Marco Fiscal de Mediano Plazo y Regla Fiscal en el gobierno del cambio

El Marco Fiscal de Mediano Plazo (MFMP) es un documento que presenta anualmente el Gobierno nacional de Colombia al Congreso de la República. Este documento contiene supuestos macroeconómicos y proyecciones de ingresos y gastos del gobierno a 10 años para dar luces acerca de las acciones necesarias para garantizar el cumplimiento de normas de endeudamiento y responsabilidad fiscal.

La Regla Fiscal, por su parte, establece mecanismos para consolidar el proceso de ajuste fiscal. En la práctica, la regla busca dos objetivos: (i) que la deuda neta del Gobierno Nacional Central (GNC) no supere el 71% del PIB. (ii)  la deuda neta debe converger a niveles inferiores al 55% del PIB.  Para lograr estos objetivos, el Balance Primario Neto Estructural (BPNE) debe ajustarse dependiendo de la relación deuda neta/PIB, esto es, entre mayor es la deuda el Gobierno hay menor espacio fiscal y por lo tanto se requiere mayor BPNE.

Durante la pandemia, la regla fiscal se suspendió, se presentaron altos déficits fiscales y la deuda neta se incrementó sustancialmente. En respuesta, la Ley de Financiamiento de 2021 planteó un periodo transición de 4 años antes de retornar al cumplimiento pleno de la regla. Durante la transición se establecen los siguientes límites al BPNE: -4,7% del PIB en 2022, -1,4% del PIB en 2023, -0,2% del PIB en 2024, 0,5% del PIB en 2025.

De acuerdo con el MFMP a partir de 2023 las altas tasas de interés internacionales, asociadas a la incertidumbre y a la contracción monetaria, comenzarán a bajar y convergerán a niveles pre-pandemia en 2027. No obstante, para que esto suceda se requiere que la inflación ceda y que Colombia logre la consolidación fiscal. En otras palabras, la disciplina fiscal afecta el gasto del gobierno en intereses por dos vías: nivel de deuda y nivel de la tasa de interés.

Actualmente, los pagos de intereses de deuda del Gobierno Nacional Central (GNC) representan cerca de 4% del PIB, más del doble de lo que se busca recaudar con la reforma tributaria. En la medida en que se produzca la consolidación fiscal, se irá reduciendo la proporción del PIB que se dedica al pago de intereses y, por esta vía, se liberarán recursos para inversión o para las prioridades de gasto que tenga el gobierno.

¿Cómo seguir la senda que establece el MFMP?

El año 2022 ha sido notable en términos de ajuste del déficit. Hace un año la proyección del MFMP para 2022 era un desbalance de $83 billones de pesos en las cuentas de la Nación, pero la proyección actual es de un déficit de $75 billones de pesos. El buen crecimiento del PIB, el comportamiento de los precios del petróleo y la gestión de la DIAN explican esta diferencia.  En consecuencia, la deuda pública va a ser cercana al 57% del PIB, muy por debajo de las estimaciones iniciales del MFMP, 67%, y cerca del ancla de deuda de 55%.  Así, existe la oportunidad de acelerar el proceso de consolidación fiscal y, para esto, es esencial el cumplimiento de la Regla Fiscal.

¿Cuál es el plan del gobierno?

A pesar del buen comportamiento de los ingresos tributarios en 2022 y de la perspectiva de una reforma tributaria que genere un incremento adicional, las proyecciones macroeconómicas para 2023 no son optimistas, de manera que se espera una desaceleración en el comportamiento del recaudo. Esto impone un límite al gasto del gobierno. Sin embargo, el presidente Petro tiene otros planes.

En lo que respecta a gastos recurrentes, las promesas de campaña suman 129,5 billones de pesos. Entre estos gastos están subsidios de 800.000 pesos mensuales a jóvenes en criminalidad o peligro de criminalidad, 500.000 pesos mensuales a madres cabeza de familia,  500.000 pesos mensuales a adultos mayores sin pensión y pago a médicos domiciliarios, entre otros.

Además de los gastos recurrentes, el presidente ha planteado la necesidad de un gasto extraordinario de 60 billones de pesos para cumplir los compromisos del acuerdo de paz y, en particular, financiar la reforma agraria. Si este gasto se difiere a cuatro años serían 15 billones de pesos anuales.

Así, si se lleva a cabo todo el plan de gasto de la administración Petro es necesario financiar 145 billones de pesos anuales. Evidentemente, la reforma tributaria, que busca recoger 26 billones adicionales, resulta insuficiente para cubrir estos programas de gasto. En otras palabras, el plan de gasto es inconsistente con la regla fiscal.

La encrucijada

El presidente Petro fue elegido para liderar un cambio profundo. En particular, un cambio en la distribución de ingreso, una reducción en la pobreza y una transformación productiva que genere oportunidades para todos. Infortunadamente, implementar los programas de gasto mencionados implica abandonar la regla fiscal de mediano plazo, retornar a una senda creciente de deuda sobre PIB, aumentar el riesgo país e incrementar el costo del servicio de la deuda. En otras palabras, implementar el programa de gasto de la administración Petro nos obligaría a un ajuste fiscal doloroso en el futuro. Por otro lado, el apoyo popular del gobierno depende del cumplimiento de las promesas de campaña.