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Lunes, 11 Septiembre 2017 00:00

¿Y los trabajadores de tiempo parcial?

Por Blogoeconomia · 10 de Septiembre de 2017

Por: Oscar Becerra

Las jornadas de trabajo de tiempo parcial son una alternativa deseable para algunas personas y empresas. Por ejemplo, estudiantes que necesitan generar ingresos para financiar sus gastos, o madres y padres que necesitan tiempo para atender sus responsabilidades familiares, son personas que necesitan y valoran la flexibilidad horaria. De la misma forma, algunas empresas pueden encontrar en el trabajo de tiempo parcial una alternativa cuando la escala de producción o la etapa del ciclo económico hace inviable contratar un trabajador de tiempo completo.

A pesar de este tipo de ventajas, la realidad de los trabajadores de tiempo parcial colombianos se encuentra marcada por una amplia desprotección de sus derechos como trabajadores.

De acuerdo con datos la Gran Encuesta Integrada de Hogares del primer semestre de 2017, los trabajadores de tiempo parcial (personas trabajando menos de 30 horas por semana) representaron alrededor de 14 por ciento del empleo urbano en Colombia. Si bien esta cifra es similar a la de otros países (la tasa de empleo parcial promedio para las economías de la OCDE fue 17 por ciento en 2015), las condiciones en que estos trabajadores de tiempo parcial se desempeñan muestra un panorama preocupante.

En particular, los empleos de tiempo parcial en el país se encuentran por fuera del sistema contributivo de seguridad social.

Entre los trabajadores de tiempo parcial, 91 por ciento reportaron no estar contribuyendo al sistema de pensiones en el primer semestre de 2017 y 50 por ciento se encuentran cubiertos por el régimen subsidiado de salud. Consistente con este hecho, sólo 6 por ciento de los trabajadores de tiempo parcial reportaron tener un contrato de trabajo escrito, cifra considerablemente más baja que la de los trabajadores de tiempo completo (45 por ciento).

No obstante, las notables diferencias entre las condiciones de contratación y beneficios no se ven reflejadas en el salario por hora recibido por los trabajadores.

Una vez se comparan trabajadores de características similares (educación, edad, género, y región), no existen diferencias significativas entre el salario por hora promedio de trabajadores tiempo completo y de tiempo parcial. Este resultado sugiere que el costo en el que incurren los trabajadores de tiempo parcial se encuentra asociado a la pérdida de los beneficios no monetarios que proveen los trabajos que cumplen con toda la regulación laboral.

Remediar la baja tasa de cobertura del sistema contributivo en los trabajos de tiempo parcial requiere una mayor difusión y una mejor aplicabilidad de las normas ya existentes con respecto a los trabajadores de tiempo parcial.

Desde 2013, la ley colombiana permite que las contribuciones a pensión y cajas de compensación de trabajadores de tiempo parcial sean proporcionales a la duración de su jornada (25, 50 y 75 por ciento de la contribución de un trabajador tiempo completo).

. Por el lado de los trabajadores independientes, la extensión de programas como el de Beneficios Económicos Periódicos (BEPS) contribuyen a una mayor protección para cuando alcancen la edad de retiro.

Si bien estos cambios en regulación han sido un avance, es importante socializar más estos aspectos de la regulación para que tanto trabajadores como empleadores puedan entrar al circuito del sector contributivo. Todos estos esfuerzos por parte del gobierno nacional son valiosos, ahora es tiempo de empezar a llevarlos a la práctica.

Las jornadas de trabajo de tiempo parcial son una alternativa deseable para algunas personas y empresas. Por ejemplo, estudiantes que necesitan generar ingresos para financiar sus gastos, o madres y padres que necesitan tiempo para atender sus responsabilidades familiares, son personas que necesitan y valoran la flexibilidad horaria. De la misma forma, algunas empresas pueden encontrar en el trabajo de tiempo parcial una alternativa cuando la escala de producción o la etapa del ciclo económico hace inviable contratar un trabajador de tiempo completo.

A pesar de este tipo de ventajas, la realidad de los trabajadores de tiempo parcial colombianos se encuentra marcada por una amplia desprotección de sus derechos como trabajadores.

De acuerdo con datos la Gran Encuesta Integrada de Hogares del primer semestre de 2017, los trabajadores de tiempo parcial (personas trabajando menos de 30 horas por semana) representaron alrededor de 14 por ciento del empleo urbano en Colombia. Si bien esta cifra es similar a la de otros países (la tasa de empleo parcial promedio para las economías de la OCDE fue 17 por ciento en 2015), las condiciones en que estos trabajadores de tiempo parcial se desempeñan muestra un panorama preocupante.

En particular, los empleos de tiempo parcial en el país se encuentran por fuera del sistema contributivo de seguridad social.

Entre los trabajadores de tiempo parcial, 91 por ciento reportaron no estar contribuyendo al sistema de pensiones en el primer semestre de 2017 y 50 por ciento se encuentran cubiertos por el régimen subsidiado de salud. Consistente con este hecho, sólo 6 por ciento de los trabajadores de tiempo parcial reportaron tener un contrato de trabajo escrito, cifra considerablemente más baja que la de los trabajadores de tiempo completo (45 por ciento).

No obstante, las notables diferencias entre las condiciones de contratación y beneficios no se ven reflejadas en el salario por hora recibido por los trabajadores.

Una vez se comparan trabajadores de características similares (educación, edad, género, y región), no existen diferencias significativas entre el salario por hora promedio de trabajadores tiempo completo y de tiempo parcial. Este resultado sugiere que el costo en el que incurren los trabajadores de tiempo parcial se encuentra asociado a la pérdida de los beneficios no monetarios que proveen los trabajos que cumplen con toda la regulación laboral.

Remediar la baja tasa de cobertura del sistema contributivo en los trabajos de tiempo parcial requiere una mayor difusión y una mejor aplicabilidad de las normas ya existentes con respecto a los trabajadores de tiempo parcial.

Desde 2013, la ley colombiana permite que las contribuciones a pensión y cajas de compensación de trabajadores de tiempo parcial sean proporcionales a la duración de su jornada (25, 50 y 75 por ciento de la contribución de un trabajador tiempo completo).

. Por el lado de los trabajadores independientes, la extensión de programas como el de Beneficios Económicos Periódicos (BEPS) contribuyen a una mayor protección para cuando alcancen la edad de retiro.

Si bien estos cambios en regulación han sido un avance, es importante socializar más estos aspectos de la regulación para que tanto trabajadores como empleadores puedan entrar al circuito del sector contributivo. Todos estos esfuerzos por parte del gobierno nacional son valiosos, ahora es tiempo de empezar a llevarlos a la práctica.

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Por Blogoeconomia · 15 de Agosto de 2017

Por: Hernando Zuleta

La intervención del Bronx en el mes de Mayo del año 2016 ha dado lugar a un debate continuo acerca la política de drogas de la actual administración distrital. Aunque el debate es amplio y toca diversas dimensiones del problema, uno de los asuntos que más atención ha recibido es el de los habitantes de calle, su condición de consumidores problemáticos de sustancias psicoactivas (SPA) y su posible papel en las organizaciones que distribuyen drogas ilícitas en la capital.

Desde la perspectiva de las responsabilidades del Estado hay tres problemas centrales: (i) Una mayoría de habitantes de calle y habitantes en condición de calle son consumidores problemáticos. Así, en la medida en que el consumo de estupefacientes se perciba como un problema de salud pública, el Estado tiene la responsabilidad de proveer servicios de salud a estos individuos y ofrecer tratamientos a la drogodependencia. (ii) Por su condición, en ocasiones los habitantes de calle son instrumentalizados por las mafias de distribución de drogas. Estas organizaciones ofrecen drogas a los individuos vulnerables para involucrarlos en actividades ilícitas. Se ha argumentado que la ubicación de muchos habitantes de calle en un lugar ha servido para deprimir los precios de finca raíz, expulsar a los residentes del lugar y, finalmente, tener control sobre la zona. La necesidad de proteger la propiedad privada y garantizar el derecho al trabajo y a la seguridad son responsabilidades de Estado y, por esto, es necesaria la intervención de las autoridades. (iii) La carencia de vivienda genera riesgos importantes para la integridad de los habitantes de calle. Algunos de ellos han perdido la vida y otros tantos la arriesgan a diario en los caños de la ciudad. Así, los habitantes de calle no gozan de todos los derechos constitucionales y, por este motivo, el Estado tiene el deber de intervenir para superar o mitigar el estado de cosas inconstitucional.

Para tener un diagnóstico completo del problema y derivar implicaciones de política se requiere una discusión desapasionada que observe, en primer lugar, la evidencia empírica producida desde la medicina, la sicología y la salud pública acerca de adicción, consumo problemático y tratamientos médicos, y, en segundo lugar, que consulte diferentes opciones jurídicas y, en particular, que se enmarque dentro del orden constitucional colombiano.

Una manera de aproximarse al problema y explorar soluciones con respecto los habitantes de calle es considerar qué se hace con personas en situaciones médicas similares, concretamente individuos que sufren afecciones de comportamiento. En otras palabras, en la medida en que el habitante de calle es un consumidor problemático y no está en pleno uso de sus facultades, puede ser caracterizado como un individuo con problemas de salud mental y, en este orden de ideas, su situación puede ser equiparable a la de cualquier persona que no está en el pleno uso de sus capacidades mentales. En Colombia hay dos instituciones para atender a individuos que padecen estas afecciones: la inhabilitación y la interdicción.

En ese contexto es necesario determinar si un habitante de calle, consumidor problemático, debería ser interdicto, inhabilitado o ninguna de los dos. Si el habitante de calle no quiere rehabilitarse y ningún familiar o ciudadano inicia el proceso de interdicción, ¿podría el Estado hacerlo? En otras palabras ¿está facultado el Estado para solicitar la interdicción de una persona?  

Otra aproximación, basada en los derechos del habitante de calle, plantea que es obligación del Estado proveer servicios de salud y que la atención psiquiátrica es inútil a menos que el individuo se someta al tratamiento de forma voluntaria. En este orden de ideas, la interdicción y la inhabilitación son inconvenientes porque limitan la libertad de los individuos sin contribuir a tratar el problema médico fundamental. Surge entonces la opción de terapias de reducción de daño y salas de consumo supervisado.

Este tipo de política se ha implementado en muchos países. Los casos de Portugal y Suiza son tal vez los más conocidos. En el caso de Suiza, para los consumidores de heroína,  el gobierno instituyó tratamientos de bajo umbral, con intercambio de jeringas y estableció lugares de consumo supervisado. En Portugal, además de las políticas implementadas en Suiza, se reformó el derecho penal eliminando las penas por consumo y posesión. En los dos casos se presentó una reducción sustancial de la transmisión de VIH.

También, en varias ciudades de Estados Unidos se han implementado políticas experimentales en el desarrollo del programa Rehabilitación asistida en Aplicación de la Ley. Bajo este programa, cuando la policía encuentra a algún individuo no violento consumiendo sustancias ilícitas, pone a su disposición una serie de servicios de reducción de daño. En el caso específico de Seatle, la aplicación del programa generó una caída sensible en la probabilidad de detención de los consumidores atendidos.

En el caso de los habitantes de calle en Colombia, hay retos específicos y existe la necesidad de políticas experimentales que generen un acervo suficiente de evidencia empírica. El primero de estos retos tiene que ver con el hecho de que la droga más usada por los habitantes de calle es el basuco y no existe actualmente evidencia empírica discutida y aceptada en la academia acerca de tratamientos o terapias destinadas a tratar la adicción al basuco.

Existen observaciones casuales acerca de la conveniencia de mejorar la parafernalia utilizada por los consumidores de esta sustancia y ha habido experimentos para utilizar la marihuana como sustituto del basuco en terapias de reducción de daño, pero no existe evidencia sistemática y articulada. Así, se requiere un esfuerzo en políticas experimentales, y construcción de conocimiento que sirvan de base para el diseño de programas de reducción de daño.

Abrir salas de consumo supervisado puede ser un primer paso en esta dirección. Ofrecer un espacio seguro y salubre puede reducir riesgos de salud y violencia asociados al consumo de SPA. Asimismo, este tipo de espacios puede reducir distancias entre los servidores públicos y los habitantes de calle. Por último, dependiendo de la forma de implementación, esta política también puede ayudar a romper vínculos entre organizaciones criminales y habitantes de calle. Por supuesto, estas son hipótesis cuya validez empírica hay que verificar.

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18 Abril, 2017
Por:

Como otros países latinoamericanos, Colombia se caracteriza por una amplísima y persistente brecha de productividad con respecto a  los países desarrollados, en particular Estados Unidos. En el caso colombiano, esta brecha se acentuó entre 1980 y 2000 para finalmente estabilizarse en los últimos quince años en un preocupante nivel de 1:5. Es decir, en Colombia se necesitan cinco veces más trabajadores y equipo que en Estados Unidos para producir el mismo valor (Gráfica 1). La enorme brecha de productividad preocupa, pues la productividad es el valor que se produce con un cierto nivel de insumos productivos (trabajo, capital, por ejemplo) y por tanto el valor disponible para remunerar esos insumos. Trabajadores y empresarios sólo pueden aspirar a un mayor ingreso si hay una mayor productividad.

Figura 1. Productividad total de los factores en relación con la de Estados Unidos

Fuente: “Productividad: la clave del crecimiento para Colombia”, con base en reporte del BID “La era de la productividad” (2010).

Desde una perspectiva contable, hay tres posibles orígenes, no mutuamente excluyentes, para este rezago: 1) la empresa colombiana típica es mucho menos productiva que el típico productor del mismo sector en Estados Unidos; 2) la actividad económica al interior de cada sector no está suficientemente concentrada en las empresas más productivas de ese grupo; 3) la actividad económica no está suficientemente concentrada en sectores de alta productividad. En un reciente análisis auspiciado por el Consejo Privado de Competitividad y recogido en el libro “Productividad: la clave del crecimiento para Colombia”, que ese Consejo lanza en esta semana, un grupo de investigadores de la Universidad de Los Andes nos hemos dado a la tarea de identificar la medida en que el problema de productividad en Colombia tiene su origen en empresas menos productivas vs. una pobre capacidad de la economía para asignar sus recursos productivos a los mejores usos.

Los resultados se resumen en los siguientes puntos:

  • A pesar de que los establecimientos más productivos de cada sector logran mayores participaciones en el respectivo mercado que aquellos de menor productividad, como se requiere para que la actividad económica esté distribuida de manera proclive al crecimiento productivo, hay alguna evidencia de que en Colombia esto sucede en menor grado que en países desarrollados.

Por ejemplo la brecha de productividad entre establecimientos en el 10% de mayor productividad y aquellos en el 10% de menor productividad es 40% más alta que la misma brecha en Estados Unidos. La dispersión de productividad es usualmente interpretada como un signo de ineficiente asignación de los recursos productivos, pues en presencia de competencia los establecimientos menos productivos adoptan mejores prácticas para incrementar su productividad o eventualmente se retiran del mercado.

Adicionalmente, en Colombia es mucho más probable que un establecimiento manufacturero se mantenga en el mercado por décadas sin mostrar una dinámica de crecimiento.  La fracción de empleo representado por Pymes de más de 15 años  en Colombia casi duplica a la de Estados Unidos, aunque en ambos países el peso de establecimientos en este rango de edad es muy similar (Figura 2). Como ya se señalaba en el reporte “La era de la productividad” del BID, la concentración de la actividad en empresas pequeñas, complementada por esta evidencia de que muchas de ellas llevan un largo tiempo en el mercado, no parece respaldar la tesis de que el problema de productividad en América Latina se debe a que las Pymes enfrentan condiciones desfavorables para competir.

Figura 2. Fracción de empleo por categoría de tamaño: establecimientos con más de 15 años en el mercado


Fuente: “Productividad: la clave del crecimiento para Colombia”, con base en Encuesta Anual Manufacturera
 

  • El crecimiento agregado de productividad al interior de un subsector manufacturero, y también el crecimiento agregado total de la industria manufacturera, se mueven principalmente al compás del crecimiento de productividad interno a las empresas. Este crecimiento interno es, con frecuencia, negativo (Figura 3). La reasignación de actividad económica hacia establecimientos productivos hace una contribución positiva al crecimiento total de la productividad, pero apenas suficiente para compensar la contribución negativa del crecimiento interno a las empresas.

Figura 3. Descomposición del crecimiento de la productividad agregada del sector promedio a tres dígitos (promedios móviles de tres años)

Fuente: “Productividad: la clave del crecimiento para Colombia”, con base en Encuesta Anual Manufacturera

  • Aunque los cambios en participación de mercado a través de establecimientos responden principalmente a cambios en productividad, como resulta necesario para impulsar a los productores a invertir en un crecimiento sostenido de productividad, una fracción no despreciable (la cuarta parte) está explicada por otros factores, que representan distorsiones a la asignación eficiente de mercado.
  • El crecimiento de productividad al interior de las empresas se explica principalmente por un crecimiento del valor por unidad de producto, más que por un crecimiento del número de unidades de producto por unidad de insumo. Es decir, puede estar más asociado a innovaciones de producto o mercadeo, que a innovaciones de proceso.

En su conjunto, estos resultados sugieren que el ambiente institucional y la cultura empresarial no son suficientemente propicias para impulsar un dinámico crecimiento de la productividad. Es claro que existen frenos a la tendencia natural de crecimiento de los establecimientos más productivos y de contracción de los que son menos prometedores. En presencia de estas barreras, además, los productores pueden darse el lujo de hacer esfuerzos sólo modestos para mejorar su productividad individual. Los resultados plantean un cuestionamiento de la focalización de políticas de desarrollo productivo de largo plazo hacia Mipymes y sectores de baja productividad, y sugieren más bien la necesidad de fortalecer ambientes competitivos que propicien el crecimiento de productividad.

