Así arranca el debate sobre drogas en la campaña presidencial

Esta columna fue escrita en coautoría con Lucas Marín Llanes, investigador del Cesed.

El pasado 21 de septiembre organizamos el primer conversatorio entre precandidatos presidenciales desde el Centro de Estudios de Seguridad y Drogas (Cesed). Participaron Paloma Valencia, Rafael Nieto, Juan Carlos Echeverry, Gustavo Petro, Roy Barreras, Alejandro Gaviria, Juan Manuel Galán, Juan Fernando Cristo y Camilo Romero.

El propósito del conversatorio era oír las visiones y propuestas de algunos precandidatos sobre política de drogas. En la apertura del conversatorio, planteamos nueve puntos que debería tener la política de drogas según la evidencia científica disponible.

En esta columna resumimos las opiniones y visiones de los precandidatos frente a cada uno de estos puntos.

1. Reanudar la fumigación aérea: no resuelve el problema del narcotráfico, no es costo-efectiva y tiene riesgos para la salud y medioambiente

Seis de los nueve precandidatos están de acuerdo con esta posición.

Entre los tres que no estuvieron de acuerdo, hay un espectro en sus posturas.

Nieto asegura que el glifosato es una herramienta fundamental para el control de las hectáreas de coca. Según él, como es un producto empleado en otras actividades agrícolas, no debería estar en discusión su uso.

Echeverry y Valencia afirmaron que no es deseable limitar las herramientas disponibles para controlar las hectáreas de coca. Para él, es una herramienta de última instancia (como el Ejército); y para Valencia, su uso está condicionado a los ecosistemas y a las comunidades donde se puede usar.

2. El enfoque para realizar intervenciones en zonas afectadas por cultivos de uso ilícito debe ser de desarrollo rural integral, participativo e interseccional, incorporando objetivos ambientales y perspectiva étnico-territorial

Previo al conversatorio, compartimos con los precandidatos un documento con ideas para una política de sustitución de cultivos.

Los precandidatos resaltaron distintas dimensiones en las cuales deben enfocarse las intervenciones.

Valencia, Cristo y Petro, por ejemplo, mencionaron la importancia ambiental que tienen los territorios afectados por cultivos ilícitos, por lo que no deben ser puestos en riesgo con las intervenciones estatales.

Para Valencia, a diferencia de los otros participantes, la construcción de vías terciarias no es la solución si atenta contra áreas estratégicas en términos ambientales, y coincidió con Cristo en que es necesario buscar la complementariedad de políticas de drogas con herramientas de protección ambiental -como los hogares Guardabosques o Pagos por Servicios Ambientales (PSA)-.

Nieto, Cristo y Gaviria hicieron referencia a las intervenciones integrales del Estado en los territorios afectados por cultivos ilícitos. Nieto enfatizó en la importancia de intervenciones enfocadas en el desarrollo rural integral, y Gaviria se refirió a que el problema de cultivos de uso ilícito debe enfocarse en las posibilidades de desarrollo territorial de los hogares campesinos y en sus condiciones socioeconómicas.

La formalización de la tierra fue resaltada por Galán y Petro como un eje fundamental de la política de drogas. Para Petro y Romero, la titulación de la tierra y la política de sustitución debe estar en cabeza de las mujeres para materializar el enfoque de género en la política de drogas.

Por último, Valencia propuso que un tema central en la relación con Estados Unidos debería ser la negociación de sobretasas de precios de los productos de sustitución de cultivos, y Galán propuso la financiación de obras por impuestos que permitan acercar a las comunidades más alejadas facilitando su acceso a los mercados legales.

3. Las intervenciones deben considerar riesgos y violencia que enfrentan líderes sociales y comunidades: deben incluir mecanismos para protegerlos

Las referencias a los líderes sociales durante el conversatorio fueron escasas, a pesar de ser actores fundamentales para controlar la expansión de cultivos ilícitos y estar expuestos por algunas intervenciones.

Gaviria fue el único que mencionó en sus objetivos de política de drogas la protección especial a las comunidades y a los líderes sociales. Valencia hizo referencia al riesgo al que están expuestos los líderes sociales en la implementación de políticas de sustitución en contextos con dinámicas de violencia. Romero hizo énfasis en que la sustitución de cultivos debe garantizar la seguridad para las comunidades.

Algunos precandidatos mencionaron las violencias alrededor del narcotráfico. Valencia, Echeverry, Gaviria, Petro y Barreras se refirieron a este fenómeno, que proponen enfrentar de diferentes maneras.

Valencia, hace una diferenciación entre las organizaciones criminales y los campesinos que permitiría realizar intervenciones diferenciadas. En este sentido, Echeverry mencionó que es necesario mejorar la efectividad de la Policía Nacional en las calles de la mano de las comunidades. Gaviria mencionó que la violencia urbana alrededor del microtráfico podría atacarse a partir de la descriminalización del consumo de cannabis. Para Petro y Roy, la solución para desescalar las violencias del narcotráfico es la regulación de la producción y la descriminalización del consumo.

4. Es necesario regular el uso adulto y recreativo del cannabis, su producción local debe incluir a poblaciones campesinas

La posición frente a este punto fue igual al punto sobre la inconveniencia del glifosato. Los tres precandidatos que no apoyan la regulación del uso adulto y recreativo del cannabis fueron Valencia, Echeverry y Nieto.

