Beneficios y riesgos de regular el uso adulto de la marihuana

Esta columna fue escrita en coautoría con Lucas Marin Llanes, Beatriz Ramos y Pablo Zuleta.

El cannabis es la sustancia ilícita más consumida en el mundo. Según la Unodc, se estima que casi el 4% de la población mundial consumió cannabis al menos una vez en 2019, lo que equivale a unos 200 millones de personas.

En Colombia, la información disponible sugiere que el 2,68% de los colombianos consumió marihuana al menos una vez durante el 2019 y el 8,3% ha sido usuario de esta sustancia al menos una vez en su vida.

El consumo de cannabis no es menor y cada vez se diversifican más sus formas de administración: no se fuma solo la flor, sino que hay una diversidad de extractos y productos en los mercados.

El consumo de cualquier sustancia psicoactiva ilegal o legal, incluida la marihuana, tiene riesgos. Eso no está en discusión. Lo que está en discusión es si la regulación permite que sea el Estado y la institucionalidad quienes manejen estos riesgos – o los reduzcan – o si se mantiene el statu quo con los actores actuales manejando el mercado ilegal.

Las políticas prohibicionistas y la ilegalidad del mercado no han logrado sus objetivos: la producción y el consumo de sustancias psicoactivas han aumentado progresivamente. Además, la prohibición y la ilegalidad tienen costos sociales enormes: consumos peligrosos porque la gente no sabe que está consumiendo, entornos inseguros, estigma, criminalización, represión, encarcelamientos de personas marginalizadas que subsisten de la economía de la marihuana, gastos enormes del sistema judicial y de los recursos policiales, violencia asociada a la ilegalidad, entre otros.

Con la regulación del cannabis de uso adulto, al menos en Colombia, se pretende cambiar el enfoque punitivo por uno basado en la salud pública, el respeto de los derechos humanos, la inclusión y el desarrollo rural.

Es importante aclarar que, en Colombia, el consumo de la dosis personal está despenalizado (dejó de ser un delito) desde 1994, así como la dosis de aprovisionamiento. Adicionalmente, la Ley 30 de 1986 (Estatuto de Estupefacientes) permite el autocultivo de máximo 20 plantas de cannabis.

En este momento, lo que está en discusión es la regulación de la producción y la comercialización del cannabis para uso adulto. La regulación permite armonizar las contradicciones actuales en las que se permite el autocultivo y el consumo pero la cadena de producción y la comercialización están criminalizadas.

En este contexto: ¿cuáles son los posibles beneficios de regular el consumo recreativo de marihuana?

La regulación permitiría conocer los componentes y controlar la calidad de las sustancias. Este cambio regulatorio posibilita hacer muestras químicas con las sustancias que van a consumir las personas, no con las incautadas, reduciendo los riesgos asociados a su consumo.

En la ilegalidad hemos visto un aumento en las concentraciones de THC que pueden representar riesgos graves para la salud de las personas usuarias. Actualmente, bajo la ilegalidad, los usuarios de marihuana tienen que especular sobre el origen del producto, los niveles de cannabinoides de los productos y los otros componentes.

Con la regulación, en la medida que mercado ilegal se reduzca, se puede prevenir el consumo temprano y el consumo problemático, pues se reducen los entornos inseguros de consumo y se limita el acceso a menores de edad.

La regulación, como ocurrió con la del cannabis medicinal, permite avanzar en la investigación científica para conocer los componentes y efectos de estas sustancias.

Adicionalmente, el tránsito a la legalidad es una oportunidad para mejorar las condiciones de vida de la población campesina e indígena productora que hoy habita territorios donde grupos al margen de ley se benefician de las rentas del mercado ilegal.

Un impacto directo de la regulación del cannabis puede ser la asignación eficiente de recursos policiales y judiciales para reducir la criminalidad. Según los cálculos del Cesed, en el 2020 más de 50% de la cantidad de sustancias incautadas correspondía a marihuana y hasta el 2016 40% de las incautaciones de marihuana fue inferior a la dosis mínima.

Todos los recursos destinados a realizar estas incautaciones se liberarían con la aprobación de esta iniciativa y se destinarían a atacar eficientemente la criminalidad. Asimismo, la regulación también permite reducir la conflictividad entre la ciudadanía y la fuerza pública, quitándoles la responsabilidad de perseguir e incautar cannabis. En la legalidad se puede incluir requisitos ambientales y sociales en su producción.

Otra oportunidad que genera la regulación del cannabis de uso adulto es la posibilidad de vincular a los actores actuales del mercado a una economía regulada. En ese sentido, la regulación no debería limitarse a beneficiar a los productores y a los consumidores sino que debería orientarse a integrar también a quienes distribuyen y comercializan con cannabis actualmente.

