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El abuso del poder

Los proyectos se atrasan por múltiples razones, entre ellas muchas originadas en el mismo Estado.

En momentos en los cuales se conoce la dramática caída de la inversión a lo largo de 2023, el Gobierno se empeña en espantarla. En cambiar las reglas de juego para que la confianza de la empresa privada se deteriore aún más y para bloquear la perspectiva futura de crecimiento de la economía. ¡Así no se puede!
(También le puede interesar: Pesos y contrapesos)
Los hechos y los planteamientos del Gobierno en lo corrido de este año no auguran nada positivo. Comenzamos con la arbitrariedad cometida en la definición legal del presupuesto nacional para 2024 cuando por orden del Presidente se quisieron modificar partidas de inversión pública incluidas en el presupuesto aprobado por el Congreso.
Un acto politiquero del Presidente, claramente en contravía del Estatuto Orgánico del Presupuesto Nacional, que dio lugar a la salida del director del Departamento de Planeación y a la expedición del llamado decreto de “yerros” para enmendar la embarrada, que no parece haberla corregido del todo. Y pusieron en tela de juicio las “vigencias futuras” que, como su nombre lo indica, son compromisos contractuales y legales adquiridos por el Estado que permiten la inversión en proyectos de desarrollo a largo plazo. Lo que, obviamente, ahuyenta a los inversionistas privados, nacionales y extranjeros, en sectores claves de la economía.

El Presidente tendría el poder para fijar las tarifas de los servicios y contaría con una Superintendencia de Servicios Públicos con funciones jurisdiccionales.

El Presidente no quedó contento con la existencia de límites legales a su voluntad, y el ministro de Hacienda –olvidando su obligación de decirle NO al Presidente– le dio gusto en preparar el borrador de un decreto para que tenga la capacidad de dar el visto “en los casos de autorización de vigencias futuras o su reprogramación y traslados presupuestales”. En qué país creen el Presidente y el ministro de Hacienda que habitan. En uno en el cual las normas legales se pueden contravenir impunemente. ¿Habrase visto mayor abuso de poder?
La reacción de los gremios y de exfuncionarios gubernamentales conocedores del funcionamiento institucional no se hizo esperar. Porque exacerba el ambiente de incertidumbre en el cual vivimos, paraliza la inversión y contrae las expectativas de los agentes económicos. Las explicaciones del ministro no son satisfactorias. Los proyectos se atrasan por múltiples razones, entre ellas muchas originadas en el mismo Estado.
Como si lo anterior no fuera suficiente, el lunes de esta semana, al tiempo con la discusión presupuestal, el periódico Portafolio informó sobre la existencia del borrador del proyecto de ley para reformar los servicios públicos, en el cual se establece que “la regulación de los servicios públicos estará a cargo del Presidente de la República, quien puede ejercer esta función directamente”.
El proyecto destruiría la arquitectura institucional en pie desde hace más de veinte años para la regulación de los servicios públicos, con la intención de marchitar la inversión privada en acueductos, energía eléctrica, gas y comunicaciones. Las comisiones de regulación dejarían de existir. El Presidente tendría el poder para fijar las tarifas de los servicios y contaría con una Superintendencia de Servicios Públicos con funciones jurisdiccionales.
Es, nada más ni nada menos, la radicalización de un presidente que considera que tanto los servicios sociales como los públicos deben ser provistos por el Estado; que es a este al cual corresponde, además, la construcción de la infraestructura física, la de energía y la de transportes. Ese es el modelo que quiere imponer a las buenas o a las malas, por el Congreso o por la ‘puerta de atrás’.
Lástima grande. El país no va a crecer, la pobreza se va a generalizar y se acentuará su rezago frente a la región y al mundo.
Adenda. Presidente Petro: el ‘autismo’ es un síndrome que afecta a muchos colombianos. Usarlo como referencia negativa es un irrespeto.
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