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Miércoles, 05 Abril 2017 00:00

¿Cuál Minería? Respuesta a Marc Hofstetter

Por Blogoeconomia · 03 de Abril de 2017

Por Juan Camilo Cárdenas

Marc Hofstetter, escribió la semana pasada , con una serie de argumentos que contribuyen a avanzar en esta discusión sobre el papel que pueda jugar la industria extractiva en el desarrollo del país. Mi propósito es controvertir algunos de estos puntos.

Ya un poco calmados los ánimos derivados de la consulta en Cajamarca vista como un éxito para unos y de una talanquera al desarrollo minero para otros, quisiera ofrecer aquí una serie de reflexiones desde la orilla de quienes tenemos más preocupaciones por las industrias extractivas y quienes vemos en el resultado de esa consulta algo positivo para la consolidación de las instituciones del país, y sobre todo para que con serenidad demos debates sobre los modelos de desarrollo que el país puede tener y los que las regiones quieren adoptar.

Con el Profesor Hofstetter estoy de acuerdo en que es un tanto ingenuo creer que podemos continuar con niveles de calidad de vida sin seguir acudiendo a las materias primas que se obtienen del suelo y el subsuelo. Pero no debe ser esto razón para hacerlo a cualquier costo social y ambiental y es ahí donde planteo la premisa de este texto: Mientras no hagamos una contabilidad correcta de los costos ambientales, los costos sobre el capital humano y los costos sobre el capital social de cada proyecto extractivo, es mejor esperar.

 

Concuerdo también en la determinación del precio internacional del oro, quien nos recuerda que son esos mercados internacionales y las estrategias de bancos centrales y organismos internacionales que al usarlo como refugio financiero seguirán generando una demanda y por ende precios atractivos entre tanta inestabilidad macroeconómica internacional.

Mientras haya demanda, la oferta de oro aparecerá aquí y allá y por tanto aparecerán los proyectos artesanales o de gran escala, legales e ilegales. Si los precios estuvieran en los niveles de finales del siglo XX (ver gráfica) es muy probable que no estuviéramos en los debates tan álgidos de , o el , a pesar de que minería de oro ha existido en varias regiones del país y por siglos en algunos casos.

Es la escala de estos proyectos, la intensidad de la actividad legal e ilegal, derivada de estos precios, que tiene al país en esta controversia, porque esa escala de recursos también es proporcional a la escala de lo que está en juego en lo social, en lo ambiental y en lo económico. Y de nuevo, por eso es mejor esperar y hacer primero bien lo que hay que hacer bien, en donde también se han generado , incluyendo accidentes industriales del más alto riesgo.

En el caso Colombiano, y ante el boom de los precios de los commodities que dejó el precio del oro en estos niveles tan altos, nos enfrentamos a disyuntivas complejas. AngloGold Ashanti en su prospecto de la mina está declarando entre 26 y 28 millones de onzas que al precio actual bien pueden tener un valor comercial de mas de 33,000 millones de dólares. Si la tasa de regalías se basa en el 80% del precio de Londres (Hoy en USD$1,250), y sobre ese valor pagar un 4% de regalías, estamos hablando de 1,000 millones de dólares mal contados. Pero este valor, que algunos reclaman como un costo de oportunidad demasiado alto al cual renunciar si se deja ese oro enterrado, debe ser evaluado contra los costos que la sociedad tendría que incurrir si se realiza el proyecto. Aquí es donde tenemos información incompleta, y de nuevo, ante la incertidumbre, mejor esperar.

Voy a plantear tres razones por las cuales es mejor esperar mientras organizamos varios asuntos en la casa antes de dejar entrar este elefante. Propongo estos tres puntos para invitar a una discusión sobre los costos sociales antes de considerar solamente ese lado de los beneficios asociados a los recursos fiscales de las regalías derivadas de desarrollar el proyecto minero. Los tres argumentos para soportar mi premisa arriba de “mejor esperar” son:

  1. La eficacia para promover desarrollo desde los tributos por regalías de la extracción de recursos naturales está en cuestión.
  2. Los riesgos sobre el capital natural y el capital humano (salud) son reales, incluso desde la minería formal de gran escala.

  3. Los impactos sociales de la minería de oro deben ser motivo de preocupación.

La eficacia de los tributos por regalías de la extracción de recursos naturales está en cuestión.

La literatura sobre la maldición de los recursos naturales nos dice que en el peor de los casos se aumentará la corrupción y que se verán muy pocos o efectos nulos en el impacto de estas rentas en las regiones. Un reciente (Fuentes de ingresos y desempeño gubernamental: evidencia desde Colombia), analiza los choques de rentas por regalías de recursos naturales y cómo estos afectan la efectividad del gobierno, encontrando que en ninguno de los objetivos de provisión de bienes públicos locales se dio un efecto positivo, y que el recaudo de impuestos locales (e.g. predial) tiene impactos mas directos y positivos en esa eficacia gubernamental. Su argumento es que los choques positivos de regalías le dan a los políticos oportunidades para conductas non-sanctas mientras que los recaudos de impuestos locales le da mayor visibilidad a la gestión pública ante los ojos de los ciudadanos, y ante la posibilidad de reelección.

En otro estudio recién publicado, Juan Mauricio Ramírez, Yadira Díaz, y Juan Guillermo Bedoya en (Ingresos de impuestos de propiedad y reducción de la pobreza multidimensional en Colombia: un enfoque espacial), usando diferentes datos, se encuentra que, de nuevo, los recaudos de impuestos prediales tienen impactos directos y positivos en la reducción de los índices de pobreza de los municipios Colombianos, y que incluso se generan efectos espaciales en los municipios vecinos. Sin embargo, los efectos de regalías en la reducción de pobreza fueron nulos. Este punto es de vital importancia porque el potencial de aumento de recaudos tributarios por impuesto predial o la posibilidad de actualización catastral para potenciar dicho recaudo será mas difícil si se amenazan las posibilidades de desarrollar el valor de la tierra desde el turismo o la agricultura, ante la presencia de proyectos mineros, legales o ilegales, de gran escala o artesanales.

 

Los riesgos sobre el capital natural y el capital humano (salud) son reales, incluso desde la minería formal de gran escala.

Cada proyecto minero tiene enormes particularidades frente al tipo de mina, la tecnología a usar, y la naturaleza biofísica del yacimiento y el ecosistema en que éste se encuentra. Mientras no se tengan a la mano los estudios de impacto ambiental de un proyecto minero, y las autoridades hagan su debida evaluación, tenemos que acogernos a tener en mente los tenga sobre los cursos de agua, la hidrogeología y las coberturas vegetales afectadas. La excavación de túneles en la roca, en general, puede generar riesgos de liberación de contaminantes , que en niveles altos amenaza los cursos de agua subterránea y superficial. La disposición del material excavado que para un estimativo de 28 millones de onzas de oro tendrá costos directos e indirectos en el manejo del paisaje que deben ser estimados. Algunos estimativos hablan de rangos , dependiendo de la riqueza de la mina. La extracción de oro a gran escala y de manera legal no usa mercurio pero si usa y considerables. Será vital traer a valor presente neto los costos a la salud, a la pérdida de capital humano en capacidades cognitivas por exposición a contaminantes, y los costos de pérdida de los servicios ecosistémicos asociados a la regulación hídrica, calidad del agua y afectación a fauna flora del proyecto en cuestión.

Los impactos sociales de la minería de oro deben ser motivo de preocupación.

En un trabajo de grado de maestría que estamos por terminar en coasesoría con Fabio Sanchez, Natalia Rubiano encuentra que hay un efecto causal de la minería de oro sobre las tasas de desplazamiento forzado y violencia en el país entre el 2001 y el 2015. Sus estimativos dicen que en municipios con depósitos auríferos mas grandes, 146 personas mas en promedio sufrieron desplazamiento, si se compara con municipios vecinos con depósitos promedio. La correlación entre riqueza en potencial económico aurífero y algunos indicadores de violencia es clara, como se ilustra en las gráficas elaboradas por Rubiano. 

 

Las voces de la periferia: Mejor esperar.

De pronto la sabiduría de las masas puede hacer parte del repertorio de los chequeos y contrapesos del sistema institucional ante la incertidumbre de los proyectos mineros que proponen una transformación radical del paisaje, de la estructura tributaria y de las redes sociales de una región, y una percepción generalizada de que aún debemos fortalecer el sistema nacional ambiental SINA y el aparato regulatorio antes de enfrentarnos a estos proyectos mineros.

Como escribí hace tres años en un , dos historias, una de Piedras, Tolima y otra de la Isla de Navassa en el Caribe, dan cuenta de los caminos distintos que pueden tener los proyectos mineros, y que mientras tengamos esta encrucijada constitucional en la que el subsuelo sea gobernado por la nación y el suelo esté gobernado también por el poder local, legítimamente establecido en los mecanismos de participación ciudadana, tendremos estos retos y tensiones.

Quienes fomentan el modelo minero como motor de desarrollo regional y local aún tienen una tarea por hacer. Tenemos que seguir aportando cifras y estudios para explorar cuándo y cómo es que pueden las industrias extractivas minimizar los impactos sociales, fiscales y ambientales de sus actividades. Quienes regulan el sector minero tienen que también aportar desde su independencia y rigurosidad para hacer de árbitros con credibilidad ante la opinión pública.

Cajamarca experimentó a lo largo de la campaña para este referendo espacios de deliberación en donde las partes pudieron exponer sus posiciones y los riesgos y potenciales beneficios de cada alternativa. Ante esa incertidumbre, la sociedad civil jugó un papel vital. Este caso debe ser visto como un gran respiro en el que un proceso mas democrático al que en muchas ocasiones se ha visto en estos casos, se hizo un alto en el camino para evaluar cuál es el modelo de desarrollo que una región quiere construir, en donde una visión de largo plazo del capital natural, el capital social y el capital humano contrastan con una visión de corto plazo de un capital financiero que si bien puede sonar atractivo, no ha mostrado tener los impactos en la construcción de un gobierno efectivo que provea los bienes públicos necesarios para un desarrollo sostenible.

Y si mientras esperamos, ¿porqué no pensamos con la gente de las regiones con potencial minero modelos diferentes de desarrollo sostenible basados en otros potenciales de su capital natural, su capital social y su capital humano?

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28 Marzo, 2017

En la entrada pasada resumimos los principales impactos directos y de corto plazo que el programa Ser Pilo Paga (SPP) ha tenido en el acceso a la educación superior y el desempeño académico de los jóvenes elegibles. En esta entrada describiremos los impactos de equilibrio general que SPP ha tenido tanto en el sistema de educación superior como en las cohortes más recientes de bachilleres en Colombia.

Para entender la magnitud de los resultados encontrados, es importante resaltar la gran escala de SPP, que cubre a casi uno de cada tres estudiantes que accede inmediatamente a una institución de educación superior (IES) con acreditación de alta calidad el primer semestre de cada año. Además, el sorpresivo anuncio e implementación del programa genera un cuasi-experimento de política que facilita la estimación de impactos a los investigadores.

SPP promovió la diversidad de clase en las IES acreditadas en el país.

La semana pasada mostramos las ganancias sustanciales en términos de equidad traídas por SPP, que en tan solo un año logró eliminar la brecha por nivel socioeconómico en el acceso a la educación superior entre el decil superior de la prueba SABER 11. Como consecuencia, las universidades de élite se volvieron sustancialmente más diversas en términos de la composición socioeconómica de sus estudiantes.

La Figura 1 muestra la distribución por estrato socioeconómico de los estudiantes “primíparos” (es decir, de primer semestre) en los primeros semestres de 2014 (antes de SPP), 2015 y 2016 (después de SPP) en una muestra seleccionada de universidades acreditadas. En una universidad privada de alta calidad de Bogotá, la proporción de primíparos de los dos estratos más bajos subió de un 7% en 2014 a un 33% en 2016 (Panel A); esto es, un aumento de 370% en solo dos años. Estos cambios no se limitan a las universidades bogotanas: en una universidad privada de alta calidad de Medellín, esta misma proporción aumentó en casi un 300% (Panel B). De hecho, en la abrumadora mayoría de universidades privadas de alta calidad hubo un aumento importante en la proporción de estudiantes provenientes de hogares de menores ingresos. Esto contrasta con la evolución de las universidades públicas de alta calidad, en donde – habida cuenta de que sus estudiantes son primordialmente de clase media y que la mayoría de becarios de SPP escogieron universidades privadas – no muestran un aumento similar en el porcentaje de estudiantes de bajos ingresos (Páneles C y D).

Figura 1: Estratos socioeconómicos de los primíparos en universidades acreditadas seleccionadas

Una mayor competencia a la entrada en las IES privadas acreditadas

La posibilidad de estudiar en una universidad de alta calidad sin pagar el precio de su matrícula disparó el número de solicitudes de admisión recibidas por las universidades acreditadas privadas en el país. En la Universidad de Los Andes, la Pontificia Universidad Javeriana (sede Bogotá), la Universidad de Bogotá Jorge Tadeo Lozano y la Escuela de Ingeniería de Antioquia, por ejemplo, el número de solicitudes para los programas de pregrado casi se duplicó en tan solo dos años. En consecuencia, las tasas de admisión (esto es, el porcentaje de solicitantes que son admitidos) cayeron significativamente. En la Universidad de Los Andes, por ejemplo, esta caída fue del 50%. Esto contrasta con la evolución del proceso de admisiones en las universidades públicas de alta calidad: en la Universidad Nacional (sede Bogotá), el número de solicitudes de admisión cayó un 5% entre 2014 y 2015 y la tasa de admisión aumentó levemente.

Un aumento de la alta calidad de los estudiantes en las IES privadas acreditadas

La expansión de la demanda de la educación acreditada inducida por el programa SPP podría generar beneficios sociales nulos si el número de cupos en estas universidades permaneciera fijo, es decir, si el acceso de un Pilo adicional implicara el desplazamiento sistemático de otro estudiante (quizás de mayores ingresos) de la misma universidad. No obstante la caída en la tasa de admisión, la oferta de educación privada y acreditada aumentó, pues las universidades expandieron el número de cupos ofrecidos. En efecto, el volúmen de bachilleres que ingresaron a la educación superior inmediatamente después de graduarse del colegio aumentó un 12% entre 2014 y 2016, y las universidades privadas acreditadas representan el 63% de este aumento.

En particular, el aumento en la probabilidad de acceder inmediatamente a una IES acreditada se concentró en los bachilleres con mejor desempeño en la prueba de Estado, esto es, el decil superior del SABER 11. La Figura 2 detalla los cambios en acceso inmediato que indujo SPP de acuerdo al puntaje obtenido en las pruebas SABER 11 por tipo de institución (IES privada/pública y acreditada/no acreditada). La gráfica muestra que el mayor cambio se dio para los estudiantes pertenecientes al decil superior del SABER 11, para los cuales la probabilidad de inscribirse en una IES privada acreditada aumentó en 12.4 puntos porcentuales en tan solo un año. Casi tres cuartas partes de este aumento provienen de una disminución en la probabilidad de no acceder a ninguna IES (esto es, el margen extensivo), mientras que el resto se debe a una menor matriculación en IES no acreditadas (el margen intensivo). El impacto en las IES públicas acreditadas es cercano a cero y no significativo.

Figura 2: Cambio en la probabilidad de acceder inmediatamente a la educación superior entre 2014 y 2015, por tipo de institución y decil de SABER 11

Dicho de otra manera, para los estudiantes con mejor desempeño en la prueba de Estado, SPP hizo más meritocrático el acceso a las IES privadas de alta calidad – antes reservadas para quienes pudieran costearlas. Como consecuencia de lo anterior, la calidad de los estudiantes en estas universidades aumentó sustancialmente: el percentil promedio del SABER 11 de los estudiantes que ingresan a las IES privadas de alta calidad subió en casi 5 unidades, y estas ganancias son aún mayores en las IES menos bien ranqueadas según el ranking de IES del Ministerio de Educación Nacional. Esto sugiere que el ingreso a las IES privadas por parte de los estudiantes se definía por su capacidad de pago de la matrícula y no por su habilidad cognitiva – un obstáculo a la movilidad social que SPP contribuyó a eliminar. De esta manera, la igualdad de oportunidades para los estudiantes de mejor desempeño académico es la contribución social más importante que el programa le deja al país.

El impacto de SPP en las futuras generaciones de bachilleres

Encontramos evidencia de que SPP motivó un mejor desempeño en la prueba SABER 11 entre los estudiantes de estratos socioeconómicos bajos. El Panel A en la Figura 3 muestra la distribución por estrato socioeconómico para el decil superior de la prueba SABER 11 entre 2012 y 2016. La proporción de estudiantes de mejor desempeño pertenecientes al estrato más bajo aumentó de 12% en 2014-2 (antes de SPP) a 18% en 2016-2 (después de SPP); esto es, un aumento de un 50% en solo dos años.  Para tener en cuenta los cambios originados en el número de alumnos que presentan esta prueba (por ejemplo, un aumento en el número de estudiantes de estratos bajos después de SPP), el Panel B muestra el cambio en la proporción de estudiantes en cada estrato que se sitúan en el decil superior del SABER 11. Encontramos que esta proporción aumentó en 34% y 13% para los estratos 1 y 2,  respectivamente, dos años después del anuncio de SPP. De hecho, la gráfica sugiere que los estudiantes de estratos más bajos están desplazando a sus pares de estratos más altos del decil superior del examen de Estado.

