Medioambiente: el papel de las políticas de drogas en los conflictos por las tierras

Por Fran Brivio
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“La agenda ambiental en el temas de las economías ilícitas está menos presente de lo que debería estar. Y parte de lo que hemos promovido desde el CESED es que haya una coordinación entre la agenda ambiental y la agenda de drogas, que la política de drogas y la política ambiental empiecen a conversar, porque en esos territorios necesitamos una mirada integral. La política de drogas se hablaba con la agenda de seguridad, y creo que parte de lo que ha empezado a hablar en el discurso internacional es que la política de drogas debería tener una mirada más amplia en temas de desarrollo, y eso implica salud desde la demanda, pero también todos los temas de desarrollo rural y de problemas de pobreza que llevaron estos territorios a estos cultivos”, dice María Alejandra Vélez, la invitada del sexto capítulo del podcast Las drogas como son.

Vélez es economista, profesora titular de la Facultad de Economía de la Universidad de Los Andes y directora del Centro de Estudios sobre Seguridad y Drogas (CESED) de esa misma universidad. Su trabajo se centra en la toma de decisiones y el diseño institucional respecto a los problemas ambientales y de recursos naturales de los países en desarrollo y en el desarrollo rural. Y desde hace un tiempo se ha enfocado también en los efectos de las economías ilícitas y sus políticas sobre los recursos naturales y el papel de las organizaciones y las personas líderes comunitarias en la política de drogas y seguridad.

En este capítulo hablaremos de un tema pocas veces explorado en el debate sobre las drogas: el medioambiente, así como el papel que cumplen la propiedad de las tierras y las comunidades que habitan territorios naturales y rurales.

Esta es una versión de lectura, acortada, de la que se puede oír en nuestros canales de Spotify y Youtube. 

Para comenzar, ¿qué te motivó a elegir este campo de investigación y cómo has experimentado personalmente la importancia de estos temas en tu vida y en tu carrera?

Siempre tuve como una preocupación los temas rurales y ambientales y durante mi trayectoria como investigadora empecé a estudiar un tema en Colombia que es la propiedad colectiva de comunidades negras o comunidades afro del Pacífico colombiano. En Colombia, tanto las comunidades indígenas como las comunidades afro tienen títulos colectivos sobre sus territorios. Eso es, digamos, usual en las comunidades indígenas de Latinoamérica, pero Colombia fue el primer país en darle este derecho a comunidades afro. Entonces, empiezo a estudiar el efecto de esa titulación colectiva en la protección de los bosques, en el bienestar de las comunidades, y estudiando estos procesos sociales, los cultivos de la hoja de coca para producir la cocaína empiezan a expandirse en el Pacífico colombiano, así como otras economías ilícitas, como la minería de oro. Entonces, empecé a estudiar por qué se empezaron a expandir estos cultivos de coca en el Pacífico colombiano, cuál era el rol de las comunidades étnicas ahí, cuál era el impacto, y por eso mismo empecé a entender y a estudiar el efecto de las políticas de drogas que hicieron que estos cultivos se expandieran en las zonas en Colombia, pero también en Perú, Bolivia, que son más importantes en términos ambientales. Entonces, empecé a mirar cómo esa interrelación entre los territorios, las comunidades que los habitan, la política de drogas y lo que implica esos cultivos para las comunidades que allí lo habitan. 

Y cuéntanos un poco de lo que haces hoy. Para quienes no conocen a María Alejandra, ella desde hace unos años es directora del CESED, que es el Centro de Estudios sobre Seguridad y Drogas de la Universidad de Los Andes. ¿En qué consiste ser directora de una organización enfocada en el estudio de las políticas de drogas en Colombia y Latinoamérica?

El Centro de Estudios sobre Seguridad y Drogas, CESED, es un centro de estudios interdisciplinarios que tiene sede en la Facultad de Economía de la Universidad de Los Andes [Bogotá, Colombia], pero que buscamos que otras disciplinas también trabajen estos temas de política de drogas y seguridad. Estamos organizados en tres áreas. Un área de violencia y seguridad, que la coordina un profesor de la Escuela de Gobierno, Michael Weindruck, que trabaja en temas de evaluación de impacto de la política pública en seguridad. Tenemos otra área en consumo, salud pública y educación, que la coordina Pablo Zuleta, quien es experto en temas de consumo y es profesor de cátedra en la Facultad de Medicina. Y tenemos otra área, que es la que coordino yo, además de dirigir el CESED, que es la área de desarrollo rural, economías ilícitas y medio ambiente, que es donde también estudiamos el impacto de la política de drogas desde la oferta, el enfoque de desarrollo rural y, pues, esto que estábamos conversando también, el tema de investigación sobre hoja de coca para otros usos nutricionales, medicinales, etc. Desde el CESED lo que hacemos, básicamente, es promover la investigación en estos temas en la universidad y en Latinoamérica. Nosotros promovemos, financiamos investigación de profesores de la universidad; tenemos un semillero de investigación con estudiantes y, pues, queremos que nuestras investigaciones sean un insumo para el debate en la política pública. Y, obviamente, creemos que estos temas de política de drogas deberíamos hablarlos desde un enfoque regional latinoamericano, pero también hay unas necesidades o particularidades del caso colombiano, digamos, por todo el tema de conflicto que hemos vivido en el país. 

En países de desarrollo, las políticas de drogas actuales han generado preocupación debido a su impacto en el medio ambiente. Los cultivos ilícitos como la coca, la amapola, así como el narcotráfico y la minería ilegal están asociados con problemas ambientales significativos. ¿Cómo afectan, cómo impactan las políticas de drogas al medio ambiente y cómo se ve esto de manera particular en Latinoamérica? 

