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Lunes, 05 Septiembre 2016 00:00

[Artículos de Opinión] En la brecha por la familia | Más allá de unas Cartillas

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Este Blog de Estudiantes es una espacio de los estudiantes para el intercambio de ideas, propuestas y posiciones en temas de interés de nuestra comunidad. Un buen ejemplo es el actual debate sobre el plebiscito del 2 de octubre y la necesidad de promover el intercambio informado de ideas. Para ello invitamos a todos los estudiantes para que planteen sus propuestas y opiniones a través de este espacio. Nosotros como Facultad promoveremos el balance y la apertura a la diversidad de posiciones

 

En la brecha por la familia

Por: Camila Hennessey Avendaño
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Estudiante de Derecho y Economía

El 3 de agosto de 2015, la Corte Constitucional determinó que los manuales de convivencia de todos los colegios a nivel nacional debían ser revisados para determinar que los mismos fueran “respetuosos de la orientación sexual y la identidad de género” (T-478 de 2015, M.P: Gloria Stella Ortiz Delgado). Lo que buscaba la decisión de la Corporación era “reivindicar” lo sucedido tras el suicidio de Sergio Urrego. Para lo anterior, se estableció un plazo que vence el próximo 15 de septiembre  para la creación del Sistema Nacional de Convivencia. No obstante, el proceso de “revisión” sobrepasó límites constitucionales.

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Hoy, 10 de agosto de 2016, la iglesia católica, iglesias cristianas, representantes de colegios privados y públicos, miles de padres de familia, marchan y protestan en todo el territorio nacional en contra de una interpretación extensiva y matizada a favor de una ideología y de una visión que supuestamente es políticamente correcta. Sin embargo, esta ha sobrepasado el derecho de muchos colombianos. El Ministerio de Educación se atribuyó la potestad de capacitar y entregar cartillas como varios rectores afirmaron el día de ayer.

Estamos culpando al Ministerio Educación, cuando en realidad no somos conscientes del “Estado de Lobby”  que se está estableciendo y la supremacía de derechos que está dejando en el olvido los principios y fundamentos en los que este Estado está construido. El atacar a los opositores a esta medida, quienes creemos firmemente en el diseño original de la familia y en la importancia de esta en la sociedad, más allá de ser violatorio a nuestros derechos constitucionales a la libre expresión, a la libertad de culto, y al derecho de los padres de escoger el tipo de educación para sus hijos; demuestra cómo poco a poco en Colombia se establecen y legitiman medidas absolutistas. Lo que hoy empieza con una protesta y marcha, busca que las máscaras detrás de las cuales se están escondiendo los nichos de poder en Colombia, sean descubiertas. Lo que empieza con la protección de la familia, va a trascender ante la inconformidad de un pueblo que está cansado de las injusticias de un gobierno indiferente a las necesidades y realidades sociales, económicas y políticas. Hoy me levanto, e invito a aquellos quienes consideran que tienen derecho a educar a sus hijos con principios, animo y exhorto a la iglesia para que salga de las cuatro paredes, y manifiesto mi posición en contra del status quo en donde lo bueno es malo y lo malo es bueno; para que levantemos nuestra voz y hagamos valer nuestros derechos.

N de la D: Este artículo no representa la posición, opinión o línea editorial del periódico End(e)uda. Las opiniones aquí expresadas son responsabilidad de su autor.

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Más allá de unas Cartillas

Por: Laura Grandas Suárez
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Estudiante de Economía y Derecho

A comienzos del mes pasado, la difusión de imágenes de unas cartillas pornográficas homosexuales supuestamente expedidas por el ministerio de educación para los colegios generó gran controversia en el país. Se demostró un rechazo vehemente y generalizado de la medida por las mayorías en las redes sociales. No hubo mayor escepticismo sobre la legitimidad de estos documentos. Sería ingenuo pensar que una reacción de esta magnitud es un suceso aislado. Al contrario, parecía ser la oportunidad de oro que esperaba el pueblo para demostrar su creciente descontento con las últimas decisiones del gobierno y de la Corte Constitucional en materias relacionadas con diversidad sexual. Esto sumado a la bien conocida identidad sexual de la ministra de educación llevó a que una gran masa conservadora se sintiera justificada en su rechazo a las últimas políticas en pro de la inclusión de comunidades LGTBI.