Figura 3: Cambios en el desempeño de estudiantes de estratos socioeconómicos bajos en la prueba SABER 11

Análisis preliminar del costo beneficio

Un análisis riguroso de costo-beneficio de SPP requerirá de información sobre la vinculación laboral y los salarios de enganche de los graduados del programa. Sin esta información, todo análisis de costo-beneficio será necesariamente especulativo. No obstante, podemos hacer unos ejercicios preliminares utilizando la información de desempeño académico de corto plazo de estos jóvenes, datos de encuestas de hogares y datos administrativos sobre los salarios de enganche por tipo de IES.

Colombia tiene la tasa más alta de retorno a la educación superior y la segunda prima salarial más grande entre universitarios y bachilleres (SEDLAC – CEDLAS y el Banco Mundial). Ello explica por qué el retorno privado en el margen extensivo resulta tan alto (recordemos que SPP aumentó en más de 30 puntos porcentuales la probabilidad de acceder a una IES para la población elegible). Además, la entrada pasada de Foco Económico mostró cómo los estudiantes dejaban de estudiar en IES no acreditadas y se volcaban por las IES acreditadas privadas (el margen intensivo), cuyos retornos son los más altos en el país. La Figura 4 presenta los perfiles salariales de los graduados por tipo de acreditación universitaria (Panel A) y, para quienes se graduaron de una IES acreditada, por origen de IES (Panel B). El Panel A muestra la magnitud de la brecha salarial entre los graduados de IES acreditadas versus no acreditadas, que además se duplica nueve años después del grado. De ahí radica el potencial generador de movilidad social de SPP: el Estado invierte sus recursos en las instituciones con retorno más alto.

Figura 4: Perfiles salariales de los graduados universitarios

Si bien la Figura 4 no puede ser interpretada como el efecto causal del tipo de IES en los salarios, sí podemos usarla para retroalimentar nuestro análisis sencillo de beneficios para los Pilos. Teniendo en cuenta así los impactos de margen extensivo e intensivos en el acceso a educación terciaria de estos jóvenes, nuestras estimaciones sugieren que la tasa interna de retorno (TIR) privada de SPP es de un 44.5% (los detalles de los cálculos se encuentran en el paper). Para el Estado, SPP genera mayores ingresos en el impuesto a la nómina y a la renta. Para la sociedad, el programa genera externalidades positivas, como ahorros en salud pública y una menor tasa de criminalidad. Así, la tasa social de retorno es del 16.1%. Por supuesto, a futuro, este análisis debe ser actualizado y complementado para tener en cuenta, entre otras, el impacto del programa en las pruebas SABER PRO, los salarios de enganche de los Pilos y su probabilidad de emplearse, así como los efectos de tener pares más hábiles y diversos en las universidades de élite.

Discusión

Un argumento, a menudo expresado por los críticos de SPP, sostiene que los recursos invertidos en el programa podrían haber sido utilizados para beneficiar a un mayor número de estudiantes en las universidades públicas acreditadas. Esta crítica ignora la diferencia entre el costo y el precio de la educación superior: el precio de la matricula para un estudiante en una universidad pública es artificialmente bajo tras los subsidios del gobierno central, mientras que el costo marginal o “cupo” de un estudiante es similar entre las universidades acreditadas públicas y privadas. Dado que desde 2016 el gobierno reconoce el valor completo del cupo de las IES oficiales, al Estado hoy le cuesta casi igual subsidiar a un Pilo en una IES acreditada pública que en una IES acreditada privada. Así, el argumento de que el gobierno central podría subsidiar a un mayor número de estudiantes si destinara los recursos únicamente a IES públicas no tiene sustento empírico.

Tampoco es válida la crítica de que el programa desfinancia a las IES acreditadas públicas. Primero, la asignación de recursos de la Nación a IES oficiales no depende del número de alumnos matriculados. Segundo, ni el acceso de los mejores bachilleres ni la calidad promedio de los estudiantes nuevos se han visto afectados en las IES acreditadas públicas después de SPP: quienes eligieron las universidades privadas son primordiamente bachilleres que, de no haber sido por SPP, no hubieran ingresado a la educación superior (ver entrada pasada). Así, la crítica de que SPP le “quita” los mejores estudiantes a las IES públicas acreditadas no tiene sustento en los datos: la alternativa de los Pilos no era una universidad pública de alta calidad, sino ninguna universidad – ni pública ni privada.

La crítica anterior ha sido utilizada para promover el “apoyo” a la educación pública mediante la exclusión de las universidades privadas del programa. Sin embargo, los datos son contundentes: el Estado está invirtiendo los recursos públicos en las universidades con mayores retornos del país. El programa premia, eso sí, a las IES acreditadas al condicionar los recursos del programa a estas instituciones. Pero, al hacerlo, genera una sana competencia para que otras IES se sometan al proceso de acreditación de calidad. Esperamos, en un mediano plazo, comenzar a observar los productos de dicha competencia en la calidad de la educación superior que se provee en el país.

Cierta es, sin embargo, la observación de que el programa beneficia sólo al 2% de quienes presentan el examen de Estado en agosto de cada año. No obstante, ello no debe desconocer los otros programas existentes para el fomento de la educación superior. En efecto, la magnitud de los impactos encontrados sugieren que las restricciones de crédito son vinculantes para un sector amplio de la población, y que hay aún tela por cortar para suplir las necesidades de aquellos bachilleres que no son tan “pilos” ni de tan bajos recursos. El ICETEX debe mantener y expandir líneas de crédito alternativas, como lo son los créditos ACCES y la línea de créditos más reciente “Tú Eliges”, que solo en el segundo semestre de 2015 benefició a casi 20 mil estudiantes – esto es, dos veces el número de Pilos nuevos cada año. Debemos apoyar los esfuerzos del Estado para satisfacer la necesidad de la clase media de acceder a la educación superior de calidad.

En conclusión, los análisis resumidos en las dos entradas de Foco Económico demuestran que SPP es un programa exitoso que mejoró el acceso a la educación superior de alta calidad de los bachilleres de bajos ingresos y buen desempeño académico. Para este grupo de jóvenes, SPP tiene el potencial de generar la movilidad social que el país carece a través de la educación. Más allá de los impactos directos en sus beneficiarios, el programa ha generado cambios importantes en el sistema de educación superior y en las generaciones más jóvenes de bachilleres (ver, por ejemplo, Laajaj, Moya y Sánchez (2017) y Londoño-Vélez (2016)). Nuestros resultados sugieren que estos impactos importantes de equilibrio general no deben ser ignorados en el debate público al evaluar la deseabilidad de mantener el programa SPP a futuro.

Referencias

Laajaj, R., A. Moya, and F. Sanchez, “Motivational effects of a nation-wide merit scholarship for low-income students: Quasi-experimental evidence from Colombia,” 2017.

Londoño-Vélez, J., “Diversity and redistributive preferences: Evidence from a quasi-experiment in Colombia,” September 2016

Ver artículo y comentarios en Focoeconomico

Por Blogoeconomia · 27 de Febrero de 2017

Por  José Ignacio López ()

La reciente crisis económica de los países del sur de Europa, entiéndase Italia, Grecia, España y Portugal, ha tenido amplia cobertura en los medios y ha generado serios interrogantes sobre la perspectiva de esta región y de forma más general sobre la zona euro.

Un hecho que ha pasado desapercibido es el deterioro institucional que sufrieron estos países desde la adopción del euro y antes de la crisis.

En un reciente trabajo de investigación analizamos los indicadores de calidad institucional de los países del sur de Europa desde 1996 hasta 2011 y documentamos una caída en dichos indicadores sin precedente para países con niveles de desarrollo similares.

Los indicadores que utilizamos son recopilados por el Banco Mundial: el índice WGI que mide la calidad de las instituciones en varias dimensiones, desde el control de corrupción hasta la efectividad del gobierno, el imperio de la ley, entre otros.

Nuestro trabajo documenta una fuerte caída de estos indicadores para Italia, Grecia, España y Portugal, que resulta sorprendente toda vez los índices de calidad institucional son para la mayoría de países bastante estables, más aún para las economías desarrolladas (Gráfica 1).

Este deterioro institucional resulta aún más sorpresivo toda vez que a finales de los 90s estas economías eran vistas por los mercados y analistas con optimismo, casi con euforia, debido a la adopción del euro. La narrativa de la época era que con la adopción de la moneda común europea los países del sur de Europa iban a tener un comercio más dinámico, que sumado a la membresía de la zona euro, le iba permitir a dichos países converger económica e institucionalmente a sus vecinos ricos del norte. La realidad fue otra ¿Por qué?

Nuestro hipótesis se basa en el papel que jugaron los masivos flujos de capital. La adopción del euro no cambió de forma significativa los flujos comerciales entre el sur y el norte del continente, pero sí los flujos financieros. La prima de riesgo de la deuda pública de Grecia y del resto de países del sur, se igualaron a la de Alemania debido a los grandes flujos de capital. Esta reducción en las tasas de interés, percibida en su momento por los agentes privados y públicos como permanente, pudo haber generado un deterioro de las instituciones en la medida que relajó de manera significativa la restricción presupuestal  (inter-temporal) del gobierno. (Gráfica 2)

En el contexto de un marco regulatorio y político con ciertas fragilidades, una  reducción permanente de las tasas de interés puede generar que los agentes del sector privado anticipen que el gobierno tiene recursos suficientes para rescatar y subsidiar proyectos ineficientes  y además puede generar un comportamiento predatorio donde los privados buscan apropiarse de las nuevas rentas públicas.

Los ejemplos en el sur de Europa abundan: el aeropuerto internacional de ciudad real en España, cerca de Madrid, de iniciativa privada que cuenta con una de las pistas más largas de Europa, hoy en total abandono. El aeropuerto, que cerró operaciones en 2011, tuvo un costo aproximando de mil quinientos millones de euros. En Portugal las asociaciones público privadas para modernizar las carreteras tuvieron un sobrecosto de más de mil millones de euros. El ex–primer ministro José Sócrates fue arrestado por escándalos relacionados con escándalos de corrupción en su período de mandato 2005-2011. Las instalaciones deportivas de las olimpiadas de Grecia, que tuvieron un sobre costo  de 11 mil millones de euros y hoy están desérticas.  Los subsidios constantes a Al-Italia, la compañía de aviación italiana que reportó pérdidas de más de 3 mil millones de euros entre 1999 y 2008.

Estos ejemplos cuentan la historia de gobiernos que rescataron, se dejaron corromper, y no mantuvieron a raya a los privados en un período de tasas históricamente bajas.

En nuestro trabajo documentamos que esta relación entre fácil acceso a crédito gracias a influjos de capital externo y deterioro en la calidad institucional se extiende para una muestra de 95 países durante el período 1996-2013. Países que durante este período exhibieron déficits en cuenta corriente persistentes, tendieron a experimentar un deterioro en sus indicadores de calidad institucional (Gráfica 3). Esta relación no es lineal y es especialmente importante para países con instituciones de calidad media. Los países con las mejores instituciones por ejemplo, parecer ser más inmunes frente a cambios en las condiciones de crédito externo.

Son varias las lecciones que se desprenden de este análisis.  A pesar de su importancia, las discusiones de política económica ignoran usualmente los temas instituciones; las instituciones son tomadas como dadas, estáticas.  La discusión sobre políticas públicas debe incluir un análisis sobre los posibles cambios en los incentivos de ciudadanos y gobernantes a transformar las reglas de juego como resultado de dichas políticas.

Un ejemplo relevante para Colombia es la discusión del efecto de la  reforma al régimen de transferencias, que durante el auge minero energético infló los presupuestos de muchos municipios,  y pudo haber generado un deterioro en las instituciones locales. Las transferencias de regalías hacia municipios con baja infraestructura social pudo haber exacerbado problemas de agencia entre el sector privado y el público y generar no la prosperidad intencionada de la reforma, sino por el contrario, una ola  de proyectos ineficientes y de generalizada corrupción.

Gráficas

Gráfica 1:

Gráfica 2:

Gráfica 3

Referencias

  • Challe, E. J.I. López y E. Mengus (2016). Southern Europe's institutional decline.  Documento de trabajo Ecole Polytechnique No 2016-08.
  • Maskin, E. S. (1996). Theories of the soft budget-constraint. Japan and the World Economy, 8, 125-133.

El documento se puede consultar en: https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-01331723/document

Para mayor información sobre estos indicadores ver: http://info.worldbank.org/governance/wgi/ - home

Existe una amplia literatura sobre el efecto de auges económicos causados por aumento de precios o de producción de materias primas y el comportamiento predatorio que este fenómeno puede generar. Nuestro trabaja es el primero en explorar el efecto sobre las instituciones locales de una reducción prolongada en las tasas de interés debido a flujos de capitales externos. Nuestra explicación es similar a la que ha estudiado problemas de productividad en países comunistas antes y después de la caída de la Unión Soviética.  Este literatura es conocida como “soft budget constraints” y se basa en la incapacidad que tienen los gobiernos de rescatar proyectos privados o públicos que son ex-ante ineficientes, pero  una vez iniciados son socialmente costosos en caso de no ser terminados.  Un resumen de esta literatura se encuentra en: Maskin (1996)

Ver también comentarios en lasillavacia

14 febrero, 2017
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Recientemente han surgido voces que llaman a revisar la política de drogas en Colombia. En particular, se ha pedido el retorno de las aspersiones aéreas y la erradicación forzosa. Una mirada a la evolución reciente del área cultivada ayuda a explicar esta posición: desde el 2013 hay un aumento sostenido en el área cultivada de manera que, en la medida en que se considere que esta variable refleja el resultado de la política, también sugiere que la efectividad de la política ha caído sustancialmente desde el 2013.

El problema es que este diagnóstico ignora que ha habido una estrategia consiente por parte de las autoridades. La política de drogas cambió después del primer quinquenio del siglo XXI. Entendiendo que el objetivo final es reducir la oferta de cocaína, las autoridades han concentrado esfuerzos en destrucción de infraestructura e interdicción. No obstante, frecuentemente ignoramos la información disponible en lo que respecta a estas actividades.

Cifras del Observatorio de Drogas de Colombia indican que las incautaciones de hoja de coca aumentaron un 74,25% entre el año 2013 y el año 2015. Aunque este guarismo es inferior al 100% de aumento que registran los cultivos ilícitos en este periodo, sigue siendo un resultado impresionante. Además, indica que la oferta efectiva de coca tuvo un crecimiento inferior al crecimiento de los cultivos.

Adicional a lo anterior, para el mes de noviembre de este año, las incautaciones de cocaína ascendían a 308 toneladas métricas, esto es, 47,3% de la producción potencial de cocaína estimada por la Oficina de Drogas y Crimen de Naciones Unidas para el 2015 (646 toneladas).

La evolución de las incautaciones ilustra la inconveniencia de utilizar el área cultivada como variable indicativa del éxito en la política de drogas. Para poder emitir un diagnóstico es necesario estudiar también la evolución una batería de variables.

El gráfico 1 presenta los resultados de un ejercicio preliminar en esta dirección. Tomando factores de conversión estándar, se estima la producción potencial de hoja de coca a partir del área cultivada, a este valor se le restan las incautaciones de coca.

La primera cosecha de coca se realiza después de siete u ocho meses de la siembra, y esta cosecha suele tener un menor rendimiento. La segunda cosecha que puede realizarse a entre uno y dos meses después de la primera y después el tiempo entre cosechas es de 40 a 60 días.[1] Por esto, los aumentos en área cultivada no se reflejan inmediatamente en aumentos en producción potencial.

Una vez obtenida la oferta de coca neta de incautaciones, se estima la oferta de base. Nuevamente, se restan las incautaciones de base y al resultado se le aplica el factor de conversión para estimar la oferta potencial de cocaína. Finalmente, se restan las incautaciones de cocaína.

Cada uno de los procesos requiere tiempo y a menudo hay periodos de almacenaje y transporte. No obstante, es imposible calcular con precisión el tiempo que transcurre entre la siembra y la entrada de la cocaína al mercado. Por esta razón, el gráfico presenta dos escenarios. En el primero, línea punteada, se supone un rezago de dos años y en el segundo (línea roja) se supone un rezago de un año.

Gráfico 1. Estimaciones de la cantidad de cocaína en el mercado.

En los dos escenarios, se estima un aumento de la oferta de cocaína en el año 2001 y una reducción posterior hasta el año 2014.  La gran diferencia entre las dos estimaciones se presenta en al año 2015, suponiendo un rezago de dos años la caída en la oferta de cocaína se acentúa, pero si se supone un rezago de un año hay un leve repunte en la oferta.

De cualquier forma, este ejercicio llama la atención acerca de la necesidad de incluir toda la información disponible a la hora de evaluar la política de drogas. La oferta de cocaína colombiana en el año 2015 es, en el peor de los casos, similar a la del año 2013.

Otra reflexión con respecto a la evolución reciente de los cultivos ilícitos tiene que ver con el carácter transnacional del negocio del narcotráfico y con el llamado efecto globo. En el gráfico 2 se presenta información reciente sobre cultivos ilícitos en Colombia, Perú y Bolivia. Los datos sugieren que el repunte del área cultivada en Colombia estuvo parcialmente compensado por una caída en los cultivos en Perú de tal forma que la oferta de Suramérica tuvo un incremento porcentual inferior al de Colombia. Asimismo, al analizar todo el periodo, se aprecia que, para Suramérica, el área cultivada en el 2015 es igual al área cultivada en el año 2011.  Esta información cobra relevancia por cuanto el narcotráfico es un negocio transnacional y la lucha contra las drogas es, al menos en el papel, una estrategia global.

