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Martes, 11 Diciembre 2018 00:00

¡No más regalos envenenados a costa nuestra!

Leopoldo Fergusson
Profesor Asociado, Economía, Universidad de los Andes

Les tengo no una, ni dos, ni tres, sino siete razones (y no es por tomarle el pelo al Presidente) para mirar las exenciones con recelo.

@LeopoldoTweets

A nadie le gusta pagar impuestos. Pero son inevitables (tanto como la muerte, dice el adagio). Ausente una utopía libertaria, los necesitamos para financiar al Estado.

Lo que definitivamente a nadie le gusta y que sí podríamos evitar es pagar impuestos cuando otros, que también podrían poner su parte, no lo hacen. Y eso es lo que sucede en Colombia. Lo más grave es que esta tragedia (porque lo es) la promueve el propio Estado al incorporar en su estatuto tributario un costal de regalos injustificados (una exención por acá, un subsidio por allá). Como lo he dicho antes, la Ley de Financiamiento que hoy promueve el gobierno incorpora aún más gabelas arbitrarias. Demostrando que toda mala idea es susceptible de empeorarse, la propuesta revisada que ahora se aprueba (a “pupitrazo”) en el Congreso exacerba aún más el problema.

La situación es verdaderamente grave y coge a los ciudadanos con los pantalones abajo. Nadie quiere hablar de impuestos (¿hay tema más aburrido?) y mucho menos cuando llega diciembre (“con su alegría”). El público se pierde entre la maraña kafkiana de artículos y tecnicismos.

Pero es urgente que ejerzamos presión ciudadana para que se frenen estos envenenados regalos navideños por los que pagaremos usted y yo. Deberíamos exigirles a nuestros congresistas que eliminen de la ponencia todos los artículos que generan beneficios a grupos y sectores especiales. Y deberíamos ir más allá: incorporar en esta reforma un mandato para que el gobierno examine y elimine todas las exenciones y tratamientos diferenciales que hoy tenemos cuando éstas no tengan justificación válida.

A continuación, explico por qué las exenciones y beneficios tributarios son una mala idea en general. Deben adoptarse en algunas ocasiones, claro, pero son casos excepcionales y bien justificados. No deben ser la norma como es el caso en Colombia. En la tabla, reviso algunas de las exenciones que promueve hoy el gobierno, y demuestro que lejos de estar justificadas son costosos goles que pagaremos la mayoría de los contribuyentes.

Les tengo no una, ni dos, ni tres, sino siete razones (y no es por tomarle el pelo al Presidente) para mirar las exenciones con recelo.

Primero: como es obvio, las exenciones erosionan el recaudo. No se entiende que el gobierno entregue un festín de beneficios, subsidios y exenciones cuando lo que hace falta es subir el recaudo para ordenar las finanzas públicas. Y lo que perdemos en esas gabelas lo tendremos que conseguir por otro lado: más impuestos para quienes ya contribuimos.

Segundo: al crear un sistema más complejo, las exenciones y beneficios vuelven más costosa la administración tributaria. Los ciudadanos deben dedicar más tiempo y recursos para declarar sus impuestos. Y la Dian para recaudarlos. Recursos que, en cambio, podrían usarse para fines más productivos.

Tercero: en este sistema complejo se dificulta el control de la evasión. Y no es solo porque para la Dian es más difícil controlar el cumplimiento de un estatuto barroco. Hay otro efecto directo sobre la evasión porque las gabelas incentivan a los ciudadanos a disfrazar una actividad, bien o servicio de “exento” para obtener su aguinaldo.

Cuarto: las gabelas producen inequidad. Cuando abusamos de las exenciones, los que pueden echar mano de los artículos del caso en el estatuto terminan pagando menos impuestos que otros que, con igual mérito pero menos tiempo, recursos, o asesores, pagan una porción más grande de la cuenta. Para dar solo un ejemplo, está demostrada la enorme diferencia en las tasas que efectivamente pagan distintas empresas en Colombia. Encima, no es fácil encontrar ninguna justificación técnica clara de estas diferencias, mientras que se pone en riesgo la supervivencia de quienes pagan altos impuestos (para subsidiar las exiguas contribuciones de otros). Lo mismo sucede con los impuestos sobre la renta de las personas.

Quinto: los incentivos tributarios son una forma muy poco transparente de entregar rentas. Como es plata que el gobierno renuncia a recaudar, ni siquiera es fácil cuantificar su magnitud. Pero son recursos cuantiosos que servirían para hacer más escuelas, carreteras, acueductos, sistemas de transporte masivo, o apoyar a los más pobres. Además, como nunca se recaudan, es fácil olvidar que estamos haciendo esta gigantesca transferencia de recursos.

Sexto: una vez se entregan, es muy difícil quitar estos beneficios. Los afortunados hacen presión política por conservarlos. Y los demás ciudadanos (pagando el plato roto al financiar un ineficiente sistema tributario) nos perdemos en la maraña de artículos y parágrafos y tenemos pocas herramientas para exigir que no se desperdicien nuestros aportes.  

Séptimo: la abundancia de regalos promueve la búsqueda de nuevos regalos. Se reproducen como una cultura de bacterias. En lugar de pensar cómo hacer más productivos nuestros negocios y actividades, cuando vemos que otros reciben subsidios corremos a preguntar por nuestra tajada. “Cómo voy yo” en lugar de “todos ponen”

Y si usted está leyendo este artículo y piensa “yo mejor no me uno al reclamo porque a mi me sirven una o varias de estas gabelas”, se equivoca. Por entrar en esa lógica es que tenemos un sistema fiscal que no da abasto, que lo premia por un lado pero lo aprieta por otro, y que debe ser reformado cada dos años buscando nuevos recursos. Y con esa inestabilidad, y el Frankestein fiscal que vamos creando, perdemos todos. Y ni hablar del eventual costo (ya no tan improbable) de que perdamos credibilidad frente al resto del mundo por violar la regla fiscal.

Por todo esto, las exenciones deberían usarse con extrema cautela. Son como un desfibrilador: si un corazón deja de latir, la descarga eléctrica puede salvarle la vida al paciente. Pero uno no anda repartiendo “corrientazos” por doquier a cualquier persona. Por ejemplo, por razones de equidad los colombianos más pobres no deben pagar impuesto de renta. Sería injusto pedirle parte de su ingreso a una familia que no puede cubrir sus necesidades básicas. En algunos casos, por motivos de eficiencia, también pueden justificarse algunas exenciones. Por ejemplo, dado el costo para la salud de los combustibles fósiles y su impacto sobre un calentamiento global que avanza más rápido de lo predicho, podría justificarse una exención para tecnologías más limpias. Pero el gobierno no atina a esta aplicación criteriosa de las exenciones: una mirada a la tabla revela que más bien parece un médico principiante y maniaco estrenando desfibrilador.

Por todo esto, los colombianos perderemos con estos envenenados regalos a costa nuestra. Luchemos contra ellos.

Adenda: ¿Por qué se echó para atrás el gobierno en gravar los patrimonios mayores a los 3.000 millones de pesos? ¿Este no es el gobierno de la equidad? Si lo es, tiene todo el sentido pedirle una contribución a estos capitales que bordean el millón de dólares, como pretendía la ponencia original.

Exención

¿Por qué es una pésima idea?

Los hoteles nuevos y aquellos que sean remodelados tendrán una tarifa reducida a menos de una tercera parte del valor normal para los demás negocios: 9% por 10 años.

Aunque es bienvenido el apoyo al turismo, ¿por qué darles este regalo a estos empresarios y no a otros? ¿No sería mejor invertir estos recursos en bienes públicos (aeropuertos, vías, capacitación en idiomas) que no solo benefician a estos sino a muchos sectores? ¡Claro que sí!

Peor aún: ¿de donde sacamos que el freno al turismo es la falta de hoteles? De ningún lado, porque simplemente no lo es. Una mirada rápida así lo constata: no tenemos un problema de sobre ocupación (más bien al contrario).

Esta gabela no refleja un diagnóstico cuidadoso. Ilustra, más bien, el poder político de sus beneficiarios. En el 2016, a pesar de las presiones se logró limitar este beneficio para hoteles en municipios con menos de 200.000 habitantes. Aunque también cuestionable, por lo menos se acota su alcance y quizás podría argumentarse que se busca abrir nuevos mercados.

La “economía naranja” tendrá exención en impuesto de renta por 5 años, por inversiones con un mínimo monto cercano a los 400 millones de pesos y 10 empleados. Los proyectos son aprobados por un comité de economía naranja del Ministerio de Cultura.

La justificación brilla por su ausencia. Los sectores que podrían acceder a este beneficio son tan numerosos y variopintos que desnudan la improvisación del gobierno.

Desde la fabricación de artículos de piel, hasta actividades de impresión, muebles, transporte de pasajeros (y sumen que, en otra parte de la reforma, se les dan además 15 años de exención si se trata de transporte fluvial con embarcaciones y planchones), software, telecomunicaciones, jardines botánicos y zoológicos, parques temáticos, investigaciones en las ciencias sociales, actividades en arquitectura e ingeniería, para un total de más de 70 (¡sí, 70!) subsectores podrán pagar cero impuesto de renta.

¿Y quién dijo que estos sectores no florecen por culpa de los impuestos? ¿Y quién que los que requieren un apoyo son los que inviertan más de 400 millones? Nadie. De hecho, la evidencia muestra que por lo general los gobiernos son muy malos para elegir sectores estratégicos con subsidios y beneficios.

Cuando lo que seguramente nos hace falta es más infraestructura, educación, buena regulación, etc., el gobierno da a manos llenas un regalo cuyo monto desconoce.

Además, basta recordar experiencias recientes para temer que la nueva burocracia (el comité del Mincultura), pueda terminar favoreciendo proyectos que no lo merecen y/o se aproveche políticamente.

Las mega-inversiones tendrán beneficios en renta y podrán suscribir contratos de estabilidad jurídica.

No queda claro por qué quienes están en capacidad de invertir cerca de 1 billón de pesos (tan pocos que casi tiene nombre propio este regalo) pueden recibir un impuesto de renta reducido (27%) entre otros beneficios (como dividendos exentos). Como si fuera poco, se exigen mínimo 250 empleos, que es muy modesto para semejante suma.

Finalmente, estabilidad jurídica es lo que tendríamos todos si abandonamos estas ínfulas de papá Noel. Lo de venderle la estabilidad jurídica a quienes pueden pagar por ella (como en este caso), no es otra cosa que la paramilitarización de la buena regulación.

Las grandes inversiones en el campo tendrán exención en impuesto de renta por 10 años por inversiones cercanas a los 800 millones de pesos y 10 empleados. Los proyectos son aprobados por el Ministerio de Agricultura.

Bienvenido el apoyo al campo. Pero surgen las mismas preocupaciones que en la economía naranja.

¿Por qué necesitan este apoyo las grandes inversiones? No lo sabemos. Menos aún cuando en el campo la productividad suele ser mayor en las unidades más pequeñas.

Al contrario, lo que sí tenemos claro es que los bienes públicos brillan por su ausencia en el campo colombiano. Estos recursos estarían mejor empleados en ello.

Y eso sin hablar de los riesgos de atrapamiento político y corrupción de la burocracia que dará los regalos en Minagricultura (“el que no conoce su historia…”).

Se excluyen nuevos bienes y servicios del pago de IVA. (*)

El listado es tan extenso que no puede copiarse acá. Ver Artículo 11 de la reforma.

Como lo mostró la Comisión de Expertos, el principal problema del IVA en Colombia es su baja productividad: para la tasa que tenemos (muy alta ya), recaudamos muy poco. Además de la evasión, la abundancia de exenciones explica este problema.

Pero en otra muestra de incoherencia, el gobierno que pretendía de un “tramacazo” gravar al 18% a la canasta familiar (debió sugerir algo mucho más modesto mientras se probaba y construía confianza sobre la compensación para los más pobres) no tiene en cambio problema de sumar a los exentos un numeroso conjunto de bienes y actividades.

Algunos suenan loables (alimentación para fuerzas militares, servicios funerarios). Pero recuerden las 7 razones: no podemos acudir a las exenciones para cada actividad meritoria. Al final, todos pagaremos el plato.

Se aumenta el descuento en impuesto de renta por el IVA pagado en bienes de capital.

Ahora se convierte en deducible del impuesto (y no de la base, mucho más generoso) y hasta que se agote (no sólo en el año de la compra).

Aunque esta deducción se justifica como instrumento para promover la inversión y porque las compras de maquinaria no son descontables de IVA en Colombia, es un gran error volver el incentivo más generoso.

Primero, la evidencia sugiere que esta medida no ha promovido la inversión. Segundo, ahora se podría durar años sin pagar impuesto de renta por la compra de una maquinaria costosa. Eso sin contar los enormes incentivos a inventarse las compras (o a disfrazar de “bienes de capital” los que no lo son).

Como si fuera poco, desaparecen del artículo el parágrafo que aclaraba que si es por leasing se pierde el beneficio al renunciar a la compra y el que definía y acotaba qué son bienes de capital.

Se incluyen algunas exenciones nuevas en impuesto de renta. Entre ellas, a la prima por costo de vida de servidores diplomáticos (artículo 36-4), y al exceso de salario básico para policías y militares (artículo 24).

Como en el caso de las nuevas exenciones en IVA, algunos de estos regalos suenan loables. Pero: ¿verdaderamente pasan el estándar de justificación conociendo los siete problemas? No.

La mayoría de los colombianos sentimos enorme agradecimiento y admiración con las fuerzas militares. Pero también con nuestros médicos, enfermeros, maestros, trabajadores sociales, entre otros. ¿Por qué el regalo para unos y no a otros?

Y lo mismo se puede decir sobre los funcionarios diplomáticos que, además, reciben un salario más que digno por lo que tampoco cabe una justificación de equidad.

