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Un nuevo pacto político y social

Uno que sirva para salir de la explosión actual y enrumbarnos hacia el futuro.

A medida que pasan los días y se prolonga la convulsión social, va comprendiéndose mejor la complejidad de la crisis que atraviesa el país. Queda en claro que no hay soluciones inmediatas para los problemas sentidos por la población. Están de por medio problemas de fondo que vienen de tiempo atrás, exacerbados por el manejo de la pandemia, que no pueden resolverse en el corto plazo.
Se requiere diseñar una estrategia, acordada entre los distintos grupos de poder en la sociedad, con metas de corto y largo plazo. Un pacto político y social que sirva para salir de la explosión actual y enrumbarnos hacia el futuro. Principio fundamental de ese pacto debe ser la defensa de nuestro sistema democrático, que, por imperfecto que sea, es mejor que cualquiera otro que pueda imaginarse.
Minouche Shafik, la directora del London School of Economics, acaba de publicar un libro en el cual sostiene que la incapacidad de las sociedades, en todo el mundo, para satisfacer las crecientes expectativas de la población ha generado una enorme frustración entre las gentes, lo cual explica, entre otros fenómenos, la pérdida de confianza en las instituciones y la protesta masiva de los jóvenes, quienes no perciben que exista un futuro para ellos (What We Owe Each Other: A new social contract for a better society, Princeton, 2021).
El caso de Colombia es dramático. En una terrible gráfica del libro, el país clasifica como una sociedad en la cual se requieren once generaciones para que alguien de bajos ingresos transite a la clase media, cuando en Chile son seis; en España, cuatro, y en Dinamarca, dos. De ahí que la señora Shafik considere que en países como Colombia es indispensable avanzar hacia un nuevo contrato social: un “acuerdo entre los individuos, el sector productivo, la sociedad civil y el Estado para alcanzar beneficios colectivos”. Porque el vigente no cumplió el propósito de aumentar el bienestar social.
* * * *
Es evidente el desafío que Colombia tiene por delante. Enfrentarlo, sin embargo, no puede realizarse por medios violentos que les hacen daño a la población más pobre y a la economía, como lo hemos comprobado en las últimas cinco semanas. Se requiere auscultar libremente las necesidades de los diferentes grupos sociales en un proceso ordenado en el cual las instituciones democráticas cumplan su función. El Congreso, en donde está representada la oposición al Gobierno por su principal protagonista, el senador Petro, es un escenario natural para la discusión. El otro es el debate electoral que se avecina. Sería óptimo que los precandidatos y candidatos a ocupar la presidencia comenzarán a plantear, desde ahora, sus ideas y sus planteamientos para sacar al país de la crisis.
Establecer los principios dentro de los cuales deba enmarcarse un nuevo contrato social en Colombia no es una tarea muy difícil. Me atrevo a sugerir algunos:
La situación de pobreza, informalidad laboral y desempleo no es aceptable. Todos los colombianos, en cualquier lugar del territorio, deben contar con un ingreso para vivir dignamente.
Es prioritario aprobar una reforma del mercado laboral en consonancia con una reforma tributaria, que apunten a incentivar la generación de empleo formal, la equidad y al incremento de los recaudos.
Tampoco es aceptable la regresividad del sistema de pensiones, que beneficia a los pocos pensionados de altos ingresos e impide que la mayoría de la población pueda tener una vejez digna.
Hay que promover el crecimiento de la economía sobre la base de empresas privadas, competitivas internacionalmente.
Es urgente abrir futuro para los jóvenes mediante la ampliación de las oportunidades de educación universitaria y tecnológica.
Carlos Caballero Argáez
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