En la práctica, si se trata de identificar la oferta potencial de cocaína, el origen de la coca resulta anecdótico.

Gráfico 2. Cultivos de coca en la zona andina.

[1] http://www.biesimci.org/documentos/archivos/proyectopiloto.pdf

7 febrero, 2017
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Ximena Peña, profesora de la Facultad de Economía y amiga entrañable, murió el 23 de enero. Hoy queremos hacer un homenaje a su legado. Ximena abordó diversos temas en su investigación. Estudió desde los mercados laborales en Colombia hasta los impactos de la titulación colectiva en los hogares afros. Su gran pasión, sin embargo, fue la desigualdad de género y sus diferentes implicaciones para las mujeres y sus familias. Con investigación rigurosa y despojada de las pasiones del activismo extremo, demostró porque las mujeres en Colombia aún enfrentan condiciones desiguales y propuso políticas y acciones concretas para reducir estas brechas de género. Los próximos párrafos describen sus principales contribuciones.

La obsesión y labor de Ximena durante sus últimos años fue impulsar cambios concretos para mejorar las condiciones de las mujeres, en especial las mujeres de bajos ingresos. Tras años de investigación estaba convencida que sólo una redistribución de las cargas de la mujer y el hombre en el hogar mejoraría sus condiciones. Es evidente que las mujeres ahora somos más educadas, trabajamos más y ganamos más, pero estamos atrapadas en un ciclo de una triple jornada de trabajo, crianza y oficios del hogar. Nuestras horas de trabajo, remunerado y no remunerado, superan con creces las de los hombres. Esto lleva a mujeres agotadas y en algunos casos con deterioros graves de salud. Por eso, dedicó su energía, pasión y tiempo de investigación en los últimos años a un proyecto para donar lavadoras a mujeres de bajos ingresos y medir de manera rigurosa su impacto. Con esto, cambio vidas y mostró como intervenciones innovadoras, basadas en evidencia y puestas en marcha con amor y pasión son más efectivas que discursos polarizantes.

Ximena fue una mujer y una amiga excepcional. Apoyó a sus estudiantes y con esto cambio muchas vidas. Ahora ellos no dudan en reconocer la gran influencia que tuvo el consejo oportuno, la disposición a escuchar y las palabras apropiadas en el momento necesario. Fue generosa con sus amigos y sus colegas. Pese a su dura enfermedad, siempre ofrecía una mano amiga, un abrazo sincero, una sonrisa arrolladora y un mensaje certero endulzado por un humor negro inigualable. Todos la vamos a extrañar. No hay duda alguna. Tampoco hay duda alguna que Ximena dejó sembradas cientos de semillas y que su legado lo vemos hoy y lo veremos durante años por venir. Buen viaje amiga.

Ana María Ibáñez

Profesora Titular, Facultad de Economía, Universidad de los Andes


Las mujeres y el mercado laboral: participación y brechas salariales

En “El Aumento de la Participación Laboral Femenina en Colombia: ¿Estado Civil, Hijos o Educación?” (2013), Ximena documentó, junto con Diego Amador y Raquel Bernal, los patrones de evolución de la participación femenina en Colombia, y las principales fuerzas detrás de esos patrones. Encontraron que la proporción de mujeres en edad de trabajar que efectivamente participaban de la fuerza laboral (trabajando o buscando un empleo) pasó de 47% en 1984 a 65% en 2006. Esta impresionante evolución en tiempos recientes, según los resultados del artículo obedeció principalmente al incremento de la disposición a trabajar de mujeres casadas (o en unión libre) con bajos niveles de educación, y de manera más marcada para aquellas con hijos. Aunque los cambios en la proporción de mujeres que estaban en esta condición son modestos,  las actitudes de este grupo frente al trabajo cambiaron de manera muy marcada, especialmente en la década de los 90. Las ramificaciones de estos hallazgos son amplias. Más allá de mostrar la concentración del incremento de participación en ciertos grupos de mujeres, tienen implicaciones de política pública. Hablan, por ejemplo, de un desplazamiento en el cuidado de los hijos de este tipo de familiar, que pasó a ser ejercido por cuidadores diferentes a sus madres, con profundas implicaciones para el diseño óptimo de los servicios públicos de cuidado infantil. Ilustran también que ciertos grupos de mujeres (en particular aquellas con baja educación, casadas, con hijos) son cada vez más susceptibles de acceder a la seguridad social de manera directa en lugar de como beneficiarias de sus compañeros.

Marcela Eslava

Profesora Titular, Facultad de Economía, Universidad de los Andes


Para comprender mejor las inequidades en el mercado laboral y, en particular, las inequidades que enfrentan las mujeres, Ximena estudió junto con Alejandro Badel la brecha salarial entre hombres y mujeres en Colombia en “Descomponiendo la brecha salarial de género con ajuste de sesgo de selección: el caso Colombiano”. En este estudio, Ximena y su coautor se preguntan por las características y razones de la existencia de una brecha salarial entre hombres y mujeres (de aproximadamente 14% en promedio) a pesar de que las características laborales observadas de las mujeres colombianas mejoraron significativamente durante las últimas décadas. Los resultados del estudio indican, primero, que la brecha salarial es particularmente importante para las mujeres de salarios muy bajos (una diferencia de hasta 40% con respecto al salario de hombres comparables) y para aquellas de salarios muy bajos altos (hasta 45%), y muy baja en la parte media de la distribución. Segundo, que si todas las mujeres trabajaran, la brecha salarial sería casi 50% más alta. Tercero, que gran parte de la brecha salarial por género se debe a que el mercado laboral remunera peor los atributos de las mujeres que los de los hombres (como la educación) y no a la diferencia en las características laborales entre hombres y mujeres.

Los autores proceden a especular que la alta brecha en la cola inferior de la distribución puede estar relacionada con el mercado laboral informal mientras que en la parte media de la distribución, el salario mínimo legal comprime la distribución. De otra parte, el techo de cristal en la parte superior de la distribución podría atribuirse a la dificultad que enfrentan las mujeres altamente calificadas de lograr un  balance entre la vida personal y laboral por lo cual deciden sacrificar ascensos en la escalera laboral. Es posible, también, que la discriminación por género sea por parte de las firmas y no una elección de la trabajadora. En últimas, estas hipótesis explican el trabajo posterior de Ximena que se enfocó en entender las desigualdades en la asignación de tiempos en hogar y en los hijos entre hombres y mujeres, y a estudiar las políticas públicas que favorecerían una distribución más equitativa de cargas y, por tanto, una penalidad inferior para la mujer en el mercado laboral. De ahí su discusión hasta su última semana de vida con respecto a la extensión de la licencia de maternidad en Colombia de 14 a 18 semanas sin haber modificado la licencia otorgada al padre, o la posibilidad de que sea compartida entre padre y madre. Esto me recuerda el tuit (de un hombre) cuando Ximena falleció: “la mejor manera de honrar la vida […] de Ximena Peña es seguir trabajando para que tengamos mejores hombres”. Y tiene razón. Su lucha permanente fue por acercar las oportunidades de hombres y mujeres, y reducir los estereotipos desde el principio de la vida. Su batalla a favor de las mujeres no alienaba a los no feministas porque entendía que la idea es acercar las oportunidades, derechos y obligaciones de hombres y mujeres, y no pelear por total igualdad de resultados porque evidentemente no somos iguales.

Raquel Bernal

Profesora Titular, Facultad de Economía Universidad de los Andes


Una de las preguntas más relevantes en la literatura de género tiene ver con la brecha en ingresos que se genera a partir de la discriminación de las mujeres en el mercado laboral, y esa es precisamente la que retoma Ximena en el artículo, “La persistente brecha salarial/de ingresos por género en Colombia, 1994-2006”.  En co-autoría con Hugo Ñopo y Alejandro Hoyos, los autores indagan sobre las causas de esta brecha, esta vez utilizando una metodología que permite superar los problemas derivados de las comparaciones de poblaciones con diferencias significativas en las características típicas de empleo y  socio-demográficas. Así, mediante el emparejamiento de hombres y mujeres en circunstancias equivalentes, los autores muestran como la brecha salarial es mayor a la sugerida por estudios anteriores y es persistente a lo largo del tiempo en la población de 18 a 65 años, en las principales ciudades de Colombia. Igualmente, los resultados evidencian su más grande incidencia en las colas de la distribución, viéndose afectadas las mujeres en situación más vulnerable, y aquellas que, aunque posicionadas en la mejor parte de la distribución, no logran tener un ingreso similar a sus pares (efecto techo de cristal). Así, las recomendaciones de política pública advierten por ejemplo, sobre la dificultad de regular ciertos oficios, en donde el otorgamiento de mayores beneficios en el mercado formal puede fácilmente tener consecuencias negativas que vuelvan aún más precarios los arreglos para las mujeres en situación más vulnerable.

Mónica Pachón

Decana, Facultad de Ciencia Política, Gobierno y Relaciones Internacionales, Universidad del Rosario


Tuve el privilegio de seguir de cerca, como profesora de Liliana, en el trabajo en el cual Ximena como mentora encaminó a Liliana por los temas que la apasionaban: la desigualdad salarial de las mujeres. Su estudio calcula la penalidad en términos de ingresos salariales que impone el mercado laboral para las mujeres con hijos en Colombia. En este caso ellas calculan un diferencial salarial de 17,6% entre mujeres con hijos y sin hijos, una vez se tienen en cuenta características individuales y autoselección en la participación del mercado laboral este diferencial es de 9,4%.  Un cálculo adicional donde se tiene en cuenta la edad de los hijos hace que este diferencial sea de 18,4% para aquellas madres con hijos menores de cinco años. Ante esta evidencia, ellas refuerzan la necesidad de tener varias líneas de política que ayuden a mejorar esta situación, entre ellas: una normatividad que reduzca al máximo los costos en los que incurre el empleador de una mujer con hijos; un apoyo adicional extendiendo horarios de cuidado de los niños en centros de atención; y por último, una división más igualitaria de las cargas del cuidado y crianza entre hombres y mujeres.  Estas recomendaciones muestran que el trabajo de Ximena trataba de abordar un amplio espectro de soluciones, enfocadas en diferentes actores, para lograr un solo objetivo: el de generar mayor igual en condiciones de trabajo para mujeres madres, mujeres no madres y hombre.

Adriana Camacho

Profesora Asociada, Facultad de Economía, Universidad de los Andes


En “Mujer y Movilidad Social”,  Ximena y sus coautores hacen un diagnóstico de la situación de la mujer en Colombia e identifican un conjunto de recomendaciones de política que buscan generar una efectiva igualdad de oportunidades. Tanto el diagnóstico como las recomendaciones son exhaustivas y abordan muchas de las dimensiones del bienestar. Quisiera entonces rescatar un punto que a mi modo de ver es la contribución central. El Estado y  el sector privado pueden diseñar múltiples  programas y políticas,  todos con las mejores intenciones de reducción de la desigualdad. Pero si las responsabilidades al interior del hogar no se re-negocian y no hay un verdadero cambio cultural, a  las mujeres se les impondrá “la triple jornada” (trabajo más crianza más oficios del hogar) y eso en últimas terminará afectando  la igualdad en el mercado laboral y seguirá perpetuando los estereotipos culturales del supuesto rol de la mujer en el hogar (cualquiera que sea su composición).  Un buen componente entonces de las políticas e intervenciones que buscan la igualdad de oportunidades debe apuntarle a reducir la desigualdad al interior del hogar.  El artículo deja dos ideas concretas, de muchas, para cambiar los comportamientos en el hogar, recogiendo la idea provocadora en la que pensaba Ximena y sus coautores: “la equidad de género se hace con el marido…no contra el marido”.  Primero,  evaluar las licencias de maternidad  ciegas al género y promover que los papás participen de estas licencias. En Colombia la licencia de maternidad se amplió a  18 semanas pero esta sigue siendo un beneficio exclusivo de la mujer.  Involucrar a los hombres, no solo balancearía los roles en el hogar sino que tendría impactos en el ámbito laboral, entre otros.   Segundo, evaluar la introducción de “lavadoras” en los hogares más pobres e incentivar que sea el hombre el que las maneje. Este fue de hecho, el proyecto bandera de Ximena, el que comenzó a implementar en los últimos años de su vida, y el cual tenemos la tarea de continuar. La apuesta aquí, además de generar más tiempo libre para las mujeres, que podrían dedicar a los hijos, a  estudiar, entre otros, es una intervención que le apunta a la transformación de los roles sociales.  El documento cierra con un llamado de atención para “incorporar la cultura de la evaluación”, en estos temas llenos de programas con buenas intenciones pero con poca evidencia empírica en términos de su efectividad. Este es sin duda, uno de los legados de Ximena.

María Alejandra Vélez

Profesora Asociada, Facultad de Administración, Universidad de los Andes


La migración y el conflicto: ¿contribuyen a mejorar las condiciones de la mujer?

En su paper “Adjusting the Labour Supply to Mitigate Violent Shocks: Evidence from Rural Colombia”, Ximena logró unir su pasión investigativa relacionada con el uso del tiempo y los resultados en el mercado laboral de la mujer con un tema igual de relevante para el país: el impacto del conflicto armado en Colombia. En este trabajo, realizado junto con Manuel Fernández y Ana María Ibáñez, Ximena nos permitió entender los impactos causales que el conflicto ha tenido en las mujeres en este ámbito en particular. Aunque en el país se habían llevado a cabo investigaciones acerca de cómo la violencia afectaba la educación, la salud, las decisiones de las empresas, la inversión extranjera y el crecimiento económico, entre otros, ningún otro estudio había tratado el impacto diferenciado de acuerdo al género a profundidad. Ximena y sus coautores encontraron que el conflicto ha impactado de manera distinta los resultados laborales de hombres y mujeres en el sector rural en Colombia. Encontraron que, a causa del conflicto, los hombres de hogares rurales en el país han sustituido el tiempo dedicado a sus propios predios por actividades no agrícolas. Por otro lado, el conflicto ha inducido a las mujeres a reducir el tiempo dedicado al ocio y a aumentar el tiempo dedicado a las labores del hogar y el cuidado de los niños. Estos cambios en el uso del tiempo sugieren que el mercado laboral en este sector se ha visto seriamente afectado y ha generado una caída de la producción agrícola. Además, la reacción de los hogares ha implicado que el conflicto en el sector rural ha aumentado las inequidades de género pre-existentes.

La evidencia encontrada en esta investigación es relevante para Colombia en un momento en el que estamos comenzando a construir el camino hacia un país en paz. El estudio dejó claro que los cambios en el mercado laboral pueden haber generado una disminución en la producción agrícola y que programas que ayuden a incrementarla de nuevo (tales como créditos, innovaciones tecnológicas o mecanismos de protección frente a riesgos) son necesarios en estas zonas. La evidencia encontrada por Ximena y sus co-autores permite concluir que sería beneficioso también programas sociales que ayuden a distribuir la carga del hogar entre hombres y mujeres como por ejemplo aumentar la cobertura de educación pre-escolar de calidad en estas zonas al igual que la cobertura educativa en básica y media a través de escuelas que tengan en cuenta la necesidad de programas flexibles y relevantes para su población.

Catherine Rodríguez

Investigadora Asociada, Facultad de Economía, Universidad de los Andes


Mucho se ha criticado a la economía por ignorar las especificidades propias de las dinámicas y las características de las mujeres. El capítulo “Mujeres rurales jóvenes y migración en Colombia[1] nos muestra algo diferente. El análisis económico no tiene por qué ser un instrumento de reproducción de condiciones sociales, culturales o económicas. Muy por el contrario, la economía puede ser una herramienta poderosa para ayudarnos a pensar el cambio social, un cambio social incluyente para que la gente tenga opciones y elija la vida que consideran digna de ser vivida. Por esto, creo yo, Ximena trabajó en economía y también por su capacidad de ver más allá. Alguna vez le pregunté a Ximena cuál era la gracia de que los economistas volvieran sobre preguntas que las demás ciencias sociales habían explorado largamente y sobre las cuales teníamos análisis profundos y rigurosos. Este capítulo, escrito con María Alejandra Arias y Ana María Ibáñez, ilustra la respuesta que me dio en ese momento: los economistas y, en este caso, las economistas, nos dan la magnitud, nos ayudan a medir, a entender con mayor precisión pero sobre todo a descomponer las preguntas y las respuestas.

Eso es lo que hacen Ximena y sus co-autoras: pensar la exclusión como resultado de condiciones estructurales, reproducidas por el sistema social y económico. El capítulo explora los efectos de la decisión de migrar de mujeres rurales jóvenes, quienes ahora cuentan con mayores niveles de educación y mayor acceso a tecnología y tienen expectativas de vida diferentes a sus madres y abuelas, como estrategia para enfrentar la pobreza y el rígido sistema de género existente en las áreas rurales; decisión detrás del proceso de desfeminización del campo en Colombia. Las autoras miden el efecto de la migración sobre aspectos del empoderamiento femenino como son el estado civil, el número de hijos, el uso de métodos anticonceptivos modernos y el poder de decisión de las mujeres al interior del hogar. Encuentran que estas mujeres tienen mayor probabilidad de vivir en pareja, menor probabilidad de tener hijos pero cuando los tienen, el número es mayor y tienen mayor probabilidad de utilizar métodos anticonceptivos modernos que mujeres rurales no migrantes. Los efectos sobre el poder de negociación son más ambiguos pues parecen depender de si migran casadas o no y del tipo de decisión al que se enfrentan. En conclusión, la estrategia de migrar para mejorar su situación y ampliar sus perspectivas de vida no siempre tiene los resultados que las mujeres rurales jóvenes esperan.