(*) Me aclaran que muchos de estos bienes exentos ya tienen la exención hoy. Importante entonces reconocer que, en este caso, la Ley de financiamiento no está empeorando las cosas. Pero más que refutarlo, este punto refuerza mi argumento de fondo por partida doble. Primero, porque una mirada a varias de esas exenciones muestra que no todas, aun si suenan loables, son realmente justificables. Segundo, porque confirman que nuestro estatuto es tan complejo que confunde hasta quienes (como yo) nos sometemos al doloroso esfuerzo de mirarlo artículo por artículo. Y, por supuesto, aun si las cosas no se ponen peor en el IVA es claro que en los demás impuestos asistimos a una injusta feria de regalos.

Texto original en LA SILLA VACÍA

Martes, 09 Octubre 2018 00:00

Paul Romer

Uno de los resultados de los modelos de Romer es el efecto escala: esto es, que el crecimiento de la economía depende del tamaño de la población. 

POR:
Hernando Zuleta
octubre 08 de 2018
 
La primera contribución seminal de Romer parte de la observación del ingreso per cápita de las economías desarrolladas desde la revolución industrial. A partir de este análisis, resulta evidente que la tasa de crecimiento presenta una tendencia creciente. En su tesis doctoral, publicada en 1986, Romer señala que esta trayectoria del ingreso es consecuente con una función de producción con retornos crecientes.

No obstante, en un contexto de rendimiento creciente, el tamaño óptimo de la firma es infinito, lo cual complica el análisis del equilibrio descentralizado y es incompatible con el supuesto de competencia. Para solucionar este problema, Romer usa el concepto de externalidad. En particular, señala que existe una externalidad positiva: las decisiones de inversión tienen un efecto sobre la productividad total de los factores.

Este supuesto puede relacionarse con aprendizajes en la producción de bienes de capital: al producir nuevas unidades de capital las firmas aprenden y mejoran la calidad y, por esta vía, la productividad. También puede relacionarse con diferentes generaciones de capital. En este caso, la inversión no solo implica aumentos en el acervo de capital, sino también aumentos en la tecnología incluida en los bienes de capital.

La segunda contribución seminal de Romer, publicada en 1990, incluye una explicación microfundamentada de la creación de nuevas tecnologías. En este artículo, Romer presenta un modelo de crecimiento endógeno con tres sectores productivos: el productor de bienes finales, el productor de bienes intermedios y el productor de ideas.
El cambio tecnológico se origina en la producción de ideas, se incorpora al proceso productivo en la producción de bienes intermedios y se manifiesta en la productividad total de los factores en la producción de bienes finales. Cada nueva idea sirve para producir un nuevo bien intermedio que, al ser incorporado a la producción de bienes finales, aumenta la productividad total de los factores.

Uno de los resultados de los modelos de Romer (1986 y 1990) es el efecto escala: esto es, que el crecimiento de la economía depende del tamaño de la población. Este resultado, que contrasta con el modelo de Solow y va en contravía de la teoría Maltusiana, ha generado una extensa e interesante literatura.

Otro resultado que ha generado nuevas líneas de investigación tiene que ver con la no rivalidad del conocimiento: si no se puede impedir que algunos agentes hagan uso del conocimiento, entonces hay incentivos para usar ideas por las que no se ha pagado. En estas circunstancias, nadie está dispuesto a pagar por las ideas y, por lo tanto, no hay creación de conocimiento. Por esta razón, Romer argumenta que las patentes son necesarias para que haya crecimiento.

En el campo de la política económica, Romer ha propuesto la implementación de ciudades autónomas (charter cities) para países en vías de desarrollo. La idea es que un país desarrollado gobierne una ciudad autónoma de un país en desarrollo. Esto permitiría la irrupción de nuevas reglas de gobierno, nuevos modelos de gestión y desarrollo, y mayor crecimiento. Esta propuesta ha recibido múltiples críticas y no ha podido ser implementada.

Hernando Zuleta
​Director del Cede, Universidad de los Andes / Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Usted necesita tener Javascript activado para poder verla.

Fuente: https://www.portafolio.co/opinion/hernando-zuleta/paul-romer-columnista-portafolio-522096

 
 

Dos meses después de posesionado, aún no hay claridad sobre la política de tierras del Presidente. Mientras tanto, sus nombramientos cercanos a los gremios generan suspicacias. Análisis de la profesora Ana María Ibañez.

Ana María Ibañez

@anamibanez

Profesora de economía en la Universidad de los Andes que ha estudiado las dinámicas de concentración de la tierra, informalidad de la propiedad y su relación con el conflicto.

30.09.2018

La política de tierras del Presidente Iván Duque es aún un misterio. Su programa de campaña esbozaba unas propuestas generales que dejaban entrever una inclinación para promover la producción de la agroindustria y favorecer los grandes propietarios de tierras. Desde su posesión poco o nada ha dicho sobre la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras, la aplicación de los compromisos de tierras del acuerdo de paz con las FARC y la política de tierras en general. Además, se tomó más de un mes en nombrar los directores la Agencia Nacional de Tierras y la Unidad de Restitución Tierras, dos entidades que son fundamentales para el sector rural y para la implementación del acuerdo de paz con las FARC. A esto se suma el ruido de las propuestas de su partido, el Centro Democrático, para reformar la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras.

"Las principales instituciones encargadas de la política agropecuaria, rural y de tierras quedaron en manos de los gremios productivos"

Este silencio genera una alta incertidumbre y da un amplio espacio para las especulaciones. Primero, las principales instituciones encargadas de la política agropecuaria, rural y de tierras quedaron en manos de los gremios productivos. El Ministro de Agricultura y Desarrollo Rural fue durante varios años director de Fenavi. Mientras los directores de la Unidad de Restitución de Tierras, Andrés Augusto Castro, y la Agencia Nacional de Tierras, Myriam Martínez, trabajaron por varios años en Fedepalma. ¿Podrán estos nuevos funcionarios actuar con independencia y hacer primar el interés general sobre el particular de sus antiguos gremios?

Aunque es importante dar un compás de espera a los nuevos funcionarios, esto no es obstáculo para expresar algunas preocupaciones válidas sobre su independencia. Deberán tomar decisiones difíciles y polémicas. Incluso decisiones que pueden afectar negativamente los gremios que representaron en el pasado. La Unidad de Restitución de Tierras y la Agencia Nacional de Tierras deberán continuar aplicando la política de restitución para la población desplazada, formalizar derechos de propiedad de millones de hectáreas que se encuentran bajo arreglos informales, clarificar los derechos de propiedad de otras tantas, adjudicar tierras a la población campesina y trabajar con el IGAC para sacar adelante el catastro multipropósito.

Para evitar conflictos de interés y posibles suspicacias, Andrés Augusto Castro y Myriam Martínez se deben declarar impedidos en decisiones relacionadas con Fedepalma. Son entonces funcionarios que, desde el inicio de su gestión, tendrán un campo de acción limitado. Es importante, además, que demuestren con sus primeras decisiones que su función y objetivos como funcionarios del Estado es hacer primar el interés general sobre el interés individual de unos gremios poderosos. La falta de claridad sobre la política de tierras hace que estos nombramientos puedan generar una alta incertidumbre y fuertes aprehensiones entre todos los pequeños y medianos propietarios.

"Es importante que demuestren con sus primeras decisiones que como funcionarios van a hacer primar el interés general sobre el interés individual de unos gremios poderosos."

A esto se suma la propuesta del Centro Democrático para reformar la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras. La reforma busca eliminar la inversión de la carga de la prueba. Esta inversión de la carga de la prueba tenía como objetivo reducir las asimetrías de poder entre los despojadores, que en muchos casos tenían el poder las armas, y los despojados, que carecían de recursos económicos para contratar buenos equipos legales. Eran entonces los despojadores quienes debían demostrar que los reclamos de los despojados no eran válidos. Es claro que terceros de buena fe fueron afectados por el proceso de restitución de tierras y esto es lo que busca evitar la propuesta del Centro Democrático. Sin embargo, se pueden buscar alternativas para evitar la afectación a terceros de buena fe sin debilitar la capacidad de la población desplazada para reclamar sus tierras. Y, de nuevo, el silencio del Presidente Duque es elocuente y preocupante.

Es fundamental que pronto el Presidente Duque ponga las cartas sobre la mesa y haga explícita su política de tierras. Esto reduce incertidumbres y suspicacias, que pueden ser infundadas, y también permite que todos los grupos afectados por esta política decidan el camino a seguir.

Fuente: https://cerosetenta.uniandes.edu.co/el-silencio-de-duque-frente-a-la-politica-de-tierras/

 

Desde la Academia

 

Reconciliación: un paso más allá de los grandes acuerdos nacionales

Ana María Ibáñez

La discusión nacional del proceso de paz con las FARC ha girado alrededor del contenido del acuerdo, su implementación posterior y el rumbo que tomará el proceso con el nuevo gobierno. Poco se ha discutido qué pasará con la población en los municipios que más sufrieron la violencia del conflicto armado y cuál es su disposición a recibir a los excombatientes de las FARC en sus comunidades. Eso sí, muchos políticos asumen, a conveniencia, la vocería de estas comunidades e interpretan sus posiciones. La derecha clama que el acuerdo promueve la impunidad y esto impide a las víctimas iniciar un proceso pleno de reconciliación. La izquierda argumenta que el acuerdo previene una mayor victimización futura y que son los municipios sujetos a los rigores de la guerra los más interesados en poner en marcha los acuerdos.

Pero, ¿Qué opina realmente la población que vive en los municipios más afectados por la guerra? ¿Perciben que el acuerdo de paz tendrá un impacto en su vida cotidiana? ¿Están dispuestos a recibir a los excombatientes de las FARC miembros de sus comunidades cuando retornen a vivir a ellas? ¿Son las opiniones en estas comunidades monolíticas o dependen de las experiencias de violencia que vivieron durante el conflicto armado?

En una investigación que estoy haciendo con Leopoldo Fergusson, Tatiana Hiller y Andrés Moya exploramos estas preguntas. Para esto, aplicamos una encuesta de hogares a un poco más de 4.900 hogares, representativa de los municipios más afectados por el conflicto armado y de los municipios priorizados para el posconflicto (Programa de Desarrollo con Enfoque Territorial).

La reconciliación en estos municipios no será fácil y requerirá intervenciones profundas en las comunidades. Por un lado, la victimización de la población fue significativa: un poco más de 36% de los hogares fueron víctimas directas de la violencia o personas de su círculo familiar o amigos cercanos lo fueron. Por otro lado, las posiciones de estas comunidades frente a la reconciliación y la reincorporación de las FARC no son monolíticas ni mayoritariamente positivas. Por ejemplo, un 8,9% considera que la reconciliación y el perdón son muy probables mientras que un 15% percibe que no es nada probable; y un 40% considera que la reincorporación de las FARC es algo bueno o muy bueno, 37% que es regular y 23% considera que es malo y muy malo.

Pese al poco optimismo frente al proceso, muchas personas están dispuestas a compartir actividades cotidianas con los excombatientes de las FARC. Al preguntar a los encuestados si estarían dispuestos a compartir varias actividades cotidianas con los excombatientes, un 30% contesta que le molestaría poco tener un excombatiente como vecino, colega o padre/madre de un niño del colegio de sus hijos. Es posible entonces que las personas sean pesimistas frente al proceso pero estén dispuestas a hacer sacrificios para terminar la guerra.

Las experiencias de conflicto están altamente relacionadas con la disposición de reconciliación de los habitantes de estos municipios. Las víctimas directas de la guerra son más pesimistas frente a la reconciliación y a la reincorporación. Además, están mucho menos dispuestas a compartir la vida cotidiana con los desmovilizados de las FARC, así hayan sido víctimas de los grupos paramilitares. Los residentes en municipios con más violencia, pero que no son víctimas, son también pesimistas frente a estos procesos. Sin embargo, su disposición a vivir la cotidianidad con miembros de las FARC es bastante más alta.

La reconciliación necesitará entonces un poco de ambas posiciones políticas. Por un lado, las víctimas directas de la guerra no emprenderán fácilmente procesos de reconciliación. La justicia retributiva, la aceptación de culpa de los excombatientes de las FARC y el apoyo sicológico será fundamental para que acepten convivir con los miembros de las FARC. Pero el fin de la guerra es fundamental para quienes viven en los municipios de conflicto y no fueron víctimas. Muchos de estos habitantes están dispuestos a recibir a los excombatientes de las FARC y compartir la cotidianidad en pos de, tal vez, alcanzar la tranquilidad.

El gran acuerdo nacional y la reconciliación propuesto por el presidente Duque quizás  logre que los partidos políticos se comprometan a alcanzar unos mínimos en temas cruciales para el país. Este acuerdo será, sin embargo, intrascendente para lograr la reconciliación en estos municipios. Y es esta reconciliación la fundamental para evitar que Colombia caiga en nuevos ciclos de violencia. Cada día de inacción del Gobierno Nacional en estos municipios aumenta la probabilidad de reiniciar la violencia. Ojalá pase pronto de los discursos nacionales abstractos a las acciones concretas.

Fuente original: http://blogs.elespectador.com/economia/desde-la-academia/reconciliacion-paso-mas-alla-los-grandes-acuerdos-nacionales

Por: David Bardey
Profesor, Facultad de Economía
Ph. D. en Economía, Universidad de Besancon
 
Contexto normativo:  El proyecto de ley (P. L. 170/16S-062/15C) pretendía reducir la cotización mensual al régimen contributivo de salud de los pensionados, que actualmente se encuentra en 12 %, a 4 %. Al principio fue una promesa de campaña del candidato Juan Manuel Santos durante su proceso de reelección que fue retomada en el Congreso de la República por el actual senador del Polo Democrático Alexánder López. El Ministerio de Hacienda se opuso a este proyecto de ley argumentando que eso iba a costar tres billones de pesos y finalmente después de una ponencia de la magistrada Cristina Pardo, los magistrados de la Corte Constitucional encontraron fundadas las objeciones presidenciales considerando que para asuntos tributarios las normas deben contar con la bendición del Gobierno.  En esta columna, después de una breve contextualización económica daré los argumentos a favor y en contra de este proyecto de ley, concluyendo que la posición del gobierno y la decisión de la Corte son seguramente las más sensatas.