Partiendo de la distribución desigual de los costos de la guerra contra las drogas, estos grupos poblacionales que también han sido marginalizados deberían hacer parte de la nueva estructura de mercado y es una oportunidad para generar ingresos lícitos en comunidades vulnerables.

La regulación representa una oportunidad para cambiar la narrativa estigmatizante asociada al consumo. Las personas usuarias y sus comportamientos han sido representados como inmorales, criminales, o más recientemente, como enfermos.

Con la regulación de cannabis se pueden transformar estas narrativas para que las personas usuarias de cannabis dejen de ser definidas como delincuentes o antisociales.

Finalmente, y a medida que el mercado ilegal vaya disminuyendo, el nuevo mercado regulado puede ser una nueva fuente de recaudo fiscal territorial importante.

Se pueden tener “principios fiscales cannábicos”, como lo ha sugerido Dejusticia, donde se gravan los productos de cannabis y la destinación de recursos puede considerar medidas afirmativas para las comunidades campesinas que han cultivado marihuana durante varias décadas. Esto permitiría, entre otras, financiar asistencia técnica, mejorar prácticas productivas, hacer el licenciamiento y construir la infraestructura para la producción.

Por supuesto, con la regulación no desaparecen todos los riesgos y daños asociados al consumo de cannabis ni tampoco se elimina por completo y de inmediato el mercado criminal. Adicionalmente, hay otros riesgos que deben considerarse y se debe diseñar una institucionalidad y mecanismos para responder a los mismos.

¿Cuáles son los posibles riesgos?

Detrás de la regulación puede haber intereses comerciales que pretendan hacer una promoción comercial de la sustancia y por lo tanto aumentar el consumo. Esto, por supuesto, debe evitarse y la regulación debe ser explícita en prohibir el mercadeo de esta sustancia y sus derivados.

Un adecuado diseño regulatorio debe restringir por completo el acceso a menores de edad para prevenir su consumo temprano que es la principal variable de interés para evitar consumos problemáticos.

Además, se deben regular los etiquetados para que no sean llamativos, en especial para los niños, niñas y adolescentes. Hay una preocupación válida sobre el aumento en el consumo a través de la disminución del riesgo percibido a partir de la regulación.

Por lo tanto, el diseño e implementación de las estrategias de pedagogía e información son fundamentales, incluyendo etiquetas que expliquen los riesgos asociados y las concentraciones de THC.

En términos sociales, genera preocupación que los antiguos productores, así como los vendedores, no accedan al mercado legal. Por razones de reparación histórica y por el objetivo de reducir el mercado ilegal, las licencias de producción y distribución deben incluir criterios de justicia social, priorizando a las poblaciones vulnerables afectadas por la prohibición y actualmente vinculadas a esta economía.

Los riesgos de la regulación no son menores: se pueden acentuar desigualdades o se pueden aumentar riesgos del consumo si no se diseña un marco normativo adecuado que responda a principios de salud pública.

Pero para evaluar la regulación, la comparación no debe hacerse frente a un mundo sin consumo de cannabis – como si fuera posible –, sino con el consumo en el contexto de la prohibición.

En un trabajo reciente, los economistas Anderson & Rees (2023) hicieron una revisión sistemática de la literatura que evalúa los impactos de la regulación medicinal y de uso adulto del cannabis en varias dimensiones de la salud pública.

Ese documento únicamente incluye estudios que establecen relaciones causales, es decir atribuirle el efecto estudiado a la regulación. De manera general, los autores sugieren que el efecto neto de la regulación del cannabis es positivo.

Según los estudios reportados, se evidencia que en ausencia de regulaciones que permitan el desarrollo de un mercado de uso adulto, el consumo de jóvenes sería mayor o igual, el consumo de alcohol sería superior, la mortalidad asociada al consumo de opioides crecería y las tasas de algunos delitos aumentarían.

Evidentemente, hay costos y beneficios de regular. En neto, la evidencia preliminar sugiere que los beneficios superan los costos. La sociedad colombiana NO debería seguir postergando esta decisión.

La situación actual, la ilegalidad del mercado, no ha cumplido con los objetivos esperados: disminuir consumo y producción de sustancias. En cambio, la prohibición sí ha tenido enormes costos.

El éxito de la regulación depende de los detalles, el cómo, dónde, cuándo y quiénes. Los detalles que elaboramos en el documento Cesed: “Regulación del uso adulto del cannabis en Colombia: recomendaciones de política”, y que discutiremos en un evento el 24 de abril en la Universidad de los Andes, son los que debemos estar debatiendo para garantizar un mercado que proteja la salud pública, prevenga los consumos problemáticos, reduzca la violencia e integre a productores y vendedores históricamente estigmatizados y marginalizados.