Se hace evidente que esta explosión de odio e indignación expresada en redes sociales y marchas populares tiene un origen que va más allá de una noticia sensacionalista y francamente difícil de creer a primera vista. Estas manifestaciones se pueden interpretar como una respuesta a distintas decisiones impopulares de la rama ejecutiva y legislativa sobre este mismo tema. En principio, a la decisión de la Corte Constitucional sobre el reconocimiento de diversos modelos de familia (C-577 de 2011). En segundo lugar, al reciente fallo de la Corte Constitucional en la sentencia C-071 de 2015 sobre la adopción por parte de familias homoparentales y por último, a las medidas del Ministerio de Educación en torno a la formación para el ejercicio de derecho sexuales y reproductivos de los estudiantes.

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Claramente, motivos no faltaron para que una facción inconforme con estos cambios impulsara un escándalo mediático que polarizara la opinión pública de su favor. Esto es precisamente lo que sucedió con las famosas Cartillas del Ministerio de Educación. Las verdaderas cartillas, a las que se ha referido en numerosas ocasiones la ministra, no son una política espontánea. Son la respuesta a la sentencia T-478 de 2015 donde

“Se ordena al ministerio de educación realizar una revisión extensiva e integral de todos los Manuales de Convivencia en el país para determinar que los mismos sean respetuosos de la orientación sexual y la identidad de género de los estudiantes y para que incorporen nuevas formas y alternativas para incentivar y fortalecer la convivencia escolar y el ejercicio de los derechos humanos, sexuales y reproductivos de los estudiantes”. Esto dentro de un plazo máximo de un año”.  (T-478 de 2015)

La difusión por parte de los medios de comunicación de esta realidad fue adecuada. Esto, sin embargo, no tuvo el efecto esperado de aplacar a los líderes conservadores y sus seguidores. Siguen clamando por el abandono de todo este tipo de política pública. Aparentemente, un programa de formación para el respeto de la diversidad sexual y formas alternativas de familia, dirigida exclusivamente a los docentes, tampoco es admisible. Se aboga por una “educación neutra, libre de influencias de ideología de género”. Aunque no queda claro el uso del concepto de ideología de género por parte de los líderes políticos del movimiento conservador, su intención preservar unos modelos éticos que excluyen los fines perseguidos por el ordenamiento jurídico colombiano (y en este caso el ministerio) sí se hace evidente. El apoyo a esta postura es tan fuerte, que vale la pena cuestionar la legitimidad democrática de estas decisiones tan abiertamente impopulares del Estado en los últimos años.

Si se supone que Colombia es una República democrática, las decisiones de los representantes deberían reflejar incondicionalmente la postura de las mayorías que los han elegido ¿O no? En un sistema político-económico distinto al nuestro, la respuesta puede ser afirmativa. Sin embargo, Colombia se autoproclama un Estado Social de Derecho, por lo que no se puede contestar de esa misma forma. Esto es porque los Derechos Fundamentales que se afectarían al adoptar las políticas de esta facción, son reglas y principios cuya modificación, suspensión o afectación grave no puede estar sujeta a la deliberación democrática. Es decir que funcionan como dispositivos contramayoritarios para proteger la dignidad humana y no pueden ser derogados a pesar del clamor de una mayoría eventual. Así lo ha expresado la Corte Constitucional en su jurisprudencia. El deber del Estado entonces, es velar por la protección de los derechos fundamentales de esa minoría históricamente discriminada que conforma la comunidad LGTBI a pesar de la intolerancia que profesa la mayoría política.

Otro punto problemático de la doctrina del bando conservador es el rechazo a formas alternativas de familia, este demuestra un claro desconocimiento de la realidad social de la nación. En un país donde el 61% de los niños viven con otros miembros familiares aparte de sus padres y la forma de familia biparental representa solo el 53% (Huarcaya 2013, p. 76) de los hogares claramente no se puede hablar de que la familia conformada por dos padres y los hijos sea la única forma de familia. La sentencia C-577 de 2011 que reconoce otras configuraciones de familia (no sólo la homoparental) es entonces un triunfo del derecho para ajustarse a la realidad social que pretende regular y modificar.

Se podrá argumentar que Colombia no está lista para cambios tan fuertes. Que la cosmovisión general está todavía muy lejos de enmarcarse en el nivel de tolerancia y cultura necesaria para implementar modificaciones tan drásticas en el ordenamiento jurídico y consecuentemente en la realidad social. La única respuesta que se puede dar a esta crítica es que si esperamos a estar preparados nunca vamos a hacer ese cambio. Si no se empieza con la educación desde la formación básica, va a ser muy difícil cambiar esa postura anacrónica que aún conserva una mayoría política importante del país.


Huarcaya, Gloria. 2013. Mapa Mundial de La Familia 2013: Los Cambios En La Familia y Su Impacto En El Bienestar de La Niñez. Lima: Universidad de Piura, Instituto de Ciencias para la Familia.

 

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