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14 febrero, 2017
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Recientemente han surgido voces que llaman a revisar la política de drogas en Colombia. En particular, se ha pedido el retorno de las aspersiones aéreas y la erradicación forzosa. Una mirada a la evolución reciente del área cultivada ayuda a explicar esta posición: desde el 2013 hay un aumento sostenido en el área cultivada de manera que, en la medida en que se considere que esta variable refleja el resultado de la política, también sugiere que la efectividad de la política ha caído sustancialmente desde el 2013.

El problema es que este diagnóstico ignora que ha habido una estrategia consiente por parte de las autoridades. La política de drogas cambió después del primer quinquenio del siglo XXI. Entendiendo que el objetivo final es reducir la oferta de cocaína, las autoridades han concentrado esfuerzos en destrucción de infraestructura e interdicción. No obstante, frecuentemente ignoramos la información disponible en lo que respecta a estas actividades.

Cifras del Observatorio de Drogas de Colombia indican que las incautaciones de hoja de coca aumentaron un 74,25% entre el año 2013 y el año 2015. Aunque este guarismo es inferior al 100% de aumento que registran los cultivos ilícitos en este periodo, sigue siendo un resultado impresionante. Además, indica que la oferta efectiva de coca tuvo un crecimiento inferior al crecimiento de los cultivos.

Adicional a lo anterior, para el mes de noviembre de este año, las incautaciones de cocaína ascendían a 308 toneladas métricas, esto es, 47,3% de la producción potencial de cocaína estimada por la Oficina de Drogas y Crimen de Naciones Unidas para el 2015 (646 toneladas).

La evolución de las incautaciones ilustra la inconveniencia de utilizar el área cultivada como variable indicativa del éxito en la política de drogas. Para poder emitir un diagnóstico es necesario estudiar también la evolución una batería de variables.

El gráfico 1 presenta los resultados de un ejercicio preliminar en esta dirección. Tomando factores de conversión estándar, se estima la producción potencial de hoja de coca a partir del área cultivada, a este valor se le restan las incautaciones de coca.

La primera cosecha de coca se realiza después de siete u ocho meses de la siembra, y esta cosecha suele tener un menor rendimiento. La segunda cosecha que puede realizarse a entre uno y dos meses después de la primera y después el tiempo entre cosechas es de 40 a 60 días.[1] Por esto, los aumentos en área cultivada no se reflejan inmediatamente en aumentos en producción potencial.

Una vez obtenida la oferta de coca neta de incautaciones, se estima la oferta de base. Nuevamente, se restan las incautaciones de base y al resultado se le aplica el factor de conversión para estimar la oferta potencial de cocaína. Finalmente, se restan las incautaciones de cocaína.

Cada uno de los procesos requiere tiempo y a menudo hay periodos de almacenaje y transporte. No obstante, es imposible calcular con precisión el tiempo que transcurre entre la siembra y la entrada de la cocaína al mercado. Por esta razón, el gráfico presenta dos escenarios. En el primero, línea punteada, se supone un rezago de dos años y en el segundo (línea roja) se supone un rezago de un año.

Gráfico 1. Estimaciones de la cantidad de cocaína en el mercado.

En los dos escenarios, se estima un aumento de la oferta de cocaína en el año 2001 y una reducción posterior hasta el año 2014.  La gran diferencia entre las dos estimaciones se presenta en al año 2015, suponiendo un rezago de dos años la caída en la oferta de cocaína se acentúa, pero si se supone un rezago de un año hay un leve repunte en la oferta.

De cualquier forma, este ejercicio llama la atención acerca de la necesidad de incluir toda la información disponible a la hora de evaluar la política de drogas. La oferta de cocaína colombiana en el año 2015 es, en el peor de los casos, similar a la del año 2013.

Otra reflexión con respecto a la evolución reciente de los cultivos ilícitos tiene que ver con el carácter transnacional del negocio del narcotráfico y con el llamado efecto globo. En el gráfico 2 se presenta información reciente sobre cultivos ilícitos en Colombia, Perú y Bolivia. Los datos sugieren que el repunte del área cultivada en Colombia estuvo parcialmente compensado por una caída en los cultivos en Perú de tal forma que la oferta de Suramérica tuvo un incremento porcentual inferior al de Colombia. Asimismo, al analizar todo el periodo, se aprecia que, para Suramérica, el área cultivada en el 2015 es igual al área cultivada en el año 2011.  Esta información cobra relevancia por cuanto el narcotráfico es un negocio transnacional y la lucha contra las drogas es, al menos en el papel, una estrategia global.

En la práctica, si se trata de identificar la oferta potencial de cocaína, el origen de la coca resulta anecdótico.

Gráfico 2. Cultivos de coca en la zona andina.

[1] http://www.biesimci.org/documentos/archivos/proyectopiloto.pdf

7 febrero, 2017
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Ximena Peña, profesora de la Facultad de Economía y amiga entrañable, murió el 23 de enero. Hoy queremos hacer un homenaje a su legado. Ximena abordó diversos temas en su investigación. Estudió desde los mercados laborales en Colombia hasta los impactos de la titulación colectiva en los hogares afros. Su gran pasión, sin embargo, fue la desigualdad de género y sus diferentes implicaciones para las mujeres y sus familias. Con investigación rigurosa y despojada de las pasiones del activismo extremo, demostró porque las mujeres en Colombia aún enfrentan condiciones desiguales y propuso políticas y acciones concretas para reducir estas brechas de género. Los próximos párrafos describen sus principales contribuciones.

La obsesión y labor de Ximena durante sus últimos años fue impulsar cambios concretos para mejorar las condiciones de las mujeres, en especial las mujeres de bajos ingresos. Tras años de investigación estaba convencida que sólo una redistribución de las cargas de la mujer y el hombre en el hogar mejoraría sus condiciones. Es evidente que las mujeres ahora somos más educadas, trabajamos más y ganamos más, pero estamos atrapadas en un ciclo de una triple jornada de trabajo, crianza y oficios del hogar. Nuestras horas de trabajo, remunerado y no remunerado, superan con creces las de los hombres. Esto lleva a mujeres agotadas y en algunos casos con deterioros graves de salud. Por eso, dedicó su energía, pasión y tiempo de investigación en los últimos años a un proyecto para donar lavadoras a mujeres de bajos ingresos y medir de manera rigurosa su impacto. Con esto, cambio vidas y mostró como intervenciones innovadoras, basadas en evidencia y puestas en marcha con amor y pasión son más efectivas que discursos polarizantes.

Ximena fue una mujer y una amiga excepcional. Apoyó a sus estudiantes y con esto cambio muchas vidas. Ahora ellos no dudan en reconocer la gran influencia que tuvo el consejo oportuno, la disposición a escuchar y las palabras apropiadas en el momento necesario. Fue generosa con sus amigos y sus colegas. Pese a su dura enfermedad, siempre ofrecía una mano amiga, un abrazo sincero, una sonrisa arrolladora y un mensaje certero endulzado por un humor negro inigualable. Todos la vamos a extrañar. No hay duda alguna. Tampoco hay duda alguna que Ximena dejó sembradas cientos de semillas y que su legado lo vemos hoy y lo veremos durante años por venir. Buen viaje amiga.

Ana María Ibáñez

Profesora Titular, Facultad de Economía, Universidad de los Andes


Las mujeres y el mercado laboral: participación y brechas salariales

En “El Aumento de la Participación Laboral Femenina en Colombia: ¿Estado Civil, Hijos o Educación?” (2013), Ximena documentó, junto con Diego Amador y Raquel Bernal, los patrones de evolución de la participación femenina en Colombia, y las principales fuerzas detrás de esos patrones. Encontraron que la proporción de mujeres en edad de trabajar que efectivamente participaban de la fuerza laboral (trabajando o buscando un empleo) pasó de 47% en 1984 a 65% en 2006. Esta impresionante evolución en tiempos recientes, según los resultados del artículo obedeció principalmente al incremento de la disposición a trabajar de mujeres casadas (o en unión libre) con bajos niveles de educación, y de manera más marcada para aquellas con hijos. Aunque los cambios en la proporción de mujeres que estaban en esta condición son modestos,  las actitudes de este grupo frente al trabajo cambiaron de manera muy marcada, especialmente en la década de los 90. Las ramificaciones de estos hallazgos son amplias. Más allá de mostrar la concentración del incremento de participación en ciertos grupos de mujeres, tienen implicaciones de política pública. Hablan, por ejemplo, de un desplazamiento en el cuidado de los hijos de este tipo de familiar, que pasó a ser ejercido por cuidadores diferentes a sus madres, con profundas implicaciones para el diseño óptimo de los servicios públicos de cuidado infantil. Ilustran también que ciertos grupos de mujeres (en particular aquellas con baja educación, casadas, con hijos) son cada vez más susceptibles de acceder a la seguridad social de manera directa en lugar de como beneficiarias de sus compañeros.

Marcela Eslava

Profesora Titular, Facultad de Economía, Universidad de los Andes


Para comprender mejor las inequidades en el mercado laboral y, en particular, las inequidades que enfrentan las mujeres, Ximena estudió junto con Alejandro Badel la brecha salarial entre hombres y mujeres en Colombia en “Descomponiendo la brecha salarial de género con ajuste de sesgo de selección: el caso Colombiano”. En este estudio, Ximena y su coautor se preguntan por las características y razones de la existencia de una brecha salarial entre hombres y mujeres (de aproximadamente 14% en promedio) a pesar de que las características laborales observadas de las mujeres colombianas mejoraron significativamente durante las últimas décadas. Los resultados del estudio indican, primero, que la brecha salarial es particularmente importante para las mujeres de salarios muy bajos (una diferencia de hasta 40% con respecto al salario de hombres comparables) y para aquellas de salarios muy bajos altos (hasta 45%), y muy baja en la parte media de la distribución. Segundo, que si todas las mujeres trabajaran, la brecha salarial sería casi 50% más alta. Tercero, que gran parte de la brecha salarial por género se debe a que el mercado laboral remunera peor los atributos de las mujeres que los de los hombres (como la educación) y no a la diferencia en las características laborales entre hombres y mujeres.

Los autores proceden a especular que la alta brecha en la cola inferior de la distribución puede estar relacionada con el mercado laboral informal mientras que en la parte media de la distribución, el salario mínimo legal comprime la distribución. De otra parte, el techo de cristal en la parte superior de la distribución podría atribuirse a la dificultad que enfrentan las mujeres altamente calificadas de lograr un  balance entre la vida personal y laboral por lo cual deciden sacrificar ascensos en la escalera laboral. Es posible, también, que la discriminación por género sea por parte de las firmas y no una elección de la trabajadora. En últimas, estas hipótesis explican el trabajo posterior de Ximena que se enfocó en entender las desigualdades en la asignación de tiempos en hogar y en los hijos entre hombres y mujeres, y a estudiar las políticas públicas que favorecerían una distribución más equitativa de cargas y, por tanto, una penalidad inferior para la mujer en el mercado laboral. De ahí su discusión hasta su última semana de vida con respecto a la extensión de la licencia de maternidad en Colombia de 14 a 18 semanas sin haber modificado la licencia otorgada al padre, o la posibilidad de que sea compartida entre padre y madre. Esto me recuerda el tuit (de un hombre) cuando Ximena falleció: “la mejor manera de honrar la vida […] de Ximena Peña es seguir trabajando para que tengamos mejores hombres”. Y tiene razón. Su lucha permanente fue por acercar las oportunidades de hombres y mujeres, y reducir los estereotipos desde el principio de la vida. Su batalla a favor de las mujeres no alienaba a los no feministas porque entendía que la idea es acercar las oportunidades, derechos y obligaciones de hombres y mujeres, y no pelear por total igualdad de resultados porque evidentemente no somos iguales.

Raquel Bernal

Profesora Titular, Facultad de Economía Universidad de los Andes


Una de las preguntas más relevantes en la literatura de género tiene ver con la brecha en ingresos que se genera a partir de la discriminación de las mujeres en el mercado laboral, y esa es precisamente la que retoma Ximena en el artículo, “La persistente brecha salarial/de ingresos por género en Colombia, 1994-2006”.  En co-autoría con Hugo Ñopo y Alejandro Hoyos, los autores indagan sobre las causas de esta brecha, esta vez utilizando una metodología que permite superar los problemas derivados de las comparaciones de poblaciones con diferencias significativas en las características típicas de empleo y  socio-demográficas. Así, mediante el emparejamiento de hombres y mujeres en circunstancias equivalentes, los autores muestran como la brecha salarial es mayor a la sugerida por estudios anteriores y es persistente a lo largo del tiempo en la población de 18 a 65 años, en las principales ciudades de Colombia. Igualmente, los resultados evidencian su más grande incidencia en las colas de la distribución, viéndose afectadas las mujeres en situación más vulnerable, y aquellas que, aunque posicionadas en la mejor parte de la distribución, no logran tener un ingreso similar a sus pares (efecto techo de cristal). Así, las recomendaciones de política pública advierten por ejemplo, sobre la dificultad de regular ciertos oficios, en donde el otorgamiento de mayores beneficios en el mercado formal puede fácilmente tener consecuencias negativas que vuelvan aún más precarios los arreglos para las mujeres en situación más vulnerable.

Mónica Pachón

Decana, Facultad de Ciencia Política, Gobierno y Relaciones Internacionales, Universidad del Rosario


Tuve el privilegio de seguir de cerca, como profesora de Liliana, en el trabajo en el cual Ximena como mentora encaminó a Liliana por los temas que la apasionaban: la desigualdad salarial de las mujeres. Su estudio calcula la penalidad en términos de ingresos salariales que impone el mercado laboral para las mujeres con hijos en Colombia. En este caso ellas calculan un diferencial salarial de 17,6% entre mujeres con hijos y sin hijos, una vez se tienen en cuenta características individuales y autoselección en la participación del mercado laboral este diferencial es de 9,4%.  Un cálculo adicional donde se tiene en cuenta la edad de los hijos hace que este diferencial sea de 18,4% para aquellas madres con hijos menores de cinco años. Ante esta evidencia, ellas refuerzan la necesidad de tener varias líneas de política que ayuden a mejorar esta situación, entre ellas: una normatividad que reduzca al máximo los costos en los que incurre el empleador de una mujer con hijos; un apoyo adicional extendiendo horarios de cuidado de los niños en centros de atención; y por último, una división más igualitaria de las cargas del cuidado y crianza entre hombres y mujeres.  Estas recomendaciones muestran que el trabajo de Ximena trataba de abordar un amplio espectro de soluciones, enfocadas en diferentes actores, para lograr un solo objetivo: el de generar mayor igual en condiciones de trabajo para mujeres madres, mujeres no madres y hombre.

Adriana Camacho

Profesora Asociada, Facultad de Economía, Universidad de los Andes


En “Mujer y Movilidad Social”,  Ximena y sus coautores hacen un diagnóstico de la situación de la mujer en Colombia e identifican un conjunto de recomendaciones de política que buscan generar una efectiva igualdad de oportunidades. Tanto el diagnóstico como las recomendaciones son exhaustivas y abordan muchas de las dimensiones del bienestar. Quisiera entonces rescatar un punto que a mi modo de ver es la contribución central. El Estado y  el sector privado pueden diseñar múltiples  programas y políticas,  todos con las mejores intenciones de reducción de la desigualdad. Pero si las responsabilidades al interior del hogar no se re-negocian y no hay un verdadero cambio cultural, a  las mujeres se les impondrá “la triple jornada” (trabajo más crianza más oficios del hogar) y eso en últimas terminará afectando  la igualdad en el mercado laboral y seguirá perpetuando los estereotipos culturales del supuesto rol de la mujer en el hogar (cualquiera que sea su composición).  Un buen componente entonces de las políticas e intervenciones que buscan la igualdad de oportunidades debe apuntarle a reducir la desigualdad al interior del hogar.  El artículo deja dos ideas concretas, de muchas, para cambiar los comportamientos en el hogar, recogiendo la idea provocadora en la que pensaba Ximena y sus coautores: “la equidad de género se hace con el marido…no contra el marido”.  Primero,  evaluar las licencias de maternidad  ciegas al género y promover que los papás participen de estas licencias. En Colombia la licencia de maternidad se amplió a  18 semanas pero esta sigue siendo un beneficio exclusivo de la mujer.  Involucrar a los hombres, no solo balancearía los roles en el hogar sino que tendría impactos en el ámbito laboral, entre otros.   Segundo, evaluar la introducción de “lavadoras” en los hogares más pobres e incentivar que sea el hombre el que las maneje. Este fue de hecho, el proyecto bandera de Ximena, el que comenzó a implementar en los últimos años de su vida, y el cual tenemos la tarea de continuar. La apuesta aquí, además de generar más tiempo libre para las mujeres, que podrían dedicar a los hijos, a  estudiar, entre otros, es una intervención que le apunta a la transformación de los roles sociales.  El documento cierra con un llamado de atención para “incorporar la cultura de la evaluación”, en estos temas llenos de programas con buenas intenciones pero con poca evidencia empírica en términos de su efectividad. Este es sin duda, uno de los legados de Ximena.