Contexto económico: El sistema de salud colombiano, como el de todos los países del mundo, enfrenta importantes retos, en particular por el esperado incremento de los gastos en salud. Estos incrementos se deben principalmente a dos factores: por un lado, el envejecimiento de la población y, por otro lado, la innovación en el sector farmacéutico que permite el acceso a nuevos medicamentos más eficientes que los de generaciones anteriores, pero que conllevan unos costos altísimos por los crecientes gastos en innovación incurridos por los laboratorios. Además de estos dos factores que son comunes a casi todos los países, se debe resaltar que la cobertura en salud en Colombia es alta (alrededor del 97 % de la población se beneficia de una cobertura en salud), mientras que, los gastos de bolsillo que pagan los pacientes en Colombia son bajos si se comparan con los de otros países, lo que es obviamente un motivo de gran satisfacción. 

No obstante, esta generosidad del sistema de salud colombiano conlleva el problema de su sostenibilidad, la cual se debe garantizar por mecanismos de racionamiento de la oferta que no crean inequidad entre los usuarios del sistema, pero también asegurándose que los recursos destinados al sector de la salud sean suficientes.

Argumento que justifica el proyecto de ley (P. L. 170/16S-062/15C): Partiendo del diagnóstico anterior, se debe recordar que el regimen contributivo en el sistema de protección social en Colombia que fue diseñado por la Ley 100 del año 1993 proviene de inspiraciones Bismarckianas, es decir que los gastos en salud se deben financiar principalmente por aportes de tipo parafiscales que pagan los asalariados del sector formal durante su periodo de actividad laboral. Uno de los objetivos de los sistemas de protección social que podemos calificar de “Bismarckianos” es el de desconectar las cotizaciones que pagan los contribuyentes de su riesgo en salud de tal forma que: (i) se pueda garantizar una progresividad de las contribuciones en función de los salarios de individuos, y (ii) se puedan implementar subsidios cruzados entre los individuos caracterizados por un alto riesgo en salud y los que benefician de un riesgo en salud bajo, de tal forma que los segundos subsidian los primeros. Estos subsidios cruzados se deben a la correlación negativa que se encuentra generalmente entre niveles de salario y riesgo en salud, los individuos que ganen más siendo generalmente caracterizados por un riesgo en salud menor. 

Teniendo en cuenta lo anterior, y también que el riesgo en salud aumenta con la edad de las personas, un esquema en el cual la contribución de los pensionados disminuye (pasando del 12 % al 4 %) permite reforzar los subsidios cruzados que acabamos de mencionar y, que son la esencia de los sistemas de protección social de inspiración Bismarckiana.

Argumento en contra del proyecto de ley (P. L. 170/16S-062/15C): Si bien este proyecto de ley es consistente con la filosofía del sistema de protección social heredado de la Ley 100, se debe resaltar que por la problemática de la sostenibilidad de los sistema de salud evocada al principio de este documento, la tendencia de los países que tienen sus sistemas de salud financiados principalmente por parafiscales ha sido la “desbismarkización ” de sus sistemas de salud con el objetivo de evitar que el incremento de los gastos en salud pesen demasiado sobre el funcionamiento de los mercados laborales, i.e. que el incremento de los gastos en salud aumenten el costo de la empleabilidad. Sin pretender dar una lista exhaustiva de ejemplos, es interesante considerar los casos emblemáticos de Alemania y Francia, dos países que históricamente tenían sus sistemas de salud bajo los preceptos bismarckianos. Al principio de los años 2000, Alemania decidió financiar buena parte de los gastos en salud a través de lo que ha sido llamado “IVA social”, mientras que, en Francia se ha creado un impuesto llamado CSG (cotización social generalizada) que desconecta en buena parte las cotizaciones de los ingresos asalariados. Muy recientemente el Gobierno francés decidió aumentar este impuesto, lo cual ha implicado que los pensionados ahora tienen que contribuir más a la sostenibilidad del sistema de salud que antes.

Conclusión: Estos dos ejemplos (Francia y Alemania) muestran que el proyecto de ley (P. L. 170/16S-062/15C) es anacrónico en un contexto en el cual la sostenibilidad de los sistemas de salud se encuentra amenazada por el incremento de los gastos en salud y el envejecimiento de la población. En efecto, el otro lado de la ecuación que se relaciona con esta sostenibilidad es el desempeño del mercado laboral. Si el incremento de los gastos en salud se carga principalmente a los trabajadores formales, ceteris paribus, esto terminará en contra del proceso de formalización del mercado laboral deseado en un país con importantes niveles de informalidad y que es crucial para la sostenibilidad del sector salud. Por ende, no se considera viable disminuir del 12 % al 4 % la contribución de salud de los pensionados del sector formal. Esta disminución podría ser interesante solamente para los pensionados con niveles bajos de ingresos, alrededor de dos o tres salarios mínimos, para dar mayores incentivos a los trabajadores de ofrecer su fuerza laboral en el sector formal en lugar de mantenerse en la informalidad.
Miércoles, 22 Agosto 2018 00:00

Semántica y política económica

Por: Marc Hofstetter

El presidente Iván Duque ha sostenido que no quiere que Colombia firme más acuerdos comerciales. Le preocupa que la balanza comercial sea deficitaria con muchos de nuestros socios: “Colombia ha firmado muchos [acuerdos comerciales] en los últimos años. Desafortunadamente, la balanza comercial con muchos de esos socios es cada vez más negativa. Por eso, no vamos a negociar nuevos tratados en los próximos cuatro años”, afirmó el presidente.

Gustavo Petro comparte ese objetivo. Su programa de gobierno proponía renegociar los tratados de libre comercio e implementar políticas “que equilibren la balanza comercial”. A Donald Trump le parece que tener un déficit comercial con otro país es señal de debilidad, sinónimo de ser un país perdedor y consecuencia de malas políticas. En su visión, los países con superávits roban a los deficitarios. Y ha pasado de la retórica a la práctica incrementando aranceles a varios de sus socios comerciales.

¿Qué hace que líderes tan disímiles compartan el objetivo de cerrar los déficits comerciales? La semántica de la palabra “déficit” no ayuda. La Real Academia la define como “falta o escasez de algo que se juzga necesario”. Si a una paciente le diagnostican un déficit de calcio, espera que le receten pastillas para remediarlo. Con los déficits comerciales, los políticos parecen seguir esa lógica.

En contraste, para la mayoría de economistas un déficit comercial con un país particular no tiene connotaciones negativas. Usualmente, los déficits comerciales no requieren tratamiento alguno y, en cambio, intentar cerrarlos puede generar daños colaterales. Ya es clásica la analogía de los libros de texto que señala que el autor del mismo tiene un déficit comercial perenne con su peluquero y que eso no le causa problema alguno a ninguna de las dos partes. Como decía recientemente Larry Summers, profesor de Harvard, “el déficit comercial es una métrica terrible para juzgar la política económica”.

Traigo a colación ese debate a raíz del discurso del ministro de Hacienda en la asamblea de la ANDI. Me gustó de dicha presentación que dejó claro su diagnóstico sobre el problema fundamental que enfrenta la economía del país: la caída en el crecimiento de largo plazo de 4,8 % en 2012 a 3,5 % en 2018. Sus políticas, por tanto, tratarán de enfocarse en remediar esa caída. El ministro fue más allá y describió las causas posibles del problema. Descartó que fuera consecuencia de poca inversión en capital físico o humano. En su opinión, el meollo del problema hay que buscarlo en la baja productividad.

El diagnóstico viene con un reto: las pastillas contra el bajo crecimiento de la productividad no se han acabado de inventar. Sin embargo, entre los muchos ingredientes activos que deberían tener, sin duda, está un acceso libre a los mercados del resto del mundo y a sus bienes y servicios. La retórica contra los déficits comerciales no sólo pone el foco en un problema inexistente, sino que nos deja sin una herramienta fundamental para atacar el que ahora sabemos es el problema de fondo de la economía colombiana según el ministro.

Ojalá la política económica en este caso no se guíe por los prejuicios asociados a la semántica.

@mahofste

Viernes, 08 Junio 2018 00:00

Crecimiento Verde

Crecimiento Verde

La Misión de Crecimiento Verde pinta la hoja de ruta para la política pública que debe ayudar a transformar el modelo de desarrollo.

Marcela Eslava
Profesora Titular, Economía, Universidad de Los Andes

¿Cómo seguir ganando en prosperidad al tiempo que se garantiza la sostenibilidad ambiental? Es la pregunta del millón. Para nuestra fortuna, el próximo presidente encontrará una respuesta estructurada --y ojalá comprometida a través de un instrumento de política con dientes—en el resultado de la Misión de Crecimiento Verde que está por culminar bajo la tutela del DNP.

Los documentos que se han venido conociendo de la Misión (disponibles en la página web de la Misión) contienen los elementos de una hoja de ruta para la política pública “verde”, que quedará, esperemos, articulada y parcialmente comprometida antes del 7 de agosto. Aunque tiene múltiples dimensiones, hay dos que quiero recoger porque, siendo menos evidentes que otros, deben ser parte de la columna vertebral de cualquier política de crecimiento verde. Esperemos que un candidato no considere que esos elementos coartan la libertad de empresa, que el otro logre acogerlos a pesar de que no necesariamente redundan en el fin del “extractivismo”, y que ambos les paren bolas a pesar de que no se prestan para mover masas enfurecidas.

El primero de esos elementos es una estrategia articulada de fomento a la demanda por productos y servicios respetuosos con el medio ambiente, y a la formación de capital humano con las competencias requeridas por un modelo de crecimiento verde. Un eje de esa estrategia parte de la etapa escolar, con ajustes de contenidos (no nuevas materias!) que generen conciencia sobre la huella ambiental y el impacto en producción verde de las decisiones empresariales, laborales y de consumo de las personas. Condición previa es el adecuado entrenamiento de los maestros.

Otro eje de esta estrategia es el regulatorio. Implica la revisión integral de los marcos normativos con el doble objetivo de adoptar las regulaciones e incentivos necesarios para minimizar  la huella ambiental de la actividad productiva, y eliminar las reglas que le son contrarias al crecimiento verde. En el tratamiento de residuos, por ejemplo, se trata de reglamentar el reciclaje al tiempo que se eliminan las provisiones que pagan a las empresas recolectoras por tonelada de residuos enterrados.

Y el eje final requiere la articulación ordenada de las agencias del Estado que buscan facilitar el crecimiento verde. En la actualidad esas iniciativas aparecen de manera descentralizada en distintas entidades, aún dentro de un mismo nivel territorial (nacional, local). El resultado es que en muchas agencias concurren actividades de regulación, oferta de formación de capacidades, ejecución de presupuesto de incentivos. El Estado debe concentrar el esfuerzo de cada entidad en su campo natural de acción.

El segundo elemento que quiero recoger tiene que ver con el desarrollo de un sistema de estadísticas verdes. Este comprende indicadores que permitan monitorear el crecimiento de producción y empleo en sectores estratégicamente verdes; el “enverdecimiento” de los demás sectores a través de la gestión ambiental de sus procesos productivos; y la huella ambiental de todos los sectores. No sólo es evidente que el monitoreo de estos indicadores es la guía indispensable de la política pública hacia el futuro, sino que la publicación “ruidosa” de estos indicadores es en sí misma una poderosa herramienta de formación de una cultura verde de producción y consumo.

El corazón de ese sistema debería ser la medición del “PIB verde”: una medida del PIB, según lo define las Naciones Unidas, que resta el costo de la degradación y agotamiento ambiental al PIB que estamos acostumbrados a medir. Llegar a ese corazón tomará tiempo, por una serie de razones que han frenado la medición del PIB verde en todo el mundo, pero a esa meta nos debe llevar el sistema de estadísticas verde.

En el más corto plazo, es posible y necesario empezar a medir la producción de bienes y servicios verdes, como bioeconomía, ecoturismo, economía circular, aprovechamiento forestal y energía, movilidad y construcción sostenibles. Para esto se requiere adoptar una clasificación sectorial complementaria a la actual CIIU que permita “marcar” las empresas que producen bienes y servicios estratégicos dentro de lo verde en las bases de datos estadísticas (como las del DANE) y administrativas (como el RUT y la PILA). Se debe también generar una estrategia efectiva de comunicación de indicadores que ya se miden, como el uso y agotamiento de recursos capturado por la Cuenta Satélite Ambiental del DANE, y la gestión ambiental en la producción, capturada para la industria por la “Encuesta Ambiental Industrial”.  

Ojalá no acabe engavetado este esfuerzo de la Misión de Crecimiento Verde, que empleó mucho cerebro y un presupuesto no despreciable, y que tiene muy buenos resultados para mostrar. Que así sea depende de que el actual gobierno se emplee a fondo para dejar “pisados” algunos de estos compromisos. También de que el nuevo presidente asuma con responsabilidad y mano firme, pero sin dramatismo ni simplismo ambientalista, su papel de líder en la transformación del modelo de crecimiento.

Fuente original http://lasillavacia.com/silla-llena/blogoeconomia/historia/crecimiento-verde-66440

 

Jueves, 24 Mayo 2018 00:00

¿Lección aprendida?

¿Lección aprendida?

Jueves, 24 de mayo de 2018

Marc Hofstetter

Colombia vivió una bonanza petrolera en los primeros años de esta década cuando disfrutó de precios internacionales del crudo por encima de los US$100 por barril. Esa bonanza trajo holgura fiscal, impulsó el crecimiento económico y alegró las perspectivas.

El marco fiscal de mediano plazo de 2014 pronosticaba crecimientos económicos de largo plazo cercanos a 5%. El optimismo continuó en 2015: a mediados de ese año, a pesar de que los precios del crudo ya habían caído, el Ministro de Hacienda se comprometía con un crecimiento del PIB de entre 5,5% y 6% en el año 2018, si se firmaba la paz.