Jimena Hurtado

Profesora Asociada, Facultad de Economía, Universidad de los Andes


Participación política y género

Ximena, junto con Mónica Pachón y Mónica Wills, estudió la brecha en la participación política de hombres y mujeres. Encuentran que mujeres empleadas y con un mayor ingreso tienen mayor participación política. Su artículo sugiere que hay una relación entre la independencia económica y la independencia política de las mujeres. Aún quedan preguntas, ¿son las mujeres más activas en política las que buscan su independencia económica o son las mujeres independientes económicamente las que llegan a tener mayor participación política?  A los economistas nos queda la tarea de resolver estas preguntas.

Conocí a Ximena hace más de 22 años, aunque entramos juntas a la universidad, ella siempre estuvo un paso adelante mío. Trabajó antes que yo, se fue a hacer el doctorado antes que yo, empezó a trabajar en la Universidad de Los Andes antes que yo, y se casó y fue mamá antes que yo. Ximena era la encargada de darme la bienvenida a cada etapa de mi vida, Ximena me contaba cómo funcionaban los engranajes y “el detrás del telón” de cada una de mis nuevas situaciones. Ximena me enseñó mucho como economista y aún más como persona. Una de las personas más alegres, fuertes y solidarias que he conocido. Ximena nos creó memorias excepcionales a todos los que tuvimos el placer de conocerla. Voy a extrañar a Xime como colega, pero aún más como amiga y guía

Paula Jaramillo

Profesora Asociada, Facultad de Economía, Universidad de los Andes

[1]“En busca de nuevas perspectivas” con María Alejandra Arias y Ana María Ibáñez. La revolución silenciosa. Mujeres rurales jóvenes y sistemas de género en América Latina editado por Raúl Asensio y Carolina Trivelli, Instituto de Estudios Peruanos, pp 243 – 276. 2014.

Martes, 24 Enero 2017 00:00

Ximena Peña: un homenaje

Por Blogoeconomia · 23 de Enero de 2017

Ximena Peña formó su carrera a través de su paso por el sector público y después en el universitario desde la Facultad de Economía de la Universidad de Los Andes. La constante en su camino profesional fue el uso riguroso de evidencia para evaluar las políticas públicas e influir en el diseño de la política social. Se concentró en visibilizar las profundas desigualdades en contra de las mujeres en el mercado laboral, generar información acerca de las causas de la informalidad laboral en Colombia y explorar otras fuentes de inequidad nacional. Su aporte no sólo consistió en entender los problemas, sino en encontrar soluciones a ellos.

Ximena se preocupó por los grupos vulnerables en el mercado laboral, incluyendo a las mujeres y a las personas en situación de informalidad. Sus investigaciones incluyen el análisis del aumento de la participación laboral de las mujeres en Colombia, en donde los grupos que más han aumentado su participación son las mujeres con bajos niveles educativos y las mujeres en unión libre o casadas.

Ximena mostró que la brecha salarial de género en Colombia es alta y se concentra en el sector informal de la economía, que la porción no explicada por la educación y otras características relevantes al mercado laboral es también alta (sería más alta aún si todas las mujeres trabajaran) y que no ha disminuido de manera sustancial en las últimas décadas.

Además, encontró que las madres, especialmente aquellas con hijos pequeños, sufren una penalidad en términos de menores salarios y que las mujeres rurales jóvenes son las que mayor carga de trabajo tienen (incluyendo trabajo remunerado y no remunerado) y las que enfrentan una mayor brecha salarial de género.

En su lucha por ayudar a las familias de la base de la pirámide a alivianar la carga de los oficios del hogar y tratar de cambiar los roles tradicionales de género, Ximena emprendió su proyecto consentido: “Lavadoras y roles de género: un estudio piloto para Colombia”.

El proyecto consiste en abrir, para familias con hijos menores de 8 años en barrios marginales de Bogotá, la posibilidad de comprar una lavadora a un precio altamente subsidiado. El contar con una lavadora disminuye alrededor de 3 horas por semana el tiempo dedicado a lavado de ropa, hace más eficientes los oficios del hogar y genera tiempo libre en las mujeres, que pueden usar para descansar, pasar tiempo de calidad con sus hijos o trabajar en labores remuneradas. Seis meses después de entregar las lavadoras a los hogares, las mujeres aumentaron su participación laboral e ingresos.

Se dió una redistribución de labores al interior del hogar: las mujeres disminuyeron el tiempo dedicado al lavado de ropa y el tiempo dedicado a otros oficios del hogar, mientras que los hombres aumentaron el tiempo dedicado a otros oficios del hogar. Además, tanto hombres como mujeres pasan más tiempo en familia, con los niños, lo que seguramente redundará en un mejor desarrollo infantil. Estos resultados sugieren que la intervención tiene un alto potencial para mejorar la calidad de vida de los hogares más vulnerables.

Esta es una descripción de sólo algunos de los aportes que Ximena logró en su corta y fructífera carrera de investigación.

Al mismo tiempo, guió a sus estudiantes con cariño y dedicación. Los frutos de su trabajo se seguirán viendo, no solo a través de sus proyectos que continuarán, sino también de la semilla que dejó en muchos de sus estudiantes y colegas, que siguen y seguirán dejando su huella en la investigación y el diseño de las políticas públicas y sociales en el país.

Ximena no sólo dejó una huella profesional imborrable. Quienes tuvimos la fortuna de conocerla no dejamos de pensar en su sonrisa en cualquier circunstancia, su capacidad para interesarse por los demás aún en sus momentos más difíciles y su legado de vivir y compartir cada momento al máximo.

Una gran mujer, colega y amiga que nos dejó invaluables enseñanzas y a quien extrañaremos siempre.

Nota de la Directora de La Silla: La Silla siente mucho la partida de Ximena, amiga nuestra y bloguera durante los primeros años de este blog. Aquí están los links de lo publicado por ella en el IQ y en el blog de La Silla para que quienes no la conocieron tengan una idea de su aporte.

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Por Blogoeconomia · 24 de Octubre de 2016

Por Juan Camilo Cárdenas.

Pagar impuestos es un deber ciudadano, es un mecanismo que construye estado, y el uso apropiado de los recaudos es una de las formas más robustas de redistribuir recursos para construir sociedades justas y economías eficientes que provean los bienes públicos necesarios para la sostener la iniciativa privada y comunitaria.

Quienes justifican el evadir o eludir los impuestos bajo el argumento de que “igual se los roban” es como quienes justifican linchar a un ladrón capturado o no hacer el esfuerzo de denunciar o servir de testigos bajo el argumento de que “igual mañana lo van a soltar”. Estos argumentos son salidas fáciles, utilitaristas, que solo perpetúan círculos viciosos que debilitan la institucionalidad del estado y del contrato social.

El problema es que como un buen dilema de acción colectiva, hay incentivos privados sustanciales para no pagar impuestos a pesar de que todos ganaríamos si todos contribuyéramos mas, y sobre todo si fuese proporcional a nuestras posibilidades y proporcional también a los beneficios que recibimos de lo recaudado e invertido.

Buena parte del problema, sin embargo es que no siempre contribuyen los que más debieran ni se benefician necesariamente los que más necesitan los beneficios de esos bienes públicos. Nuestro sistema tributario no es la excepción. Aparece entonces la y comienzan las reacciones de los líderes de opinión (, , , , , y ) o resúmenes como .

¿Qué diría Adam Smith?

Adam Smith es de lejos , y aun hoy sigue siendo uno de los mejores. Su intuición acerca del comportamiento humano sentó las bases de la economía moderna, y sus dos grandes obras siguen dando de qué hablar cuando seguimos avanzando en entender las decisiones humanas asociadas al consumo o a la tributación.

Comencemos con la economía convencional y después nos podemos meter en la nueva economía del comportamiento. Decía Smith en la Riqueza de las Naciones: “Azucar, ron, y tabaco son bienes que para nada son necesidades de la vida, y que se han vuelto objetos de casi consumo universal, y que por lo tanto son extremadamente apropiados para ser sujetos de un impuesto”.  

El Impuesto a las Bebidas Azucaradas.

Esto a raíz del IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BEBIDAS AZUCARADAS (ARTÍCULO 196) que ya comienza a generar debate y anuncios pagados por quienes se oponen al mismo, como éste en la prensa nacional hace pocos días:

 Mas adelante en el mismo libro V, continúa Smith: “Mientras tanto la gente podría recibir un alivio de algunos de los impuestos mas gravosos; de aquellos que les son impuestos bien sobre sus necesidades de la vida, o sobre los materiales para la manufactura. Los trabajadores mas pobres podrían permitirse una mejor vida, trabajar a menor costo, y enviar sus bienes de forma mas barata al mercado. Lo barato de sus bienes incrementaría su demanda, y consecuentemente la demanda de trabajo para producirlos. Este incremento en la demanda de trabajo aumentaría tanto los números y mejoraría las circunstancias de los trabajadores mas pobres. Su consumo aumentaría, y al mismo tiempo los ingresos generados de los artículos de consumo sobre los cuales los impuestos se permitieron permanecer”.

Smith estaba claramente pensando en la elasticidad de la demanda de estos bienes que no son “necesidades de la vida” pero que curiosamente generan cierta adicción. Doscientos cuarenta años después, contamos con evidencia que permite evaluar a intuición económica de uno de los padres de la economía. La demanda de bebidas azucaradas no pareciera ser muy elástica como sugieren estos estudios (, y ), lo cual sugiere que cada punto porcentual adicional en el precio se traducirá en una reducción porcentual equivalente o incluso menor en la cantidad demandada. Esto tiene implicaciones interesantes para ver el efecto que podría tener este impuesto. Por un lado, dada esta baja elasticidad es probable que se generen recaudos importantes, que como bien dice el Artículo 201 del proyecto de reforma tributaria, “[e]l recaudo del impuesto nacional al consumo de bebidas azucaradas se destinará a la financiación del aseguramiento en el marco del Sistema General de Seguridad Social en Salud”. en Estados Unidos estima que con un incremento entre el 20-25% en los precios y por ende una reducción entre un 15-20% en el consumo se podrían prevenir mas de 37,000 casos de diabetes con un ahorro de $1.2 billones de dólares en costos médicos, prevenir 145,000 casos de obesidad en adultos con un ahorro de $2.1 billones de dólares en gastos médicos asociados a la obesidad, y un aumento en recaudos tributarios de $1 billon de dólares para el estado. El debate en el Reino Unidos ha generado también algunos escépticos que no debemos ignorar en la discusión, como lo refleja en The Guardian. De cualquier manera, el consenso (, y ) es que el excesivo consumo de azúcar tiene consecuencias sociales y económicas por el daño a la salud humana y por ello la importancia de usar todos los medios disponibles para cambiar el patrón de consumo actual. El Ministerio de Salud resume sus argumentos médicos y económicos para apoyar esta iniciativa de la reforma tributaria.

El Impuesto al Carbono

Quién sabe si Adam Smith habría agregado la gasolina a su lista de tabaco, azúcar y ron, al igual que otras formas de combustibles fósiles que consumen los humanos en cantidades que son socialmente perjudiciales a pesar de ser individualmente apetitosas. La reforma presentada incluye en su artículo 207 un impuesto al carbono basado en el estimativo de contribuciones de cada tipo de combustible a las emisiones de dióxido de carbono (CO2) y equivalente a $15,000 por cada tonelada emitida. Aquí de nuevo tendremos que tener en cuenta las elasticidades de la demanda de gasolina para comprender que tan sensible sería la caída del consumo si se generan aumentos en los precios al consumidor final. sugieren una elasticidad incluso menor a la de las bebidas azucaradas lo cual de nuevo puede implicar recaudos importantes aunque reducciones en el consumo y por tanto en emisiones , lo cual implicaría que un impuesto como el descrito en la tabla de $135 pesos por galón, si se transfiere en parte a los consumidores generaría un aumento minúsculo en el precio actual y por tanto poco contribuiría a reducir las emisiones en las cantidades que los economistas ambientales quisiéramos. Pero se generarían recaudos importantes para financiar, aunque no lo dice el proyecto de reforma tributaria, estrategias de reducción de las emisiones del país, sabiendo que el Presidente Santos se comprometió a reducciones ambiciosas del 20% para el 2030. Por este lado probablemente no será, pero es una señal interesante para medirle el aceite a la economía en este sentido.

Los impuestos a los mas ricos.

Aquí Adam Smith tenía observaciones interesantes. Si bien su argumento de la simpatía por los más pobres tiene todo el sentido del mundo en esta reforma, si se considera aumentar los recaudos para atender las necesidades sociales del postconflicto, también él observaba esa especial admiración de las sociedades por los más ricos y privilegiados que impedía que se les impusieran impuestos más altos. que esa “disposición a admirar, y casi adorar, a los ricos poderosos, y a despreciar, o al menos ignorar, a personas pobres y en situaciones desafortunadas…es…la más grande y universal causa de corrupción de nuestros sentimientos morales”.

Y este será un punto central para explorar esa otra parte fundamental del éxito o fracaso de una reforma tributaria bien intencionada y bien diseñada en el papel, y es su implementación en la práctica. Finalmente estará en ese ciudadano de la calle el exigir o no que se le cobre el debido IVA que en esta reforma se propone subir del 16% al 19%. Estará en las manos de quienes llenan esos formularios de la DIAN, sean asesores o contadores, que por instrucciones de los declarantes decidirán si quieren aportar de manera proporcional a sus capacidades y recibir de manera proporcional a sus necesidades.

Poco se ha discutido la dimensión de los sentimientos morales de una reforma tributaria y del papel que podrán jugar las normas sociales, esas que perpetúan o sancionan o premian los comportamientos tributarios que erosionan o sostienen el bien público. Esas normas sociales tributarias se construyen a través del espejo de la sociedad del que hablaba Adam Smith: “Del mismo modo, nuestros primeros juicios morales se refieren a la índole y conducta de los otros, y con gran desenvoltura observamos la manera cómo la una y la otra nos afectan. Pero pronto aprendemos que las demás gentes se toman iguales libertades respecto de nosotros. Ansiamos saber hasta qué punto merecemos su censura o bien su aplauso, y si ante ellas necesariamente aparecemos tan agradables o desagradables como ellas ante nosotros…..Tal es el único espejo con el que, en cierta medida, podemos a través de los ojos ajenos escudriñar la conveniencia de nuestra conducta.”


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Miércoles, 12 Octubre 2016 00:00

#ProfesoresPorUnAcuerdo

12 octubre, 2016
Por:

 

En Colombia la atención sigue volcada sobre la resolución de la incertidumbre en torno a las negociaciones de paz con las FARC. Luego de que el plebiscito no lograra convocar apoyo mayoritario al acuerdo, se mantiene un hasta ahora respetado cese al fuego–frágil porque su soporte formal se hundió junto con el Acuerdo–, y existe (“avanza” no parece un término adecuado) una mesa de conversación entre delegados del gobierno y otros de la campaña del NO para establecer un listado de puntos para ajustar. En ese contexto, son numerosos los sectores que alertan sobre el riesgo de una dilación potencialmente perenne de la discusión. Hoy se hizo pública una carta de académicos que, empezada a circular apenas el lunes, recogió en menos de 30 horas más de 1300 firmas de profesores universitarios pidiendo pronta arribada a acuerdo definitivo que cierre el conflicto.

Abajo pego el texto de la carta. Imagino que hay tantas razones para firmarla como firmantes. Pero reproduzco aquí algunas de las que han circulado en conversaciones con colegas y amigos: 1) Varios sectores políticos, más notablemente el Centro Democrático, promotor del No en el plebiscito, tienen mucho para ganar en las elecciones de 2018 si logran llegar a ellas con una agenda viva sobre el conflicto con las Farc y su resolución. Cerrada una salida negociada al conflicto, se quedan sin ese discurso.  2) Y otros se beneficiarían de simplemente nunca llevar a buen puerto estas negociaciones, ni antes ni después de 2018. 3) Claramente mediar entre las posiciones pre-existentes es difícil. Cuatro años de negociación y mucha “pedagogía de los acuerdos” no lo lograron. 4) Habida cuenta de lo anterior, es de esperar que la nueva fase se prolongue. Pero esto conlleva múltiples riesgos. Unos son para el proceso: que en el marasma de la falta de solución las FARC se vayan desintegrando y la base guerrillera se fracciones en grupitos armados; que una violación al cese al fuego de al traste con todo, que no haya forma de que los del No concreten propuestas y/o de que las Farc las acepten. Otros para otras dimensiones de la vida nacional: que la gobernabilidad se vea afectada y, por ejemplo, no se logre pasar la reforma tributaria que es indispensable en el contexto de crisis petrolera (hoy ya postergaron la publicación de la propuesta de reforma del gobierno!); que la incertidumbre sobre la paz pase la cuenta en términos de inversión, turismo, consumo.

Carta de 1300 (hasta ahora) profesores universitarios:

Los abajo firmantes profesores universitarios de diferentes disciplinas, universidades y regiones, nos unimos a las voces que subrayan lo imperioso de llegar con prontitud a un Acuerdo final para cerrar el conflicto con las FARC. Dilatar el proceso presenta enormes riesgos. Es fundamental definir con toda celeridad una agenda limitada de puntos a abrir para discusión, y un conjunto de propuestas concretas y viables para modificar el texto existente. Con un apretadísimo resultado en el plebiscito del pasado 2 de octubre, esa agenda debe atender las preocupaciones de los votantes del No, ganadores en la consulta, al tiempo que respetar la voz de los igualmente numerosos votantes del Sí, que apoyaron un texto que no puede revaluarse en su totalidad, y convocar a quienes no se pronunciaron en las urnas.

