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La actualidad de una misión

No tiene sentido echar reverso y desmontar la reforma laboral de 2002.

Carlos Caballero Argáez
Hace un par de semanas el Banco de la República presentó la reedición del informe de la Misión de Empleo convocada por el presidente Belisario Betancur en 1985 y que coordinaron José Antonio Ocampo y Manuel Ramírez. La nueva publicación honra la memoria de Ramírez, un ingeniero y economista fallecido en 2014, quien sobresalió por la brillantez de su mente y por sus cualidades personales y académicas.

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Esta reedición es de mucha actualidad. Aparece en un momento en el cual se discute el proyecto de reforma laboral en el Congreso.
Colombia experimentó una profunda crisis económica en la primera mitad de los años ochenta del siglo pasado que condujo, como lo recuerda Ocampo en el prólogo del nuevo libro, a “un fuerte aumento del desempleo abierto, de la informalidad laboral y una caída notoria de los ingresos de los trabajadores informales, urbanos y rurales”. Deterioro que “afectó con mayor severidad a las mujeres y a los jóvenes”, tal como sucedió recientemente a raíz de la pandemia en 2020 y 2021.

Es lamentable que el proyecto de reforma laboral en el Congreso vaya en contravía no solamente de la Misión de Empleo de 1986, sino de la de 2021.

Para que el desempleo urbano regresara a un nivel del 8 % en los quince años siguientes al de la Misión, se aspiraba a que la economía creciera a un ritmo de 6 % anual entre 1985 y 1990 y del 4,5 % en la década de los noventa. Estas proyecciones no se cumplieron: los noventa terminaron en la crisis de ‘fin de siglo’, cuando el desempleo alcanzó cifras superiores al 20 %. En los periodos de auge en los precios internacionales del petróleo, durante las dos primeras décadas del siglo XXI, la economía registró ritmos de crecimiento por encima de 4,5 %, pero en los veinte años la tasa promedio de crecimiento fue de 3,9 % anual, lo cual hizo imposible lograr que el desempleo bajara del 10 %.
Al tiempo, con la importancia de la expansión del PIB para atacar el desempleo, la Misión puso énfasis en los obstáculos estructurales para la generación de empleos. En particular en las limitaciones del régimen de seguridad social y en “el enorme peso del llamado sector informal urbano, que genera más de la mitad de los puestos de trabajo en las ciudades colombianas y una proporción mucho mayor en las ciudades intermedias”. Las pequeñas empresas enfrentaban un “crecimiento de los costos laborales superior a su capacidad”, y en las grandes el régimen prestacional desincentivaba la “contratación de trabajadores permanentes y generaba incentivos al despido prematuro”. Para la Misión, el sector informal no solamente constituía “una expresión de las limitaciones estructurales del sistema salarial moderno para cubrir toda la población sino una manifestación de los desarreglos cíclicos de la economía”.
Hubo cambios significativos en los años noventa con la aprobación de la Ley 50 de 1990, que desmontó la retroactividad de las cesantías, con la reforma de 2002 que amplió la jornada de trabajo ordinaria, redujo las sobrecargas salariales por festivos y dominicales y disminuyó la indemnización por despido sin causa justa para trabajadores con diez o más años de servicios, y con la reforma tributaria de 2012 que rebajó las cargas fiscales sobre la nómina y dio lugar a una caída de la tasa de informalidad laboral de manera notable entre 2013 y 2019 hasta ubicarla en 62,6 %.
* * * *
Es lamentable que el proyecto de reforma laboral en el Congreso vaya en contravía no solamente de la Misión de Empleo de 1986, sino de la de 2021. No tiene sentido echar reverso y desmontar la reforma de 2002. Ni tampoco, como lo anotaba Marcela Meléndez en su columna de la semana pasada en este diario, resignarnos a que una parte grande de la actividad económica se realice en la informalidad, como si estuviéramos condenados al “bajo crecimiento, a la pobreza y a la desigualdad”.
CARLOS CABALLERO ARGÁEZ
(Lea todas las columnas de Carlos Caballero Argáez en EL TIEMPO, aquí)
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