María Alejandra Vélez

Profesora Asociada, Facultad de Administración, Universidad de los Andes


La migración y el conflicto: ¿contribuyen a mejorar las condiciones de la mujer?

En su paper “Adjusting the Labour Supply to Mitigate Violent Shocks: Evidence from Rural Colombia”, Ximena logró unir su pasión investigativa relacionada con el uso del tiempo y los resultados en el mercado laboral de la mujer con un tema igual de relevante para el país: el impacto del conflicto armado en Colombia. En este trabajo, realizado junto con Manuel Fernández y Ana María Ibáñez, Ximena nos permitió entender los impactos causales que el conflicto ha tenido en las mujeres en este ámbito en particular. Aunque en el país se habían llevado a cabo investigaciones acerca de cómo la violencia afectaba la educación, la salud, las decisiones de las empresas, la inversión extranjera y el crecimiento económico, entre otros, ningún otro estudio había tratado el impacto diferenciado de acuerdo al género a profundidad. Ximena y sus coautores encontraron que el conflicto ha impactado de manera distinta los resultados laborales de hombres y mujeres en el sector rural en Colombia. Encontraron que, a causa del conflicto, los hombres de hogares rurales en el país han sustituido el tiempo dedicado a sus propios predios por actividades no agrícolas. Por otro lado, el conflicto ha inducido a las mujeres a reducir el tiempo dedicado al ocio y a aumentar el tiempo dedicado a las labores del hogar y el cuidado de los niños. Estos cambios en el uso del tiempo sugieren que el mercado laboral en este sector se ha visto seriamente afectado y ha generado una caída de la producción agrícola. Además, la reacción de los hogares ha implicado que el conflicto en el sector rural ha aumentado las inequidades de género pre-existentes.

La evidencia encontrada en esta investigación es relevante para Colombia en un momento en el que estamos comenzando a construir el camino hacia un país en paz. El estudio dejó claro que los cambios en el mercado laboral pueden haber generado una disminución en la producción agrícola y que programas que ayuden a incrementarla de nuevo (tales como créditos, innovaciones tecnológicas o mecanismos de protección frente a riesgos) son necesarios en estas zonas. La evidencia encontrada por Ximena y sus co-autores permite concluir que sería beneficioso también programas sociales que ayuden a distribuir la carga del hogar entre hombres y mujeres como por ejemplo aumentar la cobertura de educación pre-escolar de calidad en estas zonas al igual que la cobertura educativa en básica y media a través de escuelas que tengan en cuenta la necesidad de programas flexibles y relevantes para su población.

Catherine Rodríguez

Investigadora Asociada, Facultad de Economía, Universidad de los Andes


Mucho se ha criticado a la economía por ignorar las especificidades propias de las dinámicas y las características de las mujeres. El capítulo “Mujeres rurales jóvenes y migración en Colombia[1] nos muestra algo diferente. El análisis económico no tiene por qué ser un instrumento de reproducción de condiciones sociales, culturales o económicas. Muy por el contrario, la economía puede ser una herramienta poderosa para ayudarnos a pensar el cambio social, un cambio social incluyente para que la gente tenga opciones y elija la vida que consideran digna de ser vivida. Por esto, creo yo, Ximena trabajó en economía y también por su capacidad de ver más allá. Alguna vez le pregunté a Ximena cuál era la gracia de que los economistas volvieran sobre preguntas que las demás ciencias sociales habían explorado largamente y sobre las cuales teníamos análisis profundos y rigurosos. Este capítulo, escrito con María Alejandra Arias y Ana María Ibáñez, ilustra la respuesta que me dio en ese momento: los economistas y, en este caso, las economistas, nos dan la magnitud, nos ayudan a medir, a entender con mayor precisión pero sobre todo a descomponer las preguntas y las respuestas.

Eso es lo que hacen Ximena y sus co-autoras: pensar la exclusión como resultado de condiciones estructurales, reproducidas por el sistema social y económico. El capítulo explora los efectos de la decisión de migrar de mujeres rurales jóvenes, quienes ahora cuentan con mayores niveles de educación y mayor acceso a tecnología y tienen expectativas de vida diferentes a sus madres y abuelas, como estrategia para enfrentar la pobreza y el rígido sistema de género existente en las áreas rurales; decisión detrás del proceso de desfeminización del campo en Colombia. Las autoras miden el efecto de la migración sobre aspectos del empoderamiento femenino como son el estado civil, el número de hijos, el uso de métodos anticonceptivos modernos y el poder de decisión de las mujeres al interior del hogar. Encuentran que estas mujeres tienen mayor probabilidad de vivir en pareja, menor probabilidad de tener hijos pero cuando los tienen, el número es mayor y tienen mayor probabilidad de utilizar métodos anticonceptivos modernos que mujeres rurales no migrantes. Los efectos sobre el poder de negociación son más ambiguos pues parecen depender de si migran casadas o no y del tipo de decisión al que se enfrentan. En conclusión, la estrategia de migrar para mejorar su situación y ampliar sus perspectivas de vida no siempre tiene los resultados que las mujeres rurales jóvenes esperan.

Jimena Hurtado

Profesora Asociada, Facultad de Economía, Universidad de los Andes


Participación política y género

Ximena, junto con Mónica Pachón y Mónica Wills, estudió la brecha en la participación política de hombres y mujeres. Encuentran que mujeres empleadas y con un mayor ingreso tienen mayor participación política. Su artículo sugiere que hay una relación entre la independencia económica y la independencia política de las mujeres. Aún quedan preguntas, ¿son las mujeres más activas en política las que buscan su independencia económica o son las mujeres independientes económicamente las que llegan a tener mayor participación política?  A los economistas nos queda la tarea de resolver estas preguntas.

Conocí a Ximena hace más de 22 años, aunque entramos juntas a la universidad, ella siempre estuvo un paso adelante mío. Trabajó antes que yo, se fue a hacer el doctorado antes que yo, empezó a trabajar en la Universidad de Los Andes antes que yo, y se casó y fue mamá antes que yo. Ximena era la encargada de darme la bienvenida a cada etapa de mi vida, Ximena me contaba cómo funcionaban los engranajes y “el detrás del telón” de cada una de mis nuevas situaciones. Ximena me enseñó mucho como economista y aún más como persona. Una de las personas más alegres, fuertes y solidarias que he conocido. Ximena nos creó memorias excepcionales a todos los que tuvimos el placer de conocerla. Voy a extrañar a Xime como colega, pero aún más como amiga y guía

Paula Jaramillo

Profesora Asociada, Facultad de Economía, Universidad de los Andes

[1]“En busca de nuevas perspectivas” con María Alejandra Arias y Ana María Ibáñez. La revolución silenciosa. Mujeres rurales jóvenes y sistemas de género en América Latina editado por Raúl Asensio y Carolina Trivelli, Instituto de Estudios Peruanos, pp 243 – 276. 2014.

Martes, 24 Enero 2017 00:00

Ximena Peña: un homenaje

Por Blogoeconomia · 23 de Enero de 2017

Ximena Peña formó su carrera a través de su paso por el sector público y después en el universitario desde la Facultad de Economía de la Universidad de Los Andes. La constante en su camino profesional fue el uso riguroso de evidencia para evaluar las políticas públicas e influir en el diseño de la política social. Se concentró en visibilizar las profundas desigualdades en contra de las mujeres en el mercado laboral, generar información acerca de las causas de la informalidad laboral en Colombia y explorar otras fuentes de inequidad nacional. Su aporte no sólo consistió en entender los problemas, sino en encontrar soluciones a ellos.

Ximena se preocupó por los grupos vulnerables en el mercado laboral, incluyendo a las mujeres y a las personas en situación de informalidad. Sus investigaciones incluyen el análisis del aumento de la participación laboral de las mujeres en Colombia, en donde los grupos que más han aumentado su participación son las mujeres con bajos niveles educativos y las mujeres en unión libre o casadas.

Ximena mostró que la brecha salarial de género en Colombia es alta y se concentra en el sector informal de la economía, que la porción no explicada por la educación y otras características relevantes al mercado laboral es también alta (sería más alta aún si todas las mujeres trabajaran) y que no ha disminuido de manera sustancial en las últimas décadas.

Además, encontró que las madres, especialmente aquellas con hijos pequeños, sufren una penalidad en términos de menores salarios y que las mujeres rurales jóvenes son las que mayor carga de trabajo tienen (incluyendo trabajo remunerado y no remunerado) y las que enfrentan una mayor brecha salarial de género.

En su lucha por ayudar a las familias de la base de la pirámide a alivianar la carga de los oficios del hogar y tratar de cambiar los roles tradicionales de género, Ximena emprendió su proyecto consentido: “Lavadoras y roles de género: un estudio piloto para Colombia”.

El proyecto consiste en abrir, para familias con hijos menores de 8 años en barrios marginales de Bogotá, la posibilidad de comprar una lavadora a un precio altamente subsidiado. El contar con una lavadora disminuye alrededor de 3 horas por semana el tiempo dedicado a lavado de ropa, hace más eficientes los oficios del hogar y genera tiempo libre en las mujeres, que pueden usar para descansar, pasar tiempo de calidad con sus hijos o trabajar en labores remuneradas. Seis meses después de entregar las lavadoras a los hogares, las mujeres aumentaron su participación laboral e ingresos.

Se dió una redistribución de labores al interior del hogar: las mujeres disminuyeron el tiempo dedicado al lavado de ropa y el tiempo dedicado a otros oficios del hogar, mientras que los hombres aumentaron el tiempo dedicado a otros oficios del hogar. Además, tanto hombres como mujeres pasan más tiempo en familia, con los niños, lo que seguramente redundará en un mejor desarrollo infantil. Estos resultados sugieren que la intervención tiene un alto potencial para mejorar la calidad de vida de los hogares más vulnerables.

Esta es una descripción de sólo algunos de los aportes que Ximena logró en su corta y fructífera carrera de investigación.

Al mismo tiempo, guió a sus estudiantes con cariño y dedicación. Los frutos de su trabajo se seguirán viendo, no solo a través de sus proyectos que continuarán, sino también de la semilla que dejó en muchos de sus estudiantes y colegas, que siguen y seguirán dejando su huella en la investigación y el diseño de las políticas públicas y sociales en el país.

Ximena no sólo dejó una huella profesional imborrable. Quienes tuvimos la fortuna de conocerla no dejamos de pensar en su sonrisa en cualquier circunstancia, su capacidad para interesarse por los demás aún en sus momentos más difíciles y su legado de vivir y compartir cada momento al máximo.

Una gran mujer, colega y amiga que nos dejó invaluables enseñanzas y a quien extrañaremos siempre.

Nota de la Directora de La Silla: La Silla siente mucho la partida de Ximena, amiga nuestra y bloguera durante los primeros años de este blog. Aquí están los links de lo publicado por ella en el IQ y en el blog de La Silla para que quienes no la conocieron tengan una idea de su aporte.

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Ver artículo y comentarios en lasillavacia.com

Por Blogoeconomia · 24 de Octubre de 2016

Por Juan Camilo Cárdenas.

Pagar impuestos es un deber ciudadano, es un mecanismo que construye estado, y el uso apropiado de los recaudos es una de las formas más robustas de redistribuir recursos para construir sociedades justas y economías eficientes que provean los bienes públicos necesarios para la sostener la iniciativa privada y comunitaria.

Quienes justifican el evadir o eludir los impuestos bajo el argumento de que “igual se los roban” es como quienes justifican linchar a un ladrón capturado o no hacer el esfuerzo de denunciar o servir de testigos bajo el argumento de que “igual mañana lo van a soltar”. Estos argumentos son salidas fáciles, utilitaristas, que solo perpetúan círculos viciosos que debilitan la institucionalidad del estado y del contrato social.

El problema es que como un buen dilema de acción colectiva, hay incentivos privados sustanciales para no pagar impuestos a pesar de que todos ganaríamos si todos contribuyéramos mas, y sobre todo si fuese proporcional a nuestras posibilidades y proporcional también a los beneficios que recibimos de lo recaudado e invertido.

Buena parte del problema, sin embargo es que no siempre contribuyen los que más debieran ni se benefician necesariamente los que más necesitan los beneficios de esos bienes públicos. Nuestro sistema tributario no es la excepción. Aparece entonces la y comienzan las reacciones de los líderes de opinión (, , , , , y ) o resúmenes como .

¿Qué diría Adam Smith?

Adam Smith es de lejos , y aun hoy sigue siendo uno de los mejores. Su intuición acerca del comportamiento humano sentó las bases de la economía moderna, y sus dos grandes obras siguen dando de qué hablar cuando seguimos avanzando en entender las decisiones humanas asociadas al consumo o a la tributación.

Comencemos con la economía convencional y después nos podemos meter en la nueva economía del comportamiento. Decía Smith en la Riqueza de las Naciones: “Azucar, ron, y tabaco son bienes que para nada son necesidades de la vida, y que se han vuelto objetos de casi consumo universal, y que por lo tanto son extremadamente apropiados para ser sujetos de un impuesto”.  

El Impuesto a las Bebidas Azucaradas.

Esto a raíz del IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BEBIDAS AZUCARADAS (ARTÍCULO 196) que ya comienza a generar debate y anuncios pagados por quienes se oponen al mismo, como éste en la prensa nacional hace pocos días:

 Mas adelante en el mismo libro V, continúa Smith: “Mientras tanto la gente podría recibir un alivio de algunos de los impuestos mas gravosos; de aquellos que les son impuestos bien sobre sus necesidades de la vida, o sobre los materiales para la manufactura. Los trabajadores mas pobres podrían permitirse una mejor vida, trabajar a menor costo, y enviar sus bienes de forma mas barata al mercado. Lo barato de sus bienes incrementaría su demanda, y consecuentemente la demanda de trabajo para producirlos. Este incremento en la demanda de trabajo aumentaría tanto los números y mejoraría las circunstancias de los trabajadores mas pobres. Su consumo aumentaría, y al mismo tiempo los ingresos generados de los artículos de consumo sobre los cuales los impuestos se permitieron permanecer”.

Smith estaba claramente pensando en la elasticidad de la demanda de estos bienes que no son “necesidades de la vida” pero que curiosamente generan cierta adicción. Doscientos cuarenta años después, contamos con evidencia que permite evaluar a intuición económica de uno de los padres de la economía. La demanda de bebidas azucaradas no pareciera ser muy elástica como sugieren estos estudios (, y ), lo cual sugiere que cada punto porcentual adicional en el precio se traducirá en una reducción porcentual equivalente o incluso menor en la cantidad demandada. Esto tiene implicaciones interesantes para ver el efecto que podría tener este impuesto. Por un lado, dada esta baja elasticidad es probable que se generen recaudos importantes, que como bien dice el Artículo 201 del proyecto de reforma tributaria, “[e]l recaudo del impuesto nacional al consumo de bebidas azucaradas se destinará a la financiación del aseguramiento en el marco del Sistema General de Seguridad Social en Salud”. en Estados Unidos estima que con un incremento entre el 20-25% en los precios y por ende una reducción entre un 15-20% en el consumo se podrían prevenir mas de 37,000 casos de diabetes con un ahorro de $1.2 billones de dólares en costos médicos, prevenir 145,000 casos de obesidad en adultos con un ahorro de $2.1 billones de dólares en gastos médicos asociados a la obesidad, y un aumento en recaudos tributarios de $1 billon de dólares para el estado. El debate en el Reino Unidos ha generado también algunos escépticos que no debemos ignorar en la discusión, como lo refleja en The Guardian. De cualquier manera, el consenso (, y ) es que el excesivo consumo de azúcar tiene consecuencias sociales y económicas por el daño a la salud humana y por ello la importancia de usar todos los medios disponibles para cambiar el patrón de consumo actual. El Ministerio de Salud resume sus argumentos médicos y económicos para apoyar esta iniciativa de la reforma tributaria.

El Impuesto al Carbono

Quién sabe si Adam Smith habría agregado la gasolina a su lista de tabaco, azúcar y ron, al igual que otras formas de combustibles fósiles que consumen los humanos en cantidades que son socialmente perjudiciales a pesar de ser individualmente apetitosas. La reforma presentada incluye en su artículo 207 un impuesto al carbono basado en el estimativo de contribuciones de cada tipo de combustible a las emisiones de dióxido de carbono (CO2) y equivalente a $15,000 por cada tonelada emitida. Aquí de nuevo tendremos que tener en cuenta las elasticidades de la demanda de gasolina para comprender que tan sensible sería la caída del consumo si se generan aumentos en los precios al consumidor final. sugieren una elasticidad incluso menor a la de las bebidas azucaradas lo cual de nuevo puede implicar recaudos importantes aunque reducciones en el consumo y por tanto en emisiones , lo cual implicaría que un impuesto como el descrito en la tabla de $135 pesos por galón, si se transfiere en parte a los consumidores generaría un aumento minúsculo en el precio actual y por tanto poco contribuiría a reducir las emisiones en las cantidades que los economistas ambientales quisiéramos. Pero se generarían recaudos importantes para financiar, aunque no lo dice el proyecto de reforma tributaria, estrategias de reducción de las emisiones del país, sabiendo que el Presidente Santos se comprometió a reducciones ambiciosas del 20% para el 2030. Por este lado probablemente no será, pero es una señal interesante para medirle el aceite a la economía en este sentido.