El desplome de los precios resultó doloroso porque poco a poco la economía se había vuelto más dependiente del petróleo y, por tanto, más vulnerable a sus vaivenes. En su pico, la quinta parte de los ingresos del gobierno dependían de ese rubro y sus exportaciones alcanzaron a acaparar 60% de nuestras ventas externas.

Ante la caída, se abrió un boquete preocupante, tanto en las finanzas públicas como en el frente externo, que obligó a repetidas reformas tributarias y terminó dinamitando las alegres perspectivas económicas de antaño. Hoy, de ese 6% con el que soñaba el ministro para 2018 si había paz, pasamos a perspectivas que no llegan a la mitad de esa cifra.

En retrospectiva, debimos haber trabajado en unas finanzas públicas menos vulnerables al petróleo y en una estructura productiva y de exportaciones más diversificada. La lección viene a lugar, no a manera de flagelación, sino a manera de lección relevante para el futuro inmediato: tras cuatro años de vacas flacas, el precio de petróleo se ha recuperado y ya bordea los US$80 por barril.

Si bien esa cifra en dólares es significativamente menor a la que había antes de la caída, el dato expresado en pesos constantes es casi idéntico al de la bonanza añorada.

Si nos cruzamos de brazos, a la vuelta de un par de años de nuevo tendremos finanzas públicas y cuentas externas con vulnerabilidades grandes, con un agravante: para amortiguar el golpe pasado, la deuda pública se trepó y el espacio fiscal para amortiguar otro golpe es ahora mucho menor.

Si aprendimos la lección, es hora de tomar correctivos. El discurso que aboga por diversificar la economía es, en general, vacuo porque el Estado no tiene botones que decidan mágicamente la estructura sectorial de la economía.

Pero sí tiene un botón que podría desencadenar cambios en la dirección deseada: el Estado es dueño de 88,5% de Ecopetrol y podría, sin ceder la mayoría accionaria de la compañía, vender más de 38% de las acciones de la misma. La venta reduciría la vulnerabilidad fiscal futura ante los vaivenes del precio.

Ese porcentaje accionario que podría vender, a precios de hoy, equivale a cerca de $49 billones, una cifra muy importante: más de siete veces mayor a los recursos que recibió el Estado por la venta de Isagén. La experiencia de esa venta puede servir de modelo para manejar esos recursos evitando que vayan a financiar gastos recurrentes del Presupuesto General de la Nación.

Siguiendo esas lecciones, podrían ir a la Financiera de Desarrollo Nacional y a través de estas apoyar proyectos energéticos, de transporte y de infraestructura que a su vez redundarán en una mayor productividad y sembrarían semillas para una economía más diversificada.

Ver artículo original en
https://www.larepublica.co/analisis/marc-hofstetter-500050/leccion-aprendida-2730630

 

análisis

‘Desarrollo con, desde y para el Pacífico’

No hay colombiano que ignore el rezago en términos de pobreza extrema en esta región, mientras celebra su diversidad biológica y cultural.

POR:
Juan Camilo Cárdenas
mayo 03 de 2018
 
Desde que hay memoria se han construido programas de desarrollo para sacar al litoral Pacífico de la pobreza. Desde los británicos en el siglo XIX hasta los chinos en el gobierno actual, se han propuesto canales interoceánicos para conectar los dos océanos para ayudar a la región a generar desarrollo. Sin embargo, no hay colombiano que ignore el rezago en términos de pobreza extrema en esta región, mientras celebra su diversidad biológica y cultural, representada en una multitud de expresiones culturales de confluencia de vida indígena y de comunidades negras por su rica historia.

Los hechos, mientras tanto, no pueden ser más contundentes. Con la colaboración de Diana León y el resto de estudiantes del Semillero del Pacífico, de la Universidad de los Andes, venimos trabajando en las estadísticas de desarrollo de los 62 municipios del litoral Pacífico con el ánimo de aportar a entender por qué esta región sigue atrapada por la pobreza, y ahora, con más ahínco, por la violencia.

Gráfico

Gráfico

A falta de espacio, déjenme resumir en una sola gráfica (adjunta). Aquí pueden ver la evolución del índice de necesidades básicas insatisfechas entre el año 1993 y el 2011 para ocho ciudades importantes del occidente de este país. Podemos comparar las cuatro ciudades más importantes del litoral Pacífico (Buenaventura, Tumaco, Guapi y Quibdó) con sus capitales más cercanas.

Por una parte, noten la brecha tan grande entre esa ciudad del litoral y su respectiva urbe del ‘interior’, y segundo las tendencias en el tiempo, especialmente en el caso de Guapi y de Quibdó. Sí, Colombia ha visto mejorías sustanciales en reducción de pobreza, pero en la media. Ese ‘desarrollo’ no irriga de manera igual al centro y a la periferia, ni siquiera al interior de muchos departamentos. No estoy hablando de las brechas de lo urbano y lo rural ni siquiera, estoy llamando la atención sobre qué quiere decir reducir pobreza en barrios de Popayán y en barrios de Guapi. Cuando se hacen estos análisis de progreso a nivel departamental, los cuatro departamentos de la región muestran avances, excepto claro, el Chocó cuyo territorio se encuentra en su totalidad al occidente de la cordillera. Esto podría reforzar el argumento mismo de que los avances de la reducción de la pobreza tienen efectos diferenciales para quienes están en el centro y para los que se encuentran en la periferia, incluso si se está en centros urbanos.

Una parte importante de estas brechas y rezagos tienen que ver precisamente con los diálogos tan desiguales entre la visión de ‘desarrollo’ de quienes viven en ese centro y de los que habitan esa periferia del Pacífico colombiano.

Un modelo de desarrollo sostenible del Pacífico que pretenda generar bienestar incluyente en la región tiene que enfrentar varios retos. Primero, no puede ser un modelo de desarrollo pensado desde el centro hacia la periferia. El centro, representado en esas visiones de Bogotá, Pasto, Medellín, Popayán o Cali, tiene que comprender las lógicas de la periferia y, por ello, debemos retomar el debate de regiones, de un país más federalizado, que construya bienestar desde las diferencias. Ese modelo que se construya debe dejar de pensar al Pacífico solo como una fuente de materias primas –tagua, oro, guandal–, solo para dar unos ejemplos históricos, y dejar de pensar la región como un estorbo al ‘desarrollo’ por culpa de su diversidad biológica o cultural que con las consultas previas y los territorios colectivos indígenas y negros se oponen al ‘progreso’.
Sabemos que los consejos comunitarios en el Pacífico han incentivado el ingreso per cápita, mejorado la asistencia escolar y aumentado la inversión de los hogares en sus viviendas. También tenemos evidencia que sugiere que en varias de las sub-regiones del Pacífico, las titulaciones colectivas han frenado la deforestación en los últimos 20 años.
Para responder a estos retos, el Pacífico tiene que formar capital humano que permita mejorar estas conversaciones. Por ello quiero cerrar con un indicador desolador. En un análisis que venimos haciendo de la educación superior del litoral, estimamos la tasa de entrada de los jóvenes bachilleres de los 62 municipios del litoral a una institución de educación superior (IES) al año siguiente. En promedio, de cada 1.000 estudiantes que se graduaron y presentaron la prueba Saber 11 en los años 2014 y 2015, solamente siete lograron acceder a una IES en el primer semestre del 2015 y 2016 respectivamente, y de esos, solo cuatro lo hicieron a una universidad acreditada.

El cumplimiento de los acuerdos en la mesa de los paros de Buenaventura y Quibdó deben ser oportunidades para este ejercicio de conversación entre lógicas diferentes en las que quepan otras formas de pensar el desarrollo económico, desde otros sistemas de propiedad del suelo, o desde potenciales del capital natural diferentes en que el turismo basado en la conservación tenga oportunidades de atraer turistas y genere empleo local, o la pesca artesanal se pueda articular a las cadenas de valor hacia el centro del país.
El Pacífico requiere una conversación más plural de lo que significa desarrollo.

Fuente: Portafolio

Según el director del DNP, más de ocho mil muertes al año estarían asociadas a la baja calidad del aire en las ciudades y su costo podría ascender a casi 2 % del PIB del 2015.

POR:
Otros Columnistas
abril 08 de 2018

Recientemente, el Director del Departamento Nacional de Planeación (DNP), Luis Fernando Mejía, indicó que más de ocho mil muertes al año estarían asociadas a la baja calidad del aire en las ciudades y que su costo podría ascender a casi 2 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB) del 2015.

Resalto tres elementos de la presentación de Mejía que le dan relevancia al problema de contaminación del aire. Primero, los altos impactos en la salud motivan al Estado a considerar la calidad del aire como una prioridad de política pública. Segundo, se requiere incrementar la efectividad de las políticas y regulaciones actuales, así como ejecutar acciones adicionales que mejoren la calidad del aire. Y tercero, es necesario actualizar la política de prevención y control de la contaminación del aire en un documento Conpes. Estos tres elementos manifiestan una preocupación en la dirección correcta por mejorar el bienestar de las personas, pues de acuerdo con el Artículo 79 de la Constitución de 1991 “Todas las personas tienen derecho a gozar de un ambiente sano”, y, según la Sentencia C-671/2001 de la Corte Constitucional “El derecho al medio ambiente no se puede desligar del derecho a la vida y a la salud de las personas”.

Para analizar el problema de contaminación es importante entender que el aire respirable es el resultado de tres factores: las emisiones, la meteorología y el relieve. Si los vientos y el relieve no ayudan a disipar los contaminantes, la calidad del aire empeora. Así, la contaminación permanece en el aire y es inhalada por las personas. En Colombia, el contaminante más crítico, por sus impactos en la salud, es el material particulado.

Si no es posible modificar la meteorología y el relieve (por lo menos en el corto plazo), debemos reducir emisiones. Me referiré a acciones tomadas con ese propósito en el sector de transporte como el mejoramiento de la calidad del combustible, restricciones vehiculares regulares y temporales, e introducción de vehículos de tecnología con bajas o cero emisiones.

La reducción del contenido de azufre pretendía no solo mejorar la calidad del diésel, sino proveer un combustible que hiciera viable la instalación de filtros de partículas a buses y vehículos de carga. La distribución del diésel con contenidos de azufre menores o iguales a 50ppm ha sido un gran avance en esta materia, sin embargo, no implementar los filtros de partículas ha limitado totalmente los esfuerzos de complementariedad de las medidas. Los filtros podrían reducir el 97 por ciento de las emisiones. Para que esto ocurra se requiere voluntad política e inversiones. En Bogotá, descartar la implementación de filtros del plan de descontaminación en el 2017 nos alejó del propósito de reducir significativamente material particulado.

Varias ciudades han implementado restricciones vehiculares regulares como el pico y placa. Esta política se formuló inicialmente para atacar la congestión, no obstante, también se ha promovido para reducir emisiones de los carros, tanto que la contaminación vehicular se ha convertido en un argumento para motivar restricciones más estrictas. La evidencia internacional y nacional señala que el pico y placa es inefectivo porque no mejora la calidad del aire, incluso tiende a empeorarla, dado que los conductores solventan la restricción comprando un segundo auto.

En cuanto a las restricciones vehiculares temporales, se ha implementado el día sin carro. Esta medida incentiva el uso de modos alternativos de transporte y se promueve como una jornada de movilidad sostenible. Estudios recientes de la Universidad de los Andes indican que el material particulado no disminuye significativamente durante el día sin carro con respecto a un día normal. La reducida efectividad sobre la calidad del aire se debe a que el transporte público colectivo a diésel sigue operando y aumenta las frecuencias de circulación para atender la demanda de pasajeros.

Finalmente, no es mucho lo que se ha avanzado en Colombia respecto a introducir vehículos de tecnología con bajas o cero emisiones que sustituyan significativamente la operación de vehículos diésel. Recientemente se dio a conocer las características de los pliegos de licitación de la nueva flota de Transmilenio en Bogotá. Esta es la oportunidad más importante que la ciudad ha tenido en los últimos años para introducir nuevas tecnologías. La licitación podría mostrar señales fuertes en esa dirección, introduciendo directamente una fracción mínima de buses con nuevas tecnologías. Por ejemplo, mínimo 10 por ciento de toda la flota de buses que ofrezcan los proveedores y operadores debería ser Euro VI gas o buses eléctricos, y mínimo 20 por ciento Euro VI diésel con filtro de partículas. Un alto porcentaje de estos nuevos buses podría ser asignado a troncales con recorridos en la zona suroccidental de la ciudad, donde se presentan los mayores índices de contaminación. Estas fracciones tienden a ser más razonables que exigir una flota 100 por ciento con buses eléctricos, y están en línea con los compromisos de sistemas similares en Suramérica como Transantiago, en la capital de Chile.

Jorge Bonilla
Director del Grupo de Estudios sobre Economía Ambiental, Recursos Naturales y Aplicada (Rees)
EfD Colombia

Fuente original en Portafolio. http://www.portafolio.co/opinion/otros-columnistas-1/la-calidad-del-aire-un-derecho-y-una-prioridad-analisis-515932

Miércoles, 21 Marzo 2018 00:00

Mermelada en la tostada nacional

Por lo menos sabemos que algo de la mermelada de las regalías sí sirvió para nutrir a la gente.

Marcela Eslava Profesora Titular, Economía, Universidad de Los Andes

20 de Marzo de 2018

Se volvió costumbre usar el término “mermelada” para hablar de una oscura transacción política en que el gobierno embadurna la mano de un congresista para conseguir su apoyo. Triste transformación de lo que en su momento fue una exitosa estrategia de comunicación: la reforma a las regalías que el gobierno impulsaba en 2011, nos explicaban, estaba destinada a “untar la mermelada en todo el territorio nacional”.  La reforma pasó, y las regalías ahora pueden llegar a todos los municipios. La pregunta abierta es qué tanto de esa mermelada era de buen sabor.

Jorge Gallego y Stanislao Maldonado, de la Universidad del Rosario, junto con Lorena Trujillo del DNP, se han dado a la tarea de ver qué dicen los datos sobre el efecto de la reforma en los indicadores sociales. Y aunque su investigación está aún inconclusa, muestra ya algunos resultados interesantes sobre la eficacia de las regalías para mejorar el bienestar en los municipios que las reciben.