Yo me he enfocado en el tema del cultivo, en particular del cultivo de la hoja de coca. Y digamos que mi preocupación inicial parte de que básicamente el 50% de los cultivos de coca utilizados para la producción de cocaína están ubicados en zonas estratégicas ambientales. Esto es, el 4% de los cultivos de coca están en parques nacionales, el 10% está en resguardos indígenas, el 21% está en consejos comunitarios de comunidades negras, que son los territorios colectivos que mencionaba antes, y el 17% de la coca está en lo que conocemos en Colombia como las reservas forestales de la nación. Entonces, esto suma, más o menos, el 50% de toda la coca, de los cultivos, están en zonas estratégicas en términos ambientales, lo cual sin duda es un problema, así sea legal o ilegal, porque estamos hablando de un mono cultivo en zonas de bosque o en zonas que su vocación no es un producto agrícola. La pregunta es ¿por qué llegan estos cultivos de coca allí? Y parte de la respuesta son las políticas de drogas. Obviamente también es la respuesta a una estructura de la propiedad en Colombia donde está la propiedad concentrada de básicamente campesinos sin tierra por una promesa, digamos, de un modelo de desarrollo, y ellos se fueron empujando la frontera agrícola y fueron moviéndola. Pero también se ha mostrado que la respuesta del Estado, intentando reducir estos cultivos hoy ilícitos, ha ido empujando también la frontera agrícola. Lo que hizo Colombia con la erradicación aérea, la fumigación con glifosato, fue que, al fumigar, pues sí, erradicas de manera cortoplacista estos cultivos y los cultivos se fueron moviendo a zonas aún más lejanas y a zonas de estrategia ambiental. Esto, sin nombrar, además -que es otro tema que podríamos conversar-, el efecto que tuvo esa erradicación aérea en términos ambientales porque contaminaba las fuentes hídricas, tenía impacto en la salud humana. Se ha mostrado que esto aumentó, por ejemplo, los abortos; se han mostrado los problemas respiratorios en los municipios donde fueron fumigados, contaminación de los otros cultivos, etc. Entonces, la fumigación misma tuvo una cantidad de efectos ambientales, pero, además, desplazó los cultivos a otras regiones. Entonces, en su momento, la fumigación estuvo concentrada en los departamentos del sur de Colombia, Putumayo y Caquetá, y eso hizo que se desplazaran estos cultivos a los bosques del Pacífico, que es cuando, digamos, yo entro en acción y me empiezo a empapar de estos temas. Luego hay otras respuestas del Estado que aparentemente son como las respuestas ‘más suaves’ o que intentan abordar las causas estructurales de por qué la gente empieza a cultivar coca en primer lugar, y son conocidos en Latinoamérica como los ‘programas de desarrollo alternativo’. Lo que intentan es que los cultivadores de coca sustituyan la coca por otros cultivos. Esos programas, si bien podrían ser, digamos, interesantes y abordar las causas estructurales de por qué la gente empieza a cultivar coca, también han tenido problemas porque básicamente es un foco agropecuario, o digamos de desarrollo rural clásico. Y, como ya te estaba contando, la mayoría de los cultivos de coca están en zonas donde el cacao no puede ser la respuesta, la ganadería menos, ni ningún otro monocultivo, eso presenta un problema: sustituirlo por qué, qué otro producto no va a generar mayor deforestación o incluso otros procesos. Entonces, parte de lo que hemos venido estudiando es cómo empezamos a meterle una dimensión ambiental a esos programas de desarrollo alternativo para que, digamos, el éxito, entre comillas, de ese proyecto no genere procesos de degradación ambiental.

¿Entonces, la coca está ligada necesariamente a la deforestación? 

La coca no, y quisiera resaltar eso, no es el factor más importante de deforestación en Colombia, y eso es importante tenerlo claro. Hay otras economías ilícitas con mayor impacto en la deforestación. Hoy, en Colombia, el mayor motor de deforestación es el acaparamiento de tierras y la ganadería extensiva. Y hay algo que sí tenemos que estudiar y que no hemos estudiado de manera juiciosa, es la relación entre esas economías ilícitas y lícitas. Entonces, ese dinero de la coca, no necesariamente del cultivador, pero sí de otras cadenas de valor más adelante, eventualmente se convierte en tierra, y esa tierra se convierte en ganado, y eso está generando deforestación. Entonces también hay una relación indirecta de lo que esas economías ilícitas puedan causar en deforestación. Hay unos estudios muy interesantes de un grupo de investigación multidisciplinar en Centroamérica que han mostrado cómo la ruta del narcotráfico en Guatemala y otros países de Centroamérica muestran un cambio de uso del suelo, una concentración de la propiedad y deforestación. Lo que antes eran parques o resguardos, ahora son grandes hatos ganaderos, y eso coincide con la ruta del narcotráfico. Entonces, hay unas relaciones ahí, no necesariamente ya del cultivo, sino de otros niveles de la cadena de valor, que los recursos o las ganancias de este negocio terminan en cambio de uso del suelo de manera muy importante, y ese es un motivo sin duda de preocupación, que todo es mucho más difícil de controlar en la ilegalidad, en términos de requisitos ambientales, en términos de quién compra la tierra y para qué, etcétera. 

La otra conexión interesante para pensar es que eso ocurre en nuestros países productores, digamos, es con el cultivo de la coca llegan las vías, y con esas vías, digamos, vías precarias, pero al final cabo vías terrestres, y con esas vías llegan otros productores, otros negocios, y eso va ampliando la frontera agrícola. Digamos que el podcast no nos permite ver mapas, pero claramente los mapas son muy claros en cómo toda la coca y los cultivos están rodeando estas zonas tan importantes en términos ambientales.