Los impuestos a los mas ricos.

Aquí Adam Smith tenía observaciones interesantes. Si bien su argumento de la simpatía por los más pobres tiene todo el sentido del mundo en esta reforma, si se considera aumentar los recaudos para atender las necesidades sociales del postconflicto, también él observaba esa especial admiración de las sociedades por los más ricos y privilegiados que impedía que se les impusieran impuestos más altos. que esa “disposición a admirar, y casi adorar, a los ricos poderosos, y a despreciar, o al menos ignorar, a personas pobres y en situaciones desafortunadas…es…la más grande y universal causa de corrupción de nuestros sentimientos morales”.

Y este será un punto central para explorar esa otra parte fundamental del éxito o fracaso de una reforma tributaria bien intencionada y bien diseñada en el papel, y es su implementación en la práctica. Finalmente estará en ese ciudadano de la calle el exigir o no que se le cobre el debido IVA que en esta reforma se propone subir del 16% al 19%. Estará en las manos de quienes llenan esos formularios de la DIAN, sean asesores o contadores, que por instrucciones de los declarantes decidirán si quieren aportar de manera proporcional a sus capacidades y recibir de manera proporcional a sus necesidades.

Poco se ha discutido la dimensión de los sentimientos morales de una reforma tributaria y del papel que podrán jugar las normas sociales, esas que perpetúan o sancionan o premian los comportamientos tributarios que erosionan o sostienen el bien público. Esas normas sociales tributarias se construyen a través del espejo de la sociedad del que hablaba Adam Smith: “Del mismo modo, nuestros primeros juicios morales se refieren a la índole y conducta de los otros, y con gran desenvoltura observamos la manera cómo la una y la otra nos afectan. Pero pronto aprendemos que las demás gentes se toman iguales libertades respecto de nosotros. Ansiamos saber hasta qué punto merecemos su censura o bien su aplauso, y si ante ellas necesariamente aparecemos tan agradables o desagradables como ellas ante nosotros…..Tal es el único espejo con el que, en cierta medida, podemos a través de los ojos ajenos escudriñar la conveniencia de nuestra conducta.”


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Miércoles, 12 Octubre 2016 00:00

#ProfesoresPorUnAcuerdo

12 octubre, 2016
Por:

 

En Colombia la atención sigue volcada sobre la resolución de la incertidumbre en torno a las negociaciones de paz con las FARC. Luego de que el plebiscito no lograra convocar apoyo mayoritario al acuerdo, se mantiene un hasta ahora respetado cese al fuego–frágil porque su soporte formal se hundió junto con el Acuerdo–, y existe (“avanza” no parece un término adecuado) una mesa de conversación entre delegados del gobierno y otros de la campaña del NO para establecer un listado de puntos para ajustar. En ese contexto, son numerosos los sectores que alertan sobre el riesgo de una dilación potencialmente perenne de la discusión. Hoy se hizo pública una carta de académicos que, empezada a circular apenas el lunes, recogió en menos de 30 horas más de 1300 firmas de profesores universitarios pidiendo pronta arribada a acuerdo definitivo que cierre el conflicto.

Abajo pego el texto de la carta. Imagino que hay tantas razones para firmarla como firmantes. Pero reproduzco aquí algunas de las que han circulado en conversaciones con colegas y amigos: 1) Varios sectores políticos, más notablemente el Centro Democrático, promotor del No en el plebiscito, tienen mucho para ganar en las elecciones de 2018 si logran llegar a ellas con una agenda viva sobre el conflicto con las Farc y su resolución. Cerrada una salida negociada al conflicto, se quedan sin ese discurso.  2) Y otros se beneficiarían de simplemente nunca llevar a buen puerto estas negociaciones, ni antes ni después de 2018. 3) Claramente mediar entre las posiciones pre-existentes es difícil. Cuatro años de negociación y mucha “pedagogía de los acuerdos” no lo lograron. 4) Habida cuenta de lo anterior, es de esperar que la nueva fase se prolongue. Pero esto conlleva múltiples riesgos. Unos son para el proceso: que en el marasma de la falta de solución las FARC se vayan desintegrando y la base guerrillera se fracciones en grupitos armados; que una violación al cese al fuego de al traste con todo, que no haya forma de que los del No concreten propuestas y/o de que las Farc las acepten. Otros para otras dimensiones de la vida nacional: que la gobernabilidad se vea afectada y, por ejemplo, no se logre pasar la reforma tributaria que es indispensable en el contexto de crisis petrolera (hoy ya postergaron la publicación de la propuesta de reforma del gobierno!); que la incertidumbre sobre la paz pase la cuenta en términos de inversión, turismo, consumo.

Carta de 1300 (hasta ahora) profesores universitarios:

Los abajo firmantes profesores universitarios de diferentes disciplinas, universidades y regiones, nos unimos a las voces que subrayan lo imperioso de llegar con prontitud a un Acuerdo final para cerrar el conflicto con las FARC. Dilatar el proceso presenta enormes riesgos. Es fundamental definir con toda celeridad una agenda limitada de puntos a abrir para discusión, y un conjunto de propuestas concretas y viables para modificar el texto existente. Con un apretadísimo resultado en el plebiscito del pasado 2 de octubre, esa agenda debe atender las preocupaciones de los votantes del No, ganadores en la consulta, al tiempo que respetar la voz de los igualmente numerosos votantes del Sí, que apoyaron un texto que no puede revaluarse en su totalidad, y convocar a quienes no se pronunciaron en las urnas.

El resultado del plebiscito del domingo abre la oportunidad única de ajustar el Acuerdo existente de manera que convoque a una parte mayoritaria de la sociedad. Capitalizar esa oportunidad es un deber de todas las partes: las FARC, los representantes del No y los del Sí. El resultado del plebiscito no deja dudas y la movilización en las calles y en las redes sociales lo confirma: la sociedad demanda de todos ellos disposición para flexibilizar sus posiciones. Así lo reclaman los jóvenes, quienes nos han convocado a marchas y acciones para impulsar un pronto Acuerdo, y a quienes nos unimos decididamente.

La lista de firmantes se puede consultar aquí.

La Facultad de Economía quiere contribuir al diálogo respetuoso e informado para que decidamos mejor al votar el próximo 2 de octubre SÍ o NO con mayores y mejores elementos de juicio. A continuación reunimos una lista de documentos de investigación y textos disponibles en línea producidos por miembros de la Facultad sobre la violencia y el conflicto en Colombia: 

Título del proyecto Investigadores Áreas
Desplazamiento forzoso, participación laboral femenina y poder de negociación en el hogar: ¿Empodera el conflicto a las mujeres? Calderón, Valentina; Ana María Ibáñez, Margarita Gáfaro Trabajo, Política del conflicto, Mujeres, Víctimas
Stress and birth outcomes: evidence from terrorist attacks in Colombia Camacho, Adriana  Salud mental, Reparación integral
Firm Exit and Armed Conflict in Colombia Camacho, Adriana ; Catherine Rodríguez Proceso de paz
Características del Conflicto Armado  Camacho, Adriana ; Catherine Rodriguez Orgales, Román Andrés Zárate V. Economía política
Consecuencias de la aspersión aérea en la salud: evidencia desde el caso colombiano Camacho, Adriana ; Daniel Mejia Salud
Why Internal Conflict Deteriorates State Capacity? Evidence from Colombian Municipalities Eslava, Marcela ; Mauricio Cárdenas, Santiago Ramírez Teoría del Estado, Política del conflicto
Don't Make War, Make Elections. Franchise Extension and Violence in XIXth-Century Colombia Fergusson, Leopoldo & Juan F. Vargas La extensión del derecho al voto en Colombia (establecimiento del sufragio universal masculino) en 1853 redujo la violencia interna. La interpretación de los autores es que en esta instancia histórica una profundización de la democracia sirvió para desincentivar el uso de la violencia como mecanismo de solución de las disputas políticas.
Sunlight Disinfects? Free Media in Weak Democracies Fergusson, Leopoldo & Juan F. Vargas & Mauricio A. Vela La exposición de los políticos vinculados con paramilitares en los medios de comunicación nacional no tuvo un costo electoral significativo para los acusados. En cambio, estos políticos reorganizaron la distribución geográfica de su apoyo electoral, obteniendo más apoyo en zonas de alta presencia paramilitar y baja efectividad de las instituciones estatales. Los resultados son consistentes con un incremento en la coerción electoral en dichas zonas, con un costo directo sobre los votantes y costos indirectos al consolidar su exclusión política. Los resultados también resaltan la importancia de la complementariedad institucional: para construir una democracia efectiva no basta con que los medios nacionales sean activos, sino que el estado debe brindar instituciones eficientes en todo el territorio.
The environmental impact of civil conflict: The deforestation effect of paramilitary expansion in Colombia Fergusson, Leopoldo & Dario Romero & Juan F. Vargas La expansión de la violencia paramilitar exacerbó la tasa de deforestación en Colombia. Evidencia complementaria sugiere que el desplazamiento para explotar cultivos ilícitos, minería, y agricultura extensiva, son mecanismos probables detrás del efecto.
Conflict, Educational Attainment and Structural Transformation: La Violencia in Colombia Fergusson, Leopoldo & Ana María Ibáñez & Juan Felipe Riaño Individuos expuestos a La Violencia en Colombia completaron menos años de educación que aquellos no afectados por este episodio de violencia bipartidista. Además, tuvieron una menor probabilidad de emplearse en sectores económicos más productivos, retrasando en Colombia el proceso de cambio estructural típico del desarrollo.
The Need for Enemies Fergusson, Leopoldo & James A. Robinson & Ragnar Torvik & Juan F. Vargas En un modelo teórico, se muestra cómo los políticos percibidos como más hábiles para enfrentar el conflicto interno son quienes tienen más incentivos a impedir que éste acabe. Evidencia sugestiva sobre los ataques del gobierno a la guerrilla durante el gobierno de Álvaro Uribe es consistente con esta interpretación.
Políticas antidroga en Colombia: éxitos, fracasos y extravíos Gaviria, Alejandro ; Mejia, Daniel
Narcotráfico, Seguridad
El desplazamiento forzoso en Colombia: Un camino sin retorno hacia la pobreza Ibáñez, Ana María  Víctimas
The Economic and Social Consequences of Armed Conflict in Colombia: Evidence for Designing Effective Policies in Conflict and Post-Conflict Regions. Ibáñez, Ana María; Rodríguez, Catherine; Camacho, Adriana; Mejía, Daniel Política del conflicto, Economía
¿Cómo el desplazamiento forzado deteriora el bienestar de los hogares desplazados?: análisis y determinantes del bienestar en los municipios de recepción. Ibáñez, Ana María ; Moya, Andrés
Víctimas
The Journey to Safety: Country-Driven Migration Flows in Colombia Ibáñez, Ana María ; Geoffrey J. D. Hewings, Gianfranco Piras, Nancy Lozano-Gracia Seguridad, Víctimas
El proceso de identificación de víctimas de los conflictos civiles: una evaluación para la población desplazada en Colombia Ibáñez, Ana María; Andrea Velásquez Víctimas
Conflicto armado en Colombia y producción agrícola: ¿aprenden los pequeños productores a vivir en medio del conflicto? Ibáñez, Ana María ; María Alejandra Arias Campo, Economía política, Desarrollo
Agricultural Production Amid Conflict: The Effects of Shocks, Uncertainty, and Governance of Non-State Armed Actors Ibáñez, Ana María ; María Alejandra Arias, Andrés Zambrano Política del conflicto, Campo
Labor Market Effects of Migration-Related Supply Shocks: Evidence from Internal Refugees in Colombia Ibáñez, Ana María ; Valentina Calderón Trabajo, Víctimas
Desplazamiento forzoso, participación laboral femenina y poder de negociación en el hogar: ¿Empodera el conflicto a las mujeres?
Forced Migration, Female Labor Force Participation, and Intra-household Bargaining: Does Conflict Empower Women?
Ibáñez, Ana María ; Valentina Calderón, Margarita Gáfaro Mujeres, Trabajo, Víctimas
Adjusting the Labor Supply to Mitigate Violent Shocks: Evidence from Rural Colombia Ibáñez, Ana María ; Ximena Peña, Manuel Fernández Seguridad, Campo, Trabajo
Cocaine Production and Trafficking: what do we know? Mejía, Daniel ; Carlos Esteban Posada Seguridad, Narcotráfico
La microeconomía de la producción y el tráfico de cocaína en Colombia Mejía, Daniel ; Daniel Mauricio Rico Seguridad, Narcotráfico
The war against drug producers . Mejía, Daniel ; Herschel I. Grossman Seguridad, Narcotráfico
¿Pueden la violencia y los trastornos mentales condenar a la población desplazada a una situación de pobreza crónica? Moya, Andrés  Salud, Desarrollo
Do Conflicts Create Poverty Traps? Asset Losses and Recovery for Displaced Households in Colombia. Moya, Andrés ; Ana María Ibáñez Víctimas, Desarrollo
Why Internal Conflict Deteriorates State Capacity? Evidence from Colombian Municipalities Ramírez, Santiago ; Marcela Eslava, Mauricio Cárdenas Política del conflicto, Teoría del estado 
Costos económicos y sociales del conflicto en Colombia ¿Cómo construir un posconflicto sostenible? Rodriguez, Catherine ; María Alejandra Arias, Adriana Camacho, Ana María Ibáñez, Daniel Mejía (Compiladores) Construcción de paz, Economía política
Kidnaps and Migration: Evidence from Colombia Villa, Edgar ; Catherine Rodríguez Víctimas
Martes, 06 Septiembre 2016 00:00

Sobre los costos del conflicto


Por Blogoeconomia · 06 de Septiembre de 2016

La semana pasada circuló en la Facultad de Economía de la Universidad de Los Andes, en la que somos profesores quienes escribimos este blog, un listado de preguntas que varios estudiantes formularon con respecto al acuerdo Farc-gobierno. Son preguntas lúcidas e importantes que compartimos muchos colombianos. En este post recopilamos evidencia surgida de investigaciones conducidas en la Facultad durante años, que ayuda a responder algunas de esas preguntas: las que se refieren a los beneficios esperados de lo acordado. Esperamos aportar así al proceso de reflexión en que estamos, o deberíamos estar, inmersos los colombianos, ahora que nos aprestamos a depositar nuestro voto de apoyo o rechazo a lo pactado. Quedan muchas otras preguntas por responder, incluyendo algunas de las que pueden ser objeto de cuantificaciones, pero nos limitamos aquí a aquello para lo que los estudios de la Facultad han arrojado ya algunas luces.

La historia de costos humanos y económicos del conflicto da una medida de lo que el país tiene por ganar a futuro si logra frenar la violencia que se ha asociado al conflicto, un logro al que una implementación efectiva del acuerdo debería contribuir de manera significativa. Las cifras gruesas son bien conocidas: cada año, los muertos directamente atribuibles al conflicto se cuentan en miles y los desplazados en cientos de miles; cientos de personas resultan muertas o mutiladas por minas antipersona; y miles de mujeres son víctimas de violencia de índole sexual asociada al conflicto, muchas de ellas obligadas a abortar o usar anticonceptivos en contra de su voluntad. Lo que se conoce con menos contundencia son las cifras sobre ramificaciones igualmente dramáticas de esos impactos directos. Dividiremos este resumen en al menos dos entregas: una sobre investigaciones que miden esas ramificaciones en aspectos sociales, y otra sobre las que las miden en la dimensión productiva. Hoy publicamos la entrega 1.

Entrega 1: algunos costos sociales del conflicto

El drama humano y social derivado del conflicto se extiende mucho más allá del evento de desplazamiento, mutilación, o pérdida de un familiar, y alcanza también a quienes no son víctimas directas. Los estudios de Ana María Ibáñez y Andrés Moya cuantifican las severas consecuencias socioeconómicas del desplazamiento, que con frecuencia condena a las víctimas a una situación de pobreza crónica. Una familia desplazada se ha visto obligada a abandonar su principal activo productivo, la tierra, y sus miembros, con habilidades y experiencia en lo agrícola, experimentan dificultades para insertarse en los mercados laborales urbanos.  Esto se traduce en una reducción del ingreso de aproximadamente 50%, y una correspondiente caída en el consumo de 30 por ciento. La consecuencia frecuente es la pobreza: aún las cifras más conservadoras, las de la Unidad de Víctimas, ponen al 63 por ciento de la población desplazada por debajo de la línea de pobreza y al 30 por ciento en situación de pobreza extrema. Eso en un contexto en que la población desplazada supera los seis millones de personas, casi tres de cada veinte colombianos.