El resultado del plebiscito del domingo abre la oportunidad única de ajustar el Acuerdo existente de manera que convoque a una parte mayoritaria de la sociedad. Capitalizar esa oportunidad es un deber de todas las partes: las FARC, los representantes del No y los del Sí. El resultado del plebiscito no deja dudas y la movilización en las calles y en las redes sociales lo confirma: la sociedad demanda de todos ellos disposición para flexibilizar sus posiciones. Así lo reclaman los jóvenes, quienes nos han convocado a marchas y acciones para impulsar un pronto Acuerdo, y a quienes nos unimos decididamente.

La lista de firmantes se puede consultar aquí.

La Facultad de Economía quiere contribuir al diálogo respetuoso e informado para que decidamos mejor al votar el próximo 2 de octubre SÍ o NO con mayores y mejores elementos de juicio. A continuación reunimos una lista de documentos de investigación y textos disponibles en línea producidos por miembros de la Facultad sobre la violencia y el conflicto en Colombia: 

Título del proyecto Investigadores Áreas
Desplazamiento forzoso, participación laboral femenina y poder de negociación en el hogar: ¿Empodera el conflicto a las mujeres? Calderón, Valentina; Ana María Ibáñez, Margarita Gáfaro Trabajo, Política del conflicto, Mujeres, Víctimas
Stress and birth outcomes: evidence from terrorist attacks in Colombia Camacho, Adriana  Salud mental, Reparación integral
Firm Exit and Armed Conflict in Colombia Camacho, Adriana ; Catherine Rodríguez Proceso de paz
Características del Conflicto Armado  Camacho, Adriana ; Catherine Rodriguez Orgales, Román Andrés Zárate V. Economía política
Consecuencias de la aspersión aérea en la salud: evidencia desde el caso colombiano Camacho, Adriana ; Daniel Mejia Salud
Why Internal Conflict Deteriorates State Capacity? Evidence from Colombian Municipalities Eslava, Marcela ; Mauricio Cárdenas, Santiago Ramírez Teoría del Estado, Política del conflicto
Don't Make War, Make Elections. Franchise Extension and Violence in XIXth-Century Colombia Fergusson, Leopoldo & Juan F. Vargas La extensión del derecho al voto en Colombia (establecimiento del sufragio universal masculino) en 1853 redujo la violencia interna. La interpretación de los autores es que en esta instancia histórica una profundización de la democracia sirvió para desincentivar el uso de la violencia como mecanismo de solución de las disputas políticas.
Sunlight Disinfects? Free Media in Weak Democracies Fergusson, Leopoldo & Juan F. Vargas & Mauricio A. Vela La exposición de los políticos vinculados con paramilitares en los medios de comunicación nacional no tuvo un costo electoral significativo para los acusados. En cambio, estos políticos reorganizaron la distribución geográfica de su apoyo electoral, obteniendo más apoyo en zonas de alta presencia paramilitar y baja efectividad de las instituciones estatales. Los resultados son consistentes con un incremento en la coerción electoral en dichas zonas, con un costo directo sobre los votantes y costos indirectos al consolidar su exclusión política. Los resultados también resaltan la importancia de la complementariedad institucional: para construir una democracia efectiva no basta con que los medios nacionales sean activos, sino que el estado debe brindar instituciones eficientes en todo el territorio.
The environmental impact of civil conflict: The deforestation effect of paramilitary expansion in Colombia Fergusson, Leopoldo & Dario Romero & Juan F. Vargas La expansión de la violencia paramilitar exacerbó la tasa de deforestación en Colombia. Evidencia complementaria sugiere que el desplazamiento para explotar cultivos ilícitos, minería, y agricultura extensiva, son mecanismos probables detrás del efecto.
Conflict, Educational Attainment and Structural Transformation: La Violencia in Colombia Fergusson, Leopoldo & Ana María Ibáñez & Juan Felipe Riaño Individuos expuestos a La Violencia en Colombia completaron menos años de educación que aquellos no afectados por este episodio de violencia bipartidista. Además, tuvieron una menor probabilidad de emplearse en sectores económicos más productivos, retrasando en Colombia el proceso de cambio estructural típico del desarrollo.
The Need for Enemies Fergusson, Leopoldo & James A. Robinson & Ragnar Torvik & Juan F. Vargas En un modelo teórico, se muestra cómo los políticos percibidos como más hábiles para enfrentar el conflicto interno son quienes tienen más incentivos a impedir que éste acabe. Evidencia sugestiva sobre los ataques del gobierno a la guerrilla durante el gobierno de Álvaro Uribe es consistente con esta interpretación.
Políticas antidroga en Colombia: éxitos, fracasos y extravíos Gaviria, Alejandro ; Mejia, Daniel
Narcotráfico, Seguridad
El desplazamiento forzoso en Colombia: Un camino sin retorno hacia la pobreza Ibáñez, Ana María  Víctimas
The Economic and Social Consequences of Armed Conflict in Colombia: Evidence for Designing Effective Policies in Conflict and Post-Conflict Regions. Ibáñez, Ana María; Rodríguez, Catherine; Camacho, Adriana; Mejía, Daniel Política del conflicto, Economía
¿Cómo el desplazamiento forzado deteriora el bienestar de los hogares desplazados?: análisis y determinantes del bienestar en los municipios de recepción. Ibáñez, Ana María ; Moya, Andrés
Víctimas
The Journey to Safety: Country-Driven Migration Flows in Colombia Ibáñez, Ana María ; Geoffrey J. D. Hewings, Gianfranco Piras, Nancy Lozano-Gracia Seguridad, Víctimas
El proceso de identificación de víctimas de los conflictos civiles: una evaluación para la población desplazada en Colombia Ibáñez, Ana María; Andrea Velásquez Víctimas
Conflicto armado en Colombia y producción agrícola: ¿aprenden los pequeños productores a vivir en medio del conflicto? Ibáñez, Ana María ; María Alejandra Arias Campo, Economía política, Desarrollo
Agricultural Production Amid Conflict: The Effects of Shocks, Uncertainty, and Governance of Non-State Armed Actors Ibáñez, Ana María ; María Alejandra Arias, Andrés Zambrano Política del conflicto, Campo
Labor Market Effects of Migration-Related Supply Shocks: Evidence from Internal Refugees in Colombia Ibáñez, Ana María ; Valentina Calderón Trabajo, Víctimas
Desplazamiento forzoso, participación laboral femenina y poder de negociación en el hogar: ¿Empodera el conflicto a las mujeres?
Forced Migration, Female Labor Force Participation, and Intra-household Bargaining: Does Conflict Empower Women?
Ibáñez, Ana María ; Valentina Calderón, Margarita Gáfaro Mujeres, Trabajo, Víctimas
Adjusting the Labor Supply to Mitigate Violent Shocks: Evidence from Rural Colombia Ibáñez, Ana María ; Ximena Peña, Manuel Fernández Seguridad, Campo, Trabajo
Cocaine Production and Trafficking: what do we know? Mejía, Daniel ; Carlos Esteban Posada Seguridad, Narcotráfico
La microeconomía de la producción y el tráfico de cocaína en Colombia Mejía, Daniel ; Daniel Mauricio Rico Seguridad, Narcotráfico
The war against drug producers . Mejía, Daniel ; Herschel I. Grossman Seguridad, Narcotráfico
¿Pueden la violencia y los trastornos mentales condenar a la población desplazada a una situación de pobreza crónica? Moya, Andrés  Salud, Desarrollo
Do Conflicts Create Poverty Traps? Asset Losses and Recovery for Displaced Households in Colombia. Moya, Andrés ; Ana María Ibáñez Víctimas, Desarrollo
Why Internal Conflict Deteriorates State Capacity? Evidence from Colombian Municipalities Ramírez, Santiago ; Marcela Eslava, Mauricio Cárdenas Política del conflicto, Teoría del estado 
Costos económicos y sociales del conflicto en Colombia ¿Cómo construir un posconflicto sostenible? Rodriguez, Catherine ; María Alejandra Arias, Adriana Camacho, Ana María Ibáñez, Daniel Mejía (Compiladores) Construcción de paz, Economía política
Kidnaps and Migration: Evidence from Colombia Villa, Edgar ; Catherine Rodríguez Víctimas
Martes, 06 Septiembre 2016 00:00

Sobre los costos del conflicto


Por Blogoeconomia · 06 de Septiembre de 2016

La semana pasada circuló en la Facultad de Economía de la Universidad de Los Andes, en la que somos profesores quienes escribimos este blog, un listado de preguntas que varios estudiantes formularon con respecto al acuerdo Farc-gobierno. Son preguntas lúcidas e importantes que compartimos muchos colombianos. En este post recopilamos evidencia surgida de investigaciones conducidas en la Facultad durante años, que ayuda a responder algunas de esas preguntas: las que se refieren a los beneficios esperados de lo acordado. Esperamos aportar así al proceso de reflexión en que estamos, o deberíamos estar, inmersos los colombianos, ahora que nos aprestamos a depositar nuestro voto de apoyo o rechazo a lo pactado. Quedan muchas otras preguntas por responder, incluyendo algunas de las que pueden ser objeto de cuantificaciones, pero nos limitamos aquí a aquello para lo que los estudios de la Facultad han arrojado ya algunas luces.

La historia de costos humanos y económicos del conflicto da una medida de lo que el país tiene por ganar a futuro si logra frenar la violencia que se ha asociado al conflicto, un logro al que una implementación efectiva del acuerdo debería contribuir de manera significativa. Las cifras gruesas son bien conocidas: cada año, los muertos directamente atribuibles al conflicto se cuentan en miles y los desplazados en cientos de miles; cientos de personas resultan muertas o mutiladas por minas antipersona; y miles de mujeres son víctimas de violencia de índole sexual asociada al conflicto, muchas de ellas obligadas a abortar o usar anticonceptivos en contra de su voluntad. Lo que se conoce con menos contundencia son las cifras sobre ramificaciones igualmente dramáticas de esos impactos directos. Dividiremos este resumen en al menos dos entregas: una sobre investigaciones que miden esas ramificaciones en aspectos sociales, y otra sobre las que las miden en la dimensión productiva. Hoy publicamos la entrega 1.

Entrega 1: algunos costos sociales del conflicto

El drama humano y social derivado del conflicto se extiende mucho más allá del evento de desplazamiento, mutilación, o pérdida de un familiar, y alcanza también a quienes no son víctimas directas. Los estudios de Ana María Ibáñez y Andrés Moya cuantifican las severas consecuencias socioeconómicas del desplazamiento, que con frecuencia condena a las víctimas a una situación de pobreza crónica. Una familia desplazada se ha visto obligada a abandonar su principal activo productivo, la tierra, y sus miembros, con habilidades y experiencia en lo agrícola, experimentan dificultades para insertarse en los mercados laborales urbanos.  Esto se traduce en una reducción del ingreso de aproximadamente 50%, y una correspondiente caída en el consumo de 30 por ciento. La consecuencia frecuente es la pobreza: aún las cifras más conservadoras, las de la Unidad de Víctimas, ponen al 63 por ciento de la población desplazada por debajo de la línea de pobreza y al 30 por ciento en situación de pobreza extrema. Eso en un contexto en que la población desplazada supera los seis millones de personas, casi tres de cada veinte colombianos.

Las heridas psicológicas de la violencia y el desplazamiento son otra de las consecuencias desgarradoras del conflicto. Una cifra es reveladora: la tasa de prevalencia de síntomas críticos de depresión alcanza el 38% entre la población desplazada, casi cuatro veces el promedio nacional (Encuesta Nacional de Salud Mental, 2015). Las investigaciones de Andrés Moya revelan que estas heridas psicológicas también tienen graves consecuencias socioeconómicas: la exposición a este tipo de eventos erosiona el desarrollo de habilidades socio-emocionales y cognitivos en jóvenes y niños, afectando sus decisiones económicas. Los estudios muestran que, al preguntar a una víctima directa del conflicto por su expectativa sobre su futuro económico en un horizonte de un año, la probabilidad de que ésta responda que su expectativa es ser pobre duplica la probabilidad de que una no víctima espere ser pobre. Esta desesperanza desestimula la toma de decisiones potencialmente rentables pero riesgosas, como el emprendimiento.

Los efectos de largo plazo del conflicto se extienden también a través de graves afectaciones al capital humano desde la temprana infancia y la juventud, incluso para niños que no han sido víctimas directas, o que ni siquiera han nacido. Un estudio de Adriana Camacho reveló que el estrés generado por la explosión de minas antipersona en su municipio de residencia afecta a mujeres en su primer trimestre de embarazo, reduciendo el peso al nacer de los bebés fruto de esos embarazos. En promedio, los niños nacidos en esos municipios dos trimestres luego de la explosión pesan ocho gramos menos que los bebés en municipios similares pero sin afectación directa de minas antipersona. El peso al nacer es una señal probada de la salud presente y futura del individuo, y los estimados de los que se dispone indican que esos ocho gramos perdidos corresponden a un incremento de la mortalidad neonatal de 0.38 por ciento y de la mortalidad infantil de 0.67, lo que corresponde a dos muertes adicionales al año de neonatos e infantes, atribuibles a las minas antipersona.

La exposición al conflicto conlleva también deserción escolar y trabajo infantil. Fabio Sánchez y Catherine Rodríguez han estimado que, en ausencia de violencia asociada al conflicto, los niños de áreas afectadas por el conflicto habrían alcanzado un año más de educación. El estimado sube a casi dos años cuando se enfocan en adolescentes. Un efecto muy significativo, correspondiente a casi 20% del nivel de educación que alcanzaron de manera efectiva.  Ana María Ibáñez, Leopoldo Fergusson y Juan Felipe Riaño obtienen resultados cualitativos similares estudiando los efectos de “La Violencia” sobre la educación de los niños en municipios afectados. Pero, los efectos que encuentran son más débiles, del orden del 6% del nivel de educación usual (por oposición al 20%). Aunque diferencias en los enfoques metodológicos hacen imprecisa la comparación de las dos magnitudes, una hipótesis razonable es que la afectación más generalizada y duradera del conflicto de los últimos cincuenta años implique un efecto aún mayor sobre la educación de los niños que el observado en otros episodios violentos de la historia.

La larga duración y la extensión del conflicto colombiano en todo el territorio nacional hace que estas consecuencias se extiendan a una parte muy importante de la población. Todas afectan de manera grave directa la calidad de vida de las personas, y le suman a esas afectaciones otras indirectas e igualmente graves a través de la capacidad de generación de ingresos autónomos. La próxima entrega de este post revisará cuantificaciones de esos impactos económicos derivados desde la perspectiva del sector productivo. Por supuesto, ni la firma ni la aprobación popular, ni siquiera la efectiva implementación del acuerdo hacen que el conflicto y sus costos desaparezcan como por arte de magia. Conocer los costos del conflicto nos da una idea de los beneficios potenciales de llegar a la paz. Otros elementos de juicio serán necesarios para que cada quien estime cuánto de ese camino se puede recorrer aprobando los acuerdos de la Habana. 

Por Marcela Eslava, con insumos y ayuda proveídos por Diego Amador, Leopoldo Fergusson, Ana María Ibáñez, Jorge Higinio Maldonado, Andrés Moya y Hernando Zuleta.

El resumen de arriba se refiere a los siguientes estudios (algunos con link a sus versiones de documento de trabajo):

Camacho, Adriana. 2008."  American Economic Review p&p 98(2)pp. 511-15.DOI:10.1257/aer.98.2.511

Fergusson, Leopoldo, Ana María Ibáñez y Juan Felipe Riaño (2015) Documento CEDE 2015-35

Carter, Michael y Andrés Moya. . NBER Working Paper No. 20463.

Ibáñez, and A. Moya (2009). “Vulnerability of Victims of Civil Conflict: Empirical Evidence for the Displaced Population in Colombia”. World Development 38(4): 647-663.

Ibáñez, A.M., and Moya, A. (2007). “¿Cómo deteriora el desplazamiento forzado el bienestar de los hogares desplazados: Análisis y determinantes de bienestar en los municipios de recepción”, Coyuntura Social, 37:

29-62. Moya, A.

Rodríguez, Catherine   y Fabio Sánchez, 2012. "," Defence and Peace Economics, Taylor & Francis Journals, vol. 23(2), pages 161-184, April.

 

Ver artículo y otros comentarios en http://lasillavacia.com/blogs/sobre-los-costos-del-conflicto-57831

por Andrés Álvarez ()

Aunque es difícil de definir exhaustivamente lo que es un régimen monetario, se puede decir que está al menos compuesto de cuatro cosas importantes: un objetivo misional, unas metas acordes a este objetivo misional, un conjunto de instrumentos compatibles con estas metas y que permitan alcanzarlas y unos indicadores que deben observarse para evaluar el desempeño y la validez de las políticas. Un régimen monetario es entonces una forma compleja de implementación de un ideal de política. Una forma de Utopía llevada a la práctica, generalmente de buena fe. Una Utopía que surge de un consenso entre autoridades monetarias, actores económicos locales, gobiernos y actores económicos externos. Un régimen monetario tiene entonces la forma de un equilibrio político con una fachada científica, técnica. Pero lo político nunca está muy lejos. Tampoco el hecho de que sea un equilibrio político se puede pensar como una mancha que enturbia la pulcritud de la idea técnica, científica. 

