Recientemente, el presidente Gustavo Petro anunció que asumirá el control de la regulación de los servicios públicos domiciliarios en el país.
“Este presidente ha decidido no delegar sus funciones en las comisiones de regulación de servicios públicos, al menos, por un tiempo. Entonces, voy a asumir el control, las políticas generales de administración de Colombia, directa y personalmente, en función de lo que la misma Ley dice: primero, el interés general y el del usuario”, sostuvo el mandatario.
(Lea: La explicación que le dieron a Petro sobre alza en precios de energía).
Para la economista, historiadora y profesora investigadora María del Pilar López Uribe, este tipo de decisiones es abrir la puerta del control de precios "con criterios sacados de la manga y sin soporte técnico. Las consecuencias serán escasez y reducción de la oferta del servicio. Los usuarios terminaremos pagando el costo con el tiempo. Pésima idea".
Hay que partir de que en un sistema de mercado libre, no regulado, las fuerzas del mercado (oferta y demanda) determinan el precio y la cantidad de equilibrio. Aún siendo el resultado del mercado eficiente, no todos pueden estar satisfechos con dicho resultado, lo que puede requerir la intervención del Estado, según explica Julián Alberto Gutiérrez , docente del programa de Finanzas de la Universidad El Bosque.
En este sentido, los precios, usualmente, se controlan "cuando los responsables de la política económica creen que el precio de mercado es injusto para compradores o vendedores, es por eso que existen una serie de herramientas que están a disposición del gobierno nacional para 'controlar' los aspectos fundamentales de la economía nacional", puntualiza Gutiérrez.
De acuerdo con ello, los controles suelen estar diseñados para detener un mercado inflado o, incluso, promover un segmento determinado del mismo. Funciona igual con altas cifras inflacionarias.
(Además: La ley en la que se apoya Gustavo Petro para ajustar tarifas).
Este es un sistema donde el Gobierno establece la tarifa a la que se pagan los bienes o establece uno precios mínimos y máximos. Por lo tanto, las empresas de esta industria deben cumplir con estos parámetros.
"En otras palabras, la regulación de precios es una situación en la que el gobierno decide a qué precio o rango de precios se vende un bien. De esta forma, todas las transacciones deben cumplir con las normas prescritas. Este tipo de control no es muy común hoy en día. Sin embargo, ciertos bienes y servicios están regulados porque conciernen al bienestar de la población. Por ejemplo la leche cruda, los agroquímicos o los medicamentos", dice Gutiérrez.
El experto destaca tres ventajas principales de este sistema:
• Es una manera en la que el gobierno se atestigua que un bien o servicio sea accesible a la población.
• Los ciudadanos y empresas tendrán menos incertidumbre respecto a cuánto costará la mercancía en cuestión.
• Prevenir el crecimiento de la escasez de productos importantes para los ciudadanos. Por tanto, en estos casos, el coste de las subvenciones tendrá que ser cubierto por el Estado.
(Lea: 'Órganos reguladores deben ser independientes': Creg responde a Petro).
Asimismo, Gutiérrez destaca tres desventajas de implementar esta medida en el país:
• Si los productores deben vender por debajo del precio de equilibrio, la cantidad ofrecida será menor que la cantidad demandada por los consumidores. Así que habrá un déficit.
• La situación anterior puede llevar a la creación de un mercado negro ilegal donde los ciudadanos pueden comprar los productos restringidos. Sin embargo, pagan más que la tarifa oficial.
• Si no pueden cobrar un precio que les permita obtener ganancias, las empresas se verán desincentivadas a invertir en el sector controlado.
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