Las heridas psicológicas de la violencia y el desplazamiento son otra de las consecuencias desgarradoras del conflicto. Una cifra es reveladora: la tasa de prevalencia de síntomas críticos de depresión alcanza el 38% entre la población desplazada, casi cuatro veces el promedio nacional (Encuesta Nacional de Salud Mental, 2015). Las investigaciones de Andrés Moya revelan que estas heridas psicológicas también tienen graves consecuencias socioeconómicas: la exposición a este tipo de eventos erosiona el desarrollo de habilidades socio-emocionales y cognitivos en jóvenes y niños, afectando sus decisiones económicas. Los estudios muestran que, al preguntar a una víctima directa del conflicto por su expectativa sobre su futuro económico en un horizonte de un año, la probabilidad de que ésta responda que su expectativa es ser pobre duplica la probabilidad de que una no víctima espere ser pobre. Esta desesperanza desestimula la toma de decisiones potencialmente rentables pero riesgosas, como el emprendimiento.

Los efectos de largo plazo del conflicto se extienden también a través de graves afectaciones al capital humano desde la temprana infancia y la juventud, incluso para niños que no han sido víctimas directas, o que ni siquiera han nacido. Un estudio de Adriana Camacho reveló que el estrés generado por la explosión de minas antipersona en su municipio de residencia afecta a mujeres en su primer trimestre de embarazo, reduciendo el peso al nacer de los bebés fruto de esos embarazos. En promedio, los niños nacidos en esos municipios dos trimestres luego de la explosión pesan ocho gramos menos que los bebés en municipios similares pero sin afectación directa de minas antipersona. El peso al nacer es una señal probada de la salud presente y futura del individuo, y los estimados de los que se dispone indican que esos ocho gramos perdidos corresponden a un incremento de la mortalidad neonatal de 0.38 por ciento y de la mortalidad infantil de 0.67, lo que corresponde a dos muertes adicionales al año de neonatos e infantes, atribuibles a las minas antipersona.

La exposición al conflicto conlleva también deserción escolar y trabajo infantil. Fabio Sánchez y Catherine Rodríguez han estimado que, en ausencia de violencia asociada al conflicto, los niños de áreas afectadas por el conflicto habrían alcanzado un año más de educación. El estimado sube a casi dos años cuando se enfocan en adolescentes. Un efecto muy significativo, correspondiente a casi 20% del nivel de educación que alcanzaron de manera efectiva.  Ana María Ibáñez, Leopoldo Fergusson y Juan Felipe Riaño obtienen resultados cualitativos similares estudiando los efectos de “La Violencia” sobre la educación de los niños en municipios afectados. Pero, los efectos que encuentran son más débiles, del orden del 6% del nivel de educación usual (por oposición al 20%). Aunque diferencias en los enfoques metodológicos hacen imprecisa la comparación de las dos magnitudes, una hipótesis razonable es que la afectación más generalizada y duradera del conflicto de los últimos cincuenta años implique un efecto aún mayor sobre la educación de los niños que el observado en otros episodios violentos de la historia.

La larga duración y la extensión del conflicto colombiano en todo el territorio nacional hace que estas consecuencias se extiendan a una parte muy importante de la población. Todas afectan de manera grave directa la calidad de vida de las personas, y le suman a esas afectaciones otras indirectas e igualmente graves a través de la capacidad de generación de ingresos autónomos. La próxima entrega de este post revisará cuantificaciones de esos impactos económicos derivados desde la perspectiva del sector productivo. Por supuesto, ni la firma ni la aprobación popular, ni siquiera la efectiva implementación del acuerdo hacen que el conflicto y sus costos desaparezcan como por arte de magia. Conocer los costos del conflicto nos da una idea de los beneficios potenciales de llegar a la paz. Otros elementos de juicio serán necesarios para que cada quien estime cuánto de ese camino se puede recorrer aprobando los acuerdos de la Habana. 

Por Marcela Eslava, con insumos y ayuda proveídos por Diego Amador, Leopoldo Fergusson, Ana María Ibáñez, Jorge Higinio Maldonado, Andrés Moya y Hernando Zuleta.

El resumen de arriba se refiere a los siguientes estudios (algunos con link a sus versiones de documento de trabajo):

Camacho, Adriana. 2008."  American Economic Review p&p 98(2)pp. 511-15.DOI:10.1257/aer.98.2.511

Fergusson, Leopoldo, Ana María Ibáñez y Juan Felipe Riaño (2015) Documento CEDE 2015-35

Carter, Michael y Andrés Moya. . NBER Working Paper No. 20463.

Ibáñez, and A. Moya (2009). “Vulnerability of Victims of Civil Conflict: Empirical Evidence for the Displaced Population in Colombia”. World Development 38(4): 647-663.

Ibáñez, A.M., and Moya, A. (2007). “¿Cómo deteriora el desplazamiento forzado el bienestar de los hogares desplazados: Análisis y determinantes de bienestar en los municipios de recepción”, Coyuntura Social, 37:

29-62. Moya, A.

Rodríguez, Catherine   y Fabio Sánchez, 2012. "," Defence and Peace Economics, Taylor & Francis Journals, vol. 23(2), pages 161-184, April.

 

Ver artículo y otros comentarios en http://lasillavacia.com/blogs/sobre-los-costos-del-conflicto-57831

por Andrés Álvarez ()

Aunque es difícil de definir exhaustivamente lo que es un régimen monetario, se puede decir que está al menos compuesto de cuatro cosas importantes: un objetivo misional, unas metas acordes a este objetivo misional, un conjunto de instrumentos compatibles con estas metas y que permitan alcanzarlas y unos indicadores que deben observarse para evaluar el desempeño y la validez de las políticas. Un régimen monetario es entonces una forma compleja de implementación de un ideal de política. Una forma de Utopía llevada a la práctica, generalmente de buena fe. Una Utopía que surge de un consenso entre autoridades monetarias, actores económicos locales, gobiernos y actores económicos externos. Un régimen monetario tiene entonces la forma de un equilibrio político con una fachada científica, técnica. Pero lo político nunca está muy lejos. Tampoco el hecho de que sea un equilibrio político se puede pensar como una mancha que enturbia la pulcritud de la idea técnica, científica. 

Precisamente el gran valor de la estabilidad monetaria lograda, en términos generales, por Colombia, a lo largo de casi un siglo, ha sido uno de los mayores reflejos de un atisbo de madurez política del país. De un país que en otros aspectos es un infante político. Un niño malcriado que arregla a patadas sus grandes problemas políticos. Pero detrás de esta, a grandes rasgos, estabilidad monetaria del país no se puede olvidar que ha habido una sucesión de cambios de régimen monetario.

Desde la adopción del Patrón Oro al momento de la creación del Banco de la República (1923), hasta la más reciente consolidación de un modelo de inflación objetivo. Hemos tenido de todo. La historia monetaria de un país es precisamente la historia de la sucesión de regímenes monetarios. Es decir, la historia de la forma en que de un equilibrio político ideado con rigor tecnócrata se pasa a otro equilibrio político con una nueva convicción tecnocrática. Un régimen monetario se implementa como una forma de equilibrar las fuerzas económicas y políticas de los ganadores y perdedores de la política monetaria. Se trata de un consenso donde unos y otros sacrifican algo para amarrarse al mástil evitando que cada uno, sabiéndose sirena, hale para su propio lado y termine en un naufragio colectivo. 

Pero, después de que se escoge un nuevo rumbo para el barco, en medio de la turbulencia, sabemos que la ruta escogida tendrá sus propios agites. La “economía política” es ese mar que se agita al vaivén de nuevos ganadores y perdedores. De resultados inesperados del modelo ideado. Cuando la turbulencia vuelve a ganarle a la calma el régimen monetario tambalea y se desamarra cada quien de su mástil y un nuevo equilibrio se debe encontrar antes del naufragio.

Hoy las turbulencias de las economías desarrolladas muestran que el equilibrio de los regímenes vigentes piloteados por el Banco Central Europeo y la Reserva Federal de Estados Unidos están sometidos a choques desequilibrantes. La cada vez menos exótica y más necesaria idea de las política de “lanzar dinero desde un helicóptero” (http://voxeu.org/article/helicopter-money-views-leading-economists). 

Que, dicho más técnicamente, en el contexto actual, se refiere a violar el tabú de financiar el gasto público con emisión monetaria primaria. La ortodoxia monetaria se persigna y se encomienda a todos los santos. Pero, cada vez parece sentirse más sola amarrada a su mástil. 

En Colombia no estamos en medio de tales turbulencias, pero empezamos a sentir cada vez las olas más grandes y los vientos más fuertes. El modelo de inflación objetivo, como me sopló un colega, es una mar tranquilo hasta que un choque externo a la tasa de cambio empieza a recordarnos dolorosamente que también hay ganadores y perdedores. El Banco de la República lleva varios meses golpeando en la mesa con su puño para calmar los ánimos de las expectativas descarriadas.

Pero la dosis de una tasa de interés cada día más alta parece que empezó a enfermar a varios pacientes. El equilibrio político entre el Gobierno y el Banco cada día se ve más al borde de la ruptura y los instrumentos de política tan limitados que tiene el régimen actual de inflación objetivo no ofrecen mucha alternativa a los puñetazos en la mesa del emisor.

Es tiempo entonces de contribuir desde todos los actores, y especialmente desde la academia y la tecnocracia, a una discusión sobre lo hasta hoy indiscutible. ¿Estaremos necesitando más que un ajuste fino al régimen monetario actual? La verdad mi pregunta no tiene nada de original. Lo mismo se está preguntando hasta uno de los guardianes del tabú: http://www.frbsf.org/economic-research/publications/economic-letter/2016/august/monetary-policy-and-low-r-star-natural-rate-of-interest/ … 

Ver otros comentarios en http://lasillavacia.com/blogs/discutamos-lo-indiscutible-un-nuevo-regimen-monetario-57682

 

Opinión
POR:
Ana María Ibáñez Londoño
junio 29 de 2016
 
 

Colombia está cerca de firmar el acuerdo de paz con las Farc. Tras 52 años de guerra ininterrumpida, el grupo guerrillero más grande y antiguo de Colombia dejará las armas y decidió tramitar sus diferencias por la vía política. Es una noticia esperanzadora, no hay duda alguna. Pero es el primer paso para iniciar una transformación del país que tomará décadas. Es entonces el momento de trabajar después de celebrar. Incumplir el acuerdo puede generar, en el mejor de los casos, frustraciones y en el peor, la reanudación de ciclos de violencia.

Quiero concentrarme en el acuerdo agrario. Los compromisos del acuerdo ‘Hacia un nuevo campo colombiano: una reforma rural integral’ son ambiciosos. Tres son los grandes objetivos: mejorar el acceso a la tierra de la población rural y fortalecer los derechos de propiedad de la tierra; emprender programas de desarrollo rural para incrementar la productividad agropecuaria y reducir la pobreza rural. Todos los objetivos son deseables y su aplicación podría no solo reducir la pobreza rural, sino promover un crecimiento de la producción agropecuaria del país.

El Censo Nacional Agropecuario realizado en el 2013 muestra un panorama desolador. Por un lado, los índices de pobreza rural multidimensional alcanzan un 45,6 por ciento, es decir, que de cada dos personas en las áreas rurales del país una es pobre. La dispersión de los índices de pobreza es además enorme.

El municipio con menor pobreza es Cajicá (Cundinamarca), con un índice de 1,5 por ciento; mientras en El Tarra (Norte de Santander), municipio con los mayores índices, es 92,6 por ciento. Por otro lado, el poco acceso a bienes públicos productivos e insumos de los productores agropecuarios deriva en baja producción y baja productividad.

Mejores prácticas

Colombia tiene 2,7 millones de productores agropecuarios, de los cuales el 27 por ciento vive en sus predios (724.000). Solo un 16,6 por ciento tiene acceso a maquinaria, 16,8 por ciento a construcciones productivas, 18,1 por ciento a sistemas de riego, 10 por ciento a asistencia técnica y un poco menos de 10 por ciento tiene crédito financiero.

Muchos de estos bienes e insumos están concentrados en los grandes propietarios, pese a que los medianos y pequeños son los principales productores del país. Ocho millones cuatrocientas mil hectáreas están dedicadas al uso agrícola, de las cuales cinco millones (59,5 por ciento) están explotadas por los productores tradicionales y 3,4 millones están destinadas a uso agroindustrial. Un 40 por ciento del área cosechada está en predios de menos de 50 hectáreas y generan más del 43 por ciento de la producción agrícola.

Las cifras son contundentes. Es impostergable dar prioridad a las regiones rurales del país e impulsar una mejor política agropecuaria. Pero la historia también es contundente. Estos problemas no son nuevos ni surgieron durante el conflicto actual.
Son el resultado de décadas de incapacidad del Estado y falta de voluntad política. Poner en marcha el acuerdo agrario debe partir del realismo y no de la grandilocuencia de las declaraciones políticas.

Las políticas y programas que emanarán del acuerdo deben priorizar temas y el alcance geográfico para ser alcanzables.

Las prioridades

A nivel nacional, es importante enfocarse en tres prioridades. Primero, Colombia necesita un catastro actualizado y en interfase con las bases de datos de la Superintendecia de Notariado y Registro. Esto es fundamental para proteger los derechos de propiedad de la tierra.

Segundo, si bien en la actualidad el impuesto predial grava la propiedad de la tierra, en muchas regiones este es irrisorio y no incentiva la explotación eficiente de la tierra.
Aumentar las tasas prediales de la propiedad rural y la capacidad de recaudo de los municipios debería ser impulsado por el Gobierno Nacional.

Tercero, pero no menos importante, se deben fortalecer las instituciones que protegen los derechos de propiedad de la tierra y promover la formalización de predios y la restitución de las tierras de la población desplazada. Estas tres tareas no son menores.
Tomarán años.

Aplicar los programas de desarrollo rural integral y de reducción de la pobreza en todo el territorio es una utopía. El Estado no tiene la capacidad para hacerlo. Se deben priorizar los municipios de intervención y aplicar programas de desarrollo rural ambiciosos y bien diseñados. Esto implicará un trabajo conjunto con las autoridades locales, las organizaciones civiles y los movimientos políticos de estos municipios, incluido el partido político que resulte de la desmovilización de las Farc.

Para alcanzar estos objetivos ambiciosos, se requieren instituciones agrícolas sólidas, no capturadas por los intereses políticos, y con una visión de Estado. Y en este punto, falta voluntad política. El Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural y sus entidades adscritas no pueden continuar siendo un fortín político y clientelista cuyas políticas se modifican al vaivén de los intereses políticos del ministro en ejercicio. Su función tras los acuerdos de La Habana será crucial. El Ministerio debe contar con una tecnocracia sólida que diseñe políticas de Estado que transciendan los intereses políticos y eviten que el presupuesto se defina bajo criterios clientelistas.

La firma de los acuerdos de paz da motivos para la esperanza. Convertir esa esperanza en realidad tomará voluntad política, pragmatismo y mucha disciplina. Vale la pena hacerlo.

Ana María Ibáñez
Decana de Economía Universidad de los Andes

Martes, 07 de junio de 2016 11:44

Por: Leopoldo Fergusson
PhD en Economía del MIT y profesor de la Universidad de los Andes

 

¿Qué es lo que el ciudadano colombiano debería saber y entender acerca del conflicto armado?

En general, el conflicto colombiano se destaca por la asimetría con la que ha afectado a diferentes sectores de la sociedad. Esto constituye una amenaza a la construcción de paz porque, para muchos ciudadanos, la realidad de los protagonistas directos del conflicto (a saber, cada uno de los bandos en disputa y las víctimas directas) es una realidad lejana y conocida sólo de segunda mano, intermediada por el discurso de políticos y medios de comunicación. La realidad está entonces distorsionada por el discurso político, y simplificada por el afán diario.

Por eso, más allá de conocer la historia y orígenes políticos de nuestro país (que también conviene conocer), lo que más hace falta que conozca el ciudadano colombiano, urbano, afectado sólo a destajo por el conflicto, es el testimonio de estos protagonistas directos del conflicto. Sólo así podrían evitarse las nociones simplistas del conflicto que poco contribuyen a una posible reconciliación. Por ejemplo, la noción de que narcotráfico y guerrilla son una misma cosa (interactúan, pero una cosa es Fritanga y otra Marulanda); que guerrilleros y paramilitares son lo mismo; que el ejército son sólo héroes y los rebeldes sólo villanos; que la gasolina del conflicto ha sido sólo la ambición y afán de poder de la Colombia que está por fuera del establecimiento y no, también, la ambición y afán de poder del establecimiento; entre otros. 

Siempre insisto en que en Colombia nos hemos equivocado dos veces con el conflicto. Por mucho tiempo, a la sociedad se le fue la mano en justificarlo. Después, se le ha ido la mano en simplificarlo. Lo primero contribuyó a su surgimiento y consolidación. Lo segundo, ha dificultado terminarlo. Pero luchar contra esta tendencia no es fácil porque la gente encuentra mucha tranquilidad en las explicaciones simples. El problema con esas explicaciones es que son falsas o en el mejor de los casos incompletas.

¿Qué es lo que el ciudadano colombiano debería saber y entender acerca de lo que cambiará en el país (y lo que no) si se firma un acuerdo entre el gobierno y las Farc, y eventualmente con el Eln?

Hay un énfasis completamente equivocado en que el colombiano debe conocer el dividendo económico de la paz: la noción de que una firma presumiblemente transformará al país en uno que crecerá a tasas más elevadas y donde la inversión militar se sustituirá por inversión social. Por supuesto que, en el largo plazo, sólo un país sin conflicto interno puede ser verdaderamente próspero e incluyente.