Los investigadores  han estudiado qué tanto cambian los indicadores sociales en municipios que reciben más regalías comparados con los que reciben menos, ahora y antes de la reforma. Este ejercicio les permite concluir que la reforma tuvo algunos efectos positivos. Encuentran que hoy las regalías son herramientas de cambio social positivo, mientras que antes de la reforma no lo eran.

Desde 2011, cada peso de regalías destinado a un municipio reduce la fracción de sus pobladores que son pobres o que no tienen viviendas dignas. También incrementa la probabilidad de que tengan acceso a agua potable, computador o internet, y mejora los indicadores de salud y educación.

Antes de 2011, nada de eso sucedía como consecuencia de recibir regalías. Si algo, las regalías parecían tener efectos negativos. Sus receptores eran presa de la llamada “maldición de los recursos naturales”.

El cambio en la efectividad de las regalías desde 2011 parece consecuencia natural de una distribución más equitativa: en vez de que lleguen a pocos municipios más recursos de los que logran aprovechar, hoy llegan a muchos municipios recursos limitados. Los investigadores también encuentran que se debe a que, antes del 2011, las regalías se concentraban precisamente en los municipios cuya capacidad de ejecución limpia de recursos públicos es peor. Aunque hoy siguen llegando a municipios débiles, el cambio está en que también han llegado a otros. Eso sin contar con los esfuerzos del DNP por, precisamente, fortalecer la capacidad ejecutiva de aquellos que aspiran a utilizar regalías.

Nos queda esperar que los investigadores amplíen su estudio para contarnos cuánto disminuyó la pobreza y cuánto mejoraron la salud, la educación y el acceso a servicios básicos en el agregado nacional (si es que el balance entre municipios ganadores y perdedores de la reforma efectivamente acaba siendo positivo). Y recordar que algunos proyectos de regalías han resultado una tumbada de recursos públicos. Pero por lo menos sabemos que algo de la mermelada de las regalías sí sirvió para nutrir a la gente.

Ver artículo y comentarios en http://lasillavacia.com/silla-llena/blogoeconomia/historia/mermelada-en-la-tostada-nacional-65206

 

Por Blogoeconomia · 13 de Febrero de 2018

Por: Jorge Tovar

Seguir a @JorgeATovar

Hace unos días salió en la prensa la noticia de que “Los Ángeles fue en 2017 la ciudad con más embotellamientos del mundo”. Bogotá, decía la noticia, estaba entre las “10 ciudades con más trancones del mundo”. La realidad es que Bogotá es la ciudad más trancada del mundo.

No es que la noticia fuese falsa. Es que había que leer el informe de Inrix.com, la fuente de la noticia, para entender la métrica relevante. El dato que saltó a la prensa es el número de horas al año que pasa en promedio un ciudadano en el carro durante las horas pico. Es decir, con 102 horas al año en trancón, es cierto que Los Ángeles es donde más tiempo pasan en el carro durante las horas pico. Bogotá, como se observa en la gráfica (mirando desde el eje horizontal), es la sexta ciudad del mundo, con 75 horas al año.

Cuando se pide la construcción de una vía, salen los negacionistas del trancón a decir que estamos pidiendo que Bogotá se convierta en “una Los Ángeles”. Ojalá fuera Bogotá como Los Ángeles. ¿Por qué?

Simple. En Los Ángeles, ciudad con un precario sistema de transporte público, los desplazamientos son largos, muy largos. No es extraño que entre la casa y el trabajo haya 40, 50 o 60 kilómetros de distancia. En Bogotá, 60 kilómetros es salir de Multiparque en el norte de la ciudad, cruzarla hacia el sur, llegar al Parque el Tunal, y dar vuelta nuevamente hasta Multiparque. La diferencia es que mientras que en Los Ángeles es relativamente normal hacer los 40 o más kilómetros de viaje diario, en Bogotá, la distancia de viaje en horas pico es menor.

Es cierto, en hora pico el trancón de Los Ángeles es complicado. Pero la diferencia en horas perdidas en el trancón no sirve como comparativa porque los desplazamientos son más largos en la ciudad californiana que en Bogotá.

Inrix.com trae otro indicador que a mi juicio permite comparar mejor el trancón entre ciudades. Lo definen como el porcentaje del tiempo que se pierde en trancón considerando el tiempo total que se está en el carro. A diferencia del indicador que presentaron las noticias, el valor obtenido es comparable entre ciudades e independiente de la distancia del desplazamiento. La gráfica muestra en su eje vertical este porcentaje: cuánto del tiempo total que estuvo en operación un carro, estuvo en trancón.

 trancon

Bogotá, según este criterio, es de lejos la ciudad más trancada del mundo. Hay trancón un 30% del tiempo que se está en un carro. En Bogotá no hay horas pico ni valle. Sólo hay trancón, y eso a pesar del terrible invento del pico y placa que no hizo más que aplazar las urgentes necesidades de infraestructura vial de la ciudad. La segunda ciudad es Moscú, con un 26%, y luego Krasnodar que luego de buscar en google encontré que queda en Rusia.

En Los Ángeles, el eterno ejemplo perverso de los negacionistas del trancón en Bogotá, la cifra baja al 10%. El problema allá es en la hora pico por las distancias. Efectivamente en Los Ángeles el indicador pasa al 21%. En Bogotá, por supuesto también sube, a 36%. Se concluye que si Bogotá fuera como Los Ángeles, en lugar de pasar en promedio 1/3 del tiempo en trancón, andando a 23 km/h, se pasaría sólo un 10% del tiempo en trancón, circulando a 43 km/h.

La gráfica revela otro resultado preocupante. Bogotá está mal. Pero Medellín y Cali no están mucho mejor. Sin llegar a los nefastos niveles de la capital, el porcentaje de tiempo que pasan en trancón ronda el 20%. El problema tiene carácter nacional.

El negacionismo sobre las causas del trancón en Bogotá le ha hecho mucho daño a la ciudad. Nos tiene hoy con la ciudad al borde del colapso. En su momento se diagnosticó como un problema de los “ricos” que tenían carro. A pesar de la casi nula construcción de vías nuevas en la ciudad, se concluyó que el carro se usaba demasiado. Nunca se quiso entender que la cifra de carros per cápita era mundialmente baja en Bogotá. Lo era entonces, lo es hoy. La solución, prometieron, pasaba por construir un proxy de sistema de transporte masivo que en 20 años resolvería los problemas de transporte de los bogotanos. Por ello, temporalmente, se aplicaría un pico y placa para solventar el trancón mientras se construía la solución. El resultado no era tan difícil de prever. El Transmilenio fracasó como sistema de transporte masivo, el pico y placa se tuvo que ampliar hasta cubrir el 50% del parque automotor y, el carro llegó a prácticamente todas las capas de la sociedad bogotana. No en vano hoy, la mayor parte de carros pertenecen a hogares estrato 3 y 4. Mientras tanto, corruptos o no en la alcaldía, repetían el discurso original: hay que aguantar, que el sistema de transporte masivo ya llega.

Es preocupante que hoy día el discurso sigue igual. El sistema de transporte masivo llegará, no hay que construir vías y sólo los “ricos” usan carros. Al discurso oficial se añade que todos circularán en bicicleta y haremos un metro elevado que es un cuarto de la primera línea originalmente planteada. Del comparativo de Ámsterdam, las bicicletas y los carros ya escribí en el pasado. De la fracción de metro, que irá por encima de un Transmilenio, poco hay que decir.

El resultado no es tan difícil de prever. Bogotá seguirá siendo por lo que resta de siglo, la ciudad más trancada del mundo. Ya no será el 30%, será el 40%, 50%, 60%. Los responsables tomarán el metro en Londres y Nueva York. El costo económico lo asumirán quienes se queden.

Fuente: http://lasillavacia.com/blogs/blogoeconomia/bogota-es-la-ciudad-con-el-mayor-trancon-del-mundo-64676

30 enero, 2018

Cuando los economistas hablamos de los costos de la inflación solemos incluir en la lista de males el hecho de que la inflación podría golpear con mayor fuerza a los pobres. Por ejemplo Mankiw afirma que la inflación “[n]o es un impuesto sobre todos los activos, sino solo sobre los activos que no generan intereses, como el efectivo. Los ricos pueden mantener la mayor parte de su riqueza en formas que pueden evitar el impuesto inflacionario.” De esa narrativa se han apropiado muchos banqueros centrales para defender posturas antiinflacionarias (fuertes). La presidenta de la Reserva Federal de Kansas City, Esther George, dijo hace poco que “no soy tan entusiasta como algunos cuando veo que la inflación aumenta”, porque “la inflación es un impuesto y los que menos pueden pagarlo generalmente son los que más sufren”. En una línea similar, Benoît Cœuré, miembro del Comité Ejecutivo del Banco Central Europeo, argumentó en un discurso en 2012 que “la inflación también es particularmente perjudicial para los más pobres “, y agregó que “los hogares más pobres tienden a tener una mayor fracción de su riqueza financiera en efectivo, lo que implica que tanto los aumentos esperados como los inesperados en la inflación los hacen aún más pobres”. Tales posturas también son comunes entre los bancos centrales en los países en desarrollo. Por ejemplo, el Banco Central de Colombia explica en su página web que mantener la inflación baja y estable es importante porque “una inflación creciente significa una redistribución del ingreso en contra de la población más pobre.”

Podríamos concluir que combatir con vehemencia la inflación sería una forma de implementar una política pública alineada con las preferencias e intereses de los más pobres. Sin embargo, como el combate de la inflación deja daños colaterales en frentes como el crecimiento y el desempleo, esa conclusión puede ser incorrecta. De hecho, recientes investigaciones muestran que los daños colaterales del combate pueden recaer con particular fuerza sobre los pobres.

Por lo tanto, tenemos por un lado una narrativa establecida que justifica las posturas antiinflacionarias como necesarias para proteger a los pobres de las consecuencias de la inflación y, por otro, la evidencia que muestra que los efectos secundarios de estas políticas pueden tener un impacto particularmente adverso en ellos. Esto sugiere que las preferencias frente a la inflación y al desempleo (un indicador de los efectos secundarios de los shocks monetarios) podrían no estar distribuidas de manera uniforme entre grupos de ingresos.

En una investigación que acabamos de terminar con José Nicolás Rosas, estudiamos las preferencias sociales por inflación y desempleo en Europa y América Latina. Lo hacemos para toda la población así como separándola entre ricos y pobres. Allí corroboramos que en Europa puntos adicionales de inflación y desempleo disminuyen el bienestar (como en Di Tella et al. (2001) y Wolfers (2003), entre otros). Establecemos que este hallazgo también está presente en América Latina. Más importante aún, encontramos que la aversión al desempleo es más alta que la de la inflación. Si bien esto es cierto en ambas regiones, el tamaño ese coeficiente es mucho mayor en América Latina: allí un punto extra de desempleo tiene el mismo efecto sobre el bienestar que más de 4 puntos de inflación adicionales.

¿Por qué esta tensión es mucho mayor en América Latina que en Europa? Sugerimos dos explicaciones en el documento. Por un lado, Europa cuenta con generosos programas de seguro de desempleo que mitigan las consecuencias del desempleo en el bienestar. El seguro de desempleo es casi inexistente en América Latina. Por otro lado, los episodios recurrentes de inflación en el pasado llevaron a los latinoamericanos a construir instituciones—formales  e informales—que mitigan muchos de los costos de las crisis inflacionarias. Estas instituciones están vigentes incluso en países que lograron tasas de inflación baja y estable hace tiempo. Por lo tanto, los latinoamericanos están mejor preparados para las crisis inflacionarias, mientras que europeos tienen mejores instituciones para enfrentar las consecuencias del desempleo.

En cuanto a cómo estas preferencias cambian a lo largo de la distribución del ingreso, encontramos—tanto para Europa como para América Latina—que el desagrado de los pobres respecto al desempleo en relación con la inflación es mucho más alto que el de los ricos. Este hallazgo riñe con la opinión comúnmente sostenida por los bancos centrales según la cual las posturas monetarias fuertemente antiinflacionarias se alinean especialmente bien con las preferencias de los pobres. Este resultado tiene implicaciones de primer orden sobre el balance que debería tener en cuenta un banco central enfrentado a disyuntivas entre inflación y desempleo y cómo ese balance se mueve a lo largo de la distribución del ingreso.

Referencias:

Banco de la República de Colombia. ¿Por Qué Es Importante Tener una Inflación Baja y Estable? Retrieved September 8, 2017, from http://www.banrep.gov.co/es/porque-es-importante-mantener-inflacion-baja-estable.

Cœuré, B. (2012, October 17). What Can Monetary Policy Do About Inequality? Speech presented at the International Day for the Eradication of Poverty, European Parliament, Brussels, Belgium.

Coibion, O., Gorodnichenko, Y., Kueng, L., and Silvia, J. (2017). “Innocent Bystanders? Monetary Policy and Inequality.” Journal of Monetary Economics, 88, 70-89.

Di Tella, R., MacCulloch, R. J., and Oswald, A. J. (2001). “Preferences over Inflation and Unemployment: Evidence from Surveys of Happiness.” The American Economic Review, 91(1), 335–341.

George, E. (2017, April 18). On the Path of Monetary Policy Normalization. Speech presented at the 26th Annual Hyman P. Minsky Conference, Levy Economics Institute of Bard College, Annandale-on-Hudson, NY.

Hofstetter, Marc y José Nicolás Rosas. 2018. The Poor and the Rich: Preferences Over Inflation and Unemployment. Documentos Cede, 2018-5. Universidad de los Andes, Colombia.

Mankiw, G. (2006, May 23). The Inflation Tax [Blog post]. Retrieved from http://gregmankiw.blogspot.com/2006/05/inflation-tax.html.

Wolfers, J. (2003). “Is Business Cycle Volatility Costly? Evidence from Surveys of Subjective Well-Being.” International Finance, 6(1), 1–26.