Hablabas hace un momento de los parques nacionales y de las áreas protegidas, ¿realmente juegan un papel importante para preservar?

En los estudios que se han hecho en Colombia y en el mundo, los parques no son de papel. Realmente los parques nacionales y las áreas protegidas juegan un papel fundamental en la conservación. Es decir, cuando tú evalúas qué hubiera pasado en ausencia de ese parque, la deforestación y la degradación sería peor, y hay estudios específicos en diferentes partes de Latinoamérica y en el mundo. Pero en términos gruesos, el parque nacional o el área protegida, según diferentes nombres en diferentes lugares, sí es importante, sí juegan un rol muy importante en la conservación y en su ausencia sería aún peor la deforestación y la degradación de los ecosistemas. Entonces, que se expandan ahí los cultivos de coca sí es muy preocupante. Ahora, yo también creo lo opuesto que te acabo de decir. En ausencia de esos parques, aún habría mayor pre expansión de los cultivos allí. Entonces, sí funcionan como contención de actividades extractivas y que generan deforestación. Pero lo cierto es que en este momento tenemos una expansión de los cultivos de coca en estas áreas. Y la pregunta que hay que hacer es cómo contenemos esa expansión en estas áreas estratégicas en términos ambientales. Y no solamente las áreas protegidas nacionales, por eso te decía en el caso colombiano, y en Bolivia y en Perú, también son muy importantes los territorios étnicos, que no son parte del sistema, digamos, de áreas protegidas nacionales, pero también juegan un rol fundamental en la protección de los bosques. Entonces, lo que significa aquí es que si la coca se está extendiendo en esos territorios, tenemos que pensar también en políticas, en instrumentos, en diseños, para que eso no ocurra. Ahora, dicho esto, yo creo que todo este fenómeno es aún peor en un modelo prohibicionista, porque hace que no podamos ordenar el territorio, ordenar la producción, sin meternos en todos los problemas de consumo, etcétera, criminalizarlo, etcétera. Obviamente no estoy de acuerdo con el paradigma prohibicionista. El hecho de que estemos en un paradigma de la prohibición ha hecho que todos estos fenómenos sean aún más complejos de mirar y de organizar. Entonces, precisamente por ese modelo de prohibición, y porque básicamente los cultivos deben esconderse, o se esconden, se empiezan a esconder en zonas donde no es fácil el monitoreo. Por eso decía que la casa estructural anterior es un modelo, digamos, de tierras excluyente y de concentración del poder, y eso hace que la gente que se tuvo que ir, digamos, de la frontera agrícola en Colombia porque no tenía tierra, empezaron a expandirse en otros lugares para sobrevivir; el único producto que logra suplir esas necesidades es la coca, porque tiene un mercado garantizado, es una commodity global, entonces es muy complejo siquiera pensarse qué otro proyecto productivo, y ahora, con una dimensión adicional, qué otro proyecto productivo sostenible se puede hacer en esos lugares. Esa pregunta es muy compleja y muy difícil de resolver, pero lo cierto es que tenemos que empezar a pensarla porque estos son los últimos bosques del país y de Latinoamérica. Porque este fenómeno está ocurriendo en la frontera con Ecuador, en la frontera con Perú, en la frontera con Brasil, en la frontera con Venezuela. Todos los territorios de frontera, que son además selváticos, están teniendo este problema y la coca se está moviendo. 

Y, como dices, no es sola la coca la que se está moviendo…

Estamos hablando de la coca, pero también se está moviendo el oro y con igual impacto. Y fíjate que ahí hay un paralelo para aquellos que consideramos que la regulación es el camino, en el oro vemos el mercado donde ha salido mal la regulación. Porque el oro podría ser legal y en el 70-80% de los casos en nuestros países, Perú, Colombia, es ilegal, con unos impactos ambientales grandísimos. Y podría ser legal, una vez de hecho el oro llega a una comercializadora se vuelve legal. Pero en su momento de extracción es ilegal. Y yo creo que ese es como el modelo de lo que no podemos hacer, de lo que no nos podría pasar eventualmente si algún día, por ejemplo, los cultivos de coca se regulan. Bueno, nos metimos en la coca, pero hubiéramos podido hablar también, por ejemplo, del cannabis, ahí también hay impactos ambientales. 

¿Y cuánta conciencia hay de estos temas a nivel de gobierno y de organizaciones ambientales? ¿Les interesa el tema del impacto de las políticas de drogas en el medio ambiente? ¿Está en su agenda? 

