La violencia urbana en la región Pacífica: diagnóstico y recomendaciones

Esta columna fue escrita en colaboración con María Paula Gutiérrez.

Desde el Centro de Estudios Seguridad y Drogas (Cesed) de la Universidad de los Andes, con apoyo de la Policía Nacional, publicamos tres documentos sobre la situación de violencia urbana en las principales ciudades de la región Pacífica: Buenaventura, Quibdó y Tumaco. Se analizó la distribución espacial y temporal de los homicidios, lesiones personales y hurtos en los últimos 7 años en estas tres ciudades. Adicionalmente, con el apoyo de las cámaras de comercio regionales, hicimos una encuesta de victimización a empresarios en Buenaventura y Quibdó. A continuación, resumimos los principales hallazgos y reflexiones.

La violencia que se presenta en estas tres ciudades va más allá de la delincuencia común y responde a las estrategias de grupos armados y grupos de crimen organizado que buscan controlar el territorio. Grupos con estructuras regionales controlan el territorio para administrar las economías ilegales, como la producción y exportación de cocaína en Tumaco y Buenaventura, y el cultivo de coca y extracción de madera y oro en Quibdó. Los enfrentamientos entre organizaciones armadas para apropiarse de espacios de la ciudad se traducen en violencia dentro de las ciudades.

Si bien las redes de las economías ilegales exceden lo que ocurre dentro de cada ciudad, sí hay factores locales que favorecen el crecimiento de estos actores armados. Por un lado, el reclutamiento de la población local, especialmente de los jóvenes en barrios marginados, fortalece a estas organizaciones. Esto genera que los mismos grupos armados tengan un vínculo con el territorio, que va más allá de ejercer violencia sobre él. Los jóvenes acceden a estos trabajos porque carecen de oportunidades laborales y educativas. La tasa de desempleo ha sido mayor en estas tres ciudades en comparación con el promedio nacional, y en Quibdó y Buenaventura la tasa de desempleo juvenil ha sido superior a la del promedio del país.

Además, no todos los jóvenes que deberían estar estudiando lo hacen. En Buenaventura, el 35 por ciento de los jóvenes entre 15 y 19 años no van a la escuela, mientras en Tumaco la tasa de cobertura neta, que se refiere a cuántos estudiantes van a las instituciones educativas en relación con la cantidad que debería ir, ha disminuido en los últimos años. En esta ciudad la calidad de la educación es cada vez peor, tal como lo demuestran los resultados de la prueba Saber 11.

Los barrios que son controlados por grupos armados son aquellos en los que la presencia estatal ha sido muy débil, es decir, donde no hay provisión de servicios, transporte, planeación urbana, ni una presencia permanente de la Fuerza Pública. En Quibdó y Buenaventura los barrios de invasión han sido claves para los grupos armados. En Tumaco la Fuerza Pública no ejerce presencia en todos los sectores y la falta de gobernabilidad del Estado se ha materializado en la ausencia de mecanismos suficientes para investigar crímenes y hacer justicia, dado que son muy pocos los funcionarios que atienden estos casos. En 2018 en Tumaco solo había un juez especializado que atendía 517 casos.

En la última década, Tumaco ha tenido la tasa de homicidios más alta, tanto así que ha superado en 8 veces la tasa de homicidios nacional. En esta ciudad los asesinatos son críticos, mientras que las lesiones personales y robos están por debajo de la media nacional. En Quibdó, la tasa de homicidios ha sido 4 veces la tasa nacional, las lesiones personales también han sido superiores a la tasa nacional y solo hasta el 2017 la tasa de hurtos se igualó al promedio nacional. En Buenaventura, las tasas de lesiones personales y hurtos se han mantenido por debajo del promedio del país y los homicidios se han mantenido al mismo nivel que el promedio nacional desde 2014.

En Tumaco los homicidios se han cometido en los últimos años de forma más dispersa que otros crímenes y comparado con los homicidios en Buenaventura y Quibdó. En efecto, todos los homicidios cometidos entre 2014 y 2021 ocurrieron en el 59 por ciento de las manzanas de Tumaco, lo que quiere decir que se presentaron en más de la mitad de la ciudad. Estas manzanas se ubicaron en su mayoría en el centro de la isla de Tumaco y en el costado occidental del área continental de la ciudad, especialmente hacia los lados de los esteros y la costa.

Para Quibdó, la dispersión de homicidios ha sido mucho menor que la de Tumaco, dado que el 100 por ciento de los homicidios cometidos en los últimos años ocurrieron en el 23 por ciento de las manzanas de la ciudad. Las lesiones personales en esta misma ciudad, que es uno de los delitos que también asedia a Quibdó, se han concentrado menos que los homicidios, dado que el 100 por ciento de ellos se han cometido en el 35 por ciento de las manzanas. Estos dos crímenes han ocurrido en mayor medida en las comunas 2, 3 y 6.

En Buenaventura todos los delitos están más concentrados que en Quibdó y Tumaco. El 100 % de los homicidios, por ejemplo, ocurrieron en el 12 % de las manzanas. En el noroccidente de la ciudad, específicamente en la isla Cascajal y la zona portuaria El Piñal, se concentran la mayoría de los crímenes.

