Con el objetivo de reducir la pobreza y la desigualdad, o de prevenir la caída en la pobreza de las familias que enfrentan choques adversos, los gobiernos de todo el mundo han ampliado el uso de las transferencias monetarias no condicionadas. La idea detrás de estos programas es que, si los hogares conocen sus necesidades, entregarles recursos directamente debería permitirles tomar decisiones que mejoren su bienestar. Sin embargo, restricciones como la falta de crédito, la escasez de oportunidades laborales o el acceso limitado a servicios públicos, entre otras, impiden que esto suceda de manera efectiva. Por eso es importante entender qué ocurre, en la práctica, cuando un hogar recibe una transferencia.

Un metaanálisis reciente, que reúne 115 evaluaciones de 72 programas en 34 países de ingreso bajo y medio, ofrece un balance positivo (Crosta, et al., 2025). En promedio, las transferencias no condicionadas aumentan los ingresos y el consumo de los hogares y mejoran la seguridad alimentaria, el bienestar psicológico, la matrícula escolar y algunos indicadores de salud infantil. La revisión no encuentra evidencia de que, en promedio, las personas dejen de buscar trabajo. Por el contrario, los autores encuentran que la participación laboral aumenta en 4,6 puntos porcentuales.

Estos impactos promedio, sin embargo, no permiten anticipar lo que ocurrirá en cada contexto. La respuesta depende del monto y la frecuencia de los pagos, de las reglas de focalización, de las oportunidades laborales, del nivel de informalidad y de la articulación con otros programas. Para la política pública colombiana, importa saber no solo si las transferencias funcionan en promedio, sino también cómo funcionan en las condiciones institucionales y laborales del país.

La experiencia de Bogotá

En un estudio reciente, junto con varios colegas, analizamos esta pregunta a partir de la Estrategia del Ingreso Mínimo Garantizado (EIMG), una transferencia monetaria no condicionada en la ciudad de Bogotá dirigida a hogares pobres y vulnerables. El monto recibido por cada hogar depende de su clasificación en el Sisbén IV, el tamaño del hogar, y las demás ayudas que recibe del Distrito y de la Nación. En 2023, el giro promedio era de cerca de $180.000 mensuales por hogar, equivalente al 15% del salario mínimo legal de ese año.

Para estimar los efectos de EIMG aprovechamos los puntos de corte del Sisbén que generaban cambios en el valor de la transferencia. Comparamos hogares de características similares ubicados muy cerca de esos cortes; algunos recibían un monto mayor que otros y algunos recibían IMG, mientras que otros no. Los primeros son hogares; por definición, se clasifican como de mayor vulnerabilidad que los segundos. El estudio combinó registros administrativos del Gobierno Nacional y del Distrito con información recolectada mediante una encuesta aplicada a 6.935 hogares.

Sin cambios promedio en pobreza, pero con respuestas laborales

En el agregado, no encontramos efectos estadísticamente significativos sobre la incidencia de la pobreza monetaria, el ingreso total per cápita del hogar, o la distancia frente a la línea de pobreza de los hogares que fueron beneficiados por la transferencia. Pero el promedio oculta diferencias importantes. Entre los hogares que recibían únicamente IMG, una transferencia mayor aumentó la probabilidad de estar en situación de pobreza monetaria. Ese resultado no aparece entre quienes combinaban IMG con otros programas nacionales o distritales.

Los resultados laborales ayudan a entender este patrón. En el conjunto de beneficiarios, los efectos sobre las decisiones laborales son mixtos. Para todos los hogares, aumenta la probabilidad de estar empleado y disminuye la de estar desempleado, especialmente entre las mujeres. Sin embargo, el ingreso laboral cae, sobre todo entre los hombres, y, en algunos casos, aumenta la informalidad del empleo. La figura 1 resume los impactos obtenidos en la evaluación para tres variables del mercado laboral. Para facilitar la comparación, los cambios en empleo y desempleo se expresan en puntos porcentuales, mientras que el efecto sobre el ingreso laboral se presenta como porcentaje de la media del grupo de comparación. Solo los impactos estadísticamente significativos se presentan con estrellas.