Pues mira, el World Drug Report de Naciones Unidas del 2022 por primera vez tuvo un libro dedicado solo a temas de drogas y ambientes. O sea, las Naciones Unidas ya tiene esto en el radar. Y eso hace que, por supuesto, las políticas públicas de nuestros países empiecen, digamos, a responder a esta discusión. Entonces, yo creo que la discusión es, entre comillas, nueva en el debate público, digámoslo así, aunque la academia ya venía estudiándolo. Pero yo creo que sí hay algunos lineamientos. En Colombia, por ejemplo, en papel hay, sí, y en la narrativa hay una conciencia de dónde está la coca y cómo el tema ambiental está sobre la mesa. Por ejemplo, estas herramientas que te contaba que se llaman los pagos por servicios ambientales, algo que se ha implementado en Latinoamérica en prácticamente todos los países; comenzó en Costa Rica, pero en México hay programas, en Brasil hay programas, en Bolivia hay programas, en Ecuador, en Perú, etcétera. Estos pagos por servicios ambientales para el caso colombiano quedaron en la ley que deberían implementarse prioritariamente en zonas de cultivos ilícitos y en territorios en conflicto. Entonces ya hay -al menos, digo yo, en el discurso, porque todavía no se ha implementado- una noción de que estas herramientas podrían ayudar a esa transición de esos territorios. Sin embargo, y yo que vengo de una agenda ambiental antes que de la agenda de política de drogas, siento que en la agenda ambiental el tema de las economías ilícitas está menos presente de lo que debería estar. Y parte de lo que hemos promovido desde el CESED es que haya una coordinación entre la agenda ambiental y la agenda de drogas, que la política de drogas y la política ambiental empiecen a conversar, porque en esos territorios necesitamos una mirada integral. Digamos, la política de drogas se hablaba con la agenda de seguridad, pero ya se ha empezado a hablar en el discurso internacional de que la política de drogas debería tener una mirada más amplia en temas de desarrollo, y eso implica salud desde la demanda, pero también todos los temas de desarrollo rural y de problemas de pobreza que llevaron estos territorios a estos cultivos. Ahora, el enfoque de reducción de la oferta es un enfoque muy limitado porque estamos ante un mercado de 20 o 22 millones de consumidores de cocaína, así que alguien va a producirlo, ¿no? Y la pregunta es dónde. Si esto fuera legal, podríamos pensar en organizar el territorio y dónde no queremos estos cultivos y dónde sí, como con otros cultivos, pero esto todo lo hace más complicado.

Hace un momento hablaste del glifosato. Hemos escuchado sobre los peligros para la salud, para el medio ambiente, pero quizás no entendemos qué es realmente el glifosato y cómo nos afecta. ¿Por qué se sigue utilizando si es que hay tantos estudios o reportes de gente que le ha causado daños a su salud, incluso abortos? 

No tengo el detalle de en cuáles países se ha prohibido, en cuáles no. Tenemos una publicación que lo detalla muy bien, pero en este momento no lo tengo a la mano, pero es que el glifosato se ha utilizado también como herbicida en cultivos lícitos y en Colombia se sigue utilizando, entonces básicamente esto lo que mata es la maleza alrededor de los cultivos, lo que pasa es que para las fumigaciones aéreas de cultivos ilícitos en Colombia, la concentración y las mezclas eran diferentes a las que se utilizan en los productos lícitos. Ahora yo creo que la discusión sobre si se debe seguir utilizando esto en productos lícitos está abierta, de hecho, por ejemplo, hay un estudio reciente en Brasil sobre el efecto de estos herbicidas para productos lícitos en abortos en los municipios donde fueron utilizados, entonces, yo creo que en el debate público sobre si se debería utilizar esto para cultivos lícitos, soya, arroz, lo que sea, eso está en debate. En Colombia, durante muchos años, se utilizó este producto en una combinación con otros ingredientes para la fumigación aérea, pero en el 2015 se suspendió por los reportes de la OMS de que era posiblemente cancerígeno, eso es posiblemente, es decir, no han podido atribuir exactamente la causalidad, pero posiblemente. Y además, pues, en Colombia había todavía estudios que mostraban los efectos en términos de salud, como efectos respiratorios, en temas dermatológicos, en términos de aumento de abortos en esos lugares, etcétera. Y entonces se suspendió en el 2015 para la erradicación aérea de cultivos ilícitos y está suspendido desde entonces. Ahora, los efectos negativos del glifosato no eran solamente ambientales o en salud, como lo estábamos hablando ¿no? También hay todo un tema de la costo-efectividad, de lo costoso que era hacer esto para una efectividad tan limitada. La gente básicamente volvía a sembrar en los mismos territorios a los tres meses. Y además esto generaba una tensión en esas regiones con el Estado. Estamos hablando de unos lugares en Colombia donde el Estado nunca ha hecho presencia y de repente la única presencia era un avión fumigando tus cultivos, que además la gente cultiva coca y al lado estaba el producto de comer. Entonces, por este y muchas razones, eso se logró suspender. Y yo creo que por ahora, en este gobierno, estará también suspendido, pero todavía está la estructura institucional y jurídica para revivirlo de pronto. Todavía no está completamente sellado ese tema. Ahora, en otros países como Bolivia y Perú, ellos nunca dejaron utilizar esto como política de drogas. Bueno, vale la pena decir que parte de esto fue financiado por el Plan Colombia, financiado por Estados Unidos. La fumigación con glifosato, en Bolivia fueron muy claros que no, y en Perú también. Pero en otros países de Latinoamérica se utiliza el glifosato para productos de agricultura, como en Brasil, no sé qué se utiliza. 

Si bien hay elementos comunes en las problemáticas ambientales y políticas de drogas en todo el mundo, las características de Latinoamérica, su biodiversidad, su historia, su enfoque político, dan lugar a diferencias en la forma en que se manifiestan y se abordan los desafíos en comparación a otras partes del mundo. ¿Cómo crees que estas diferencias impactan en la forma que se experimentan y abordan los problemas relacionados con las drogas y los impactos ambientales en comparación con otras partes del mundo? 

