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¿Qué hacemos con el narcotráfico?

Pasar del discurso en la ONU a enfrentar la tozuda realidad, implica pragmatismo pero también acción

José Manuel Acevedo
El papel lo aguanta todo. Y el escenario de la Asamblea General de las Naciones Unidas, también. Allá se han dicho cosas como la famosa frase de “huele a azufre”, de Hugo Chávez, o se ha oído, más recientemente, al presidente Gustavo Petro diciendo: “Yo les demando desde aquí, desde mi Latinoamérica herida, acabar con la irracional guerra contra las drogas”. Pero si los discursos que se pronuncian en ese recinto, con frecuencia vacío y disperso, solucionaran los problemas del mundo, hace rato los habríamos resuelto todos.

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La realidad es otra y nos obliga a revisar cifras como las que fueron presentadas por la misma ONU hace algunos días: en 2021, los cultivos de coca en Colombia llegaron a la cifra récord de 204.000 hectáreas cultivadas, 61.000 más que en el año anterior, representando un incremento del 43 por ciento.
Pasar del discurso en la ONU a enfrentar la tozuda realidad que nos está tocando vivir, implica pragmatismo, ciertamente, pero también acciones concretas porque, como decíamos antes, de frases desafiantes o discursos bonitos está lleno el mundo y, sin embargo, todo está por hacerse.
Consulté a tres expertos en estos temas, con una pregunta simple pero urgente: ¿qué debería hacer el gobierno del presidente Gustavo Petro para abordar el problema del narcotráfico? Para el investigador y académico Hernando Zuleta, hay que tener cuidado con las expectativas. Igual que sucedió con el acuerdo de paz de Santos, ahora que los cultivadores sienten que el presidente Petro está considerando este asunto de una manera distinta a la tradicional, puede ocurrir que muchos quieran incrementar su actividad para recibir un tratamiento más favorable del Gobierno.
Zuleta cree que lo que debería hacer el Ejecutivo es presentar rápidamente un mecanismo realista de precios de sustentación para los cultivadores de coca, de manera que sea a punta de incentivos económicos como se reemplace esta actividad por otra igualmente atractiva, económicamente hablando. En ese sentido, la propuesta de un fondo público para pagarles a los cultivadores una plata importante a cambio de cuidar la selva y reforestar en vez de seguir sembrando matas de coca puede ser interesante si se estructura bien.
Para el profesor de la Universidad Javeriana Jorge Restrepo, “lo mejor es adelantar la sustitución a cambio de la formalización y derechos de propiedad sobre la tierra”. Según Restrepo, la forma como el Estado ha emprendido los procesos de sustitución resulta carísima y poco sostenible en el tiempo, y comparte con el otro analista al que acudí –el también profesor Daniel Mejía– una mirada que resulta clave en estos momentos: “Debemos concentrarnos en la interdicción”.
Mejía opina que la interdicción, destrucción de laboratorios y cristalizaderos, la incautación de grandes cargamentos de clorhidrato de cocaína y el control de precursores deberían ser la prioridad del Gobierno.
En esa dirección pareciera ir también el propio presidente Petro, quien en un trino, destacando la incautación de 4 toneladas de cocaína en Cartagena, dijo: “La interdicción funciona, y los dueños del capital narcotraficante deben pensarlo”.
Lo cierto es que no podemos seguir girando en la misma órbita. Tampoco quedarnos con los brazos cruzados o mandar mensajes equivocados que incrementen la producción a cambio de incentivos perversos, económicos o de beneficios judiciales. Aquí hay miradas interesantes como la de los tres expertos que menciono y varias más de personas que han estudiado esto en serio y que deberían ser consideradas y puestas en marcha urgentemente, a ver si salimos de la dichosa bicicleta estática en la que nos encontramos.
JOSÉ MANUEL ACEVEDO M.
(Lea todas las columnas de José Manuel Acevedo en EL TIEMPO, aquí)
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