En las encuestas que realizamos en Buenaventura y Quibdó a negocios en promedio de 5 empleados, se encontró que el delito más frecuente al que se enfrentan las empresas es la extorsión. Esta cifra es muy elevada para Quibdó, en donde 63 % de las empresas han sido víctimas de algún delito y el 87 % de ellas por extorsión.

Para Buenaventura la situación aparentemente es menos grave que en Quibdó, dado que el 31 % de las empresas reportan haber sufrido algún delito y 57 % de ellos han sido extorsiones. La mayoría de las personas que cometen las extorsiones fueron identificados por los empresarios como jóvenes entre 18 y 35 años. A pesar de las amenazas, se encontró que más o menos la mitad de las empresas no pagaron las extorsiones y quienes lo hicieron —el 47 % en Buenaventura y el 40 % en Quibdó— recibieron “servicios” a cambio del pago de la extorsión, como protección al negocio y/o a la persona.

Debido al alto nivel de victimización, las empresas se han visto obligadas a tomar medidas de seguridad que en otros contextos no se habrían implementado. Esto incluyó principalmente cerrar el negocio más temprano, evitar salir solo del establecimiento comercial e instalar cámaras de seguridad, alarmas o rejas. Asimismo, más de la mitad de las empresas no denunciaron los delitos de los cuales fueron víctimas. En Quibdó este porcentaje fue más alto que en Buenaventura, pues el 61 % no denunció mientras que en la ciudad del Valle del Cauca el 56 % no lo hizo. La razón más frecuente para no hacerlo en Buenaventura fue porque los encuestados reportaron que “no servía de nada” y en Quibdó porque “era peligroso” y por miedo a las represalias. Aun así, a pesar de la baja legitimidad del Estado dentro del gremio empresarial, los grupos armados no han remplazado al Estado en actividades de gobernanza como resolver problemas entre vecinos y conflictos por fianzas, y atender robos u homicidios.

El próximo Gobierno debe diseñar programas e intervenciones integrales, más allá de las acciones de la Fuerza Pública, para abordar el crimen en estas ciudades, junto con las autoridades locales. En Colombia, incrementar el pie de la fuerza pública no ha funcionado para prevenir los delitos, ha desplazado los focos de crímenes a otras áreas y en ocasiones ha generado mayores violaciones de derechos humanos. Aumentar el arresto por delitos menores tampoco ha servido para mitigar el crimen en municipios donde hay redes de narcotráfico . Entonces, ¿qué hacer ante este panorama?

Como primer punto, proponemos desarrollar programas de terapia cognitiva conductual para la población pospenitenciaria para sustituir comportamientos problemáticos que puedan desencadenar en actos violentos. También se sugiere crear programas para jóvenes dentro y fuera del ámbito escolar. Para ello, se deben evaluar los riesgos a los que se exponen los menores y diseñar programas de acuerdo a estas necesidades con las familias, las escuelas y las comunidades. Además, se pueden ofrecer espacios de socialización que permitan negociar otras formas de masculinidad no violentas y hacer transferencias monetarias para evitar la deserción escolar. Asimismo, se puede mejorar la infraestructura, con la instalación de cámaras de seguridad y de alumbrado público en la ciudad para disminuir el crimen.

Los programas comunitarios de prevención del delito son una alternativa viable para disminuir los niveles de violencia y para fortalecer las relaciones de confianza entre la Policía y la comunidad. Para esta propuesta se deben diagnosticar las demandas locales y los focos del delito para después establecer vínculos estrechos entre las autoridades y la población. Esta relación implica tener una comunicación acertada, que depende de la capacitación de ambos grupos, pero también de patrullaje y prestación de servicios judiciales. Además, para que el programa tenga éxito las asociaciones comunitarias deben ser legítimas y efectivas dentro del sector y el Estado debe tener la capacidad coercitiva y económica para apoyar a la cooperación.

Para reducir las extorsiones, se propone establecer una relación más estrecha entre la Fuerza Pública y los afectados, quienes se pueden agremiar para agilizar la interacción entre estos dos grupos. Ahora bien, es necesario reconocer que los empresarios pueden haber establecido acuerdos con sus victimarios para negociar los montos a pagar, por lo que puede ser difícil que el gremio se acerque a la Fuerza Pública por temor a represalias. Sin embargo, se debe incentivar las denuncias individuales de extorsiones ante las autoridades y comenzar a hacer vigilancia en estas zonas. Asimismo, se debe tener en cuenta que, cuando las bandas criminales realizan acuerdos entre ellas, las extorsiones pueden incrementar, por lo que las autoridades deben estar atentas a los cambios en las dinámicas en cada sector.

Por último, la violencia urbana en la región Pacífica tiene orígenes en dinámicas regionales y el crimen en las tres ciudades va más allá del contexto local y el alcance de las alcaldías. Por lo tanto, políticas nacionales, como la política de drogas, deben preocuparse por la seguridad en estos territorios. Por ejemplo, el Programa de Sustitución de Cultivos Ilícitos debe tener un componente de seguridad para proteger a quienes se acogen a él. Además, la política de drogas debe enfocarse en desarticular las organizaciones criminales; para ello, la operatividad policial se debe enfocar en evitar la conexión entre diferentes mercados ilegales y mitigar la violencia de alto impacto que genera este negocio.