Es una pregunta muy difícil. Pero, a ver, ¿por dónde te empiezo a responder? Al menos en Colombia, pero en otros países andinos y andinomazónicos, como Brasil, sin duda, hay un tema de inequidad que está muy arraigado en nuestra historia. Inequidad no solamente en los ingresos, ni en el acceso a oportunidades, educación, etcétera, sino en el acceso a la tierra. Y entonces la producción de cultivos como coca, cannabis, etcétera, tiene mucho que ver con el acceso a la tierra. En Colombia, parte de la historia de producción de la coca es que no hubo una reforma agraria importante donde se lograra una mejor distribución de la tierra. Y hay mucha gente sin tierra, que básicamente se fue de la tierra productiva a los bosques y a la zona, digamos, forestal, en busca de un lugar para trabajar la tierra. Y zonas que no estaban conectadas y donde básicamente la coca era el único producto interesante en términos comerciales. Entonces, yo creo que esa respuesta en términos de por qué la gente produce un producto ilegal tiene que ver mucho con la tierra. Tema que no es importante en otros países del norte global, por decirlo así. Ese es un elemento que hace que todo sea diferente acá. Luego, está todo el tema en Colombia, en particular, que tenemos un conflicto armado de 60 años. Y las rentas de las economías ilícitas también, digamos, han nutrido ese conflicto armado. Entonces, ya estamos en un punto en Colombia que si regulamos mañana la coca o la cocaína o el cannabis, ni siquiera soluciona todo el problema porque ya tenemos unas estructuras criminales organizadas que ya dejaron de ser políticas en la mayoría de los casos. Y eso es muy complejo. Un tercer elemento que otros países no tienen, es la falta de control territorial del Estado en su territorio. Acá tenemos unos territorios vastísimos donde el Estado nunca ha estado ni ha llegado. Todos estos elementos afectan la política ambiental. Porque empecemos por lo básico. El Parque Nacional en la mitad del Amazonas, en Colombia, hoy, han amenazado a los funcionarios de parques porque se les están interponiendo los funcionarios a las lógicas de criminales y a las organizaciones criminales que quieren mover estos productos, oro, coca, ganadería, etc. Y el funcionario está amenazado, o el líder negro o el líder indígena ambiental. O sea, Colombia es uno de los países con mayor asesinato de líderes ambientales del mundo. Eso no sucede en otro país, creo yo, de Latinoamérica, ni consumidor. Entonces, tenemos unos problemas adicionales muy graves. Yo creo que el tema de nuestras geografías también hacen que todo sea mucho más difícil. Y pues que la Amazonía en Colombia, Perú, Bolivia, Brasil, pues sí es un lugar muy importante, no solamente para nuestros países, sino para el mundo. Entonces, ahí también hay que pensar cómo hacer la contribución global a la protección de esa región, donde están pasando mil cosas.

¿Y cuál es el papel que están jugando los líderes y las lideresas comunitarias en estos debates sobre políticas de drogas y medioambiente?

Hay unos grupos de productores de coca, marihuana, etc., digamos, organizados, que están velando por que los productores no sean criminalizados. Parte de la discusión de la política de drogas en Colombia es que no puedes meter en el mismo paquete al productor de hoja de coca o al productor de cannabis que a quien le está comercializando y quien está financiando estructuras criminales. Entonces, hay toda una discusión de la cual los líderes ambientales y sociales están muy al tanto y es no criminalizar al productor, que son familias campesinas. También están muy pendientes. Estas comunidades fueron muy organizadas en la lucha para evitar que siguieran fumigando los territorios. Eso no fue una discusión desde el centro, los académicos del país o las organizaciones urbanas, eran los mismos campesinos organizados peleando para que no los fumigaran. Pues movilizándose para que no los fumigaran. Recientemente ha sido muy claro este programa nacional de sustitución que se hizo para intentar sustituir la coca en el marco del acuerdo de paz en Colombia con las FARC. Hemos documentado nosotros que han denunciado los líderes que ese programa aumentó el asesinato de líderes sociales. Porque básicamente quienes promovieron la sustitución en sus comunidades quedaron como visibilizados y como carne de cañón de quienes no querían que ocurriera la sustitución. Pero yo también he estudiado cosas aún más complejas, y son las organizaciones comunitarias, en particular de comunidades negras que se han opuesto y que han resistido la entrada de la coca en sus territorios. Porque la consideran una amenaza, porque implica que llegan otros actores externos a su territorio. Entonces, digamos, hay diversidad, llamémoslo así, de luchas y de resistencias en los líderes comunitarios. Y, por supuesto, no hemos hablado de las comunidades indígenas que están súper organizadas, digamos, luchando para que la hoja de coca no se estigmatice y no se entienda como cocaína. Todavía estamos en la fase de ‘la hoja de coca no es cocaína’ en Colombia y en el mundo. Y hay unas comunidades indígenas muy organizadas, campesinas también, luchando porque la hoja de coca no se criminalice; que la hoja de coca pueda ser procesada para otros tipos de productos, alimenticios, medicinales, etc.; que en Colombia, por la lucha o por la guerra contra las drogas, ese mercado no se ha podido desarrollar. Ese mercado que hay en Bolivia y en Perú, a partir de la hoja de coca en Colombia no se ha desarrollado porque hay una comunidad indígena mucho menor que en estos dos países, usuaria tradicional, pero incluso en los mercados urbanos o en mercados, digamos, no étnicos, que ya hay en Perú y en Bolivia, en Colombia no se ha logrado. Y hay otras comunidades, líderes, que están promoviendo estos usos de la necesidad de investigación de la hoja de coca. Entonces, como ves, hay diferentes luchas y resistencias de los movimientos sociales, productores, que están tratando de intervenir en este tema de la política de drogas. Algo que es muy claro en Bolivia, es coca sí, cocaína no, y muchas veces en las zonas rurales, los líderes sociales, digamos, de las comunidades rurales productoras, están en esa tensión, y yo creo que esa es una tensión que todavía está lejos de resolverse. Pero está en el debate.