Precisamente el gran valor de la estabilidad monetaria lograda, en términos generales, por Colombia, a lo largo de casi un siglo, ha sido uno de los mayores reflejos de un atisbo de madurez política del país. De un país que en otros aspectos es un infante político. Un niño malcriado que arregla a patadas sus grandes problemas políticos. Pero detrás de esta, a grandes rasgos, estabilidad monetaria del país no se puede olvidar que ha habido una sucesión de cambios de régimen monetario.

Desde la adopción del Patrón Oro al momento de la creación del Banco de la República (1923), hasta la más reciente consolidación de un modelo de inflación objetivo. Hemos tenido de todo. La historia monetaria de un país es precisamente la historia de la sucesión de regímenes monetarios. Es decir, la historia de la forma en que de un equilibrio político ideado con rigor tecnócrata se pasa a otro equilibrio político con una nueva convicción tecnocrática. Un régimen monetario se implementa como una forma de equilibrar las fuerzas económicas y políticas de los ganadores y perdedores de la política monetaria. Se trata de un consenso donde unos y otros sacrifican algo para amarrarse al mástil evitando que cada uno, sabiéndose sirena, hale para su propio lado y termine en un naufragio colectivo. 

Pero, después de que se escoge un nuevo rumbo para el barco, en medio de la turbulencia, sabemos que la ruta escogida tendrá sus propios agites. La “economía política” es ese mar que se agita al vaivén de nuevos ganadores y perdedores. De resultados inesperados del modelo ideado. Cuando la turbulencia vuelve a ganarle a la calma el régimen monetario tambalea y se desamarra cada quien de su mástil y un nuevo equilibrio se debe encontrar antes del naufragio.

Hoy las turbulencias de las economías desarrolladas muestran que el equilibrio de los regímenes vigentes piloteados por el Banco Central Europeo y la Reserva Federal de Estados Unidos están sometidos a choques desequilibrantes. La cada vez menos exótica y más necesaria idea de las política de “lanzar dinero desde un helicóptero” (http://voxeu.org/article/helicopter-money-views-leading-economists). 

Que, dicho más técnicamente, en el contexto actual, se refiere a violar el tabú de financiar el gasto público con emisión monetaria primaria. La ortodoxia monetaria se persigna y se encomienda a todos los santos. Pero, cada vez parece sentirse más sola amarrada a su mástil. 

En Colombia no estamos en medio de tales turbulencias, pero empezamos a sentir cada vez las olas más grandes y los vientos más fuertes. El modelo de inflación objetivo, como me sopló un colega, es una mar tranquilo hasta que un choque externo a la tasa de cambio empieza a recordarnos dolorosamente que también hay ganadores y perdedores. El Banco de la República lleva varios meses golpeando en la mesa con su puño para calmar los ánimos de las expectativas descarriadas.

Pero la dosis de una tasa de interés cada día más alta parece que empezó a enfermar a varios pacientes. El equilibrio político entre el Gobierno y el Banco cada día se ve más al borde de la ruptura y los instrumentos de política tan limitados que tiene el régimen actual de inflación objetivo no ofrecen mucha alternativa a los puñetazos en la mesa del emisor.

Es tiempo entonces de contribuir desde todos los actores, y especialmente desde la academia y la tecnocracia, a una discusión sobre lo hasta hoy indiscutible. ¿Estaremos necesitando más que un ajuste fino al régimen monetario actual? La verdad mi pregunta no tiene nada de original. Lo mismo se está preguntando hasta uno de los guardianes del tabú: http://www.frbsf.org/economic-research/publications/economic-letter/2016/august/monetary-policy-and-low-r-star-natural-rate-of-interest/ … 

Ver otros comentarios en http://lasillavacia.com/blogs/discutamos-lo-indiscutible-un-nuevo-regimen-monetario-57682

 

Opinión
POR:
Ana María Ibáñez Londoño
junio 29 de 2016
 
 

Colombia está cerca de firmar el acuerdo de paz con las Farc. Tras 52 años de guerra ininterrumpida, el grupo guerrillero más grande y antiguo de Colombia dejará las armas y decidió tramitar sus diferencias por la vía política. Es una noticia esperanzadora, no hay duda alguna. Pero es el primer paso para iniciar una transformación del país que tomará décadas. Es entonces el momento de trabajar después de celebrar. Incumplir el acuerdo puede generar, en el mejor de los casos, frustraciones y en el peor, la reanudación de ciclos de violencia.

Quiero concentrarme en el acuerdo agrario. Los compromisos del acuerdo ‘Hacia un nuevo campo colombiano: una reforma rural integral’ son ambiciosos. Tres son los grandes objetivos: mejorar el acceso a la tierra de la población rural y fortalecer los derechos de propiedad de la tierra; emprender programas de desarrollo rural para incrementar la productividad agropecuaria y reducir la pobreza rural. Todos los objetivos son deseables y su aplicación podría no solo reducir la pobreza rural, sino promover un crecimiento de la producción agropecuaria del país.

El Censo Nacional Agropecuario realizado en el 2013 muestra un panorama desolador. Por un lado, los índices de pobreza rural multidimensional alcanzan un 45,6 por ciento, es decir, que de cada dos personas en las áreas rurales del país una es pobre. La dispersión de los índices de pobreza es además enorme.

El municipio con menor pobreza es Cajicá (Cundinamarca), con un índice de 1,5 por ciento; mientras en El Tarra (Norte de Santander), municipio con los mayores índices, es 92,6 por ciento. Por otro lado, el poco acceso a bienes públicos productivos e insumos de los productores agropecuarios deriva en baja producción y baja productividad.

Mejores prácticas

Colombia tiene 2,7 millones de productores agropecuarios, de los cuales el 27 por ciento vive en sus predios (724.000). Solo un 16,6 por ciento tiene acceso a maquinaria, 16,8 por ciento a construcciones productivas, 18,1 por ciento a sistemas de riego, 10 por ciento a asistencia técnica y un poco menos de 10 por ciento tiene crédito financiero.

Muchos de estos bienes e insumos están concentrados en los grandes propietarios, pese a que los medianos y pequeños son los principales productores del país. Ocho millones cuatrocientas mil hectáreas están dedicadas al uso agrícola, de las cuales cinco millones (59,5 por ciento) están explotadas por los productores tradicionales y 3,4 millones están destinadas a uso agroindustrial. Un 40 por ciento del área cosechada está en predios de menos de 50 hectáreas y generan más del 43 por ciento de la producción agrícola.

Las cifras son contundentes. Es impostergable dar prioridad a las regiones rurales del país e impulsar una mejor política agropecuaria. Pero la historia también es contundente. Estos problemas no son nuevos ni surgieron durante el conflicto actual.
Son el resultado de décadas de incapacidad del Estado y falta de voluntad política. Poner en marcha el acuerdo agrario debe partir del realismo y no de la grandilocuencia de las declaraciones políticas.

Las políticas y programas que emanarán del acuerdo deben priorizar temas y el alcance geográfico para ser alcanzables.

Las prioridades

A nivel nacional, es importante enfocarse en tres prioridades. Primero, Colombia necesita un catastro actualizado y en interfase con las bases de datos de la Superintendecia de Notariado y Registro. Esto es fundamental para proteger los derechos de propiedad de la tierra.

Segundo, si bien en la actualidad el impuesto predial grava la propiedad de la tierra, en muchas regiones este es irrisorio y no incentiva la explotación eficiente de la tierra.
Aumentar las tasas prediales de la propiedad rural y la capacidad de recaudo de los municipios debería ser impulsado por el Gobierno Nacional.

Tercero, pero no menos importante, se deben fortalecer las instituciones que protegen los derechos de propiedad de la tierra y promover la formalización de predios y la restitución de las tierras de la población desplazada. Estas tres tareas no son menores.
Tomarán años.

Aplicar los programas de desarrollo rural integral y de reducción de la pobreza en todo el territorio es una utopía. El Estado no tiene la capacidad para hacerlo. Se deben priorizar los municipios de intervención y aplicar programas de desarrollo rural ambiciosos y bien diseñados. Esto implicará un trabajo conjunto con las autoridades locales, las organizaciones civiles y los movimientos políticos de estos municipios, incluido el partido político que resulte de la desmovilización de las Farc.

Para alcanzar estos objetivos ambiciosos, se requieren instituciones agrícolas sólidas, no capturadas por los intereses políticos, y con una visión de Estado. Y en este punto, falta voluntad política. El Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural y sus entidades adscritas no pueden continuar siendo un fortín político y clientelista cuyas políticas se modifican al vaivén de los intereses políticos del ministro en ejercicio. Su función tras los acuerdos de La Habana será crucial. El Ministerio debe contar con una tecnocracia sólida que diseñe políticas de Estado que transciendan los intereses políticos y eviten que el presupuesto se defina bajo criterios clientelistas.

La firma de los acuerdos de paz da motivos para la esperanza. Convertir esa esperanza en realidad tomará voluntad política, pragmatismo y mucha disciplina. Vale la pena hacerlo.

Ana María Ibáñez
Decana de Economía Universidad de los Andes

Martes, 07 de junio de 2016 11:44

Por: Leopoldo Fergusson
PhD en Economía del MIT y profesor de la Universidad de los Andes

 

¿Qué es lo que el ciudadano colombiano debería saber y entender acerca del conflicto armado?

En general, el conflicto colombiano se destaca por la asimetría con la que ha afectado a diferentes sectores de la sociedad. Esto constituye una amenaza a la construcción de paz porque, para muchos ciudadanos, la realidad de los protagonistas directos del conflicto (a saber, cada uno de los bandos en disputa y las víctimas directas) es una realidad lejana y conocida sólo de segunda mano, intermediada por el discurso de políticos y medios de comunicación. La realidad está entonces distorsionada por el discurso político, y simplificada por el afán diario.

Por eso, más allá de conocer la historia y orígenes políticos de nuestro país (que también conviene conocer), lo que más hace falta que conozca el ciudadano colombiano, urbano, afectado sólo a destajo por el conflicto, es el testimonio de estos protagonistas directos del conflicto. Sólo así podrían evitarse las nociones simplistas del conflicto que poco contribuyen a una posible reconciliación. Por ejemplo, la noción de que narcotráfico y guerrilla son una misma cosa (interactúan, pero una cosa es Fritanga y otra Marulanda); que guerrilleros y paramilitares son lo mismo; que el ejército son sólo héroes y los rebeldes sólo villanos; que la gasolina del conflicto ha sido sólo la ambición y afán de poder de la Colombia que está por fuera del establecimiento y no, también, la ambición y afán de poder del establecimiento; entre otros. 

Siempre insisto en que en Colombia nos hemos equivocado dos veces con el conflicto. Por mucho tiempo, a la sociedad se le fue la mano en justificarlo. Después, se le ha ido la mano en simplificarlo. Lo primero contribuyó a su surgimiento y consolidación. Lo segundo, ha dificultado terminarlo. Pero luchar contra esta tendencia no es fácil porque la gente encuentra mucha tranquilidad en las explicaciones simples. El problema con esas explicaciones es que son falsas o en el mejor de los casos incompletas.

¿Qué es lo que el ciudadano colombiano debería saber y entender acerca de lo que cambiará en el país (y lo que no) si se firma un acuerdo entre el gobierno y las Farc, y eventualmente con el Eln?

Hay un énfasis completamente equivocado en que el colombiano debe conocer el dividendo económico de la paz: la noción de que una firma presumiblemente transformará al país en uno que crecerá a tasas más elevadas y donde la inversión militar se sustituirá por inversión social. Por supuesto que, en el largo plazo, sólo un país sin conflicto interno puede ser verdaderamente próspero e incluyente.

Pero como queda bien demostrado por la historia colombiana, un país en conflicto puede ser razonablemente próspero para muchos, y tremendamente rentable para unos pocos. Precisamente porque el país se ha acostumbrado a vivir en conflicto y, más aún, muchos grupos sociales se benefician de este y del control de la guerrilla y demás grupos rebeldes a través de la contención armada en lugar de la negociación política, bien podría ser el caso que la firma de un acuerdo, más que un dividendo, genere un costo en crecimiento económico. Los cálculos de los economistas sobre el dividendo sólo contemplan resultados posibles bajo un escenario, con poca consideración sobre escenarios alternativos menos prometedores para el crecimiento en el corto plazo.

Además, una firma de un acuerdo con las Farc (aunque se sume el Eln) no es garantía del fin del conflicto, ni de la transformación del país. Ahora, si dicha negociación en efecto se convierte en una coyuntura crítica que transforma al país y sus instituciones, entonces precisamente los escenarios alternativos a los que hacía referencia se vuelven más probables. Por ejemplo, muchos grupos de interés que hoy se benefician del status quo perderán su confianza en el país (o al menos esperarán a ver qué pasa con esos cambios). Otro ejemplo: si dicha transformación de fondo se da, se habrá pactado con la izquierda extrema y armada colombiana. Pero no con la extrema derecha (más amorfa, amalgamada con la legalidad, y solapada que la extrema izquierda), que tendría que caber dentro de una Colombia cambiada si se espera que la paz sea duradera.

Aunque a la larga positivo si se construye un país más incluyente, más que un dividendo de la paz, hay que pagar un costo de la paz como una inversión a largo plazo. Así, el colombiano tendría que saber que la firma es sólo un comienzo. Que si la paz se va a lograr, puede costar mucho y requiere cambios fundamentales en el país.

¿Cómo podemos comunicar de manera realista y documentada los retos del posconflicto colombiano?

Los académicos podemos intentar cambiar algunas mentes. Pero nuestro alcance es limitado. Máximo podemos aspirar a llegar a la mente e imaginación de artistas (escritores, cineastas, cantantes, humoristas), otros líderes (políticos, líderes sociales, periodistas), y medios de comunicación, que son los que realmente pueden comunicar a una escala que pueda hacer alguna diferencia. Nuestros artículos, incluido este, no tienen un impacto directo masivo socialmente, excepto si son recogidos por personas que ayudan a moldear la cultura colectiva.

Viernes, 01 Abril 2016 00:00

Cuando la suerte cambió

| Por Blogoeconomia

Por Marc Hofstetter

Twitter:

Hay dos resultados macroeconómicos que están frescos en la mente de los colombianos por su contraste con lo números a los que estábamos acostumbrados: la inflación y la tasa de cambio. Para la primera, llevábamos un lustro con variaciones en precios de cerca de 3% anual; para la segunda, nos habíamos habituado a una tasa de cambio frente al dólar que se mantenía tercamente por debajo de los 2000 pesos por dólar. Esos dos referentes se han roto: la tasa de cambio lleva meses por encima de los 3000 y la inflación ronda el 8%. ¿Cómo pudo haber ocurrido esto? ¿Nuestros pares en la región andan en las mismas?

Para entender cómo llegamos aquí hay que devolverse a mediados de 2014 cuando se acabó la fiesta en el mundo emergente. Los precios de las materias primas que en muchos de estos países son el motor de las exportaciones y que se habían mantenido por varios años en niveles muy altos, empezaron a desinflarse. Por ejemplo, el precio del petróleo que deambulaba por encima de los 100 dólares por barril alcanzó recientemente precios por debajo de los 30 dólares:

La caída en los precios puso en aprietos a las naciones emergentes. Sus exportaciones cayeron, sus monedas en otrora fuertes tendieron a debilitarse presionando la inflación al alza, vía mayores precios de los bienes importados, y las finanzas públicas se deterioraron a la par con los déficits externos.

Cuando los vientos económicos cambian el primer bombero es siempre el Banco Central. Si uno compara la reacción del Banco de la República con la de otros pares en la región tras el cambio en los vientos, encuentra que el nuestro ha optado por una estrategia muy diferente y que, casualidad o no, los resultados en el frente inflacionario han sido mucho peores. La comparación que sigue la hago sobre los cuatro países grandes de América Latina cuyos bancos centrales tienen metas de inflación y que tenían antes del golpe un record reciente impecable de cumplimiento de esas metas: Chile, Colombia, México y Perú.

En tasa de cambio reporto en el siguiente gráfico su evolución desde mediados de 2014. Lo hago en términos reales (es decir, ponderando las monedas de los socios comerciales y controlando por la inflación relativa correspondiente). El ajuste colombiano ha sido marcadamente más fuerte. Nuestra depreciación real se acerca al 60%; en México, que tiene una renta petrolera relativa al tamaño de la economía similar a la nuestra, no llega al 30% mientras que en Chile y Perú apenas ha habido ajuste cambiario real.

El Banrep ha dejado que la tasa de cambio sirva de amortiguador. Dicho de otra manera, no ha intervenido en el mercado cambiario sino que ha delegado al mercado la determinación del tamaño del ajuste. Habría podido atenuar, o intentar atenuar, la caída de la tasa de cambio vendiendo reservas internacionales. Lo que muestra el siguiente gráfico es que esa ruta es la que siguieron nuestros pares. A diciembre de 2015, su senda de reservas es en promedio 8% menor a la nuestra (comparada con la de julio de 2014). Eso, traducido al caso colombiano, habría correspondido a haber vendido cerca de 3.700 millones de dólares desde mediados de 2014.

