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Paz y Derechos humanos

El informe que le recordó al país la crueldad de la historia de violencia

Lanzamiento del Informe Final Comisión de la Verdad

Lanzamiento del Informe Final Comisión de la Verdad

Foto:Cesar Melgarejo. EL TIEMPO.

Informe de Comisión de Verdad es clave en memoria histórica, pero también ha generado controversias.

Que esta guerra que arrasó los campos y las ciudades no afectó solo a los combatientes. Que se ensañó contra los ciudadanos del común, los civiles, esos que quedan en medio del fuego cruzado, pusieron a ocho de cada 10 muertos del conflicto. Que no fueron 262.000 asesinados, sino un 70 por ciento más: 450.664 (y podrían ser 800.000 si se tiene en cuenta el subregistro). Que 121.768 personas fueron desaparecidas, con la incertidumbre y la zozobra que eso supone para sus familias.
Que de cada 100 colombianos, al menos 15 (la mitad siendo niños todavía) tuvieron que dejar sus tierras y desplazarse por el miedo y el riesgo inherente a las violencias. Que 12.170 personas (en su mayoría policías y militares) tienen sus miembros amputados o sus órganos cercenados por una mina u otro artefacto explosivo. Que 16.238 niños fueron obligados a tomar las armas de una organización ilegal para hacer parte de esta guerra. Que los paramilitares y las guerrillas fueron los principales responsables del horror que ha vivido el país durante más de 64 años, pero que también hubo responsabilidad del Estado. Que si no se toman medidas de fondo, el contexto generador de la violencia va a persistir, como lo ha hecho después de la firma del acuerdo de paz con la guerrilla de las Farc, la otrora amenaza máxima para la seguridad, la cual fue reemplazada tras su desmovilización por otros grupos de la guerra que siguen sumergiendo al país en una de las tragedias humanitarias más largas del planeta.
Esas son apenas algunas de las conclusiones que presentó el martes la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad en un adelanto de su informe final, que construyó luego de un trabajo de tres años, seis meses y 28 días. En un acto en el teatro Jorge Eliécer Gaitán, en Bogotá, al que asistieron cientos de personas –incluidas víctimas–, los comisionados elegidos tras la firma del acuerdo le revelaron al país el capítulo de Hallazgos y Recomendaciones, que indagó en las causas del conflicto y su degradación y persistencia, las principales violaciones de derechos humanos cometidas durante la guerra, las responsabilidades, el rol protagónico del narcotráfico y las posibles salidas para prevenir la confrontación y garantizar la no repetición del conflicto, que ya han abierto debate sobre su viabilidad.

Hay un futuro para construir juntos en medio de nuestras diferencias. No podemos aceptar la alternativa de seguir acumulando vidas despedazadas, desaparecidas, excluidas y exiliadas: Francisco de Roux

“Estamos convencidos de que hay un futuro para construir juntos en medio de nuestras legítimas diferencias. No podemos aceptar la alternativa de seguir acumulando vidas despedazadas, desaparecidas, excluidas y exiliadas. No podemos postergar el día en que la paz sea definitivamente un deber y un derecho de obligatorio cumplimiento”, dijo el padre Francisco de Roux, presidente de la Comisión, durante esa presentación que ocupó varias primeras planas al día siguiente.
Desde ese momento el informe generó críticas en varios sectores de víctimas, políticos y organizaciones que no comparten sus conclusiones y han manifestado, por ejemplo, que extrañan un mayor cuestionamiento a los ilegales que desplegaron su violencia por gran parte del país. Igualmente, generaron controversia algunas de sus recomendaciones que, a juicio de analistas e investigadores, habrían excedido la órbita de la competencia de la Comisión.
“Una cosa es que algunas personas tengan claridad de los motivos, los detonantes, los temas más sensibles del porqué del conflicto y el rol de la sociedad, las instituciones y los actores armados (incluida la Fuerza Pública), y otra es tener una visión institucional”, dice el profesor Jairo Libreros, quien ha investigado el conflicto y los temas de seguridad por más de dos décadas.
“Esta visión permite identificar todo un espectro de situaciones, como la doctrina del enemigo interno usada para combatir a la insurgencia, cómo nos subimos en el tema del terrorismo, los conflictos de tierra, cómo los contextos de estigmatización y etiquetamiento al que piensa diferente influyen en la radicalización política que hay hoy en día… Hay una cantidad de temas sobre los que este informe permite encontrar un hilo conductor mucho más preciso”, explica el observador.

¿Cómo entender (y digerir) lo que reveló la Comisión?

El padre Francisco de Roux liderará la socialización del informe final de la Comisión.

El padre Francisco de Roux liderará la socialización del informe final de la Comisión.