El estudio de la acción colectiva, los recursos naturales, las políticas de drogas, implican interactuar en comunidades rurales y enfrentar situaciones a menudo complejas, desafiantes. ¿Cómo ha influido esta experiencia en tu perspectiva personal sobre la interacción entre las personas, la naturaleza y las políticas públicas?

Como finalmente he juntado toda esta historia, me interesaba entender cómo las comunidades se organizan, cómo surge la cooperación y cómo surge la acción colectiva. Y eso yo lo venía estudiando en otras dimensiones, cómo la gente se organiza para manejar el recurso pesquero, cómo la gente se organiza para proteger el bosque, cómo la gente se organiza para un sistema de riego. Y eso mismo lo he venido mirando en el tema de la política de drogas, y es cómo la gente se organiza en el contexto de las economías ilícitas. Entonces, de nuevo, la comunidad con la que yo he venido o con la que trabajé en este tema es una comunidad en el sur de Buenaventura, una comunidad negra, con territorio colectivo, y es una comunidad que a pesar de estar rodeada por cultivos ilícitos y por minería ilegal de oro, en su territorio han logrado resistir y no ha entrado ni la extracción masiva de oro, ni tampoco se ha expandido la hoja de coca, ni siquiera ha entrado. Entonces, la pregunta es por qué. Y yo he venido estudiando las razones por las cuales esa comunidad ha logrado resistir. Y básicamente la historia se reduce a altos niveles de capital social y unos liderazgos que se difunden más allá del líder sino a toda la comunidad. Pero eso mismo también lo he visto en otras comunidades donde el foco ha sido cómo nos organizamos para proveer seguridad en un contexto donde hay grupos armados ilegales, economías ilícitas, el Estado no llega, y si de manera no armada y no violenta la comunidad puede proveer seguridad. Que es todo este tema de las guardias indígenas, las guardias campesinas y los guardias y marrones. Entonces a mí lo que me interesa es entender eso y es cuando el Estado no está, cuando el Estado falla, cómo las comunidades se organizan y proveen cooperación, organización a diferentes niveles. Y todo eso, digamos, ayuda a entender cómo diseñar una política de drogas que incluye el rol de estas comunidades, que incluye el rol de la participación ciudadana, porque el Estado no es el único que provee o que diseña política pública. Entonces, la importancia, por ejemplo, de fortalecer a las organizaciones de base que están en sus territorios y que ejercen autoridad en sus territorios para que puedan definir sus propios proyectos de desarrollo. Obviamente todo este enfoque no significa que el Estado no tiene que estar allí. Claro que el Estado tiene que ir y el Estado tiene una cantidad de cosas que proveer, empezando por la seguridad. Pero cuando el Estado no está, las comunidades surgen, las comunidades se organizan también. Y cuando luego el Estado llega, no las puedes desconocer. Y me parece que cuando llega la política de drogas, llega como a lugares donde ya está una comunidad allí, y entonces hay que interactuar y organizarse con esa comunidad.

Colombia tiene el 79% de los cultivos. Perú tiene el 11%. Bolivia el 10%. Todos estos datos según la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC). Con estas cifras, ¿se sigue siendo viable el reducir los cultivos como un objetivo? ¿Tiene sentido que se siga hablando de reducir la siembra?

Yo creo que no. Yo creo que esto es una guerra fallida, porque en el otro lado de la historia hay 22 millones de consumidores de cocaína. Ante una demanda estable y creciente, pues alguien lo va a producir. Yo creo que este objetivo de intentar reducir a cero los cultivos, lo que ha generado es muchos más costos e impactos que beneficios. No hablamos de Bolivia, pero Bolivia es un caso interesante que también he estudiado, y es el sistema de control social que tiene Bolivia de la hoja de coca. Que yo creo que es un sistema del que podríamos aprender, no con el objetivo de reducir la oferta, pero con el objetivo de mantener, contener los cultivos, y con el objetivo de disminuir la violencia en los territorios. Lo que ha hecho Bolivia con un sistema complejo, digamos de sindicatos y federaciones del movimiento cocalero, es que está permitida cierta cantidad de tamaño de cultivo en las parcelas de los cocaleros. Obviamente, se supone que estas parcelas es para el uso tradicional de la hoja de coca, todo el mundo sabe que acá hay una filtración de muchos de estos cultivos para el narcotráfico, pero lo que ha logrado ese sistema es: uno, que el control territorial lo tienen las organizaciones, no los grupos criminales, como en algunas regiones de Colombia. Dos: se redujeron toda la violencia del Estado a los cocaleros, porque la radicación es consensuada. Entonces la comunidad básicamente revisa y dice, ‘Pepito y no sé quién se pasaron de su nivel permitido, se va a erradicar’. Y es consensuado. Y hay un monitoreo social y unos límites que han permitido que, digamos, tenga mucho más estable el cultivo en Bolivia que en Colombia. Yo creo que dentro del marco de la prohibición esto es una regulación o un control más interesante del cual deberíamos aprender. Obviamente, las particularidades del caso boliviano son muy específicas, pero yo creo que ahí hay insumos para aprender en el caso colombiano, donde tenemos que empezar a mirar otros indicadores, que no sean solamente hectáreas cultivadas, pero donde sí tenemos que pensar cómo se contienen estos cultivos a zonas donde no queremos que lleguen. Ahora, yo no creo que Colombia pueda de un día para otro, ni lo va a hacer, por supuesto, hablar de la regulación de la cocaína. No hemos podido ni siquiera con la regulación del cannabis, donde ya hay un ambiente global y en Colombia todavía no se logró la reforma. En la cocaína estamos mucho más lejos de eso. Entonces, en el mediano plazo la cocaína se va a seguir consumiendo a nivel global, 21 millones de consumidores, y alguien la va a producir. Entonces, yo creo que hay que pensar cómo hacemos para intervenir en ese sistema sin hacer más daño que interviniendo como se ha hecho hasta ahora. Y para mí el foco es: en el caso de la oferta, solucionemos los problemas que hay en nuestros campos con o sin coca. El tema de la tierra, la provisión de bienes públicos, con un criterio ambiental, por ejemplo, la gente dice, entonces construyan vías para que cultivemos otra cosa. Bueno, pero es que no se puede construir vías en todos lados, porque estamos hablando de los bosques más importantes de la región. Entonces, hay que empezar a pensar cómo intervenir estos territorios con una lógica de desarrollo rural, donde el foco no sea la reducción de la oferta, pero donde se provean unas condiciones para que la gente mejore la calidad de vida y se pueda transitar hacia otras economías menos extractivas y que le mejoren la calidad de vida a las comunidades que están haciendo esta producción. El foco no es reducir la hectárea, sino mejorarle la calidad de vida a estas comunidades para que transiten a otras economías que sean más beneficiosas a largo plazo, en términos sociales, ambientales, de seguridad, etc. 