Pero como queda bien demostrado por la historia colombiana, un país en conflicto puede ser razonablemente próspero para muchos, y tremendamente rentable para unos pocos. Precisamente porque el país se ha acostumbrado a vivir en conflicto y, más aún, muchos grupos sociales se benefician de este y del control de la guerrilla y demás grupos rebeldes a través de la contención armada en lugar de la negociación política, bien podría ser el caso que la firma de un acuerdo, más que un dividendo, genere un costo en crecimiento económico. Los cálculos de los economistas sobre el dividendo sólo contemplan resultados posibles bajo un escenario, con poca consideración sobre escenarios alternativos menos prometedores para el crecimiento en el corto plazo.

Además, una firma de un acuerdo con las Farc (aunque se sume el Eln) no es garantía del fin del conflicto, ni de la transformación del país. Ahora, si dicha negociación en efecto se convierte en una coyuntura crítica que transforma al país y sus instituciones, entonces precisamente los escenarios alternativos a los que hacía referencia se vuelven más probables. Por ejemplo, muchos grupos de interés que hoy se benefician del status quo perderán su confianza en el país (o al menos esperarán a ver qué pasa con esos cambios). Otro ejemplo: si dicha transformación de fondo se da, se habrá pactado con la izquierda extrema y armada colombiana. Pero no con la extrema derecha (más amorfa, amalgamada con la legalidad, y solapada que la extrema izquierda), que tendría que caber dentro de una Colombia cambiada si se espera que la paz sea duradera.

Aunque a la larga positivo si se construye un país más incluyente, más que un dividendo de la paz, hay que pagar un costo de la paz como una inversión a largo plazo. Así, el colombiano tendría que saber que la firma es sólo un comienzo. Que si la paz se va a lograr, puede costar mucho y requiere cambios fundamentales en el país.

¿Cómo podemos comunicar de manera realista y documentada los retos del posconflicto colombiano?

Los académicos podemos intentar cambiar algunas mentes. Pero nuestro alcance es limitado. Máximo podemos aspirar a llegar a la mente e imaginación de artistas (escritores, cineastas, cantantes, humoristas), otros líderes (políticos, líderes sociales, periodistas), y medios de comunicación, que son los que realmente pueden comunicar a una escala que pueda hacer alguna diferencia. Nuestros artículos, incluido este, no tienen un impacto directo masivo socialmente, excepto si son recogidos por personas que ayudan a moldear la cultura colectiva.

Viernes, 01 Abril 2016 00:00

Cuando la suerte cambió

| Por Blogoeconomia

Por Marc Hofstetter

Twitter:

Hay dos resultados macroeconómicos que están frescos en la mente de los colombianos por su contraste con lo números a los que estábamos acostumbrados: la inflación y la tasa de cambio. Para la primera, llevábamos un lustro con variaciones en precios de cerca de 3% anual; para la segunda, nos habíamos habituado a una tasa de cambio frente al dólar que se mantenía tercamente por debajo de los 2000 pesos por dólar. Esos dos referentes se han roto: la tasa de cambio lleva meses por encima de los 3000 y la inflación ronda el 8%. ¿Cómo pudo haber ocurrido esto? ¿Nuestros pares en la región andan en las mismas?

Para entender cómo llegamos aquí hay que devolverse a mediados de 2014 cuando se acabó la fiesta en el mundo emergente. Los precios de las materias primas que en muchos de estos países son el motor de las exportaciones y que se habían mantenido por varios años en niveles muy altos, empezaron a desinflarse. Por ejemplo, el precio del petróleo que deambulaba por encima de los 100 dólares por barril alcanzó recientemente precios por debajo de los 30 dólares:

La caída en los precios puso en aprietos a las naciones emergentes. Sus exportaciones cayeron, sus monedas en otrora fuertes tendieron a debilitarse presionando la inflación al alza, vía mayores precios de los bienes importados, y las finanzas públicas se deterioraron a la par con los déficits externos.

Cuando los vientos económicos cambian el primer bombero es siempre el Banco Central. Si uno compara la reacción del Banco de la República con la de otros pares en la región tras el cambio en los vientos, encuentra que el nuestro ha optado por una estrategia muy diferente y que, casualidad o no, los resultados en el frente inflacionario han sido mucho peores. La comparación que sigue la hago sobre los cuatro países grandes de América Latina cuyos bancos centrales tienen metas de inflación y que tenían antes del golpe un record reciente impecable de cumplimiento de esas metas: Chile, Colombia, México y Perú.

En tasa de cambio reporto en el siguiente gráfico su evolución desde mediados de 2014. Lo hago en términos reales (es decir, ponderando las monedas de los socios comerciales y controlando por la inflación relativa correspondiente). El ajuste colombiano ha sido marcadamente más fuerte. Nuestra depreciación real se acerca al 60%; en México, que tiene una renta petrolera relativa al tamaño de la economía similar a la nuestra, no llega al 30% mientras que en Chile y Perú apenas ha habido ajuste cambiario real.

El Banrep ha dejado que la tasa de cambio sirva de amortiguador. Dicho de otra manera, no ha intervenido en el mercado cambiario sino que ha delegado al mercado la determinación del tamaño del ajuste. Habría podido atenuar, o intentar atenuar, la caída de la tasa de cambio vendiendo reservas internacionales. Lo que muestra el siguiente gráfico es que esa ruta es la que siguieron nuestros pares. A diciembre de 2015, su senda de reservas es en promedio 8% menor a la nuestra (comparada con la de julio de 2014). Eso, traducido al caso colombiano, habría correspondido a haber vendido cerca de 3.700 millones de dólares desde mediados de 2014.

Sin embargo, si bien el Banrep no vendió ni un dólar de las reservas internacionales, no se quedó cruzado de brazos. Su reacción ha sido subir las tasas de intervención en un intento por enfriar la demanda y controlar la inflación (en parte empujada por la devaluación). Fuimos los primeros en subir las tasas y, con distancia, los que más lo hemos hecho. Hasta febrero, nuestros incrementos desde mediados de 2014 suman 2 puntos; los mexicanos y peruanos la han subido menos de la mitad que nosotros y los chilenos de hecho la han reducido:

Hasta aquí, tres hechos: nos hemos devaluado más, subido más la tasa de intervención y no hemos vendido reservas. Queda la prueba ácida de cómo nos ha ido con la inflación a partir del meridiano de 2014. Allí las noticias no son buenas. Comparado con julio de 2014 la inflación colombiana ha crecido en casi 5 puntos porcentuales. En México ha caído, en Chile se ha mantenido estable y en Perú apenas ha subido un poco más de un punto porcentual.

Uno puede sumar los hechos descritos y contar una historia poco halagadora sobre el acierto en nuestra reacción a la caída en los precios de las materias primas: al caer el poder de compra de nuestras exportaciones primarias optamos por dejar que el amortiguador cambiario operara con total flexibilidad y escogimos lidiar con el golpe subiendo tasas de interés. Nuestros pares optaron por lidiar con el golpe vendiendo reservas. El amortiguador cambiario, operando en total libertad, funcionó haciendo saltar la tasa de cambio real en más de 60% pero en el camino la mayor devaluación se traspasó a la inflación que se trepó casi cinco puntos en Colombia y casi nada en el resto de países. Este balance sugiere que nos equivocamos.

Pero como suele ocurrir en macroeconomía, hay otras historias posibles y hay atenuantes. En el frente de los atenuantes hay al menos tres de primer orden. El primero, que el déficit externo colombiano es el más alto de la región y por tanto haber dejado operar el amortiguador cambiario tenía más sentido que en otros países donde no es tan prioritario cerrar esa brecha. El segundo, es que la dependencia de las exportaciones primarias y la caída relativa de los precios de las exportaciones no son iguales en todos los países: el golpe recibido no fue repartido con equidad. El tercero, es que una parte de nuestro salto inflacionario no es consecuencia de la devaluación sino de El Niño. Y en el frente de otras historias, una que salta a la vista tiene que ver con el perene debate sobre la efectividad de las intervenciones cambiarias: ¿haber vendido reservas como lo hicieron nuestros pares habría atenuado la depreciación y por tanto la inflación?

Estamos produciendo muy poca investigación en macroeconomía por fuera del Banrep. Ojala aprovechemos estos tiempos difíciles, que son un terreno fértil para la investigación del área, para cambiar esa tendencia. Necesitamos un mejor debate en general y, en particular, elementos de juicio más formales sobre cuál es la historia que mejor explica la divergencia de Colombia respecto a Perú, Chile y México tanto en la evolución de sus variables y los golpes recibidos como en las respuestas de política monetaria. Como escribe un colega del Banrep, necesitamos “más papers, menos tweets”. Especialmente en macroeconomía.

Martes, 01 Marzo 2016 00:00

Un Estado feliz

Por: Blogoeconomia, Dom, 2016-02-28 19:39

Por Leopoldo Fergusson (@LeopoldoTweets)

El Estado está de moda. Cada vez se reconoce más su importancia para promover el desarrollo económico y social. En Colombia, con el proceso de paz, mucho se ha dicho sobre su debilidad persistente y su desigual presencia en el territorio: hay que llevarlo donde nunca ha llegado, se insiste. Pero con el Estado sucede como con las familias, según la conocida máxima de Ana Karenina: las felices son todas iguales, pero toda familia infeliz es infeliz a su manera.

Y es que las familias, como el Estado, tienen muchas dimensiones. Para que sean felices todo tiene que andar bien, pero la desdicha se puede conseguir arruinando cualquier combinación de factores. Esta dura realidad tiene un agravante que quiero ilustrar en esta entrada: cuando no todo anda bien, quienes se benefician (y son muchos) de un Estado débil, tienen más de una herramienta para perpetuar la incapacidad estatal.

Primero, una aclaración. Cuando hablo de Estado fuerte, quiero decir consensualmente fuerte. El dilema fundamental de la capacidad estatal es que cuando un Estado es suficientemente poderoso como para hacer bien su tarea, también puede serlo para hacer daño. Por eso hay que controlarlo. Para eso están las leyes que limitan lo que los estados pueden hacer. O la separación de poderes. O la democracia, con sus espacios de representación y participación. Este control y la capacidad estatal pueden ser complementos: porque lo controlan, los ciudadanos le dan más poder al Estado (pagando impuestos, respetando su monopolio del uso de la fuerza, cumpliendo las normas).

Pero el caso colombiano sugiere que el asunto no es tan sencillo. Cuando hay democracia, pero otras dimensiones funcionan mal, ni siquiera esta forma de control por excelencia ayuda inequívocamente en la construcción de Estado. Veámoslo con tres ejemplos sobre el funcionamiento de la democracia en presencia de conflicto interno.

Recuerde el escándalo de la parapolítica. La parapolítica nos mostró que pese a las enormes dificultades, la prensa expone a los políticos envueltos en tratos con grupos ilegales. Thomas Jefferson, un optimista, creía que con esto basta para que la democracia funcione: “Donde la prensa es libre”, escribió, “todo está a salvo”. No necesariamente. Se necesitan, en realidad, todas las dimensiones de un Estado capaz. De lo contrario, la respuesta estratégica de quienes se benefician del Estado débil no tarda en aparecer. Los parapolíticos expuestos en la prensa no pagaron un costo electoral. Simplemente parecen haber compensado la exposición en medios con coerción, obteniendo votos adicionales en los lugares donde podían manipular más fácilmente al electorado.

Otro ejemplo. Imagine un país con elecciones y conflicto interno. Imagine un político ampliamente reconocido como el más apto para vencer a los rebeldes. Ahora imagine que a este político le importa el poder. Como el mecánico que en realidad no quiere arreglar de una vez por todas el radiador de su carro, este político no quiere resolver de una vez por todas el conflicto interno. Si lo hace, pierde su ventaja electoral, como el mecánico que se queda sin trabajo. Este problema del “amor a los enemigos” no ha pasado desapercibido por los analistas en Colombia.

Finalmente, piense en la experiencia con la elección popular de alcaldes. Esta reforma, en la dirección de mayor democracia, permitió que partidos que habían quedado por fuera durante el Frente Nacional y su prolongación consuetudinaria llegaran al poder local. Entre ellos se destacan algunos movimientos de izquierda que nunca formaron parte de los partidos tradicionales. En un trabajo apenas en desarrollo (por lo que les quedo debiendo el enlace) encontramos que donde llegó la izquierda al poder se observaron en promedio 4.5 ataques anuales adicionales por habitante cada año. En las siguientes elecciones, la izquierda no sólo típicamente no volvió al poder en estos lugares sino que el porcentaje de apoyo que recibió se redujo sustancialmente. El poder de facto representado por la violencia paramilitar contrarrestó lo que la izquierda obtuvo por medios institucionales. De nuevo, la respuesta estratégica facilitada por la incapacidad estatal en alguna de sus dimensiones.  

Frente a esto vale preguntarse cómo hacemos para construir Estado. Lo que está claro es que debe ser un esfuerzo exhaustivo, que ataque todas las dimensiones de un Estado: su capacidad legal, burocrática, fiscal, militar. El principio de Ana Karenina, y el caso de los alegremente llamados falsos positivos, así lo indican. Con los falsos positivos, quedó claro que cuando se hacen grandes esfuerzos por la construcción de Estado poniendo énfasis en una sola dimensión, los resultados no sólo no son efectivos sino contraproducentes. No es consensualmente fuerte un Estado si sus agentes asesinan a miles de civiles inocentes para sacar algún provecho personal. Ni se fortalecen las instituciones cuando para obtener esos beneficios hay que exacerbar la corrupción de la justicia para “legalizar al muerto”.

Mis ejemplos ilustran las dificultades de construcción de Estado en presencia de conflicto. Pero hay otra realidad típicamente colombiana, que constituye también un reto: el clientelismo, o eso de intercambiar votos por beneficios particulares. A los políticos clientelistas no les conviene que el Estado se vuelva muy bueno en su tarea esencial de proveer bienes públicos, porque atenta contra su ventaja comparativa que es entregar más bien beneficios a cuenta gotas a electores estratégicos. Así que la paz, si es efectiva, puede abrir oportunidades de construcción de Estado. Pero si el clientelismo impera, tenemos todavía más barreras que superar.

Termino con una anécdota y una preocupación. El pasado miércoles, el Presidente y su Alto Comisionado visitaron la Universidad de los Andes para hablar con los profesores sobre el proceso de paz. Sobre todo, querían que desde la Universidad contribuyamos a los retos que seguirán a una posible firma con las Farc. Pero el Presidente, que llegó a pedir ayuda, también se fue con peticiones. Una profesora le dijo que para ayudar habría que fortalecer Colciencias. Otra preguntó cómo podía poner a sus estudiantes a contribuir pero, también, cómo apoyaría el gobierno esa ayuda (i.e. el CVY). Y un tercero se quejó de un posible aumento en impuestos: “escúlquenle bien a las Farc, y que no vaya a ser que los contribuyentes financien la paz,” dijo más o menos. No disputo que Colciencias necesita plata, que los programas del gobierno deben facilitar nuestra ayuda, y que las Farc tienen que poner fondos. Pero la actitud pedigüeña, y los aplausos de mis colegas, me dio una mezcla de vergüenza y desilusión. Vergüenza porque este era un momento a la Kennedy de “No preguntes lo que tu país puede hacer por ti, sino…”. Y desilusión porque, sin restar muchas anotaciones válidas y muy interesantes de los profesores, estas solicitudes tenían algo de tinte clientelista.

Martes, 09 Febrero 2016 00:00

Hablemos del IVA

Lunes, 24 Agosto 2015 00:00

Impuestos, Sentencias e Igualdad

Por: Hernando Zuleta

Hace unos días la Corte Constitucional determinó que “en virtud de la prohibición de regresión, el cálculo de la renta gravable alternativa para empleados, obtenida en virtud de los sistemas IMAN e IMAS-PE, debe permitir la sustracción de rentas del trabajo exentas.” 

Esto significa que las tasas asociadas a IMAN e IMAS-PE deben aplicarse sobre el 75% de los ingresos.

Los efectos de esta sentencia, resumidos para este portal por Juan Esteban Lewin, son claros: (i) No afecta la carga impositiva para los individuos con ingresos bajos, pues no son sujetos del IMAN o el IMAS. (ii) Reduce la carga tributaria para los individuos que son sujeto de estos impuestos y que, en ausencia de los mismos, pagarían una tasa de impuesto al ingreso inferior a la estipulada por estos. (iii) La reducción en la carga tributaria es directamente proporcional a los ingresos de los individuos.  En otras palabras, la sentencia en cuestión favorece a los empleados con mayores ingresos.

El argumento central de la Corte se basa en la sentencia C-1060a de 2001, según la cual el hecho de que el 25% de los ingresos esté exento está “conceptual y estrictamente vinculada al goce efectivo del derecho constitucional mínimo vital”.

En las siguientes líneas explico las razones por las cuales esta sentencia está, en el mejor de los casos, mal motivada o, en el peor de los casos, va abiertamente en contra de los principios de la Constitución.

Antecedentes

- Derechos establecidos en la Constitución y costo fiscal.


