Aunque ya se han venido adelantando algunas reuniones desde la semana pasada, esta semana será crítica para que el Gobierno del presidente Iván Duque defina el rumbo de las negociaciones ante el Comité del Paro el cual, entre otras cosas, pidió una renta básica, ayudas a las mipymes y matrícula cero.
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Una de las preguntas que han surgido en medio de las propuestas del Comité en materia económica son los alcances fiscales de las iniciativas, y qué tan viables son para el país en medio de una de las peores crisis de su historia.
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Cabe recordar que entre lo que pide el Comité del paro está retirar el proyecto de ley de reforma a la salud que avanza en el Congreso, una renta básica de por lo menos un salario mínimo legal mensual, que se proteja la producción nacional, subsidio a las mipymes, matrícula cero y no alternancia educativa, no a la discriminación de género, y no privatizar los activos del Estado y detener las erradicaciones forzadas y la aspersión con glifosato, entre otras iniciativas.
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Por su parte Miguel Ceballos, alto comisionado para la Paz y coordinador del diálogo nacional, anunció que en las prioridades de la agenda de negociación del Gobierno está avanzar con la vacunación masiva, la reactivación segura con el apoyo a población más afectada por la pandemia, el cese de la violencia, la protección a los más vulnerables, la estabilización de las finanzas públicas y matrícula cero.
A esas solicitudes que hizo el Comité del paro también se han unido las de universidades, estudiantes, transportadores, comunidades indígenas, el sindicato judicial.
Y cabe anotar que, por su lado, los empresarios desde la Asociación Nacional de Empresarios (Andi) y el Consejo Gremial Nacional, han planteado la importancia de recibir apoyo al tiempo que han hecho propuestas para obtener recursos que permitan atender las necesidades del país.
Entre esas solicitudes están las iniciativas de las universidades de los Andes, Nacional, Javeriana, la U. Tecnológica de Pereira, la U. de Antioquia, el Externado y la U. del Valle, que plantea un pacto fiscal de desarrollo económico y social incluyente.
Para los académicos es indispensable proponer e implementar una política fiscal, fruto de amplios acuerdos sociales y políticos, vinculada a los derechos de las poblaciones, en línea también con la discusión que se alista en el Congreso para una nueva reforma tributaria.
EL COSTO FISCAL
Ahora bien, aunque todavía no se han definido los acuerdos entre el Gobierno y los diferentes sectores de la sociedad que han solicitado solución a algunos puntos críticos, una de las ideas que toma fuerza y que tendría un alto impacto fiscal es la de la renta básica.
Según el Comité del paro, la idea sería que las familias pobres del país reciban un salario mínimo mensual vigente, que en 2021 es de $908.526.
Y si bien no detalla si ese monto sería recibido por hogar o solo para las familias más pobres, los cálculos apuntan a que este gasto sería de aproximadamente $70 billones, 7% del PIB. Para Andrés Zambrano, profesor asociado a la facultad de economía de la U. de los Andes, es equivalente a “algo así como un tercio del gasto público en Colombia o tres veces lo que pretendía recaudar la reforma tributaria inicialmente. Esto claramente no es sostenible. Las otras peticiones de educación y subsidios al empleo venían con la anterior reforma, y su costo es de $0,8 billones, y eso sí es viable y necesario”.
Ese monto está cerca del hueco fiscal que se prevé para este año, que es de 8,6% del PIB, unos $94,6 billones. Precisamente, la reforma tributaria que fue retirada ante el Congreso buscaba recaudar unos $28 billones, que descontando los recursos para el Sistema General de Participaciones quedaba en $23,4 billones.
Y, de hecho, en la reforma tributaria que se retiró del Congreso el Gobierno planteaba un paquete social que, entre otras cosas, pretendía girarle montos de hasta $366.101 mensuales, para el caso de hogares en pobreza extrema con 6 miembros.
Con ese paquete de ayudas, que se definiría según las condiciones de cada familia, buscaban reducir en aproximadamente 1,3 millones de personas el número de personas en esa condición.
En ese sentido, Jorge Enrique Espitia y Luis Jorge Garay, investigadores del Centro de Política Fiscal de la U. Nacional,y quienes también plantean una alternativa de renta básica, teniendo en cuenta el impacto de la pandemia en las personas en condición de pobreza, que aumentaron en 3,5 millones en 2020.
Plantean que “la renta básica consistiría de una transferencia monetaria incondicional mensual que garantice que todos los miembros de cada hogar focalizado alcancen la línea de pobreza monetaria, según su respectivo dominio geográfico. Este programa complementaría los programas sociales existentes de Familias en Acción, Jóvenes en Acción y Colombia Mayor, dado que el de Ingreso Solidario solo tiene vigencia hasta finales de junio de 2021”.
El costo fiscal de esta idea estaría entre un 1,5% - 1,9% del PIB para el segundo semestre de este año.
“Habría que recalcar que ya se tiene presupuestado un costo fiscal de alrededor del 0,6% del PIB para el segundo semestre de 2021 para los otros programas sociales, por lo que el costo fiscal neto del programa de renta básica de emergencia inmediata sería del orden del 0,9% - 1,3% del PIB.
La principal fuente de financiación, si no única, sería la cuenta de pérdida de apropiación presupuestal del año 2020 a cargo de Minhacienda, que ascendió a más del 2,3% del PIB”, explican.
Y mientras el Gobierno adelanta las conversaciones con los sectores, el Ministerio de Hacienda adelanta diálogos para llegar a un consenso y presentar una nueva reforma tributaria ante el Congreso en las próximas semanas.