Foto:Andrea Moreno. EL TIEMPO

Lo primero que hay que decir es que lo que se conoció esta semana es apenas un abrebocas del documento final. “La idea nuestra es presentar los capítulos restantes en los dos meses que nos quedan de socialización, para ir haciendo la pedagogía necesaria, porque en total son más de 4.000 páginas con temas muy hondos”, le dijo a este diario el padre De Roux.
El informe está dividido en 10 apartados, que explican los detonantes y las dinámicas de las principales violaciones de los derechos humanos cometidas en el conflicto, sus hitos y factores de persistencia, el impacto en lo local y lo regional, la victimización a mujeres, comunidad LGBTIQ y poblaciones étnicas, el drama del exilio, las experiencias de los menores de edad afectados por la guerra, las fracturas sociales y formas de resistencia para superar la violencia y un apartado testimonial (que ya está a la luz y contiene los relatos de 260 personas que vivieron la crueldad del conflicto armado).
Por ahora, toda esa información le pone de frente al país una realidad que no es desconocida, que ha sido documentada por décadas, pero que para la Comisión es urgente que todos los ciudadanos interioricen. Y en todo ese proceso, el reconocimiento de responsabilidades resulta clave.
El conflicto armado en Colombia no se reduce al enfrentamiento entre aparatos armados”, sino que es “un entramado de alianzas, actores e intereses”, lo cual deja ver cómo las responsabilidades “van más allá de quienes empuñaron las armas (…) y se extienden a sectores políticos (de todas las ideologías), económicos, criminales, sociales y culturales”, se lee en el informe.

Las víctimas que ha dejado la violencia

En el documento se encuentran los señalamientos a los responsables de la guerra en el país y afirma que del total de víctimas, al menos 122.813 (el 27 por ciento) fueron causadas por guerrillas (sobre todo por las Farc). Además, concluye que cometieron violaciones de derechos y graves infracciones del DIH. Y que son responsables de haber fomentado el crecimiento y expansión de su violencia, pese a la evidencia de que afectaba a la población civil; también, por haber supeditado su relación con los ciudadanos al cumplimiento de resultados en el campo militar, y por no actuar para frenar la violencia de sus estructuras, pese a la masividad y sistematicidad de sus acciones.
En un apartado de igual dimensión al de las insurgencias, la Comisión indagó en el entramado del paramilitarismo, desde el uso del terror como estrategia hasta sus vínculos con la Fuerza Pública y con políticos.

El paramilitarismo empleó formas de violencia cada vez más crueles y de forma más masiva, no solo para combatir a las guerrillas y atacar a quienes consideraba sus bases sociales: informe final

“El paramilitarismo empleó formas de violencia cada vez más crueles y de forma más masiva, no solo para combatir a las guerrillas y atacar a quienes consideraba sus bases sociales, sino que controló el narcotráfico para beneficio propio y de muchas personas, incluyendo políticos, empresarios y agentes del Estado”, dice el informe. Y además señala que esas estructuras fueron los principales verdugos de la guerra en cuanto a homicidios: 205.028 víctimas de las más de 450.000 (el 45 por ciento).
Si bien guerrillas y paramilitares serían los responsables, según el cálculo de la Comisión, de 7 de cada 10 muertes en el conflicto, el informe profundizó también en la influencia de las decisiones, políticas públicas y modelos económicos y de seguridad que influyeron en el conflicto porque ampliaron las brechas de exclusión y desigualdad y fomentaron la “construcción de un enemigo”, que puso las Fuerzas Militares en “modo guerra”. Incluso, existió la participación de algunos agentes del Estado en ejecuciones extrajudiciales, magnicidios, atentados y otros hechos que dejaron más de 56.000 muertos (el 12 por ciento de los homicidios identificados entre 1985 y 2018).
Aunque en términos de responsabilidad los principales actores son ‘paras’, guerrilleros y Estado, el informe pone de relieve que el narcotráfico debe dejar de verse como un problema de criminalidad organizada para verse “como un protagonista del conflicto armado colombiano y como un factor de persistencia del mismo”.
La tarea, ahora, es que el informe no pase a ser uno más de los miles que han documentado la historia y razones de la guerra, sino que su contenido y recomendaciones abran espacio al proceso de reconciliación. Encontrar en el debate sobre la viabilidad y conveniencia o no de las propuestas podría dar una ruta de lo que seguiría para el país.

El debate sobre la metodología usada en el informe

Angelika Rettberg, experta en resolución de conflictos armados, señaló que las comisiones de verdad en el mundo “suelen hablar con el número más grande posible de personas de lados distintos” y que, en ese sentido, este informe cumplió con eso aunque ante la magnitud de víctimas en Colombia, dijo, siempre habrá algunas que se sientan excluidas.
Del otro lado, Daniel Mejía, profesor de la Universidad de los Andes, consideró que la metodología usada aquí es una entre muchas y combina elementos cualitativos de entrevistas con víctimas, victimarios, organizaciones sociales, entre otros, con datos. "Es una metodología que puede ser rigurosa y puede estar bien hecha, pero hay otras metodologías empíricas de econometría para desentrañar efectos causales" en cuanto a la violencia.

¿Qué sigue luego de conocer el informe final?

Aunque hace falta que en los próximos dos meses se publiquen los demás capítulos del informe final, ya se conocieron los hallazgos y recomendaciones de la Comisión, que serán analizados por el Ejecutivo para decidir cuáles serían viables de aplicar. De hecho, el presidente electo, Gustavo Petro, dijo que analizará el tema.
Frente a cómo podrían aplicarse las recomendaciones, según expertos, varias implicarían cambios en leyes o reformas constitucionales que se tramitarían en el Congreso, por ejemplo, una eventual reforma del proceso de elección del fiscal general. Otras podrían comenzarse a aplicar con las normativas actuales.
JULIÁN RÍOS MONROY
Redacción Justicia
En Twitter: @julianrios_m
justicia@eltiempo.com

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