grupos de interés en negociaciones de apoyo a los políticos.
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Deberíamos cobrarles impuestos a las contribuciones para campañas