Colombia enfrenta una transformación demográfica acelerada, caracterizada por una caída sostenida de la natalidad, cambios migratorios y un envejecimiento poblacional progresivo. Esta transición ya está reduciendo la matrícula escolar y generando heterogeneidades territoriales cada vez más marcadas. En un sistema de financiación como el Sistema General de Participaciones (SGP), cuya fórmula de asignación depende principalmente del número de estudiantes atendidos, estos cambios introducen tensiones crecientes entre las reglas de asignación y los costos reales de la prestación del servicio educativo.

Colombia ya probó las aguas de tener un Banco de la República con menor independencia frente al gobierno, menor énfasis en controlar la inflación y mayor foco en ampliar crédito. Como en otros países--y en línea con la teoría—ese arreglo no salió bien: el país experimentó décadas de inflación por encima de 20% anual. Las reglas que hoy gobiernan al Banco son producto de la Asamblea Constituyente de 1991, democráticamente elegida, y tienen buen cuidado de balancear la independencia y coordinación entre gobierno y Banrep. Han estabilizado la inflación en niveles saludables. Regresar a arreglos contrarios sería un retroceso.