Las diferencias por sexo son claras. Las mujeres que reciben una transferencia mayor tienen una probabilidad de empleo 10,3 puntos porcentuales más alta y una probabilidad de desempleo 6,9 puntos porcentuales menor. En la comparación entre recibir IMG y no recibirlo, los cambios son de 11,5 y −7,1 puntos porcentuales, respectivamente. Para ellas no hay impactos en el ingreso laboral. Para los hombres, los efectos sobre empleo y desempleo no son significativos, pero la caída del ingreso laboral es mayor: equivale al 14,5 % de la media del grupo de comparación en el margen intensivo y al 23,4 % en el corte B7–C1 del Sisben IV.

También encontramos diferencias según la complementariedad de la oferta social. Entre quienes recibían únicamente IMG, una transferencia mayor redujo el ingreso laboral y aumentó la probabilidad de informalidad. En cambio, esos efectos adversos no aparecen entre los hogares que reciben ayudas adicionales al IMG . La complementariedad, por tanto, no parece ser un detalle administrativo, puede modificar la manera en que los hogares responden a la transferencia o puede reflejar simplemente que son hogares menos vulnerables que pueden, gracias a la transferencia, sustituir el ocio por trabajo.

El bienestar no se mide solo de manera monetaria

Concentrarse únicamente en los impactos sobre la pobreza monetaria dejaría por fuera otros resultados que pueden ser iguales o más valiosos. La evaluación identifica mejoras en la asistencia escolar y en la percepción del bienestar financiero. Una transferencia puede reducir la ansiedad asociada a no llegar a fin de mes, facilitar gastos educativos o proteger decisiones familiares valiosas, aun cuando el ingreso total medido no cambie de manera detectable.

Esto obliga a evitar dos conclusiones apresuradas. La primera sería afirmar que IMG ‘no funciona’ porque no reduce, en promedio, la pobreza monetaria. La segunda sería ignorar los efectos sobre el ingreso laboral e informalidad porque existen ganancias en otras dimensiones. La evidencia muestra beneficios importantes, pero también respuestas que deben entenderse y atenderse desde el diseño del programa.

De una transferencia a una ruta de inclusión

La principal implicación no es retirar las transferencias, sino integrarlas en una ruta de inclusión económica y social. EIMG nació para asegurar un piso de recursos para los hogares más vulnerables de Bogotá tras la pandemia. Nuestro estudio muestra que ese piso puede mejorar dimensiones importantes del bienestar, pero también que el dinero, por sí solo, no necesariamente construye una escalera hacia mejores oportunidades laborales.

Continuar coordinando la oferta social de la ciudad es un primer paso. También conviene revisar los incentivos de salida de EIMG y evaluar reglas de graduación y reglas transparentes que hagan rentable aumentar el ingreso propio y vincularse a la formalidad. El reto es combinar la protección inmediata con servicios de cuidado, educación, formación e intermediación laboral que permitan a los hogares sostener sus ingresos a lo largo del tiempo.

La discusión, entonces, no debería reducirse a escoger entre transferir o no transferir. La pregunta más útil es cómo diseñar las transferencias para aliviar la pobreza hoy sin cerrar las puertas a las oportunidades laborales de mañana.

Referencias

Crosta, T., Karlan, D., Ong, F., Rüschenpöhler, J. y Udry, C. R. (2024, revisión de abril de 2025). “Unconditional Cash Transfers: A Bayesian Meta-Analysis of Randomized Evaluations in Low and Middle Income Countries”. NBER Working Paper No. 32779. https://www.nber.org/papers/w32779

Evaluación de impacto de corto y mediano plazo de la estrategia de ingreso mínimo garantizado - Unión Temporal U-Andes CNC Ingreso Mínimo, conformada por la Universidad de Los Andes y el Centro Nacional de Consultoría S.A.