Hay una gran cantidad de artículos de la Constitución en los cuales se identifican la igualdad y la lucha contra la pobreza como pilares del bienestar social: en el preámbulo y en el artículo 13 se establece el derecho a la igualdad; en el artículo 51 se establece el derecho a la vivienda digna; y se puede incluir un extenso etcétera.

Por supuesto, el costo fiscal de garantizar todos los derechos establecidos en la Constitución es elevado. Hoy, a pesar de los esfuerzos del gobierno, sigue habiendo un déficit grande de vivienda digna, la tragedia de la víctimas y la persistencia de la pobreza rural implican, entre otras cosas, un estado de cosas inconstitucional. Para poder remediar este estado de cosas inconstitucional se necesita elevar el recaudo tributario.

Dadas las necesidades de financiación del Estado, la Constitución establece en el numeral 9 del artículo 95 que es deber de los ciudadanos contribuir al financiamiento de los gastos e inversiones del Estado. Además, en el artículo 363 establece que el sistema tributario se fundamenta en los principios de equidad.

Iman e Imas

Los sistemas IMAN e IMAS responden a la necesidad de reducir la regresividad de la estructura tributaria.

“Un impuesto se considera regresivo cuando la tarifa efectiva de tributación (impuesto a cargo como proporción de los ingresos) cae conforme aumenta el nivel de ingreso.

Es decir, en un sistema regresivo, la proporción del ingreso destinada al pago de impuestos es más alta en trabajadores con bajos ingresos en relación con aquélla que hacen los trabajadores de más altos ingresos.”, según la reforma tributaria.

De acuerdo con datos del Ministerio de Hacienda, antes de los sistemas IMAN e IMAS, las personas que no declaraban renta pagaban entre el 11 y el 7% del ingreso en impuesto de renta, mientras que las que declaraban con salarios de $8 millones al mes pagaban en promedio el 2% de su ingreso bruto como impuesto y “Aún peor, personas con salarios 10 veces superiores pueden estar tributando menos del 1% de su ingreso mensual”.

Claramente, esta información indica que el Estatuto Tributario violaba el artículo 363 de la Constitución que establece que el sistema tributario se fundamenta en los principios de equidad. Así el IMAN y el IMAS entran a mitigar un estado de cosas inconstitucional.

El mínimo vital

El mínimo vital es un derecho innominado, esto es, que no está reconocido expresamente en la Constitución, pero sí implícitamente.

En pocas palabras consiste en la obligación del Estado de satisfacer unas condiciones de vida mínimas a las personas.

La Corte lo ha tratado como un derecho fundamental, pero también como una garantía de los derechos sociales, como la salud, el trabajo, o la seguridad social.

Precisamente, en la sentencia fundadora (T-426/92, M.P.: Eduardo Cifuentes Muñoz) se afirma que el mínimo vital “puede deducirse de los derechos a la salud, al trabajo, y a la asistencia o a la seguridad social”.

La Corte Constitucional ha reconocido el derecho al mínimo vital cuando se comprometen las condiciones mínimas de vida del vulnerado cuando hay: (i) Mora en el reconocimiento y pago oportuno de pensiones de vejez, jubilación o invalidez o de la sustitución pensional; (ii) Mora en el pago de salarios; (iii) Omisión de prestar atención necesaria de seguridad social en salud; (iv) Omisión de pagar la licencia de maternidad y el despido injustificado de la mujer embarazada; y, (v) Desprotección absoluta de personas en situación de debilidad manifiesta”.[2]

¿Cómo funcionan los precedentes?

En el comunicado No. 32 de agosto 5 de 2015, la Corte Constitucional usa como precedente la sentencia C-1060a de 2001 que hace referencia al mínimo vital.

No obstante, el mínimo vital está asociado con los derechos a la salud, al trabajo, y a la asistencia o a la seguridad social, derechos de los que goza plenamente cualquier individuo con ingresos suficientemente altos como para ser sujeto del IMAN. 

Curiosamente, en el mismo comunicado de la Corte se lee “las normas progresivas se presumen constitucionales, mientras que sobre las regresivas pesa la presunción de inconstitucionalidad mencionada.”

Como se mencionó anteriormente, el IMAN y el IMAS buscan reducir la regresividad del sistema tributario y aumentar el recaudo, es decir, “se presumen constitucionales”.

Llama la atención que la Corte no se refiera a otro precedente: Sentencia C-258.  En esta sentencia, conocida como el fin de las megas pensiones se lee  "El Estado Social de Derecho debe valerse de un sistema tributario para la realización de sus fines.

Al respecto, en la Sentencia C-776 de 2003, la Corte recordó que si bien es cierto los tributos son principalmente una herramienta para el recaudo de recursos para financiar el gasto dirigido al cumplimiento de  los fines del Estado Social de Derecho, también lo es que su configuración y la del sistema tributario como un todo puede servir para la redistribución del ingreso, por ejemplo, desde el punto de vista de quiénes deben contribuir y en qué monto. De ahí que la Constitución haya fijado como principios rectores del sistema tributario la equidad y la progresividad...  " 

 Así, esta sentencia implica que, en Colombia, los impuestos y subsidios deben seguir el principio de Dalton, esto es, no debe haber transferencias de individuos más pobres a individuos más ricos.

Entonces, se genera la posibilidad de demandar por inconstitucional cualquier programa de subsidios en favor de los ciudadanos más ricos y cualquier artículo del Estatuto Tributario que favorezca a los individuos más ricos. 

En particular, el hecho de que las tasas efectivas del impuesto de renta desciendan conforme aumenta el nivel de ingreso de los individuos es inconstitucional.

¿Algo en claro?

Los artículos del Estatuto Tributario que generan un sistema regresivo son inconstitucionales. Probablemente, el camino directo habría sido demandar algunas de las exenciones al impuesto de renta por inconstitucionalidad.

No obstante, el gobierno optó por una reforma para mitigar (no eliminar) el estado de cosas inconstitucional. Sin embargo, la Corte decidió que esa mitigación de la regresividad del estatuto tributario atenta contra el mínimo vital.

Es difícil entender el argumento de la Corte porque la sentencia reduce la carga tributaria para los más ricos, reduce el recaudo y no beneficia a los más pobres.

[1] Agradezco la valiosa ayuda de Alberto Gómez para la elaboración de esta entrada.

[2] Catalina Botero Marino. La Acción de tutela en el ordenamiento constitucional colombiano. Consejo Superior de la Judicatura. Escuela Judicial “Rodrigo Lara Bonilla”.

 

Ver otros comentarios y texto original en la Silla Vacía

Por: Blogoeconomia, Lun, 2015-08-03 17:44

Por David Bardey

En una previa entrada escribí sobre el tema de Uber y de los taxis tradicionales abordando el potencial problema de competencia desleal que puede generar esta plataforma. De manera diferente, les comparto algunas reflexiones sobre lo que significa el fenómeno llamado “Uberización” de la economía, explicando algunas de sus implicaciones para Colombia. Como se verá más adelante, hay aspectos totalmente positivos asociados a este fenómeno mientras que otros constituyen fuentes de preocupación.

¿Qué significa la “Uberización” de la economía?

Por representar un símbolo de un nuevo modelo económico, el nombre la firma Uber se prestó para crear esta expresión. Esta expresión se usa para definir los nuevos modelos de negocios en los cuales particulares pueden efectuar transacciones económicas vía plataformas accesibles desde aplicaciones que se encuentran en sus celulares inteligentes o en sus computadores. Además de Uber, los últimos años han experimentado una explosión de oferta de plataformas que van desde el alojamiento con AirBnB hasta plataformas de intermediación financiera, otras dedicadas a los servicios domésticos, a los servicios jurídicos, etc.

Sin duda, el éxito de estas plataformas se explica porque crean valor, por lo menos para sus usuarios (veremos más adelante que igualmente pueden, en algunos casos, generar efectos externos no siempre positivos). La creación de valor se debe a una distribución de capacidad de producción entre un número siempre más importante de usuarios, lo que llamamos efectos de redes por un lado, y por el otro, la creación de valor se da por el hecho de que la plataforma logra satisfacer las demandas de los consumidores que son cada vez más sofisticadas. Las firmas que operan con los modelos de producción más tradicionales se enfrentan de manera inevitable a la elección entre cuidar a sus clientes vía un proceso costoso de personalización del producto, lo cual implica un tamaño de producción limitado, o al contrario producir a gran escala bienes o servicios más económicos por el proceso de estandarización usado pero frustrando a sus clientes por la falta de personalización. Las tecnologías numéricas permiten romper este balance histórico agrupando en una misma plataforma millones de individuos, lo que permite llegar a un proceso de personalización a gran escala.

¿Cuáles son los sectores de la “Uberización”?

Como estas plataformas tienden a revolucionar muchos sectores, se está desarrollando un temor extendido bien resumido por Maurice Levy (Presidente del grupo Publicis) en el Financial Time: “La Uberización es la idea que uno se despierta por la mañana descubriendo que su trabajo ha desaparecido”. Los optimistas invocan entonces el fenómeno de destrucción creativa a la Schumpeter, mientras que los más recalcitrantes, o los que ya están afectados por este fenómeno en sus sectores respectivos, hablan más bien de “disrupción creativa”. Como se verá en esta entrada, seguramente la realidad se puede ubicar entre estas dos percepciones.

Para relativizar las palabras de Levy, es cierto que muchos sectores pueden pasar por cambios drásticos generados por estas nuevas tecnologías, pero lo simpático de este fenómeno de “Uberización” es que estas plataformas han empezado por atacar algunos “sectores protegidos” donde los consumidores han acumulado una frustración durante varias décadas, a menudo con la impresión de que el precio se encuentra artificialmente desconectado de la calidad ofrecida, o que ninguna innovación ha permitido mejorar la calidad. En efecto, mirando de cerca, uno se da cuenta que muchos sectores de la economía presentan barreras a la entrada, las cuales tienden a suavizar la competencia entre las empresas que operan en estos mercados.

Dicho eso, no estoy proponiendo quitar todas las barreras de entrada o eliminar todas las reglamentaciones que regulan los sectores protegidos. Algunas de ellas son claramente necesarias y protegen a los consumidores. Otras, al contrario, son el resultado de actividades de lobby por parte de las empresas que operan en estos sectores con el objetivo de acumular rentas. Seguramente uno de los aspectos más complicados relacionado con este fenómeno de la “Uberización” es que estas plataformas tienden a introducirse en las brechas (o zonas grises) de las reglamentaciones sin distinguir lo bueno de lo malo de estas. Sin duda, el éxito de Uber en el mundo se explica por ser una respuesta a una regulación inadecuada de los mercados del transporte público, pero igual eso no significa que todos los puntos que componen la reglamentación de los taxis sean injustificados o se deban eliminar.  

Además de los sectores dedicados a los servicios domésticos, sin sorpresa, observamos que los servicios jurídicos como los que prestan tradicionalmente los abogados y los notarios ya comienzan a ser ofrecidos en ciertas plataformas. En Europa o en EE.UU se pueden diligenciar algunos datos básicos y los usuarios reciben por correo electrónico un borrador de un testamento. El sector del alojamiento se ha transformado completamente con la entrada de plataformas tales como AirBnB y el sector salud ya está a la vista de nuevas plataformas…

A continuación, traigo a colación las transformaciones que puede experimentar el sector financiero en Colombia con estas nuevas tendencias de plataformas.

La Uberización del sector financiero

Lo irónico para los que ven las plataformas como la expresión más agresiva del modelo capitalista (en Alemana se escucha siempre más el eslogan “Plattform-Kapitalismus”) es que se están atacando también  a uno de los pilares del capitalismo: el sector financiero. Si existe un sector muy protegido en casi todos los países del mundo es sin duda el sector financiero. En efecto, por el papel central de los bancos en la actividad económica, y por la importancia de la confianza en este sector, se han elaborado muchas reglas prudenciales para proteger, entre otros, los ahorros de los hogares. Aunque son necesarias, estas reglas limitan la competencia en este sector. Colombia no ha escapado a este fenómeno y como usuario percibo que la calidad del servicio al cliente de los bancos deja bastante que desear. Si la calidad del servicio al cliente es regular, uno se puede preguntar ¿qué tan eficientes son los bancos en su papel de intermediación financiera (papel que resulta clave para el dinamismo de una economía)?

La diferencia con el sector del transporte público es que las plataformas han desarrollado hasta ahora una estrategia mucho menos agresiva hacia los bancos. Hasta el momento, la estrategia de estos nuevos operadores ha sido más bien la de buscar los nichos de mercado que resultan no tan atractivos para los bancos. Por ejemplo, en EE.UU y en Europa, se han creado plataformas para el financiamiento de corto plazo de las tesorerías de las pequeñas empresas, lo cual podría ser muy interesante para Colombia si uno mira los trabajos de Marcela Eslava y de sus colegas sobre el financiamiento de las Pymes. Otros nuevos operadores se concentran en los “excluidos” del sector bancario proponiendo costos de gestión mucho más económicos que los de los bancos tradicionales. También, se han creado plataformas para montar esquemas de crowdfunding en el cual son particulares que prestan a otros. Para dar un orden de ideas, en el mundo este tipo de transacciones no sumaban los 3 mil millones de dólares en el 2012, mientras que en el 2014 representaban más de 16,23 mil millones de dólares. Obviamente son cifras todavía marginales si las comparamos con las del sector bancario tradicional, pero a la vez su crecimiento es llamativo.

Para terminar con el sector financiero, los pagos por teléfonos inteligentes están tomando cada vez más fuerza, lo que puede transformar de manera radical la industria del sector bancario. La información y el contacto con los clientes siendo la clave para medir de manera adecuada los riesgos, las plataformas que desarrollan pagos en línea van acumulando y quitando una valiosa información a los bancos que les permitirá competir con ellos en un futuro muy cercano.

Por la experiencia reciente en Colombia en cuanto a esquemas de pirámides financieras, se recomienda obviamente someter a estos nuevos actores a reglas prudenciales muy rigurosas; sin embargo, la Superintendencia Financiera tendrá también que adaptarse a la llegada de estos nuevos operadores y actuar con rapidez.

El trabajo por demanda

Otra manera para entender el modelo de negocio de estas plataformas es fijarse en la razón capital/trabajo y compararla con la de las empresas tradicionales. Estas plataformas se caracterizan por tener muy pocos trabajadores, lo que obviamente hace parte de la estrategia para disminuir los costos y competir de manera más agresiva. Para fijar ideas, a pesar de que AirBnB y el grupo Accor ofrecen ambos servicios de alojamiento y que ambos negocios están valorados en 13 mil millones de dólares, AirBnB emplea 300 veces menos empleados que el grupo Accor, y además no es dueño de ninguna habitación. Cifras de una magnitud similar se pueden observar entre las agencias tradicionales que ofrecen alquiler de carros y las nuevas plataformas que han entrado a competir en este mercado.

Para llegar a estas razones capital/trabajo tan altas, el modelo de muchas plataformas consiste en minimizar el número de empleados propios. La implementación de esta estrategia se hace siguiendo el modelo de intermediación en el cual las plataformas contratan a independientes que ofrecen los servicios demandados por los usuarios de estas plataformas. Esta forma de contratación se ha denominado “on-demand job” y ofrece una increíble flexibilidad a estas plataformas para incurrir en muy bajos costos fijos.

El desarrollo y la expansión de esta modalidad de contratación implican transformaciones profundas en los mercados laborales. Si bien este tipo de contratación puede ser adecuada cuando la gente que ofrece sus servicios a una plataforma lo hace como actividad económica secundaria, puede resultar mucho más precario para la gente que trabaja de manera exclusiva para ella. Usando el sistema de evaluaciones de los servicios al cual colaboran los usuarios, las plataformas ponen a competir a trabajadores independientes y logran extraerles más excedentes que en una relación laboral tradicional. Como en cualquier cambio drástico, eso conviene a algunos tipos de trabajadores, los más exitosos y los que necesitan flexibilidad en su vida profesional, pero la inestabilidad económica que genera puede afectar a muchos trabajadores. Hasta The Economist, revista reputada de inclinación liberal, menciona en su número del mes de enero de 2015 que esta forma de contratación se puede comparar al mercado de los estibadores en el siglo XIX esperando en los puertos que alguien los contratara. Mejor dicho, en contraparte de una mayor flexibilidad, este cambio en las relaciones laborales consiste en transferir gran parte del riesgo hacía los trabajadores, con toda la inestabilidad económica que eso implica.

Esta nueva forma de contratación tiene también consecuencias para el financiamiento de los modelos de protección social. El modelo de protección social de los países europeos se encuentra bastante a salvo de los riesgos que representa esta modalidad de contratación de las plataformas por su característica de universalidad en cobertura, en contraste, este cambio tiene consecuencias más serías en EE.UU, donde las coberturas están más ligadas al mercado laboral. Seguramente no es totalmente fortuito que el candidato Jebb Bush en su campaña para las primarias del partido Republicano se haya convertido en el gran defensor de la causa de Uber, pues la “Uberización” del mercado laboral es una manera de atacar el modelo de protección social que tanto rechazan los Republicanos en EE.UU.