La preocupación de Valencia se basa en el aumento del consumo de jóvenes en Uruguay ocasionado, según ella, por la descriminalización. A Echeverry le preocupa el consumo en niños y adolescentes y la ineficacia del Estado en su protección. Para Nieto, es necesario realizar estudios sobre las consecuencias de salud pública antes de hacer el cambio en la regulación.

5. Los países productores de cocaína enfrentamos desproporcionadamente los costos de la guerra contra las drogas

Frente a la necesidad de la regulación de la cocaína, Galán, Romero, Cristo, Petro, Gaviria y Barreras estuvieron de acuerdo en que es necesario dar un debate global.

Sin embargo, Nieto y Valencia aseguraron que en ninguna parte del mundo se están dando estas discusiones sobre la regulación de la cocaína. Echeverry, considera que es necesario hacerlo a través de consensos globales y que Colombia debe liderar la discusión sobre la legalización a nivel global. Romero mencionó que debe haber corresponsabilidad entre los países productores y consumidores.

Para los siguientes tres puntos es necesario aclarar que las preguntas realizadas en el conversatorio no se enfocaron directamente en estos temas por restricciones de tiempo y eso puede explicar que las respuestas de los candidatos no se hayan enfocado en estas dimensiones, sin embargo, resaltamos algunos puntos mencionados.

6. Las cárceles están sobrepobladas con personas capturadas y judicializadas por delitos menores asociados con drogas ilícitas, especialmente mujeres; hay que pensar en medidas alternativas al encarcelamiento

Gaviria, como uno sus objetivos de política de drogas, mencionó que no es óptimo criminalizar el consumo de la marihuana y que la criminalización reduce la eficiencia de la policía para enfrentar el crimen. De igual modo, Petro expuso la necesidad de diferenciar entre los consumidores y los traficantes con el propósito de mantener a los consumidores alejados del sistema judicial.

Sin embargo, no hubo menciones por parte de ningún candidato al costo desproporcional que enfrentan las mujeres en el encarcelamiento por delitos menores relacionados con drogas ilícitas, incluso cuando les preguntaron sobre la materialización del enfoque de género en la política de drogas.

7. El enfoque para abordar el consumo problemático de sustancias psicoactivas debe ser de salud pública

Tres candidatos se refirieron a este punto de diferentes maneras.

Barreras defendió la idea de la legalización de las sustancias ilícitas a partir de un enfoque de salud pública. Petro hizo referencia a los Centros de Atención Médica a Drogadictos (Camad) que se implementaron durante su administración en Bogotá como una aproximación al enfoque de salud pública que debe tenerse desde la política de drogas. Gaviria mencionó como objetivo de la política de drogas el enfoque de salud pública a partir de la prevención y tratamiento a través de la reducción de daños porque el prohibicionismo no contribuye a los objetivos de salud pública.

8. Se debe avanzar en la investigación científica sobre la hoja de coca y sus usos alternativos

Galán fue el único que se refirió a este asunto.

El precandidato se refirió a los potenciales usos alternativos de la hoja de coca en cuanto al uso medicinal y nutricional. Adicionalmente, mencionó que era posible negociar con Estados Unidos mecanismos que permitan avances en investigaciones en esta dimensión. Sin embargo, no se hizo referencia al rol de las comunidades en el desarrollo de estos mercados.

9. La política de droga requiere evaluaciones rigurosas para determinar su impacto

Este componente no fue mencionado por ninguno de los participantes. Aparte de Gaviria, ningún participante mencionó la importancia de las políticas basadas en evidencia frente a la política de drogas.

Sin embargo, enfoques experimentales y de evaluación de impacto se han empleado, por ejemplo, en la evaluación de programas de militarización de ciudades y sería importante realizarlo en intervenciones de política de drogas, antes de escalar programas como los de sustitución para conocer sus impactos.

Algunas afirmaciones hechas durante el conversatorio sobre políticas en curso no se basan en evidencia, porque no está disponible, y responderlas es fundamental para intervenciones futuras.

Por ejemplo, Nieto manifestó su preocupación frente a políticas alternativas a la fumigación aérea, puesto que exponen desproporcionalmente a la Fuerza Pública. Sin embargo, no existe evidencia que sustente esta afirmación para programas de sustitución.

También es importante determinar el impacto del Programa Nacional Integral de Sustitución de cultivos de uso ilícito (Pnis) para determinar la efectividad del programa. Por lo tanto, la evaluación de impacto rigurosa de este y otros programas, en lo posible con un enfoque experimental, es crucial para definir ajustes a intervenciones previas y diseñar nuevos programas para lograr los objetivos esperados.

En cualquier caso, la política de drogas estará en el centro de la campaña.

Esta primera conversación a partir de las visiones y propuestas de cada precandidato frente a la situación que enfrenta el país sobre producción, tráfico y consumo de sustancias psicoactivas es de gran importancia para empezar a enmarcar las diferencias entre sus posiciones.

Según nuestra lectura del conversatorio, las propuestas de los candidatos del centro e izquierda tienen más coincidencias que diferencias en lo que concierne a política de drogas. Las posturas más conservadoras, si bien coinciden con el resto en el tema de desarrollo rural e intervenciones integrales, conservan la línea del actual Gobierno en temas de erradicación de cultivos y no contemplan totalmente la regulación del consumo ni de los mercados a través de un enfoque de salud pública.

Es importante seguir abriendo espacios para discutir sobre la política de drogas y aumentar la pluralidad en las visiones frente a este tema.

Desde ya estamos organizando la segunda parte de este conversatorio para incluir nuevas visiones y tener claras las apuestas de quienes podrían liderar la política de drogas para los próximos cuatro años.