Se ha abierto una discusión sobre cuál es el umbral para determinar cuándo un campesino es una persona con necesidades económicas o un narco cultivador. Un campesino que tiene menos de 1.78 hectáreas de coca es considerado un campesino necesitado, pero si tiene 1.79 es considerado un narco cultivador. ¿Es posible hacer esas diferencias?

Esta fue una discusión que se abrió con el Acuerdo de Paz, porque se estaba hablando de cómo se iba a despenalizar al pequeño cultivador. Esa discusión ha vuelto ahora, porque se habla de que hay unos cultivos industriales del pequeño campesino. No tengo idea cuál es esa cifra, no tengo idea cuál es el límite para considerarse uno y otro. Eso va a depender del tipo de cultivo, de la productividad de la región, porque dependiendo de la región va a ser más o menos productiva la tierra. Yo creo que es una discusión muy compleja, porque qué es pequeño, qué es mediano, qué es grande. Eso está muy difícil, pero sí hay una discusión, por ejemplo, en Colombia, actualmente, y es que sí debemos activar la erradicación para los grandes. Y hacer un enfoque más de sustitución o transformación territorial para los pequeños. Eso en teoría suena bien, pero en la práctica es muy difícil, porque no hay un censo cocalero que te permita saber cuál es pequeño y cuál es grande. Y hay muchas zonas en que se verán muchas parcelas unas pegadas a las otras y parezca un cultivo muy grande, pero pueden ser de varios pequeños. Entonces, esa discusión es bien difícil y bien compleja, y no tendría yo, y creo que nadie tiene en la cabeza claro cuál es el número.

¿Por qué el cacao, que suele ser presentado como un cultivo sustituto de la hoja de coca, no es una alternativa real para muchos campesinos que ya están cultivando coca? 

La coca, además de tener un mercado estable, es una planta muy virtuosa. Produce cuatro cosechas al año, y la primera cosecha la produce a los seis meses. El cacao se demora entre más de dos años para dar la primera cosecha. Eso presenta un reto bien grande. Es como, ‘oye, no, no cultives coca, cultiva cacao’, ‘ok, bien, listo, ¿y los primeros dos años qué?’ Ahí es donde pueden entrar cosas interesantes como los pagos por servicios ambientales. Listo, el pago, si usted promete, si usted firma un contrato que no va a tumbar un árbol nativo más, se le puede pagar por esa transición dos años con un PSA, un pago por servicio ambiental, mientras que da la primera cosecha o algo así. Pero decir que el cacao sustituye a la coca, sin más, cuando el cacao da la primera en dos años, mientras que la coca la da la primera en seis veces, pues cualquier campesino va a decir, ‘pero ¿y cómo?’ Y el otro es el tema del mercado. Cualquier proyecto que se imaginen de sustitución, si no le garantizan el mercado y la compra, tampoco va a ser algo interesante. El tema de la coca es que la compran en la puerta de la finca, no tienes que ir a buscar mercado y, además, en esas economías cocaleras, la coca se volvió también, o la pasta base, que es un siguiente momento de transformación, se volvió una forma de pago, la gente paga a veces con eso cuando no tiene efectivo, es una forma de ahorro. Entonces, no todos los productos tienen lo mismo: es súper fácil de transportar, se transporta a parte de base y es una panela así de grande que no pesa. Por eso el oro es el otro mercado que juega ahí, porque el oro cumple las mismas cosas: tiene mercado garantizado y es fácil de transportar. Entonces no es simplemente buscar un producto por otro, es pensar en que toda la economía vaya a reemplazar esa economía cocalera. 

¿Algún ejemplo exitoso de programas o iniciativas que sí hayan logrado conciliar la reducción de daños relacionados con las drogas, la sostenibilidad ambiental? 

