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Por qué no aprobar la reforma de la salud

No hay una razón técnica para la reforma que se ha presentado. Solo los caprichos del presidente.

Con su tremendo impacto en la vida de los colombianos, la pandemia del coronavirus en 2020 desnudó la realidad social del país y expuso la necesidad de emprender una serie de reformas para ajustar el funcionamiento del mercado laboral a la realidad del mundo contemporáneo y fortalecer el sistema de protección social.
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Era claro que el gobierno que se eligiera en 2022, cualquiera que fuera, tendría que concentrarse en la introducción de cambios en las reglas de juego tributarias, laborales y pensionales. El entorno de las cuarentenas y la preocupación por el futuro inmediato del país fueron propicios para generar un consenso técnico con respecto al contenido de los cambios necesarios. Forzó, además, la irrupción de la virtualidad, que, paradójicamente, puso en contacto a numerosos académicos y estudiosos de los asuntos colombianos interesados en formular salidas de política pública a los problemas que se detectaban.
El sistema de salud colombiano, que obviamente estaba y está lejos de ser perfecto, salió bien librado de la pandemia. Mejor que en muchos países, incluso desarrollados, en donde, como lo afirma un documento reciente de Fedesarrollo, “millones de hogares tuvieron que asumir los altos costos de atención de cuidados intermedios e intensivos y la ocupación de las UCI se desbordó totalmente” (Núñez, Jairo, “logros en equidad del sistema de salud y la reforma en Colombia”). De ahí que, a pesar de las quejas legítimas de los colombianos sobre el funcionamiento del sistema de salud y de su falta de capacidad para cubrir la población en los territorios, el consenso reformista no incluyó como prioridad proponer una nueva reforma de la salud.

En lugar de arrasar con el sistema actual, y acabar con las EPS, habría que abordar los problemas identificados desde hace tiempo para corregir sus fallas. Esa sería la reforma óptima.

Por razones de ideología el gobierno Petro, liderado por una ministra que detesta el sistema de salud actual, se lanzó a proponer una reforma que desconoce los logros que se han obtenido en los últimos treinta años tanto en cobertura como en calidad de los servicios. Primero se llegó a afirmar que el sistema era el “peor” del mundo y, ahora, el mismo presidente ha trinado para decir que “los hospitales y las clínicas privadas han sido los más corruptos, gracias a la Ley 100 de 1993, y que financiaron a los paramilitares”.
No hay una razón técnica, ni de peso, para la reforma que se ha presentado. Solo los caprichos de un presidente que abusa de su imaginación y los de una ministra estatista. Ambos desprecian los diagnósticos de quienes conocen la operación del sistema y consideran que hay que cambiarlo por cambiarlo, cueste lo que cueste, sin importar el impacto de ese cambio sobre sus usuarios, que somos todos los colombianos. En lugar de arrasar con el sistema actual, y acabar con las EPS, habría que abordar los problemas identificados desde hace tiempo para corregir sus fallas. Esa sería la reforma óptima de la salud en el momento actual.
Es urgente lograr el acceso oportuno al sistema de los pobladores en las zonas rurales y particularmente en las zonas pobres de la periferia geográfica en el Pacifico, en el Caribe, en el oriente y en el sur del país. Hay que diferenciar entre las ciudades grandes, las intermedias y los municipios medianos y pequeños, como lo ha propuesto Fedesarrollo. Se prevé, además, que en los próximos años la presión financiera sobre el sistema va a ser enorme por el envejecimiento de la población, y los avances en el uso de la tecnología en los diagnósticos y en los tratamientos médicos. Lo cual va requerir, igualmente, un impulso a la formación de los médicos y de todo el personal de la salud en el país y, naturalmente, remunerarlos bien.
A la reforma de Petro y Corcho hay que darle apropiada sepultura. No la merecemos los colombianos.
CARLOS CABALLERO ARGÁEZ
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