En democracia, como lo dice Catalina Gil en una columna reciente de El País, las políticas públicas se discuten. Para tomar decisiones informadas, es importante que los gobiernos tengan en cuenta la evidencia disponible sobre las políticas que piensan implementar. 

Hay temas más difíciles que otros para lograr un debate público informado. La política de drogas, con impactos más allá de las fronteras, es sin duda uno de ellos. En este contexto, el rol de la academia es fundamental, para poner sobre la mesa la evidencia disponible.

En esta columna resumo los argumentos, sustentados en estudios, sobre la fumigación aérea, que explican por qué varios analistas, entre los que me incluyo, lo consideramos inadecuado como lo discutimos en un podcast en A fondo. 

1. Si el objetivo es afectar a las organizaciones del narcotráfico estamos enfocándonos en el eslabón más débil de la cadena, donde no están concentradas las ganancias y en un insumo fácilmente reemplazable.  Si de lo que se trata es de afectar a quienes controlan el negocio, otros eslabones de la cadena serían más importantes, incluyendo incautaciones y destrucción de laboratorios (Mejía, 2026; Zuleta y Martínez Ferro, 2022), pero sobre todo estrategias que busquen perseguir el lavado de activos. 
2. No es una estrategia costo-efectiva. Para lograr erradicar una hectárea se deben fumigar muchas más (Mejía et al., 2017). Esto era claro con el Glifosato, y parece que sería el caso con el Glufosinato de amonio, que además es un herbicida clasificado como categoría II, moderadamente peligroso, según la OMS (2020). 
3. Los cultivos se desplazan. Recuerdo a un cocalero al que entrevisté hace unos años en Piamonte, Cauca. Nació en el Huila y migró a Caquetá, luego a Putumayo y finalmente llegó al Cauca. Sus cultivos fueron fumigados varias veces y por eso se fue de Putumayo. Pero siempre ha sido cocalero. Esta misma historia la he oído muchas veces. Los cocaleros se desplazan con sus cultivos y los vuelven a sembrar, con una cosecha muy rápida que da en los primeros 4 o 6 meses.
4. Más allá de la baja costo efectividad, atacar al primer eslabón de la cadena tiene impactos en las regiones cocaleras sin resolver los problemas estructurales que explican por qué las comunidades comenzaron a cultivar coca para el mercado ilícito. La economía cocalera puede explicar hasta el 10% del crecimiento del PIB municipal en regiones cocaleras y la asistencia escolar hasta en un 9% como lo explicamos en un estudio reciente (Marín Llanes et al. 2024).  Erradicar la coca, sin hacer la inversión necesaria en bienes públicos (Torres y Velez, 2026), incluyendo seguridad y justicia, para que otras economías se desarrollen, implica un choque de ingresos para una población vulnerable. De hecho, estudios publicados sobre el plan Colombia, muestran que, en épocas de fumigación, se redujo la asistencia escolar (Rodríguez, 2020). 
5. La fumigación no reduce la violencia, la aumenta (Campos-Contreras et al. 2025, Abadie et al. 2014). Se aumentan los enfrentamientos con el Estado, entre los grupos que se disputan el territorio y contra la población civil, a la par que el Estado pierde legitimidad pues es su única forma de presencia. 
6. La fumigación con glifosato tuvo efectos en la salud y el medio ambiente. Cientos de testimonios y estudios así lo demuestran. Se aumentan los problemas dermatológicos, los abortos selectivos y ciertos tipos de cáncer. (Camacho y Mejía, 2017; Rubiano Lizarazo et al., 2020). Esto incluso lo han documento en otros países por el uso comercial del glifosato vía contaminación de agua (Dias et al. 2019).
7. Los costos de esta estrategia, no los enfrentan todos los actores de manera proporcional, sino un actor en específico: los campesinos cocaleros a quien el Estado les ha incumplido. Aun no se han terminado de implementar los compromisos del PNIS con 85.241 beneficiarios, los compromisos de Renhacemos, el programa de sustitución lanzado por el gobierno Petro, con 24.210 beneficiarios, ni la transformación de las regiones cocaleras estipulada en el Acuerdo de Paz. 
8. En la geopolítica internacional es necesario recordar dos cosas. Perú y Bolivia nunca renunciaron al principio de precaución y no permitieron las fumigaciones áreas en sus territorios. Ecuador demandó al gobierno Colombiano por las afectaciones de las fumigaciones en la frontera. Y no debe olvidarse que en estos temas es importante apelar a la corresponsabilidad internacional en la lucha contra el narcotráfico (Mejía, 2026; Borda Guzmán y Rodríguez, 2026). Finalmente, hay muchas manos en el negocio del narcotráfico y la mayor parte del consumo ocurre en Estados Unidos y Europa, donde hay una demanda inelástica que sustenta la oferta actual y que debe ser abordado como un tema de salud pública.