 
Jueves, 18 Enero 2018 00:00

Caquetá: lo que vi

Analistas

Marc Hofstetter

Llevo un cuarto de siglo visitando el departamento del Caquetá. Hasta hace poco tiempo, el común denominador de las visitas era el miedo de sus habitantes. Ese temor se materializaba en muchas dimensiones. Salidas en carro desde su capital, Florencia, solo se podían hacer a unos pocos sitios cercanos y en horarios diurnos; el resto del departamento no entraba en consideración ni siquiera con precauciones horarias; circular por varios de los ríos que son claves para movilizarse en el Caquetá estaba proscrito y hacerlo de noche era una temeridad; la evidencia anecdótica sobre extorsiones y secuestros abrumaba.

Recientemente pasé 10 días en el departamento. Era la primera vez que iba tras la firma de la paz con las Farc. Me encontré un lugar esperanzado y con cambios visibles. Lo primero que noté es que los mismos locales están descubriendo su departamento tras años de restricciones invisibles a su movilidad. La multitud de ríos, quebradas, pueblos y montañas que narran haber visitado recientemente es alucinante. El tráfico vehicular en las carreteras intermunicipales habría sido impensable hasta hace poco.

La misma percepción me llevé de la circulación de lanchas y canoas en sus ríos. En medio de la poca infraestructura para visitantes relativa a la enorme oferta de estupendos destinos, empiezan a aparecer emprendedores turísticos. Aún falta esfuerzos de coordinación y planeación de ese potencial turístico pero el avance es notable. En Florencia los locales afirman que en el último año se han inaugurado nueve hoteles. La ciudad empieza a padecer los problemas de un crecimiento desordenado. Miles de motos zumban por doquier sin respetar señales de tránsito, casi nadie lleva casco y las aceras son un bien público por descubrir.

Charlé con un antiguo juez quién contó historias de horror que ahora no se ven como los repetidos levantamientos de cuerpos que bajaban por el río y cuya identidad rara vez se establecía. Charlé con ganaderos, en su mayoría opositores del acuerdo de paz, quienes manifestaron que se respira una tranquilidad que hacía tiempo no se veía. Resaltaron el despegue de una industria quesera propia con denominación de origen a bordo con estupendos quesos que el resto del país debería empezar a conocer. Paradójicamente mostraron su preocupación por el hecho de que ida la guerrilla hay zonas donde no hay quién imponga orden; también hay preocupación por el aumento de cultivos ilícitos.

Pero desde el punto de vista de sus propias actividades su percepción es que finalmente pueden trabajar sus tierras e invertir en ellas sin el perenne temor de antaño. También resaltan un creciente interés en formar reservas naturales de la sociedad civil y en mover la actividad hacia la ganadería silvopastoril.

Caminando por un pueblo lejano, varias veces objeto de toma por parte de la guerrilla, me topé con el cura. Narró cómo en alguna de la tomas un cilindro bomba cayó sobre la casa cural y por fortuna no hizo explosión. Señaló como aun las casas adyacentes a la estación de policía permanecían abandonadas pues cada hostigamiento guerrillero las dejaba en medio del fuego cruzado. Los agujeros en una de dichas viviendas eran testimonio de un pasado reciente horroroso pero también una rendija a través de la cual se puede ver un futuro lleno de retos pero con un elemento del que carecían hasta hace poco: esperanza.

https://www.larepublica.co/analisis/marc-hofstetter-500050/caqueta-lo-que-vi-2589741 (Fuente original)

Por Blogoeconomia · 18 de Octubre de 2017

Por: Andrés Zambrano

A propósito del más reciente premio Nobel de Economía, Richard Thaler, que combinando la psicología y la economía mostró cómo la falta de racionalidad de los individuos al momento de tomar decisiones puede llevar (), quiero resaltar en este blog que tomar las decisiones más racionales también puede llevar al mismo resultado. Según datos de la Encuesta Longitudinal Colombiana de la Universidad de los Andes (ELCA), 66% de los hogares urbanos en Colombia en el 2016 tuvieron un choque adverso en los anteriores 3 años. Estos choques pueden ser a la salud de los individuos, al ingreso, a los activos, pueden también ser desastres naturales, choques violentos o choques sobre la composición familiar en el hogar, y generan disminuciones en la riqueza de los hogares. Estos eventos pueden volverse más recurrentes dependiendo de las decisiones de los hogares. Por ejemplo, si un jefe del hogar quedara desempleado (primer choque) y decidiera disminuir la cantidad y/o calidad de los alimentos que provee a sus hijos, podría generar futuros problemas de salud de los niños de ese hogar por malnutrición, lo que constituiría un nuevo choque que dejaría al hogar aún más vulnerable. ¿Quiere decir esto que esta es una decisión irracional que deberíamos evitar?

Para responder esta pregunta es importante caracterizar qué tipo de hogares toman estas decisiones y cuantificar el efecto que tienen sobre la persistencia de estos choques. Luego, podríamos examinar si un modelo con agentes racionales, alimentado con las anteriores estimaciones, puede generar este tipo de respuestas. En una investigación que realizamos junto con Mateo Arbeláez y Leopoldo Fergusson, precisamente exploramos esto usando la ELCA.

Lo primero que encontramos es que un hogar que tuvo un choque adverso tiene una probabilidad mayor de 11 puntos porcentuales de que un futuro choque vuelva a afectarlo, cuando se le compara con un hogar que no experimentó un choque antes. Nuestro segundo hallazgo es que los hogares de clase media reducen alrededor de 15% su consumo en alimentos cuando experimentan un choque adverso, mientras los hogares más ricos usan sus ahorros y los más pobres se endeudan para mantener su consumo. Nuestra tercera contribución es mostrar que aquellos que redujeron su consumo en alimentos son aquellos que se vuelven más vulnerables a futuros choques (tal como nuestro ejemplo del principio), mientras que aquellos que usaron activos (los más pobres y los más ricos) no aumentan su vulnerabilidad. Pero entonces, ¿por qué la clase media disminuye su consumo, si esto implica una mayor vulnerabilidad?

Para entender este resultado debemos analizar primero los demás tipos de hogares. Por un lado, los hogares más ricos tienen cómo defenderse de choques adversos y mantener sus niveles de consumo altos para evitar una mayor vulnerabilidad, precisamente con la riqueza que ya han acumulado. Por eso no vemos cambios en su consumo, pero sí en sus activos, cuando experimentan un choque. Y si no experimentan un choque aprovechan para acumular activos por si en el futuro deben enfrentar uno.

Ahora vayamos al otro extremo, ¿qué pasa con los hogares más pobres? Estos hogares ya son muy vulnerables porque sus niveles de consumo son muy bajos y por ende la incidencia de los choques adversos es tan alta, que no puede incrementar más. Como esos niveles mínimos de consumo ya no pueden reducirse más (de lo contrario los miembros de este hogar morirían), estos hogares continúan endeudándose para mantener este consumo mínimo cuando experimentan un choque adverso. Por el contrario, si no experimentan un choque adverso van pagando lentamente sus deudas.

¿Y qué hay de la clase media? Estos hogares están frente a la difícil decisión de mantener un consumo alto para ser menos vulnerables a futuros choques, pero con el enorme costo de reducir sus ahorros y endeudarse. Así que mientras puedan usarán los activos para mantener su consumo; pero si ven que estos están decreciendo rápidamente, prefieren reducir su consumo a niveles que lo vuelven más vulnerable. Esto lo hacen porque tener un consumo alto igual acarrea una probabilidad de tener un choque adverso, así que podrían terminar en el mundo de los hogares pobres con mucha deuda y un choque adverso que enfrentar, el peor de los mundos. Por eso observamos en los datos que toman decisiones distintas a los más pobres y a los más ricos, aunque estas involucren una mayor vulnerabilidad.

En conclusión, los hogares de clase media se ven obligados a tomar decisiones que parecieran “irracionales” porque aumentan su vulnerabilidad, pero al tomarlas están considerando perfectamente los riesgos que estas involucran. Lo hacen porque temen caer en la pobreza y no tener cómo reaccionar frente a posibles choques futuros. El problema es que este tipo de comportamientos genera trampas de pobreza que pueden perpetuar la vulnerabilidad de los hogares. Para evitarlo se requieren políticas activas del gobierno que alejen a los hogares de estas trampas, ya sea ayudando a los hogares a enfrentar estos choques sin que recurran completamente a sus propios activos o permitiendo que las restricciones al crédito se relajen y no sea tan costoso recurrir a éste. Son fundamentalmente distintas a las propuestas por Thaler y un buen complemento para estas.

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nobel-economia-n 
Richard Thaler de la Universidad de Chicago fue premiado por su contribución a la economía del comportamiento.

Por: Jose-Alberto Guerra
Profesor asistente de Economía

Richard Thaler ha sido galardonado con el Premio Nobel de Economía por sus contribuciones al área de economía del comportamiento. O como algunos prefieren llamarla (ya que en realidad toda la economía es, de algún modo, el estudio del comportamiento humano), al área de economía y psicología. Y sí, este premio se añade a pasadas distinciones otorgadas a economistas como Herbert Simon, Maurice Allais, Daniel Kahneman, Elinor Ostrom y Robert Shiller, que han hecho de la Economía una ciencia más humana. Una ciencia que se esmera por entender cómo distintas motivaciones (individuales o sociales) y emociones afectan las decisiones de los individuos.

Uno de sus mayores aportes ha sido el de llevar a la práctica de las políticas públicas lo que él ha denominado la arquitectura de las decisiones. Cuando un individuo toma una decisión, rara vez se encuentra en una situación vacía que carece de contexto. Muchas veces ese contexto afecta sus decisiones más allá de lo que este quisiera o estaría en capacidad de discernir. Por tanto, un regulador podría afectar ese contexto para incidir positivamente en sus decisiones (desde la perspectiva del individuo).

Por ejemplo: imagina que, al despertar, una persona ha tomado la decisión irreductible de iniciar una dieta baja en azúcar (i.e. ha actuado como un planificador).

Es la una de la tarde y avanza en la fila de un bufet mientras decide en su mente sobre su menú de almuerzo.

El aroma de distintas delicias culinarias colma todo el restaurante. Apenas llega al inicio de la barra de comidas se encuentra de frente con postres jamás imaginables, sin mucho pensarlo se abalanza hacia ellos y llena la mitad de su bandeja (i.e. ha actuado como un ejecutor).

Después de comer, y al sentir la pesadez estomacal suspira hondo al recordar su resolución de la mañana. El dueño del restaurante, o un regulador, podría haber afectado el orden en que la comida es presentada en el bufet, dejando los postres para el final esperando a que la bandeja este llena, y así evitar que este tipo de dicotomía entre planificador y ejecutor conlleve al arrepentimiento de sus comensales.

Con esta idea en mente, Thaler ha incidido en la manera en que distintos países se enfrentan actualmente a la regulación.

Al incluir una psicología más amplia de los individuos, su trabajo ha hecho más notorio los efectos adversos de la falta de autocontrol y las maneras relativamente sencillas de afectar el ambiente para empujar (i.e. nudge) sus decisiones en la dirección correcta.

Por Juan Camilo Cárdenas
Decano y profesor titular de Economía

Son muchas las razones por las que Thaler merecía este premio, pero tal vez una de la más importantes es que su trabajo está logrando transformar, para bien, la vida cotidiana de muchos ciudadanos como consecuencia de sus investigaciones y experimentos económicos en la realidad.
El mejor ejemplo es el diseño de un sistema de ahorro pensional voluntario (Save More Tomorrow) que ha aumentado la inscripción de millones de personas en el mundo a dedicar parte de sus ingresos a su fondo pensional.

Las consecuencias fiscales pueden ser de considerable envergadura, en un mundo que se envejece, que ha aumentado dramáticamente su esperanza de vida al nacer y que por ende requiere de una reforma profunda para generar contribuciones al sistema pensional desde mucho más temprano que lo visto hasta el momento.

Lo más atractivo del esquema de Save More Tomorrow para un empleado es que i) es voluntario, ii) solo comienza a sufrir los descuentos un año después de registrarse, y iii) está basado en los aumentos del sueldo y no sobre el sueldo per se.

Estos pequeños “detalles” resultan del conocimiento científico que tenemos hoy sobre el comportamiento de los humanos reales.

Al hacerlo voluntario se mantiene dentro de la filosofía del “paternalismo libertario” ya famoso desde su libro Nudge, escrito con Cass Sunstein. Al comenzar al regir dentro de un año se responde al problema de miopía inter-temporal, es decir el problema de auto-control que tenemos los humanos para hacer sacrificios en el corto plazo por la mayor utilidad que percibimos de gratificaciones inmediatas (gastarnos el sueldo del mes entrante en darnos ese gusto y comenzar a ahorrar dentro de un mes, o como decía San Agustín, “Si lo quieres, Señor, hazme casto, pero no todavía”.

Finalmente, al hacerlo sobre aumentos del sueldo y no sobre el sueldo el individuo percibe que está sacrificando menos porque no lo hace de algo que ya ganó (su sueldo actual) sino de algo que aún no ha ganado (el aumento), efecto bien documentado hoy en la así llamada “aversión a la pérdida” dentro del marco teórico de la Teoría Prospectiva (Prospect Theory) en que Thaler colaboró con Daniel Kahneman, Amos Tversky y Jack Knetch a lo largo de las últimas décadas.

Así, el programa pensional le quiebra la espalda a sesgos humanos de nuestra racionalidad que incluyen aferrarnos más de la cuenta a lo que tenemos, a ver de manera miope las ganancias inmediatas frente a las futuras (auto-control) y a esa tendencia que tenemos al statu-quo o la inercia.

Este es un ejemplo de aplicación práctica de investigaciones económicas relevantes con consecuencias micro y macroeconómicas que contribuirán a que las personas tomen mejores decisiones para ellos y para la sociedad.
Lunes, 11 Septiembre 2017 00:00

¿Y los trabajadores de tiempo parcial?