Hay un librito muy bonito de Andrés Felipe Bermúdez que se llama Pequeñas Soluciones o algo así, y claro que hay ejemplos de pequeñas soluciones, pequeñas, porque no es como, sino proyectos que han surgido, incluso con cacao, con café, con lo que sea, pero tuvieron que tener como una arquitectura alrededor, institucional, comunitaria, que los lograra navegar, dejar a navegar por todos estos problemas y cuellos de botella que tiene un mercado. Ahora, quería mencionar que actualmente tenemos una crisis en la región cocalera, y en muchas zonas no se está comprando la hoja de coca en este momento, ni la pasta base, y los cocaleros hoy están pasando literal hambre, y hay muchas especulaciones de qué es lo que está pasando. La respuesta más rápida, y que más o menos hay un consenso, es que probablemente este pico de producción, no solamente aumentó la hoja de coca sino la productividad, es decir, más cocaína por hectárea cultivada, hizo que tengamos en el mundo y en Colombia un stock de cocaína. El punto es que en este momento no se está comprando la hoja de coca, ni la pasta base, en muchas regiones del país, y hay una crisis cocalera, y muchas personas han abierto la discusión de si este es el momento para llegar con otras ofertas institucionales para transformar esas economías. Hasta el momento eso no se ha hecho, pero lo cierto es que ahora hay una crisis. Ahora yo no creo, yo creo que es coyuntural, yo creo que hubo quizás, como decía, una sobre oferta, un stock de cocaína en el mercado que dejaron en este momento de comprar, más todo el tema del control territorial, las negociaciones que están ocurriendo, etc. Eventualmente esto se va a decantar, pero por ahora hay una crisis en estas regiones cocaleras.

Como hemos escuchado a lo largo de la entrevista, las políticas de drogas es un tema controvertido, multidimensional. ¿Cómo has abordado personalmente el equilibrio entre la investigación objetiva y la defensa de los derechos humanos en relación a estas políticas de drogas? ¿Has experimentado algún conflicto interno en tu trabajo? ¿Cómo lo has gestionado?

Pues digamos que nosotros, desde el CESED, básicamente no opinamos y no hablamos de aquello que no tenemos evidencia, entonces eso hace que se reduzcan los conflictos, porque no opinamos sobre lo que no hemos estudiado o lo que no hemos revisado. Yo creo que la mayor dificultad es, por ejemplo, de algo a lo que no hablamos y es cuando uno trata de proveer evidencia o informar sobre estos temas polémicos, digamos la respuesta a veces del público es errada. Entonces, por ejemplo, en el debate que hubo en Colombia sobre regulación del cannabis, nosotros estuvimos muy activos desde el CESED dando información, recolectando la evidencia empírica del efecto de la regulación, por ejemplo, en los estados de Estados Unidos donde se ha regulado, mostrando los estudios disponibles sobre por qué en términos sociales era mejor regular el mercado que no regularlo. Y muchas veces la respuesta era como, ‘no, es que ustedes están promoviendo el consumo’. Es como, no, no estamos promoviendo el consumo, estamos mostrando la evidencia de por qué es mejor regular. Entonces, creo que en estos temas de política de drogas hay unos debates que se tergiversan. Promover un modelo no significa promover el consumo. Y eso me ha parecido difícil porque además yo no trabajo en temas de consumo, no es mi expertis. Pero me ha parecido muy difícil tratar de proveer información a un debate público donde la gente ya tiene una, o cree que tiene una opinión formada y no está dispuesto a oír otras cosas. Yo creo que eso ha sido difícil.

¿Cuál sería el impacto en el medio ambiente a la hora de despenalizar y regular las drogas?

Yo creo que como cualquier mercado, si eso llegara a pasar, tendría que tener unos requisitos ambientales y sociales muy claros. Solamente con permitir o legalizar, eso no es suficiente. Tendría que haber unos requisitos ambientales muy claros para que eso no tenga un impacto. Yo creo que es difícil hablar de las drogas en general. Yo creo que tenemos una oportunidad ahora, por ejemplo, con el tema del cannabis. Yo creo que en Colombia ya estamos discutiendo los detalles de lo que podría ser un mercado regulado. Y en ese detalle tendríamos que incorporar el tema ambiental porque si no se incorpora como parte de los requisitos de producción a la hora, por ejemplo, de entregar licencias, pues no se va a incluir y se pueden generar muchos impactos. No lo hablamos, pero en cannabis hay todo el tema de invernaderos, temas de energía, etc. Yo creo que todos esos elementos, si se llega a regular, tienen que quedar, por ejemplo, en los requisitos de las licencias, así como otros requisitos sociales, porque si no, no se van a tener en cuenta. Entonces, si llegamos a mercados regulados, el tema, así como tienen que estar los temas de salud pública y los temas de equidad, pues también tienen que estar los temas ambientales, porque si no, tendremos mercados que en términos ambientales no van a ser sostenibles. Yo creo que con todo lo demás todavía estamos un poco lejos, pero creo que en el tema de cannabis para uso adulto y para uso medicinal, sí deberíamos empezar a hablar de esos temas ambientales ya en la regulación.

¿El problema entonces son las drogas o la prohibición?

Yo creo que hay usos y consumos problemáticos. Yo creo que la prohibición no ha hecho nada bueno para solucionar eso y, además, ha generado una cantidad de otros conflictos sociales, políticos, ambientales. Yo creo que la gente toma decisiones, hay consumos problemáticos, hay consumos no problemáticos y lo que debería pensar el sistema político es cómo hacer para que las cosas tengan menos impacto social, ambiental, etc. No lo pondría como en esa dicotomía porque yo creo que por todos lados hay elementos para discutir. 

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Este podcast es una producción de Proyecto Soma y es posible gracias al apoyo de la organización internacional Youth Rise y el Fondo Robert Carr.

La entrevista y coordinación fue realizada por Francesca Brivio Grill | La edición de sonido ha sido un trabajo de Santiago Martinez Reid | La edición general estuvo a cargo de Raúl Lescano | La música es una composición de Dr.100