Sin embargo, si bien el Banrep no vendió ni un dólar de las reservas internacionales, no se quedó cruzado de brazos. Su reacción ha sido subir las tasas de intervención en un intento por enfriar la demanda y controlar la inflación (en parte empujada por la devaluación). Fuimos los primeros en subir las tasas y, con distancia, los que más lo hemos hecho. Hasta febrero, nuestros incrementos desde mediados de 2014 suman 2 puntos; los mexicanos y peruanos la han subido menos de la mitad que nosotros y los chilenos de hecho la han reducido:

Hasta aquí, tres hechos: nos hemos devaluado más, subido más la tasa de intervención y no hemos vendido reservas. Queda la prueba ácida de cómo nos ha ido con la inflación a partir del meridiano de 2014. Allí las noticias no son buenas. Comparado con julio de 2014 la inflación colombiana ha crecido en casi 5 puntos porcentuales. En México ha caído, en Chile se ha mantenido estable y en Perú apenas ha subido un poco más de un punto porcentual.

Uno puede sumar los hechos descritos y contar una historia poco halagadora sobre el acierto en nuestra reacción a la caída en los precios de las materias primas: al caer el poder de compra de nuestras exportaciones primarias optamos por dejar que el amortiguador cambiario operara con total flexibilidad y escogimos lidiar con el golpe subiendo tasas de interés. Nuestros pares optaron por lidiar con el golpe vendiendo reservas. El amortiguador cambiario, operando en total libertad, funcionó haciendo saltar la tasa de cambio real en más de 60% pero en el camino la mayor devaluación se traspasó a la inflación que se trepó casi cinco puntos en Colombia y casi nada en el resto de países. Este balance sugiere que nos equivocamos.

Pero como suele ocurrir en macroeconomía, hay otras historias posibles y hay atenuantes. En el frente de los atenuantes hay al menos tres de primer orden. El primero, que el déficit externo colombiano es el más alto de la región y por tanto haber dejado operar el amortiguador cambiario tenía más sentido que en otros países donde no es tan prioritario cerrar esa brecha. El segundo, es que la dependencia de las exportaciones primarias y la caída relativa de los precios de las exportaciones no son iguales en todos los países: el golpe recibido no fue repartido con equidad. El tercero, es que una parte de nuestro salto inflacionario no es consecuencia de la devaluación sino de El Niño. Y en el frente de otras historias, una que salta a la vista tiene que ver con el perene debate sobre la efectividad de las intervenciones cambiarias: ¿haber vendido reservas como lo hicieron nuestros pares habría atenuado la depreciación y por tanto la inflación?

Estamos produciendo muy poca investigación en macroeconomía por fuera del Banrep. Ojala aprovechemos estos tiempos difíciles, que son un terreno fértil para la investigación del área, para cambiar esa tendencia. Necesitamos un mejor debate en general y, en particular, elementos de juicio más formales sobre cuál es la historia que mejor explica la divergencia de Colombia respecto a Perú, Chile y México tanto en la evolución de sus variables y los golpes recibidos como en las respuestas de política monetaria. Como escribe un colega del Banrep, necesitamos “más papers, menos tweets”. Especialmente en macroeconomía.

Martes, 01 Marzo 2016 00:00

Un Estado feliz

Por: Blogoeconomia, Dom, 2016-02-28 19:39

Por Leopoldo Fergusson (@LeopoldoTweets)

El Estado está de moda. Cada vez se reconoce más su importancia para promover el desarrollo económico y social. En Colombia, con el proceso de paz, mucho se ha dicho sobre su debilidad persistente y su desigual presencia en el territorio: hay que llevarlo donde nunca ha llegado, se insiste. Pero con el Estado sucede como con las familias, según la conocida máxima de Ana Karenina: las felices son todas iguales, pero toda familia infeliz es infeliz a su manera.

Y es que las familias, como el Estado, tienen muchas dimensiones. Para que sean felices todo tiene que andar bien, pero la desdicha se puede conseguir arruinando cualquier combinación de factores. Esta dura realidad tiene un agravante que quiero ilustrar en esta entrada: cuando no todo anda bien, quienes se benefician (y son muchos) de un Estado débil, tienen más de una herramienta para perpetuar la incapacidad estatal.

Primero, una aclaración. Cuando hablo de Estado fuerte, quiero decir consensualmente fuerte. El dilema fundamental de la capacidad estatal es que cuando un Estado es suficientemente poderoso como para hacer bien su tarea, también puede serlo para hacer daño. Por eso hay que controlarlo. Para eso están las leyes que limitan lo que los estados pueden hacer. O la separación de poderes. O la democracia, con sus espacios de representación y participación. Este control y la capacidad estatal pueden ser complementos: porque lo controlan, los ciudadanos le dan más poder al Estado (pagando impuestos, respetando su monopolio del uso de la fuerza, cumpliendo las normas).

Pero el caso colombiano sugiere que el asunto no es tan sencillo. Cuando hay democracia, pero otras dimensiones funcionan mal, ni siquiera esta forma de control por excelencia ayuda inequívocamente en la construcción de Estado. Veámoslo con tres ejemplos sobre el funcionamiento de la democracia en presencia de conflicto interno.

Recuerde el escándalo de la parapolítica. La parapolítica nos mostró que pese a las enormes dificultades, la prensa expone a los políticos envueltos en tratos con grupos ilegales. Thomas Jefferson, un optimista, creía que con esto basta para que la democracia funcione: “Donde la prensa es libre”, escribió, “todo está a salvo”. No necesariamente. Se necesitan, en realidad, todas las dimensiones de un Estado capaz. De lo contrario, la respuesta estratégica de quienes se benefician del Estado débil no tarda en aparecer. Los parapolíticos expuestos en la prensa no pagaron un costo electoral. Simplemente parecen haber compensado la exposición en medios con coerción, obteniendo votos adicionales en los lugares donde podían manipular más fácilmente al electorado.

Otro ejemplo. Imagine un país con elecciones y conflicto interno. Imagine un político ampliamente reconocido como el más apto para vencer a los rebeldes. Ahora imagine que a este político le importa el poder. Como el mecánico que en realidad no quiere arreglar de una vez por todas el radiador de su carro, este político no quiere resolver de una vez por todas el conflicto interno. Si lo hace, pierde su ventaja electoral, como el mecánico que se queda sin trabajo. Este problema del “amor a los enemigos” no ha pasado desapercibido por los analistas en Colombia.

Finalmente, piense en la experiencia con la elección popular de alcaldes. Esta reforma, en la dirección de mayor democracia, permitió que partidos que habían quedado por fuera durante el Frente Nacional y su prolongación consuetudinaria llegaran al poder local. Entre ellos se destacan algunos movimientos de izquierda que nunca formaron parte de los partidos tradicionales. En un trabajo apenas en desarrollo (por lo que les quedo debiendo el enlace) encontramos que donde llegó la izquierda al poder se observaron en promedio 4.5 ataques anuales adicionales por habitante cada año. En las siguientes elecciones, la izquierda no sólo típicamente no volvió al poder en estos lugares sino que el porcentaje de apoyo que recibió se redujo sustancialmente. El poder de facto representado por la violencia paramilitar contrarrestó lo que la izquierda obtuvo por medios institucionales. De nuevo, la respuesta estratégica facilitada por la incapacidad estatal en alguna de sus dimensiones.  

Frente a esto vale preguntarse cómo hacemos para construir Estado. Lo que está claro es que debe ser un esfuerzo exhaustivo, que ataque todas las dimensiones de un Estado: su capacidad legal, burocrática, fiscal, militar. El principio de Ana Karenina, y el caso de los alegremente llamados falsos positivos, así lo indican. Con los falsos positivos, quedó claro que cuando se hacen grandes esfuerzos por la construcción de Estado poniendo énfasis en una sola dimensión, los resultados no sólo no son efectivos sino contraproducentes. No es consensualmente fuerte un Estado si sus agentes asesinan a miles de civiles inocentes para sacar algún provecho personal. Ni se fortalecen las instituciones cuando para obtener esos beneficios hay que exacerbar la corrupción de la justicia para “legalizar al muerto”.

Mis ejemplos ilustran las dificultades de construcción de Estado en presencia de conflicto. Pero hay otra realidad típicamente colombiana, que constituye también un reto: el clientelismo, o eso de intercambiar votos por beneficios particulares. A los políticos clientelistas no les conviene que el Estado se vuelva muy bueno en su tarea esencial de proveer bienes públicos, porque atenta contra su ventaja comparativa que es entregar más bien beneficios a cuenta gotas a electores estratégicos. Así que la paz, si es efectiva, puede abrir oportunidades de construcción de Estado. Pero si el clientelismo impera, tenemos todavía más barreras que superar.

Termino con una anécdota y una preocupación. El pasado miércoles, el Presidente y su Alto Comisionado visitaron la Universidad de los Andes para hablar con los profesores sobre el proceso de paz. Sobre todo, querían que desde la Universidad contribuyamos a los retos que seguirán a una posible firma con las Farc. Pero el Presidente, que llegó a pedir ayuda, también se fue con peticiones. Una profesora le dijo que para ayudar habría que fortalecer Colciencias. Otra preguntó cómo podía poner a sus estudiantes a contribuir pero, también, cómo apoyaría el gobierno esa ayuda (i.e. el CVY). Y un tercero se quejó de un posible aumento en impuestos: “escúlquenle bien a las Farc, y que no vaya a ser que los contribuyentes financien la paz,” dijo más o menos. No disputo que Colciencias necesita plata, que los programas del gobierno deben facilitar nuestra ayuda, y que las Farc tienen que poner fondos. Pero la actitud pedigüeña, y los aplausos de mis colegas, me dio una mezcla de vergüenza y desilusión. Vergüenza porque este era un momento a la Kennedy de “No preguntes lo que tu país puede hacer por ti, sino…”. Y desilusión porque, sin restar muchas anotaciones válidas y muy interesantes de los profesores, estas solicitudes tenían algo de tinte clientelista.

Martes, 09 Febrero 2016 00:00

Hablemos del IVA

Lunes, 24 Agosto 2015 00:00

Impuestos, Sentencias e Igualdad

Por: Hernando Zuleta

Hace unos días la Corte Constitucional determinó que “en virtud de la prohibición de regresión, el cálculo de la renta gravable alternativa para empleados, obtenida en virtud de los sistemas IMAN e IMAS-PE, debe permitir la sustracción de rentas del trabajo exentas.” 

Esto significa que las tasas asociadas a IMAN e IMAS-PE deben aplicarse sobre el 75% de los ingresos.

Los efectos de esta sentencia, resumidos para este portal por Juan Esteban Lewin, son claros: (i) No afecta la carga impositiva para los individuos con ingresos bajos, pues no son sujetos del IMAN o el IMAS. (ii) Reduce la carga tributaria para los individuos que son sujeto de estos impuestos y que, en ausencia de los mismos, pagarían una tasa de impuesto al ingreso inferior a la estipulada por estos. (iii) La reducción en la carga tributaria es directamente proporcional a los ingresos de los individuos.  En otras palabras, la sentencia en cuestión favorece a los empleados con mayores ingresos.

El argumento central de la Corte se basa en la sentencia C-1060a de 2001, según la cual el hecho de que el 25% de los ingresos esté exento está “conceptual y estrictamente vinculada al goce efectivo del derecho constitucional mínimo vital”.

En las siguientes líneas explico las razones por las cuales esta sentencia está, en el mejor de los casos, mal motivada o, en el peor de los casos, va abiertamente en contra de los principios de la Constitución.

Antecedentes

- Derechos establecidos en la Constitución y costo fiscal.


Hay una gran cantidad de artículos de la Constitución en los cuales se identifican la igualdad y la lucha contra la pobreza como pilares del bienestar social: en el preámbulo y en el artículo 13 se establece el derecho a la igualdad; en el artículo 51 se establece el derecho a la vivienda digna; y se puede incluir un extenso etcétera.

Por supuesto, el costo fiscal de garantizar todos los derechos establecidos en la Constitución es elevado. Hoy, a pesar de los esfuerzos del gobierno, sigue habiendo un déficit grande de vivienda digna, la tragedia de la víctimas y la persistencia de la pobreza rural implican, entre otras cosas, un estado de cosas inconstitucional. Para poder remediar este estado de cosas inconstitucional se necesita elevar el recaudo tributario.

Dadas las necesidades de financiación del Estado, la Constitución establece en el numeral 9 del artículo 95 que es deber de los ciudadanos contribuir al financiamiento de los gastos e inversiones del Estado. Además, en el artículo 363 establece que el sistema tributario se fundamenta en los principios de equidad.

Iman e Imas

Los sistemas IMAN e IMAS responden a la necesidad de reducir la regresividad de la estructura tributaria.

“Un impuesto se considera regresivo cuando la tarifa efectiva de tributación (impuesto a cargo como proporción de los ingresos) cae conforme aumenta el nivel de ingreso.

Es decir, en un sistema regresivo, la proporción del ingreso destinada al pago de impuestos es más alta en trabajadores con bajos ingresos en relación con aquélla que hacen los trabajadores de más altos ingresos.”, según la reforma tributaria.

De acuerdo con datos del Ministerio de Hacienda, antes de los sistemas IMAN e IMAS, las personas que no declaraban renta pagaban entre el 11 y el 7% del ingreso en impuesto de renta, mientras que las que declaraban con salarios de $8 millones al mes pagaban en promedio el 2% de su ingreso bruto como impuesto y “Aún peor, personas con salarios 10 veces superiores pueden estar tributando menos del 1% de su ingreso mensual”.

Claramente, esta información indica que el Estatuto Tributario violaba el artículo 363 de la Constitución que establece que el sistema tributario se fundamenta en los principios de equidad. Así el IMAN y el IMAS entran a mitigar un estado de cosas inconstitucional.

El mínimo vital

El mínimo vital es un derecho innominado, esto es, que no está reconocido expresamente en la Constitución, pero sí implícitamente.

En pocas palabras consiste en la obligación del Estado de satisfacer unas condiciones de vida mínimas a las personas.

La Corte lo ha tratado como un derecho fundamental, pero también como una garantía de los derechos sociales, como la salud, el trabajo, o la seguridad social.

Precisamente, en la sentencia fundadora (T-426/92, M.P.: Eduardo Cifuentes Muñoz) se afirma que el mínimo vital “puede deducirse de los derechos a la salud, al trabajo, y a la asistencia o a la seguridad social”.

La Corte Constitucional ha reconocido el derecho al mínimo vital cuando se comprometen las condiciones mínimas de vida del vulnerado cuando hay: (i) Mora en el reconocimiento y pago oportuno de pensiones de vejez, jubilación o invalidez o de la sustitución pensional; (ii) Mora en el pago de salarios; (iii) Omisión de prestar atención necesaria de seguridad social en salud; (iv) Omisión de pagar la licencia de maternidad y el despido injustificado de la mujer embarazada; y, (v) Desprotección absoluta de personas en situación de debilidad manifiesta”.[2]

¿Cómo funcionan los precedentes?

En el comunicado No. 32 de agosto 5 de 2015, la Corte Constitucional usa como precedente la sentencia C-1060a de 2001 que hace referencia al mínimo vital.

No obstante, el mínimo vital está asociado con los derechos a la salud, al trabajo, y a la asistencia o a la seguridad social, derechos de los que goza plenamente cualquier individuo con ingresos suficientemente altos como para ser sujeto del IMAN. 

Curiosamente, en el mismo comunicado de la Corte se lee “las normas progresivas se presumen constitucionales, mientras que sobre las regresivas pesa la presunción de inconstitucionalidad mencionada.”

Como se mencionó anteriormente, el IMAN y el IMAS buscan reducir la regresividad del sistema tributario y aumentar el recaudo, es decir, “se presumen constitucionales”.

Llama la atención que la Corte no se refiera a otro precedente: Sentencia C-258.  En esta sentencia, conocida como el fin de las megas pensiones se lee  "El Estado Social de Derecho debe valerse de un sistema tributario para la realización de sus fines.

Al respecto, en la Sentencia C-776 de 2003, la Corte recordó que si bien es cierto los tributos son principalmente una herramienta para el recaudo de recursos para financiar el gasto dirigido al cumplimiento de  los fines del Estado Social de Derecho, también lo es que su configuración y la del sistema tributario como un todo puede servir para la redistribución del ingreso, por ejemplo, desde el punto de vista de quiénes deben contribuir y en qué monto. De ahí que la Constitución haya fijado como principios rectores del sistema tributario la equidad y la progresividad...  " 

 Así, esta sentencia implica que, en Colombia, los impuestos y subsidios deben seguir el principio de Dalton, esto es, no debe haber transferencias de individuos más pobres a individuos más ricos.

Entonces, se genera la posibilidad de demandar por inconstitucional cualquier programa de subsidios en favor de los ciudadanos más ricos y cualquier artículo del Estatuto Tributario que favorezca a los individuos más ricos. 

En particular, el hecho de que las tasas efectivas del impuesto de renta desciendan conforme aumenta el nivel de ingreso de los individuos es inconstitucional.

¿Algo en claro?

Los artículos del Estatuto Tributario que generan un sistema regresivo son inconstitucionales. Probablemente, el camino directo habría sido demandar algunas de las exenciones al impuesto de renta por inconstitucionalidad.

No obstante, el gobierno optó por una reforma para mitigar (no eliminar) el estado de cosas inconstitucional. Sin embargo, la Corte decidió que esa mitigación de la regresividad del estatuto tributario atenta contra el mínimo vital.

Es difícil entender el argumento de la Corte porque la sentencia reduce la carga tributaria para los más ricos, reduce el recaudo y no beneficia a los más pobres.

[1] Agradezco la valiosa ayuda de Alberto Gómez para la elaboración de esta entrada.

[2] Catalina Botero Marino. La Acción de tutela en el ordenamiento constitucional colombiano. Consejo Superior de la Judicatura. Escuela Judicial “Rodrigo Lara Bonilla”.

 

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