En el debate público, la evidencia no puede usarse de manera selectiva. Así como usamos la evidencia para proponer mejores políticas en salud, educación, política monetaria, entre otros, debemos recodar la evidencia también en política de drogas, aunque ahora parece costoso hacerlo. La fumigación área es un símbolo, por lo demás inefectivo, para luchar contra el narcotráfico. El país debe llegar a estos territorios cocaleros de manera integral y a la par afectar las finanzas de los grupos que controlan este negocio en Colombia y en el mundo. 

Referencias

Abadie, A., M. Acevedo, M. Kugler, and J. Vargas (2015): “Inside the war on drugs: Effectiveness and unintended consequences of a large illicit crops eradication program in Colombia,” Working Paper. Harvard Kennedy School y Universidad del Rosario. Disponible en: https://www.hks.harvard.edu/publications/inside-war-drugs-effectiveness-and-unintended-consequences-large-illicit-crops

Borda Guzmán, S., y Rodríguez, S. (2026). Régimen Internacional de la Política Antidrogas y Retos para la Política Exterior Colombiana. En A. Arjona, L. Marín-Llanes, y M. A. Vélez (Eds.), Del cultivo al consumo: Debates sobre narcotráfico, violencia y política de drogas en Colombia (1a ed., pp. 147–156). Universidad de los Andes, Facultad de Economía. https://doi.org/10.51573/Andes.9786287903067.9786287903074.5

Camacho, A., y Mejía, D. (2017). The health consequences of aerial spraying illicit crops: The case of Colombia. Journal of Health Economics, 54, 147–160. https://doi.org/10.1016/j.jhealeco.2017.04.005

Campos-Contreras, J. F., Nieto-Matiz, C., & Schenoni, L. L. (2025). Spraying conflict: Aerial drug eradication and armed violence in Colombia. British Journal of Political Science, 55. https://doi.org/10.1017/s000712342500033x

Marín Llanes, L., Fernández Sierra, M., Vélez, M. A., Martínez González, E., y Murillo Sandoval, P. (2024). Coca-Based Local Growth and its Socio-Economic Impact in Colombia (Documento CEDE-CESED No. 31). https://hdl.handle.net/1992/75108

Mateus Dias & Rudi Rocha & Rodrigo R. Soares, 2019. "Down the River: Glyphosate Use in Agriculture and Birth Outcomes of Surrounding Populations," Documentos de Trabajo 17176, The Latin American and Caribbean Economic Association (LACEA).

Mejía, D., Restrepo, P., & Rozo, S. V. (2017). On the effects of enforcement on illegal markets: Evidence from a quasi-experiment in Colombia. The World Bank Economic Review, 31(2), 570-594. https://doi.org/https://doi.org/10.1596/30965

Mejía, D. (2026). Políticas de reducción de oferta de drogas en Colombia: Evidencia y recomendaciones de política. En A. Arjona, L. Marín-Llanes, y M. A. Vélez (Eds.), Del cultivo al consumo: Debates sobre narcotráfico, violencia y política de drogas en Colombia (1a ed., pp. 95–107). Universidad de los Andes, Facultad de Economía. https://doi.org/10.51573/Andes.9786287903067.9786287903074.4

OMS – World Health Organization. (2020). WHO recommended classification of pesticides by hazard and guidelines to classification, 2019 Edition (p. 33). World Health Organization. https://www.who.int/publications/i/item/9789240005662

Rodriguez, C. (2020). The effects of aerial spraying of coca crops on child labor, school attendance, and educational lag in Colombia, 2008-2012. Journal on Education in Emergencies, 6(1), 84. https://doi.org/10.33682/arm2-m7tn

Rubiano Lizarazo, M.J., Vélez Lesmes, M.A., Restrepo Díaz, D.A., & Ramos Torres, B.I. (2020). ¿Reanudar la fumigación aérea con glifosato de cultivos ilícitos en Colombia? Un resumen de la literatura científica. Comentario de Política CESED #2. https://hdl.handle.net/1992/70011

Torres, M. C., y Vélez, M. A. (2026). Economía cocalera y perfil de los cocaleros en Colombia: Recomendaciones de política. En A. Arjona, L. Marín-Llanes, y M. A. Vélez (Eds.), Del cultivo al consumo: Debates sobre narcotráfico, violencia y política de drogas en Colombia (1a ed., pp. 37–54). Universidad de los Andes, Facultad de Economía. https://doi.org/10.51573/Andes.9786287903067.9786287903074.1

Zuleta, H. y Martínez Ferro, T. (2022). Introducción: Coca, Cocaína y Narcotráfico. En H. Zuleta González (Ed.), Coca, Cocaína y Violencia (1a ed., pp. 13–36). Universidad de Los Andes. https://doi.org/10.51573/Andes.9789587982718.9789587981582