En los países en desarrollo como Colombia que se caracterizan por altos niveles de informalidad en su mercado laboral, es difícil saber si este tipo de contratación sería algo deseable o no. Por un lado, toda la precariedad que acabé de mencionar se aplicaría. Por el otro lado, si en la industria de los servicios, estas plataformas logran formalizar trabajos que ya son precarios por pertenecer al sector informal, se puede ver como una primera etapa en un proceso de formalización. Si al contrario, los trabajadores del sector informal siguen en la informalidad pero se desarrollan siempre más contratos de trabajadores independientes para los trabajadores que son actualmente empleados de sus empresas, vería como un retroceso el modelo impuesto por estas plataformas.

El futuro de las plataformas

En los sectores en los cuales ya entraron estas plataformas, estos nuevos actores se pueden ver como los “partidores de rentas”, lo que los hace simpáticos a primera vista. No obstante, uno no puede perder de vista que estas plataformas se convierten a su vez en monstruos por su tamaño y pueden terminar en futuros casi-monopolios. De hecho, por el número limitado de aplicaciones que podemos manejar/aguantar en nuestros aparaticos, el modelo de negocio de las pequeñas plataformas consiste en la actualidad en hacerse comprar por las plataformas grandes. Este fenómeno que estamos observando implica que la competencia en la industria numérica parece tener sus límites. Uno se puede preguntar entonces si la competencia que ha traído estas plataformas a nombre del bienestar de los consumidores, eliminando o reduciendo las rentas de los actores tradicionales, no termina creando otras rentas para estos nuevos actores, los cuales benefician de barreras de entrada espontaneas por los efectos de redes que han logrado crear. Como lo recuerda Luis Fernando Medina en su libro El Fenix Rojo, la lógica de nuestras economías capitalistas consiste en justificar todas las ganancias de eficiencia, las cuales pueden ser dolorosas, a nombre del sagrado bienestar de los consumidores. Pero como somos a la vez trabajadores y consumidores, es legítimo preguntarse ¿hasta qué nivel de precariedad debemos llegar en el mercado laboral a nombre del consumo?


Ver otros comentarios y texto original de La Silla Vacía

Los resultados de dos estudios evidencian, entre otros factores, que es indispensable generar políticas de familia más coherentes con la realidad laboral de las mujeres colombianas.

Se sabe que en Colombia, a pesar de que tenemos la segunda tasa de participación laboral femenina más alta de la región (después de Uruguay), y que el nivel de escolaridad de las mujeres supera el de los hombres, existe una brecha salarial entre hombres y mujeres que llega a ser hasta de 20 por ciento. Lo que es menos conocido es la existencia de la ‘penalidad por maternidad’. Olarte y Peña, en su ensayo ‘El efecto de la maternidad sobre los ingresos femeninos’ (2010), encuentran que existe una diferencia salarial del 9,4 por ciento entre las mujeres que son madres y aquellas que no lo son. Las autoras reportan, además, que esta brecha se hace más amplia cuando los hijos tienen menos de cinco años, siendo el diferencial entre madres de hijos pequeños y mujeres sin hijos de 18,4 por ciento. Adicionalmente, se observa que ser madre en Colombia hace que la probabilidad de ser contratada en labores de menor calidad sea mayor.

En un trabajo reciente, ‘Efecto de las decisiones de fecundidad de las mujeres sobre su bienes socioeconómico’, Sarzosa (2015) explora más a fondo la manera como el número de hijos, la edad de la madre al momento del nacimiento del primer hijo y el espaciamiento entre hijos, tiene impacto sobre los resultados de las madres en el mercado laboral, y por ende, sobre su bienestar.

En primer lugar, el estudio establece que la edad al momento del nacimiento del primer hijo es crítica. Se analiza solo el periodo entre los 20 y 49 años de edad; se excluyen las madres adolescentes, pues este es un fenómeno completamente diferente. En particular, Sarzosa reporta que existe un efecto positivo sobre el salario de la madre por cada año adicional de espera por el primer hijo a partir de los 20. Sin embargo, el efecto pasa a ser negativo a partir de los 26 años de edad. Cuando la mujer decide esperar un poco al principio de su carrera laboral, esto le permite acumular más capital humano y experiencia, y ello se refleja en mejores salarios. De otra parte, si espera demasiado a tener hijos y debe interrumpir su carrera cuando ya está establecida en el mercado laboral, puede incurrir en costos salariales importantes. Por ejemplo, al principio de la carrera el efecto positivo de esperar un año adicional al primer hijo puede llegar a ser hasta de 1,14 puntos porcentuales. Sin embargo, el costo negativo de esperar hasta después de los 30 puede llegar a ser de 4 puntos porcentuales sobre el salario.

De manera similar, la participación laboral de las mujeres es mayor si esperan un año adicional a tener su primer hijo antes de los 32 años y este efecto puede ser de hasta 3 puntos porcentuales. A partir de este momento, la participación laboral se reduce con cada año adicional de espera por el primer hijo. De otra parte, la probabilidad de emplearse formalmente también aumenta a medida que la mujer espera un año adicional entre los 20 y 32 años de edad para tener su primer hijo. Pero a partir de este punto, la probabilidad de empleo formal (vs. empleo informal) se reduce significativamente a medida que se pospone la edad del nacimiento del primer hijo.

El efecto del número de hijos parece verse reflejado sobre todo en la participación laboral. En particular, la participación laboral femenina aumenta si la mujer tiene un hijo adicional hasta un umbral de 4 hijos. A partir de cuatro, el efecto sobre la participación laboral es negativo y de hasta 5 puntos porcentuales. En esencia, un hijo adicional por debajo de un total de cuatro genera un incentivo a aumentar la oferta laboral para mejorar los ingresos del hogar a raíz de la llegada de un nuevo miembro. Sin embargo, a partir de un cierto punto, el trabajo femenino ya no compensa los costos de cuidado infantil en los que tendría que incurrir el hogar y resulta más eficiente que la madre deje su empleo por completo. El número de hijos también tiene un efecto siempre negativo sobre la probabilidad de estar trabajando en el sector formal.

El espaciamiento entre hijos parece ser la variable de las tres que tiene menos impacto sobre los resultados laborales de las madres. Se reporta un pequeño efecto positivo de mayor espaciamiento entre hijos sobre el salario y sobre la probabilidad de estar activo en el mercado laboral. Esto es porque entre hijos, la madre puede regresar al mercado laboral evitando una interrupción demasiado larga.

En suma, aunque existe una penalidad laboral por la maternidad, esta es posible atenuarla si la mujer puede tomar de manera más estratégica sus decisiones de fecundidad. Los resultados también evidencian que es indispensable generar políticas de familia más coherentes con la realidad laboral de las mujeres colombianas, incluidas las políticas de atención a la primera infancia, las políticas laborales amigables con la familia y las que balanceen las labores del hogar entre hombres y mujeres de forma más armoniosa.

Raquel Bernal
Directora del Cede, Facultad de Economía, Universidad de los Andes.
 

Extraido del diario Portafolio Junio 29 de 2015 http://www.portafolio.co/opinion/analisis-los-hijos-y-los-salarios-sus-madres

En la mañana del 18 de mayo los medios difundían las primeras imágenes de una avalancha de lodo en el suroeste de Antioquia.  La Liboriana rugió. A las 3 de la mañana los habitantes más pobres de Salgar intentaron despertar de esa pesadilla en la que despertaban mientras la garganta del río se tragaba los cuerpos de sus vecinos.  93 murieron y cientos más llevarán consigo esas imágenes que nosotros ya olvidamos. 

Otro desastre natural afecta a Colombia excepto que este no es un desastre natural, este es un desastre político y social. Una avalancha no es un terremoto. Las fuertes lluvias de la noche activaron un mortero cuyo blanco se conocía desde hace rato. Las lluvias fueron en cierta medida sorpresivas pero se anticipaban sus efectos río arriba, sus víctimas ya se conocían. 

El casco urbano de Salgar está estructuralmente predispuesto a este tipo de desastres. Un pueblo atravesado por un río recibe el agua de una quebrada como dos manos juntas que buscan recoger agua. En las partes altas, el ganado genera erosión y facilita desprendimientos. En las partes bajas, a orillas del río, los más pobres viven en casas de cimientos débiles. Algunos trabajan en la trilladora de Café, otros en el matadero.

La historia de desastres del municipio refleja esta propensión a las inundaciones y deslizamientos. Según datos de La ONU entre 1982 y 2012 se presentaron 11 inundaciones. Las quebradas Cosme y Liboriana se desbordaron en 2007 y el desbordamiento afectó a 375 personas. Peñalisa, en el suroccidente (ver mapa), se inundó en 2010 y 2011 y 1350 personas se vieron afectadas.

Pero la evidencia de la predictibilidad del evento es mucho más directa. Varios han resaltado que la vulnerabilidad de Salgar se menciona en el Plan de Ordenamiento Territorial.  Pero esta vulnerabilidad no solo se menciona en el documento,  es uno de sus temas centrales. “INGEOMINAS, en su estudio de zonas de riesgo geológico, detalla que toda el área urbana se encuentra en una zona de alto riesgo por estar ubicada en un área influenciada por las dinámicas hidrológicas de la Quebrada La Liboriana.” (PP. 68).   

Quince años atrás, el Esquema de Ordenamiento Territorial de 2000 diagnosticaba la necesidad de obras de mitigación del riesgo y sugería la reubicación de viviendas en zonas de riesgo.  11 años más tarde el avance de estos proyectos era de un 0%.  Parte de los mismos debían ser ejecutados: Desde 1989 las administraciones locales tienen la obligación de reubicar las zonas de riesgo bajo responsabilidad civil y penal.

Más recientemente, el Plan de Gestión del Riesgo de Desastres de Salgar identifica las inundaciones y deslizamientos como los eventos de mayor riesgo en el municipio y presenta un mapa de las zonas de riesgo.  Ese mapa, que reproduzco aquí, muestra como la cabecera municipal  (la S acostada en  medio del mapa) es una de las zonas con mayor riesgo de inundación. Las imágenes que vimos por televisión corresponden en su mayoría a esta zona del municipio. En este mapa el corregimiento de La Margarita aparece con riesgo medio pero no sé hasta qué punto esto se debe a la desactualización del mismo.

 salgar

El plan de Gestión de Riesgo diagnostica de manera precisa los riesgos de Salgar y propone planes de acción acertados pero, al igual que el EOT (Esquema de Ordenamiento Territorial) de 2000, la política se queda en el diagnóstico y el enfermo se queda sin tratamiento. Al llamar a la Alcaldía  me dijeron que estos planes no se habían llevado a cabo porque algo así nunca había ocurrido.  Pregunté si antes de la tragedia alguien monitoreaba el nivel de la Liboriana río arriba. La respuesta fue: Ahora lo estamos haciendo, antes no.

El mismo Plan de Gestión de Riesgo muestra que la implementación de un sistema de alertas tempranas tendría un costo de 75 millones de pesos. Es decir, el equivalente a compensar a 5 familias de las afectadas por la tragedia. Desde mi punto de vista, este sistema de alertas tempranas ha debido ser priorizado. No estamos hablando de la construcción de muros de contención o de la reubicación de las familias en zonas de riesgo.  Estamos hablando de un sistema de monitoreo de los ríos que se puede implementar en el corto plazo y que tiene el potencial de salvar cientos de vidas.

Este sistema de alertas tempranas tiene sin embargo un problema inherente: Es un bien público invisible o, en otras palabras, un bien que tiene dos veces los problemas de provisión de los bienes públicos.

En un escenario sin avalancha, no hay ningún beneficio tangible de tener, por ejemplo, un grupo de bomberos o tecnología monitoreando el nivel de las aguas 15 kilómetros más arriba, en Cerro Plateado. Un político preferiría invertir sus recursos en, por ejemplo, la intervención y mejoramiento del parque principal (la parte invisible). Peor aún, como parece ocurrir en Colombia, un político podría preferir entregar bienes particulares en vez de cualquier bien público (la parte pública). En política, laventaja de los bienes particulares sobre los bienes públicos es que permiten excluir a aquellos que no votan por el ganador.

En un escenario con avalancha, el sistema de monitoreo y alertas tempranas podría tener altos beneficios políticos. Los titulares harían referencia a las altas pérdidas materiales pero subrayarían las pocas pérdidas humanas gracias a los mecanismos de prevención del gobierno local. Este escenario es, sin embargo,  un escenario de baja probabilidad, un escenario  cuyo estallido cada gobernante espera  en otro mandato.  Este es el desastre político. El desastre social, sobre el cual no me detengo en esta entrada, es el hecho de que las tierras menos deseables y más vulnerables, son ocupadas por los más pobres.

¿Era imposible monitorear el nacimiento de la quebrada? Las siguientes palabras de Edilma Arango quien perdió a su hija y a su nieto en la tragedia son a la vez reveladoras y  angustiantes: “allá arriba sabían que eso estaba taponado y que se podía venir”.  Mi conclusión es que en Salgar y en general, en Colombia, algunos de los actores significativos que propician la condición de amenaza por inundación corresponden al sector político, ante la omisión de acciones que correspondan a evitar la construcción de viviendas en sector en peligro, y la poca o nula gestión ante el riesgo o vulnerabilidad. Pero estas no son mis palabras. En la frase anterior, no abrí comillas antes de algunos de los actores y  tampoco las cerré después del punto. Irónicamente estas palabras se encuentran en la página 41 del Plan de Gestión de Riesgo de Salgar.

Nadie nos va a devolver a los muertos dicen los políticos tal vez (espero) con algún cargo de conciencia. Nadie nos va a devolver a quienes no han debido morir; ojalá pensemos en proteger a los vivos.

Rafael J. Santos

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Por Hernando Zuleta

Crecí en Bogotá y desde que tengo memoria siempre oí hablar de corrupción, errores de planeación, de falta de visión y de lo mal que estaba la ciudad.  Bueno, casi siempre porque con la llegada de Mockus los críticos hablaban de problemas de gestión, falta de conocimiento político y de las payasadas del alcalde, pero no de corrupción. 

Para mí, lo mejor de la alcaldía de Mockus fueron las payadas del alcalde. Creo que gracias a esas payasadas los bogotanos comenzamos a  pensar en las cosas que queríamos cambiar de la ciudad y comenzamos a pensar que nuestro comportamiento individual podía contribuir a dañar o a mejorar la ciudad. Lo peor, a mi juicio, fue su renuncia prematura.

Con la llegada de Peñalosa,  se volvió a un estilo de gobierno más ejecutivo y tal vez más clásico.  No sé cuánto dinero se invirtió en obras durante su alcaldía, pero nunca, en ninguna ciudad, he visto una transformación tan grande en tan poco tiempo.  Después vino la segunda alcaldía de Mockus quien, sin abandonar su proyecto de educación ciudadana, decidió construir sobre lo construido, o como decía él, criar hijos ajenos.

No sé en qué momento ubicar el punto de inflexión,  pero antes de la primera alcaldía de Mockus no había respecto por el espacio público, ni por los bienes públicos en general. Los carros invadían las aceras o estorbaban la circulación en vías importantes y los almacenes no ofrecían lugares de parqueo. Los llamados vendedores ambulantes tenían puestos fijos en plazas, aceras y parques.  

Al final de la segunda  alcaldía de Mockus nada de esto sucedía.[1] Además los indicadores de criminalidad y pobreza mejoraron de forma sustancial.

La inflexión fue pronunciada y, en varias dimensiones, persistente. No obstante, a partir de  la salida de Mockus  se  comenzó a perder el respeto por el espacio público y se incrementaron algunos índices de criminalidad.[2]

Tampoco sé en qué momento se da el segundo punto de inflexión pero sé que las ganancias en educación ciudadana se perdieron.  El caso de los colados de Transmilenio ilustra dramáticamente el problema actual: No sólo hay una actitud vandálica y expropiatoria sino que hay un discurso para justificar esta actitud.[3] También se perdió el impulso que traían las obras públicas en la ciudad.

Al parecer los últimos tres alcaldes han creído que la invasión del espacio público no es un problema suficientemente importante y que defender los bienes públicos de los ataques vandálicos es propio de gobiernos de derecha.

Ahora el alcalde Petro afirma que en las próximas elecciones los Bogotanos debemos decidir si queremos continuar la Bogotá Humana o retornar al modelo neoliberal.

A mí me gustaría un alcalde que luchara por la recuperación del espacio público, que invirtiera en educación ciudadana y que expropie el Country, de una vez…. aunque sea neoliberal.

PD: No ignoro los avances en indicadores sociales. Pero sí afirmo que no ha habido un cambio de tendencia en estos avances. 

[1]Aquí hay un video completa de la transformación https://www.youtube.com/watch?v=jsrAMMFXG-0

[2]http://institutodeestudiosurbanos.info/dmdocuments/cendocieu/coleccion_d...

[3] http://www.razonpublica.com/index.php/component/tags/tag/636-francisco-t...