Por Blogoeconomia · 10 de Septiembre de 2017

Por: Oscar Becerra

Las jornadas de trabajo de tiempo parcial son una alternativa deseable para algunas personas y empresas. Por ejemplo, estudiantes que necesitan generar ingresos para financiar sus gastos, o madres y padres que necesitan tiempo para atender sus responsabilidades familiares, son personas que necesitan y valoran la flexibilidad horaria. De la misma forma, algunas empresas pueden encontrar en el trabajo de tiempo parcial una alternativa cuando la escala de producción o la etapa del ciclo económico hace inviable contratar un trabajador de tiempo completo.

A pesar de este tipo de ventajas, la realidad de los trabajadores de tiempo parcial colombianos se encuentra marcada por una amplia desprotección de sus derechos como trabajadores.

De acuerdo con datos la Gran Encuesta Integrada de Hogares del primer semestre de 2017, los trabajadores de tiempo parcial (personas trabajando menos de 30 horas por semana) representaron alrededor de 14 por ciento del empleo urbano en Colombia. Si bien esta cifra es similar a la de otros países (la tasa de empleo parcial promedio para las economías de la OCDE fue 17 por ciento en 2015), las condiciones en que estos trabajadores de tiempo parcial se desempeñan muestra un panorama preocupante.

En particular, los empleos de tiempo parcial en el país se encuentran por fuera del sistema contributivo de seguridad social.

Entre los trabajadores de tiempo parcial, 91 por ciento reportaron no estar contribuyendo al sistema de pensiones en el primer semestre de 2017 y 50 por ciento se encuentran cubiertos por el régimen subsidiado de salud. Consistente con este hecho, sólo 6 por ciento de los trabajadores de tiempo parcial reportaron tener un contrato de trabajo escrito, cifra considerablemente más baja que la de los trabajadores de tiempo completo (45 por ciento).

No obstante, las notables diferencias entre las condiciones de contratación y beneficios no se ven reflejadas en el salario por hora recibido por los trabajadores.

Una vez se comparan trabajadores de características similares (educación, edad, género, y región), no existen diferencias significativas entre el salario por hora promedio de trabajadores tiempo completo y de tiempo parcial. Este resultado sugiere que el costo en el que incurren los trabajadores de tiempo parcial se encuentra asociado a la pérdida de los beneficios no monetarios que proveen los trabajos que cumplen con toda la regulación laboral.

Remediar la baja tasa de cobertura del sistema contributivo en los trabajos de tiempo parcial requiere una mayor difusión y una mejor aplicabilidad de las normas ya existentes con respecto a los trabajadores de tiempo parcial.

Desde 2013, la ley colombiana permite que las contribuciones a pensión y cajas de compensación de trabajadores de tiempo parcial sean proporcionales a la duración de su jornada (25, 50 y 75 por ciento de la contribución de un trabajador tiempo completo).

. Por el lado de los trabajadores independientes, la extensión de programas como el de Beneficios Económicos Periódicos (BEPS) contribuyen a una mayor protección para cuando alcancen la edad de retiro.

Si bien estos cambios en regulación han sido un avance, es importante socializar más estos aspectos de la regulación para que tanto trabajadores como empleadores puedan entrar al circuito del sector contributivo. Todos estos esfuerzos por parte del gobierno nacional son valiosos, ahora es tiempo de empezar a llevarlos a la práctica.

Las jornadas de trabajo de tiempo parcial son una alternativa deseable para algunas personas y empresas. Por ejemplo, estudiantes que necesitan generar ingresos para financiar sus gastos, o madres y padres que necesitan tiempo para atender sus responsabilidades familiares, son personas que necesitan y valoran la flexibilidad horaria. De la misma forma, algunas empresas pueden encontrar en el trabajo de tiempo parcial una alternativa cuando la escala de producción o la etapa del ciclo económico hace inviable contratar un trabajador de tiempo completo.

A pesar de este tipo de ventajas, la realidad de los trabajadores de tiempo parcial colombianos se encuentra marcada por una amplia desprotección de sus derechos como trabajadores.

De acuerdo con datos la Gran Encuesta Integrada de Hogares del primer semestre de 2017, los trabajadores de tiempo parcial (personas trabajando menos de 30 horas por semana) representaron alrededor de 14 por ciento del empleo urbano en Colombia. Si bien esta cifra es similar a la de otros países (la tasa de empleo parcial promedio para las economías de la OCDE fue 17 por ciento en 2015), las condiciones en que estos trabajadores de tiempo parcial se desempeñan muestra un panorama preocupante.

En particular, los empleos de tiempo parcial en el país se encuentran por fuera del sistema contributivo de seguridad social.

Entre los trabajadores de tiempo parcial, 91 por ciento reportaron no estar contribuyendo al sistema de pensiones en el primer semestre de 2017 y 50 por ciento se encuentran cubiertos por el régimen subsidiado de salud. Consistente con este hecho, sólo 6 por ciento de los trabajadores de tiempo parcial reportaron tener un contrato de trabajo escrito, cifra considerablemente más baja que la de los trabajadores de tiempo completo (45 por ciento).

No obstante, las notables diferencias entre las condiciones de contratación y beneficios no se ven reflejadas en el salario por hora recibido por los trabajadores.

Una vez se comparan trabajadores de características similares (educación, edad, género, y región), no existen diferencias significativas entre el salario por hora promedio de trabajadores tiempo completo y de tiempo parcial. Este resultado sugiere que el costo en el que incurren los trabajadores de tiempo parcial se encuentra asociado a la pérdida de los beneficios no monetarios que proveen los trabajos que cumplen con toda la regulación laboral.

Remediar la baja tasa de cobertura del sistema contributivo en los trabajos de tiempo parcial requiere una mayor difusión y una mejor aplicabilidad de las normas ya existentes con respecto a los trabajadores de tiempo parcial.

Desde 2013, la ley colombiana permite que las contribuciones a pensión y cajas de compensación de trabajadores de tiempo parcial sean proporcionales a la duración de su jornada (25, 50 y 75 por ciento de la contribución de un trabajador tiempo completo).

. Por el lado de los trabajadores independientes, la extensión de programas como el de Beneficios Económicos Periódicos (BEPS) contribuyen a una mayor protección para cuando alcancen la edad de retiro.

Si bien estos cambios en regulación han sido un avance, es importante socializar más estos aspectos de la regulación para que tanto trabajadores como empleadores puedan entrar al circuito del sector contributivo. Todos estos esfuerzos por parte del gobierno nacional son valiosos, ahora es tiempo de empezar a llevarlos a la práctica.

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Por Blogoeconomia · 15 de Agosto de 2017

Por: Hernando Zuleta

La intervención del Bronx en el mes de Mayo del año 2016 ha dado lugar a un debate continuo acerca la política de drogas de la actual administración distrital. Aunque el debate es amplio y toca diversas dimensiones del problema, uno de los asuntos que más atención ha recibido es el de los habitantes de calle, su condición de consumidores problemáticos de sustancias psicoactivas (SPA) y su posible papel en las organizaciones que distribuyen drogas ilícitas en la capital.

Desde la perspectiva de las responsabilidades del Estado hay tres problemas centrales: (i) Una mayoría de habitantes de calle y habitantes en condición de calle son consumidores problemáticos. Así, en la medida en que el consumo de estupefacientes se perciba como un problema de salud pública, el Estado tiene la responsabilidad de proveer servicios de salud a estos individuos y ofrecer tratamientos a la drogodependencia. (ii) Por su condición, en ocasiones los habitantes de calle son instrumentalizados por las mafias de distribución de drogas. Estas organizaciones ofrecen drogas a los individuos vulnerables para involucrarlos en actividades ilícitas. Se ha argumentado que la ubicación de muchos habitantes de calle en un lugar ha servido para deprimir los precios de finca raíz, expulsar a los residentes del lugar y, finalmente, tener control sobre la zona. La necesidad de proteger la propiedad privada y garantizar el derecho al trabajo y a la seguridad son responsabilidades de Estado y, por esto, es necesaria la intervención de las autoridades. (iii) La carencia de vivienda genera riesgos importantes para la integridad de los habitantes de calle. Algunos de ellos han perdido la vida y otros tantos la arriesgan a diario en los caños de la ciudad. Así, los habitantes de calle no gozan de todos los derechos constitucionales y, por este motivo, el Estado tiene el deber de intervenir para superar o mitigar el estado de cosas inconstitucional.

Para tener un diagnóstico completo del problema y derivar implicaciones de política se requiere una discusión desapasionada que observe, en primer lugar, la evidencia empírica producida desde la medicina, la sicología y la salud pública acerca de adicción, consumo problemático y tratamientos médicos, y, en segundo lugar, que consulte diferentes opciones jurídicas y, en particular, que se enmarque dentro del orden constitucional colombiano.

Una manera de aproximarse al problema y explorar soluciones con respecto los habitantes de calle es considerar qué se hace con personas en situaciones médicas similares, concretamente individuos que sufren afecciones de comportamiento. En otras palabras, en la medida en que el habitante de calle es un consumidor problemático y no está en pleno uso de sus facultades, puede ser caracterizado como un individuo con problemas de salud mental y, en este orden de ideas, su situación puede ser equiparable a la de cualquier persona que no está en el pleno uso de sus capacidades mentales. En Colombia hay dos instituciones para atender a individuos que padecen estas afecciones: la inhabilitación y la interdicción.

En ese contexto es necesario determinar si un habitante de calle, consumidor problemático, debería ser interdicto, inhabilitado o ninguna de los dos. Si el habitante de calle no quiere rehabilitarse y ningún familiar o ciudadano inicia el proceso de interdicción, ¿podría el Estado hacerlo? En otras palabras ¿está facultado el Estado para solicitar la interdicción de una persona?  

Otra aproximación, basada en los derechos del habitante de calle, plantea que es obligación del Estado proveer servicios de salud y que la atención psiquiátrica es inútil a menos que el individuo se someta al tratamiento de forma voluntaria. En este orden de ideas, la interdicción y la inhabilitación son inconvenientes porque limitan la libertad de los individuos sin contribuir a tratar el problema médico fundamental. Surge entonces la opción de terapias de reducción de daño y salas de consumo supervisado.

Este tipo de política se ha implementado en muchos países. Los casos de Portugal y Suiza son tal vez los más conocidos. En el caso de Suiza, para los consumidores de heroína,  el gobierno instituyó tratamientos de bajo umbral, con intercambio de jeringas y estableció lugares de consumo supervisado. En Portugal, además de las políticas implementadas en Suiza, se reformó el derecho penal eliminando las penas por consumo y posesión. En los dos casos se presentó una reducción sustancial de la transmisión de VIH.

También, en varias ciudades de Estados Unidos se han implementado políticas experimentales en el desarrollo del programa Rehabilitación asistida en Aplicación de la Ley. Bajo este programa, cuando la policía encuentra a algún individuo no violento consumiendo sustancias ilícitas, pone a su disposición una serie de servicios de reducción de daño. En el caso específico de Seatle, la aplicación del programa generó una caída sensible en la probabilidad de detención de los consumidores atendidos.

En el caso de los habitantes de calle en Colombia, hay retos específicos y existe la necesidad de políticas experimentales que generen un acervo suficiente de evidencia empírica. El primero de estos retos tiene que ver con el hecho de que la droga más usada por los habitantes de calle es el basuco y no existe actualmente evidencia empírica discutida y aceptada en la academia acerca de tratamientos o terapias destinadas a tratar la adicción al basuco.

Existen observaciones casuales acerca de la conveniencia de mejorar la parafernalia utilizada por los consumidores de esta sustancia y ha habido experimentos para utilizar la marihuana como sustituto del basuco en terapias de reducción de daño, pero no existe evidencia sistemática y articulada. Así, se requiere un esfuerzo en políticas experimentales, y construcción de conocimiento que sirvan de base para el diseño de programas de reducción de daño.

Abrir salas de consumo supervisado puede ser un primer paso en esta dirección. Ofrecer un espacio seguro y salubre puede reducir riesgos de salud y violencia asociados al consumo de SPA. Asimismo, este tipo de espacios puede reducir distancias entre los servidores públicos y los habitantes de calle. Por último, dependiendo de la forma de implementación, esta política también puede ayudar a romper vínculos entre organizaciones criminales y habitantes de calle. Por supuesto, estas son hipótesis cuya validez empírica hay que verificar.

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18 Abril, 2017
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Como otros países latinoamericanos, Colombia se caracteriza por una amplísima y persistente brecha de productividad con respecto a  los países desarrollados, en particular Estados Unidos. En el caso colombiano, esta brecha se acentuó entre 1980 y 2000 para finalmente estabilizarse en los últimos quince años en un preocupante nivel de 1:5. Es decir, en Colombia se necesitan cinco veces más trabajadores y equipo que en Estados Unidos para producir el mismo valor (Gráfica 1). La enorme brecha de productividad preocupa, pues la productividad es el valor que se produce con un cierto nivel de insumos productivos (trabajo, capital, por ejemplo) y por tanto el valor disponible para remunerar esos insumos. Trabajadores y empresarios sólo pueden aspirar a un mayor ingreso si hay una mayor productividad.

Figura 1. Productividad total de los factores en relación con la de Estados Unidos

Fuente: “Productividad: la clave del crecimiento para Colombia”, con base en reporte del BID “La era de la productividad” (2010).

Desde una perspectiva contable, hay tres posibles orígenes, no mutuamente excluyentes, para este rezago: 1) la empresa colombiana típica es mucho menos productiva que el típico productor del mismo sector en Estados Unidos; 2) la actividad económica al interior de cada sector no está suficientemente concentrada en las empresas más productivas de ese grupo; 3) la actividad económica no está suficientemente concentrada en sectores de alta productividad. En un reciente análisis auspiciado por el Consejo Privado de Competitividad y recogido en el libro “Productividad: la clave del crecimiento para Colombia”, que ese Consejo lanza en esta semana, un grupo de investigadores de la Universidad de Los Andes nos hemos dado a la tarea de identificar la medida en que el problema de productividad en Colombia tiene su origen en empresas menos productivas vs. una pobre capacidad de la economía para asignar sus recursos productivos a los mejores usos.

