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Solidaridad y tributación

Lástima que el ambiente sea tan poco propicio para el debate serio de un proyecto de ley tan crucial

Carlos Caballero Argáez
Criticar los proyectos de ley que reforman el sistema tributario es muy fácil. Analizarlos con objetividad es difícil. Mucho más cuando en la discusión política y en las redes sociales dominan los odios y el simplismo. En el caso de ‘solidaridad sostenible’ hay que ver el bosque y no perderse en las ramas de los árboles.

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El proyecto de ley presentado por el Gobierno al Congreso es más que una reforma tributaria. Es una locomotora con varios vagones. La parte fundamental es convertir en permanente el programa Ingreso Solidario, transformándolo en un “ingreso básico garantizado”, mediante el cual la población pobre y vulnerable reciba mensualmente un ingreso fijo que le permita cubrir sus necesidades más básicas.
Si bien el programa no resuelve las aberrantes imperfecciones del mercado laboral ni la informalidad, sí busca que al 40 por ciento de la población colombiana (20 millones de personas), que percibe ingresos mensuales inferiores a un salario mínimo, se le garantice un ingreso fijo. Una familia de seis personas en extrema pobreza recibiría –cuando el programa tenga vigencia plena– 366.000 pesos mensuales; hoy en día le llegan, en promedio, 200.000 pesos menos. Para lograrlo se necesitan ingresos permanentes.
Una parte del recaudo generado por el mayor pago de impuestos les va a permitir a esas familias, entonces, comprar alimentos y productos de consumo básico, con un impacto positivo sobre la demanda agregada de la economía, y contribuirá a su expansión. Cálculos oficiales señalan que el poder adquisitivo del 10 por ciento más pobre se incrementaría en 68 por ciento, y el del siguiente 10 por ciento, en 25 por ciento, lo cual mitigaría un tanto su situación. En contraste, el 10 por ciento más rico de la población perdería el 4 por ciento de capacidad de compra. Este no es un efecto despreciable en una sociedad tan pobre.
Los colombianos de todos los niveles de ingreso vamos a tener que acostumbrarnos a pagar impuestos si queremos vivir en un país viable, en una sociedad menos desigual y con algún grado de paz social. La pandemia desnudó la realidad y calentó el caldo de cultivo para la protesta y el populismo.
El arte de la política desde ahora debería ser la búsqueda de más igualdad en el país, en un entorno de libertad política y libertad económica. Con crecimiento y con empleos de buena calidad. Para eso va a ser necesario efectuar cambios estructurales. La reforma laboral y la de pensiones no dan espera, como lo ha planteado Fedesarrollo con las propuestas orientadas a “avanzar hacia un contrato social más equitativo y más incluyente, impulsando al mismo tiempo el crecimiento económico”. Lo que implica, forzosamente, un mayor recaudo y una estructura tributaria menos enredada que la actual, que facilite el pago a un mayor número de contribuyentes. Tarea que queda para un próximo gobierno, porque los dirigentes del presente no quisieron escuchar las recomendaciones de un buen número de economistas sin otro interés que el bien común.
Ahora bien. Como es imposible ‘llorar sobre la leche derramada’, al vagón de la reforma tributaria en el proyecto de ley de la solidaridad sostenible se le podrían introducir cambios que lo mejoraran y se discutieran constructivamente en el Congreso, dejando de lado las presiones sectoriales y la tentación de aprobar una nueva colcha de retazos tributaria. Ojalá se aprovechara la oportunidad para llegar a un acuerdo político mínimo y pasar sin afugias fiscales este y el próximo año. Acuerdo que, como escribe un amigo, debería ser bien visto por las calificadoras de riesgo.
Lástima grande que el Gobierno hubiera fallado en la divulgación de sus propuestas y que el ambiente sea tan poco propicio para el debate serio de un proyecto de ley crucial para el país.
Carlos Caballero Argáez
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