 

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Por Leopoldo Fergusson (@LeopoldoTweets)

El viernes pasado participé, en la Feria Internacional del Libro de Bogotá, en un lanzamiento de dos de los títulos que componen la Colección Básica de Historia Económica que edita la Facultad de Economía de la Universidad de los Andes: Historia económica de Colombia, 1845-1930, de William Paul McGreevy y Que nos tengan en cuenta, de Hermes Tovar. Comparto con ustedes las palabras que di a propósito del libro de McGreevy (con algunas ediciones para hacerlo un poco más corto).

Quiero primero unirme al agradecimiento a Uniandinos Siempre por la invitación, y a ustedes por su asistencia. Y quiero también felicitar al profesor Hermes Tovar y a nuestra decana Ana María Ibáñez (y a nuestro decano anterior Alejandro Gaviria) por sacar adelante esta colección. Y a Ediciones Uniandes por sacar este conjunto de libros muy pertinentes, y además muy bien editados.

El primer capítulo de la historia de este libro empieza en 1965, cuando McGreevy era un joven estudiante de doctorado del MIT que recibía su título de doctor, con una tesis que se publicaría en 1971 con el título An Economic History of Colombia, 1845-1930. Noten el énfasis en una historia económica de Colombia. En español le quitaron ese una y eso puede haber herido algunas sensibilidades.

Cuenta la leyenda que McGreevy había elegido estudiar a Colombia porque cuando fue a la biblioteca en MIT prácticamente no encontró libros sobre Historia Económica de Colombia y decidió: “ya tengo tema de tesis”. Así fue como llegó a trabajar en Bogotá  en 1963 a escarbar en el Cede de la Facultad de Economía de Los Andes y en la Luis Ángel Arango.

McGreevy venía entusiasmado a aplicar la cliometría, o Nueva Historia Económica como también se le conoce, que estaba dando sus primeros pasos. El énfasis era el análisis econométrico, guiado por teoría económica. Se trataba de una aproximación que aún estaba en pañales, y que iba generando tanto entusiasmo como resistencia. Y el estudio de la historia económica en Colombia también estaba en pañales. Todo esto es clave para entender lo que pasaría con la obra de McGreevy: Se trataba de un investigador inexperto, que llegaba a aplicar un método que aún estaba en pañales, en un contexto donde el estudio de la historia económica apenas empezaba.

El segundo capítulo de la historia empieza en 1975 cuando su libro se publica en español con el título Historia económica de Colombia, 1845-1930. Ese año, McGreevy recibió  una invitación a un seminario en Bogotá. Cuenta McGreevy en el epílogo de esta nueva edición que sólo al llegar al país supo que el título de la conferencia era “Un Análisis Crítico de la obra Historia económica de Colombia, 1845-1930 de William Paul McGreevy”.

Fue una encerrona. Todos lo criticaron. Frank Safford fue uno de los más contundentes. Le preocupó , dijo, “que la falta de una literatura muy amplia sobre la historia económica de Colombia, confiera a esta obra una autoridad inmerecida” (Historia económica de Colombia: un debate en marcha, Instituto de Estudios Colombianos, Bogotá, 1979, p. 25).  Salomón Kalmanovitz dijo que “la teoría propuesta es no sólo inadecuada para explicar los hechos de la transición colombiana [al capitalismo, recuerden que este es Salomón I, el marxista] sino que es incoherente para explicar cualquier transición en general” (p. 53). Hermes Tovar, entre otras cosas, analizó en detalle un libro de cuentas de la hacienda de Doyma entre 1767 y 1769 para refutar las afirmaciones que hacía McGreevy sobre la situación de sectores populares atados a la tierra.

El asunto fue tan fuerte que el profesor James Robinson en un seminario en Bogotá  (que debió ser en 2003 o 2004), postuló el McGreevy Effect en una presentación sobre el desarrollo de largo plazo en Colombia:

El Efecto McGreevy
Teorema: Si un académico gringo asegura que x es verdad sobre Colombia, los estudiosos colombianos rotundamente afirman que x no es cierto.
Prueba: La Historia económica de Colombia de William McGreevy.
Corolario: Se acabaron los gringos que escriben sobre la historia económica de Colombia.

Claramente es una exageración humorística, pero captura la esencia de la controversia. Yo en ese momento era apenas un asistente de investigación que especulaba con hacer un doctorado, y trabajaba para el profesor Robinson. Pero Robinson tuvo la generosidad de anotarme como coautor de la ponencia. No voy a decir nombres, pero un economista connotado, actual miembro del gabinete de gobierno, con doctorado en California, que no es Alejandro Gaviria, me dijo algo. Casi que reiterando como con reflejo la actitud que denunciaba el efecto McGreevy, dijo: “A usted no le conviene asociarse con Robinson y Acemoglu”. Tal vez sabía que yo iba a acabar como McGreevy, pues por culpa de Robinson y Acemoglu es que pude entrar a convertirme también en estudiante del MIT, 45 años más tarde.

Pero es interesante que con el tiempo se ha venido reivindicando esta obra, por varias razones. Hay un par de ensayos que son particularmente útiles de la historiografía colombiana que hablan del libro, de Meisel[1] y de Kalmanovitz[2]. Los dos rescatan aspectos positivos del libro. Robinson, en el prólogo a esta nueva edición, señala que a pesar de las posibles fallas en algunas de sus interpretaciones y revisión en algunos de sus datos, tiene mucho que destacar. Entre otras cosas, el énfasis en condiciones políticas (como la ausencia de un Estado capaz) e instituciones ineficientes heredadas de la colonia que pudieron haber truncado el desarrollo económico.

Dado que se ha ido reivindicando una pregunta válida es por qué le dieron entonces tanto palo a McGreevy en su momento. Una primera razón es que, aunque en efecto tiene muchas falencias, varias resonaron mucho, tal vez demasiado, por usar precisamente un método en infancia en un entorno en infancia: McGreevy hizo lo que pudo con lo que tenía a su alcance. No es coincidencia que donde los datos fueron mejores, sus resultados han sido más valorados, como el caso de su análisis del transporte.

Pero como hablábamos con Hermes, tampoco se le puede acusar a McGreevy por haber usado su imaginación. La imaginación es parte fundamental del proceso de investigación. Sin imaginación no habría innovación en el conocimiento. Parece que los críticos más feroces de McGreevy les molestaba que el título de su libro (sobre todo en español) lo hacía ver como el trabajo definitivo. Pero quizás ellos más que McGreevy estaban defendiendo una aproximación definitiva, una verdad definitiva, y un método definitivos.

Muchos vieron el trabajo de McGreevy como una amenaza. La cita de Safford lo muestra claro. Como señala Meisel, no sorprende en una época en que la cliometría iba desplazando historiadores económicos tradicionales, que estaban a la defensiva. Además, como lo muestra Kalmanovitz, era una época donde aceptar la cliometría era como aceptar una postura política. O más en general, donde había una correspondencia más clara entre método y postura política en general. Se creía que por estar atado a la teoría neoclásica no se podía acomodar fácilmente el papel de las instituciones colectivas, y se representaba más bien una postura de “derecha”. Los avances del neoinstitucionalismo muestran que esto no es así necesariamente. Mucha gente se veía amenazada: el que privilegiaba el estudio de casos específicos a fondo para conocer el contexto se veía amenazado por las frías cifras cuantitativas y descontextualizadas, o el que miraba el mundo con los lentes del marxismo veía esa visión del mundo cuestionada.

Hoy tal vez lo vivimos un poco distinto. Somos mucho más promiscuos: construimos teorías afines a teorías marxistas con herramientas formales de la economía más tradicional y “neoclásica”, incorporamos las instituciones colectivas y miles de fallas de mercado aunque partamos del individualismo metodológico, exploramos a fondo estudios de caso aunque hagamos regresiones econométricas con miles de observaciones. No nos importa mezclar aproximaciones. Pero en la época tengo la impresión que no era así. Era como ponerle los cachos a la mujer: había que elegir una aproximación o la otra.

La segunda gran razón por la que le dieron duro a McGreevy es porque dio papaya. En el caso de McGreevy se hizo famosa su afirmación en el libro, en su esfuerzo por explicar el despegue de un crecimiento sostenido en Colombia en el siglo XX en algunas regiones de Colombia y no en otras, según la cual los colombianos finalmente hicieron la transición al crecimiento sostenido “porque así lo quisieron”.

En efecto planteada así la ingenuidad es enorme y no se contesta la verdadera pregunta: ¿Y por qué quisieron? ¿Y por qué quisieron en ese momento y no antes? ¿Y por qué quisieron los paisas y no otros?

Pero aún en este caso McGreevy estaba en cierto sentido en la dirección correcta, al señalar que la causa del subdesarrollo no estaba en nuestra imposible geografía o en la necesaria dependencia de los países pobres. En esto de la geografía, por ejemplo, el trabajo de Xavier Durán sobre el transporte en Antioquia y California le da la razón a McGreevy.

En fin, no es para negar que McGreevy dio papaya y en muchas cosas fue ingenuo. Pero nos concentramos tanto en eso que por mucho tiempo no vimos lo valioso que podía tener el libro. Por eso quiero proponer un teorema afín al Efecto McGreevy:

El efecto Papaya
Teorema: Si un académico gringo da papaya, los colombianos lo aprovechan.
Prueba: La Historia económica de Colombia de William McGreevy.
Corolario: No le ponemos atención a lo valioso que pueda decir el gringo.

Es interesante porque para terminar con una nota de coyuntura, muy recientemente el autor del efecto McGreevy, el profesor Robinson, dio papaya al afirmar entre otras cosas que los problemas de Colombia no están en el campo y que en lugar de hacer promesas imposibles sobre restitución de tierras el país debería enfocarse en la educación y dejar que los problemas rurales se marchiten. Yo, que soy alumno de Robinson y he sido educado bajo su visión del mundo, creo que dio papaya y no estoy de acuerdo con todo lo que dijo.

Pero al mismo tiempo creo el efecto papaya puede estar haciendo que no veamos lo más importante que dijo en la famosa nota periodística que generó un amplio debate: que los colombianos nos estamos hablando paja pensando que la guerra es la causa fundamental de nuestros problemas y la firma de un tratado de paz será su solución. Ninguna de las dos cosas es cierta, y eso lo digo aunque apoyo todos los esfuerzos por acabar el conflicto interno por la vía del diálogo.

Espero que no pasen 45 años para que lo descubramos y empecemos a pensar, en serio, cómo hacemos para modernizarnos. Para que, en serio, eso sea lo que queramos, como dijo McGreevy. Muchas gracias.

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Martes, 07 Abril 2015 00:00

Bogotá necesita autopistas

Entrada de Blogoeconomia en La Silla Vacía

Por Jorge Tovar. Seguir a @JorgeATovar

Bogotá, a pesar de la falta de gerencia que la azota desde hace más de una década, es una ciudad que enamora. Pero el tráfico y el pobre transporte público tienen un efecto directo en el tiempo que todo bogotano debe dedicar a ir a estudiar o trabajar. La siguiente gráfica (realizada para otro ejercicio en el que estoy participando y basada en la Encuesta de Uso del Tiempo del DANE), muestra para Bogotá el uso promedio del tiempo por edad en Bogotá. El transporte es relevante casi en cualquier edad.

Transport

Hace rato escribí una columna aquí mismo en la que argumentaba que sin una solución estructural, la movilidad de la ciudad estaba abocada al colapso total. Como si la hubiese escrito hoy. Nada ha cambiado.

En Bogotá, como en todos lados, la elasticidad ingreso del carro sigue siendo positiva (a más ingreso mayor consumo de carros) lo cual aunado al crecimiento de la población y a la pobre infraestructura de transporte público hoy en día tiene a la ciudad contra las cuerdas.

Hoy, como entonces, seguimos soñando con un metro del que ya no es claro si se buscará construir media línea de metro o apenas un cuarto. En general idealizamos sobre un sistema de transporte público que sólo en la imaginación fantasiosa de nuestros dirigentes funcionará en un lustro en Bogotá como en las grandes urbes europeas. Grandes urbes europeas que siempre nos ponen como ejemplo. No suelen mencionar que Bogotá es mucho más denso y hasta 10 veces más grande que esas ‘grandes urbes’ europeas tipo Ámsterdam, Copenhague o Helsinki que nos pintan como el punto de destino.

Most dense cities

Fuente: Newgeography.com

Nunca nos cuentan que esas ‘grandes urbes’, además de eficientes sistemas de transporte público, también tienen vías, autopistas urbanas que además son elevadas. En Ámsterdam, por ejemplo, la A10 es un anillo vial de la ciudad. Holanda, junto a Bélgica, tiene la red de vías y autopistas más densas del mundo. Allá no hay exalcaldes frenando la conexión de las ciudades con el resto del país bajo el argumento de que “se incentiva el uso del carro”. La A10 es hoy la autovía de 4 carriles más transitada en Holanda pasando por el túnel Coen: 110.000 vehículos diarios. En esos lares, por cierto, no hay pico y placa. Helsinki, para el lector que haya visto el ilusionante enlace, tiene una extensión casi ocho veces menor a Bogotá. Sin mencionar las otras ventajas que ya hoy día cuenta respecto a Bogotá.

Tenemos otra realidad. Esto no debe impedir que se busque desarrollar una excelente red de transporte público y que se fomente el uso de medios de transporte alternativos (como la bicicleta) contruyendo la infraestructura adecuada para que la población la utilice. Todo holandés que tiene carro tiene su bicicleta. Al momento de salir de casa seguramente decide si lo óptimo es utilizar carro, metro, bus o bicicleta.

La idílica Ámsterdam contrasta con la caótica Bogotá. Aquí, en tiempos de ‘Paz’, nos hablan de ‘Guerra’ al carro. No se hacen vías porque, según la jocosa declaración de funcionarios de la administración Petro: “en diez años la ciudad ha invertido el 70 por ciento de los recursos para malla vial en la construcción de infraestructura, y no se han conseguido más de 12 kilómetros nuevos, debido a los costos. Entre tanto, los 15.600 kilómetros de vías que tiene la ciudad se siguen deteriorando.“ En 1984 había, kilometro más, kilometro menos, la misma cantidad de vías.

No hacen vías porque incentivan el uso del carro. Para sustentar esto, una cita frecuente es el artículo de Duranton y Turner publicado en 2011 en el American Economic Review. Como pasa con el libro de Piketty, la realidad es que muy pocos de nuestros políticos lo han leído. El artículo encuentra una relación positiva y causal entre el incremento en el número de carril-kilómetro y el número de kilómetros recorridos en vehículo (particular) para el caso de las autopistas interestatales en áreas metropolitanas. Encuentra también que el aumento en el número de carril-kilómetro en otras vías importantes urbanas aumenta el número de kilómetros recorridos por vehículo. Los autores, sin embargo, deben reconocer que para este último cálculo deben obviar problemas estadísticos que solucionaron para el primer estimativo porque no encuentran los datos apropiados (los instrumentos) para corregir los problemas de endogeneidad. El documento, adicionalmente, encuentra que incrementar la provisión de transporte público (medido en buses), no tiene ningún efecto sobre el número de kilómetros recorridos por vehículo.

En otras palabras, siendo un documento interesante, hay que sacar esa cita de la discusión en Colombia. Primero, aquí no hay ‘autopistas interestatales’. Segundo, el estimativo de vías urbanas no es fiable estadísticamente como lo es el cálculo referido a las autopistas interestatales. Tercero, tiene el desagradable resultado de afirmar que los buses no afectan los números de kilómetros recorridos. Esa sustuibilidad que tanto gusta vender acá, se caería tomando este resultado. El estudio, además, no considera (porque en EE.UU. eso no parece necesario) la calidad de las vías existentes, ni controla por densidad de población. Si lo hace por población, pero no me queda claro por qué interesa el valor absoluto y no el relativo. El control de densidad lo hace a través de un indicador de extensión (sprawl) de la ciudad que, por cierto, no es estadísticamente relevante. Es decir, el cuento de no hacer autopistas que conecte a Bogotá con la Sabana porque se incentiva el uso del carro no encontraría soporte tampoco en este artículo.

Además, en el caso bogotano, la econometría sería complicada de aplicar. Para hacer este tipo de ejercicios se requiere variación en los datos. En Bogotá, en 30 años, no se han construido más de 1.000 km. de vía y buena parte está sin pavimentar.  

La realidad es que la infraestructura vial en Bogotá no da abasto. Es inaceptable que se haya permitido llegar a esta situación en una ciudad con muy pocos carros, donde además se prohíbe la circulación de la mitad. Bogotá necesita autopistas que crucen la ciudad. Autopistas que la conecten con la sabana. Eso no es incentivar el uso del carro. Es garantizar la viabilidad de la ciudad. Tampoco va en contravía con los requerimientos de transporte público o la necesidad de construir infraestructura para el transporte alternativo. Siendo el presupuesto limitado, las autopistas deberían financiarse de manera privada, entregarse por concesión. Que la financien los carros con sus peajes. Elevadas de ser necesario por la escasa tierra disponible. El tema es acabar con el miedo político a hacerlas. Es imperativo que nuestros dirigentes entiendan que la ciudad tiene pocos carros, es muy densa, está retrasada en toda su infrrasestructura vial y hoy está colapsada. El mañana nos alcanzó. La solución no puede pasar por seguir incrementando el porcentaje de carros en pico y placa.

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