Los resultados se resumen en los siguientes puntos:

  • A pesar de que los establecimientos más productivos de cada sector logran mayores participaciones en el respectivo mercado que aquellos de menor productividad, como se requiere para que la actividad económica esté distribuida de manera proclive al crecimiento productivo, hay alguna evidencia de que en Colombia esto sucede en menor grado que en países desarrollados.

Por ejemplo la brecha de productividad entre establecimientos en el 10% de mayor productividad y aquellos en el 10% de menor productividad es 40% más alta que la misma brecha en Estados Unidos. La dispersión de productividad es usualmente interpretada como un signo de ineficiente asignación de los recursos productivos, pues en presencia de competencia los establecimientos menos productivos adoptan mejores prácticas para incrementar su productividad o eventualmente se retiran del mercado.

Adicionalmente, en Colombia es mucho más probable que un establecimiento manufacturero se mantenga en el mercado por décadas sin mostrar una dinámica de crecimiento.  La fracción de empleo representado por Pymes de más de 15 años  en Colombia casi duplica a la de Estados Unidos, aunque en ambos países el peso de establecimientos en este rango de edad es muy similar (Figura 2). Como ya se señalaba en el reporte “La era de la productividad” del BID, la concentración de la actividad en empresas pequeñas, complementada por esta evidencia de que muchas de ellas llevan un largo tiempo en el mercado, no parece respaldar la tesis de que el problema de productividad en América Latina se debe a que las Pymes enfrentan condiciones desfavorables para competir.

Figura 2. Fracción de empleo por categoría de tamaño: establecimientos con más de 15 años en el mercado


Fuente: “Productividad: la clave del crecimiento para Colombia”, con base en Encuesta Anual Manufacturera
 

  • El crecimiento agregado de productividad al interior de un subsector manufacturero, y también el crecimiento agregado total de la industria manufacturera, se mueven principalmente al compás del crecimiento de productividad interno a las empresas. Este crecimiento interno es, con frecuencia, negativo (Figura 3). La reasignación de actividad económica hacia establecimientos productivos hace una contribución positiva al crecimiento total de la productividad, pero apenas suficiente para compensar la contribución negativa del crecimiento interno a las empresas.

Figura 3. Descomposición del crecimiento de la productividad agregada del sector promedio a tres dígitos (promedios móviles de tres años)

Fuente: “Productividad: la clave del crecimiento para Colombia”, con base en Encuesta Anual Manufacturera

  • Aunque los cambios en participación de mercado a través de establecimientos responden principalmente a cambios en productividad, como resulta necesario para impulsar a los productores a invertir en un crecimiento sostenido de productividad, una fracción no despreciable (la cuarta parte) está explicada por otros factores, que representan distorsiones a la asignación eficiente de mercado.
  • El crecimiento de productividad al interior de las empresas se explica principalmente por un crecimiento del valor por unidad de producto, más que por un crecimiento del número de unidades de producto por unidad de insumo. Es decir, puede estar más asociado a innovaciones de producto o mercadeo, que a innovaciones de proceso.

En su conjunto, estos resultados sugieren que el ambiente institucional y la cultura empresarial no son suficientemente propicias para impulsar un dinámico crecimiento de la productividad. Es claro que existen frenos a la tendencia natural de crecimiento de los establecimientos más productivos y de contracción de los que son menos prometedores. En presencia de estas barreras, además, los productores pueden darse el lujo de hacer esfuerzos sólo modestos para mejorar su productividad individual. Los resultados plantean un cuestionamiento de la focalización de políticas de desarrollo productivo de largo plazo hacia Mipymes y sectores de baja productividad, y sugieren más bien la necesidad de fortalecer ambientes competitivos que propicien el crecimiento de productividad.

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Miércoles, 05 Abril 2017 00:00

¿Cuál Minería? Respuesta a Marc Hofstetter

Por Blogoeconomia · 03 de Abril de 2017

Por Juan Camilo Cárdenas

Marc Hofstetter, escribió la semana pasada , con una serie de argumentos que contribuyen a avanzar en esta discusión sobre el papel que pueda jugar la industria extractiva en el desarrollo del país. Mi propósito es controvertir algunos de estos puntos.

Ya un poco calmados los ánimos derivados de la consulta en Cajamarca vista como un éxito para unos y de una talanquera al desarrollo minero para otros, quisiera ofrecer aquí una serie de reflexiones desde la orilla de quienes tenemos más preocupaciones por las industrias extractivas y quienes vemos en el resultado de esa consulta algo positivo para la consolidación de las instituciones del país, y sobre todo para que con serenidad demos debates sobre los modelos de desarrollo que el país puede tener y los que las regiones quieren adoptar.

Con el Profesor Hofstetter estoy de acuerdo en que es un tanto ingenuo creer que podemos continuar con niveles de calidad de vida sin seguir acudiendo a las materias primas que se obtienen del suelo y el subsuelo. Pero no debe ser esto razón para hacerlo a cualquier costo social y ambiental y es ahí donde planteo la premisa de este texto: Mientras no hagamos una contabilidad correcta de los costos ambientales, los costos sobre el capital humano y los costos sobre el capital social de cada proyecto extractivo, es mejor esperar.

 

Concuerdo también en la determinación del precio internacional del oro, quien nos recuerda que son esos mercados internacionales y las estrategias de bancos centrales y organismos internacionales que al usarlo como refugio financiero seguirán generando una demanda y por ende precios atractivos entre tanta inestabilidad macroeconómica internacional.

Mientras haya demanda, la oferta de oro aparecerá aquí y allá y por tanto aparecerán los proyectos artesanales o de gran escala, legales e ilegales. Si los precios estuvieran en los niveles de finales del siglo XX (ver gráfica) es muy probable que no estuviéramos en los debates tan álgidos de , o el , a pesar de que minería de oro ha existido en varias regiones del país y por siglos en algunos casos.

Es la escala de estos proyectos, la intensidad de la actividad legal e ilegal, derivada de estos precios, que tiene al país en esta controversia, porque esa escala de recursos también es proporcional a la escala de lo que está en juego en lo social, en lo ambiental y en lo económico. Y de nuevo, por eso es mejor esperar y hacer primero bien lo que hay que hacer bien, en donde también se han generado , incluyendo accidentes industriales del más alto riesgo.

En el caso Colombiano, y ante el boom de los precios de los commodities que dejó el precio del oro en estos niveles tan altos, nos enfrentamos a disyuntivas complejas. AngloGold Ashanti en su prospecto de la mina está declarando entre 26 y 28 millones de onzas que al precio actual bien pueden tener un valor comercial de mas de 33,000 millones de dólares. Si la tasa de regalías se basa en el 80% del precio de Londres (Hoy en USD$1,250), y sobre ese valor pagar un 4% de regalías, estamos hablando de 1,000 millones de dólares mal contados. Pero este valor, que algunos reclaman como un costo de oportunidad demasiado alto al cual renunciar si se deja ese oro enterrado, debe ser evaluado contra los costos que la sociedad tendría que incurrir si se realiza el proyecto. Aquí es donde tenemos información incompleta, y de nuevo, ante la incertidumbre, mejor esperar.

Voy a plantear tres razones por las cuales es mejor esperar mientras organizamos varios asuntos en la casa antes de dejar entrar este elefante. Propongo estos tres puntos para invitar a una discusión sobre los costos sociales antes de considerar solamente ese lado de los beneficios asociados a los recursos fiscales de las regalías derivadas de desarrollar el proyecto minero. Los tres argumentos para soportar mi premisa arriba de “mejor esperar” son:

  1. La eficacia para promover desarrollo desde los tributos por regalías de la extracción de recursos naturales está en cuestión.
  2. Los riesgos sobre el capital natural y el capital humano (salud) son reales, incluso desde la minería formal de gran escala.

  3. Los impactos sociales de la minería de oro deben ser motivo de preocupación.

La eficacia de los tributos por regalías de la extracción de recursos naturales está en cuestión.

La literatura sobre la maldición de los recursos naturales nos dice que en el peor de los casos se aumentará la corrupción y que se verán muy pocos o efectos nulos en el impacto de estas rentas en las regiones. Un reciente (Fuentes de ingresos y desempeño gubernamental: evidencia desde Colombia), analiza los choques de rentas por regalías de recursos naturales y cómo estos afectan la efectividad del gobierno, encontrando que en ninguno de los objetivos de provisión de bienes públicos locales se dio un efecto positivo, y que el recaudo de impuestos locales (e.g. predial) tiene impactos mas directos y positivos en esa eficacia gubernamental. Su argumento es que los choques positivos de regalías le dan a los políticos oportunidades para conductas non-sanctas mientras que los recaudos de impuestos locales le da mayor visibilidad a la gestión pública ante los ojos de los ciudadanos, y ante la posibilidad de reelección.

En otro estudio recién publicado, Juan Mauricio Ramírez, Yadira Díaz, y Juan Guillermo Bedoya en (Ingresos de impuestos de propiedad y reducción de la pobreza multidimensional en Colombia: un enfoque espacial), usando diferentes datos, se encuentra que, de nuevo, los recaudos de impuestos prediales tienen impactos directos y positivos en la reducción de los índices de pobreza de los municipios Colombianos, y que incluso se generan efectos espaciales en los municipios vecinos. Sin embargo, los efectos de regalías en la reducción de pobreza fueron nulos. Este punto es de vital importancia porque el potencial de aumento de recaudos tributarios por impuesto predial o la posibilidad de actualización catastral para potenciar dicho recaudo será mas difícil si se amenazan las posibilidades de desarrollar el valor de la tierra desde el turismo o la agricultura, ante la presencia de proyectos mineros, legales o ilegales, de gran escala o artesanales.

 

Los riesgos sobre el capital natural y el capital humano (salud) son reales, incluso desde la minería formal de gran escala.

Cada proyecto minero tiene enormes particularidades frente al tipo de mina, la tecnología a usar, y la naturaleza biofísica del yacimiento y el ecosistema en que éste se encuentra. Mientras no se tengan a la mano los estudios de impacto ambiental de un proyecto minero, y las autoridades hagan su debida evaluación, tenemos que acogernos a tener en mente los tenga sobre los cursos de agua, la hidrogeología y las coberturas vegetales afectadas. La excavación de túneles en la roca, en general, puede generar riesgos de liberación de contaminantes , que en niveles altos amenaza los cursos de agua subterránea y superficial. La disposición del material excavado que para un estimativo de 28 millones de onzas de oro tendrá costos directos e indirectos en el manejo del paisaje que deben ser estimados. Algunos estimativos hablan de rangos , dependiendo de la riqueza de la mina. La extracción de oro a gran escala y de manera legal no usa mercurio pero si usa y considerables. Será vital traer a valor presente neto los costos a la salud, a la pérdida de capital humano en capacidades cognitivas por exposición a contaminantes, y los costos de pérdida de los servicios ecosistémicos asociados a la regulación hídrica, calidad del agua y afectación a fauna flora del proyecto en cuestión.

Los impactos sociales de la minería de oro deben ser motivo de preocupación.

En un trabajo de grado de maestría que estamos por terminar en coasesoría con Fabio Sanchez, Natalia Rubiano encuentra que hay un efecto causal de la minería de oro sobre las tasas de desplazamiento forzado y violencia en el país entre el 2001 y el 2015. Sus estimativos dicen que en municipios con depósitos auríferos mas grandes, 146 personas mas en promedio sufrieron desplazamiento, si se compara con municipios vecinos con depósitos promedio. La correlación entre riqueza en potencial económico aurífero y algunos indicadores de violencia es clara, como se ilustra en las gráficas elaboradas por Rubiano. 

 

Las voces de la periferia: Mejor esperar.

De pronto la sabiduría de las masas puede hacer parte del repertorio de los chequeos y contrapesos del sistema institucional ante la incertidumbre de los proyectos mineros que proponen una transformación radical del paisaje, de la estructura tributaria y de las redes sociales de una región, y una percepción generalizada de que aún debemos fortalecer el sistema nacional ambiental SINA y el aparato regulatorio antes de enfrentarnos a estos proyectos mineros.

Como escribí hace tres años en un , dos historias, una de Piedras, Tolima y otra de la Isla de Navassa en el Caribe, dan cuenta de los caminos distintos que pueden tener los proyectos mineros, y que mientras tengamos esta encrucijada constitucional en la que el subsuelo sea gobernado por la nación y el suelo esté gobernado también por el poder local, legítimamente establecido en los mecanismos de participación ciudadana, tendremos estos retos y tensiones.

Quienes fomentan el modelo minero como motor de desarrollo regional y local aún tienen una tarea por hacer. Tenemos que seguir aportando cifras y estudios para explorar cuándo y cómo es que pueden las industrias extractivas minimizar los impactos sociales, fiscales y ambientales de sus actividades. Quienes regulan el sector minero tienen que también aportar desde su independencia y rigurosidad para hacer de árbitros con credibilidad ante la opinión pública.

Cajamarca experimentó a lo largo de la campaña para este referendo espacios de deliberación en donde las partes pudieron exponer sus posiciones y los riesgos y potenciales beneficios de cada alternativa. Ante esa incertidumbre, la sociedad civil jugó un papel vital. Este caso debe ser visto como un gran respiro en el que un proceso mas democrático al que en muchas ocasiones se ha visto en estos casos, se hizo un alto en el camino para evaluar cuál es el modelo de desarrollo que una región quiere construir, en donde una visión de largo plazo del capital natural, el capital social y el capital humano contrastan con una visión de corto plazo de un capital financiero que si bien puede sonar atractivo, no ha mostrado tener los impactos en la construcción de un gobierno efectivo que provea los bienes públicos necesarios para un desarrollo sostenible.

Y si mientras esperamos, ¿porqué no pensamos con la gente de las regiones con potencial minero modelos diferentes de desarrollo sostenible basados en otros potenciales de su capital natural, su capital social y su capital humano?

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