Notas Macro

Colombia cuenta con un marco normativo avanzado para proteger la primera infancia, pero persisten brechas críticas: información fragmentada, derechos reconocidos que no se traducen en servicios de calidad en los territorios, e inversión insuficiente en comparación regional. Bajo una medida comparable de gasto público en cuidado y educación inicial, Colombia destinó cerca del 0,40% del PIB en 2021, por debajo de Perú (0,50%), Chile (0,50%) y México (0,46%). La transición de gobierno 2026-2030 ofrece una oportunidad para cerrar estas brechas y convertir la política pública en atenciones integrales verificables.

Colombia atraviesa una transición demográfica que ya incide en el mercado laboral. En 2024 se registraron 31% nacimientos menos que en 2015, lo que anticipa cohortes laborales progresivamente más pequeñas y una desaceleración del crecimiento de la fuerza de trabajo. El reto no se limita a la escasez de trabajadores jóvenes: la estructura demográfica cambiará profundamente en todos sus tramos. Aprovechar la experiencia acumulada de los trabajadores mayores, reducir la informalidad en todos los grupos etarios e integrar productivamente a los jóvenes inactivos son tres palancas complementarias que Colombia debe activar de forma simultánea. Adaptar las instituciones económicas, en particular el sistema educativo, las políticas activas de empleo, los marcos de certificación, la regulación laboral y el sistema pensional será fundamental para sostener el crecimiento, el empleo y el bienestar social en las próximas décadas.

La política de drogas del próximo gobierno debe partir del entendimiento del impacto de las economías ilícitas de la coca y el cannabis en el país. La evidencia académica acumulada en las últimas décadas muestra la limitada efectividad de varias de las políticas implementadas hasta el momento. Hacia el futuro, el punto de partida debe ser reducir pobreza y violencia incluso si esto sacrifica reducción de oferta. El foco debe estar en la provisión de bienes públicos en regiones cocaleras, en la regulación de los mercados de cannabis de uso adulto y coca de uso no psicoactivo, y en liderar la conversación diplomática global sobre el impacto de la guerra contra las drogas en países productores. El trabajo no es solo del gobierno. El sector privado debe aportar recursos e infraestructura para facilitar la transición hacia economías lícitas en las comunidades rurales. Gobierno, academia y organizaciones civiles deben trabajar colectivamente para avanzar en estos objetivos.

Colombia enfrenta una transformación demográfica profunda caracterizada por envejecimiento acelerado, reducción sostenida del tamaño de los hogares y desaceleración —e incluso eventual reversión— del crecimiento poblacional (DANE, 2018; Zuleta et al., 2025). Estas tendencias están modificando estructuralmente la demanda por vivienda, mientras el parque habitacional se ajusta con mayor lentitud debido a rigideces regulatorias, financieras y de diseño. El aumento de hogares pequeños ha sido interpretado con frecuencia como una señal de demanda por viviendas cada vez más reducidas. Sin embargo, la evidencia muestra que estos hogares son heterogéneos en términos etarios y socioeconómicos, y que una fracción relevante enfrenta restricciones de ingreso y condiciones habitacionales precarias. En consecuencia, el crecimiento en el número de hogares no se traduce automáticamente en demanda solvente por vivienda formal nueva. El diagnóstico central de esta Nota es que el problema habitacional actual no es únicamente un déficit de unidades, sino una desalineación estructural entre la composición demográfica emergente, la capacidad de pago de los hogares y las características del parque habitacional existente. En un contexto de envejecimiento y bajo crecimiento poblacional, el riesgo no es solo de escasez, sino también de desajuste intertemporal si la expansión del stock responde a fenómenos transitorios. La política pública debe, por tanto, transitar de una lógica centrada en el conteo de viviendas hacia una estrategia orientada a la calidad del ajuste habitacional, que incorpore flexibilidad, localización, adaptación del stock existente y coordinación intersectorial con el ordenamiento territorial y la política social.

La reincidencia criminal en Colombia es un problema central de seguridad ciudadana y legitimidad de la justicia. Este documento plantea algunas propuestas de política para mejorar el equilibrio entre garantías procesales y protección efectiva de la ciudadanía. La evidencia revisada sugiere que la prisión preventiva es útil para evitar reincidencia pero que no debe ampliarse de forma generalizada, sino usarse de manera más focalizada en imputados reincidentes o de alto riesgo. La recomendación central es incorporar herramientas como PRiSMA para apoyar —no reemplazar— las decisiones judiciales, con información estandarizada, auditable y accesible para Fiscalía, jueces y defensa.

Colombia enfrenta una transformación demográfica acelerada, caracterizada por una caída sostenida de la natalidad, cambios migratorios y un envejecimiento poblacional progresivo. Esta transición ya está reduciendo la matrícula escolar y generando heterogeneidades territoriales cada vez más marcadas. En un sistema de financiación como el Sistema General de Participaciones (SGP), cuya fórmula de asignación depende principalmente del número de estudiantes atendidos, estos cambios introducen tensiones crecientes entre las reglas de asignación y los costos reales de la prestación del servicio educativo.