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Pesos y contrapesos

Los nuevos gobiernos ‘progresistas’ tienen dificultades porque se estrellan con la institucionalidad

Carlos Caballero Argáez
La desesperación del presidente Petro ante los magros resultados de su gobierno al cumplirse dieciocho meses de su cuatrienio ha causado una violenta perturbación política.

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No es para menos: el Presidente está acorralado por las investigaciones de las cortes, la Fiscalía y la Procuraduría en hechos relacionados con la financiación de su campaña y la marcha del Gobierno. Y procedió a regañar en público y en privado a su gabinete achacándole la culpa del desgobierno.
Aunque en lo corrido de su administración el Presidente había insinuado sus ganas de actuar contra la institucionalidad, esta vez procedió a hacerlo, al no acatar la orden de suspensión del canciller Leyva emitida por la Procuraduría. De ahí que hubiera hablado de una “ruptura institucional”, concepto que preocupa enormemente a quienes defendemos el sistema democrático de gobierno. Porque el cumplimiento de las normas y de las reglas de juego son una garantía contra la arbitrariedad de los mandatarios.

Aunque en lo corrido de su administración el Presidente había insinuado sus ganas de actuar contra la institucionalidad, esta vez procedió a hacerlo

A propósito de la rebelión de Petro, es oportuno recordar el incidente que se presentó en 1970 entre el procurador Mario Aramburo y el presidente Carlos Lleras Restrepo. Este último pronunció un discurso en la inauguración de una escuela durante la campaña electoral de 1970 para elegir a su sucesor y, ante una denuncia contra el Presidente, el Procurador criticó el discurso por considerar que había intervenido indebidamente en política y renunció (bajo la Constitución vigente el Procurador dependía del Presidente de la República). Lleras no aceptó su renuncia y, más bien, hizo caso a la reconvención del Procurador.
El presidente Petro inició en enero la campaña electoral de 2026, llamando a la unión de los partidos ‘progresistas’ para mantenerse en el poder en el siguiente cuatrienio. La procuradora Cabello guardó silencio. No sería de extrañar que en los meses por venir el Presidente continúe interviniendo en política, desconociendo la institucionalidad. Si eso sucede, la Procuraduría deberá intervenir y causar las iras del Presidente.
Esto de la institucionalidad no es un prurito de los juristas y los economistas colombianos. Viene de hace más de dos mil años. En la República romana, entre el año 509 y el 27 antes de Cristo, la Constitución estableció el concepto de los “pesos y los contrapesos” (checks and balances, en inglés) considerando que “para ejecutar cualquier acto de gobierno, un número de magistrados y otros órganos de gobierno deben estar de acuerdo. Es un tipo de gobierno colegiado y de tal naturaleza que cualquier miembro de ese ‘colegio’ puede anular la acción del otro” (S. E. Finer, The History of Government, Oxford).
Tocqueville recogió esta idea en su libro clásico La democracia en América, afirmando que, sin los contrapesos, “la Constitución es letra muerta”.
Es interesante comprobar que los nuevos gobiernos que se denominan ‘progresistas’ tienen una enorme dificultad para ejecutar sus planes de gobierno porque se estrellan contra la institucionalidad y les molesta el debate en el Congreso y la exigencia del visto bueno de las Cortes. Algo que le está sucediendo al Gobierno con la reforma de la salud. Les pasa a todos los presidentes, pero mucho más a un predicador, como Petro, a quien le choca la existencia de los pesos y los contrapesos.
* * * *
La perturbación no es solo política. Es también económica. La salida del jefe del Departamento Nacional de Planeación, Jorge Iván Gonzalez, muestra que el presidente no es amigo de los contrapesos técnicos en el manejo de la economía y quiere alinear al gobierno con funcionarios sin experiencia pero incondicionales.
Adenda: Los sucesos del jueves llaman a que el partido liberal y el verde, pasen a la oposición. Es la hora del esquema gobierno-oposición.
CARLOS CABALLERO ARGÁEZ
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