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La reforma y el rechazo a los impuestos

Una iniciativa ambiciosa de Duque que no resolverá el problema estructural de las finanzas públicas.

Carlos Caballero Argáez
Con el sol en las espaldas, el gobierno Duque se lanzó a proponer una megarreforma tributaria en búsqueda de 30 billones de pesos. Una iniciativa ambiciosa que, sin embargo, no resolverá el problema estructural de las finanzas públicas colombianas.

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Los nuevos recursos servirían para cubrir el hueco fiscal del año pasado, pagar parte de la deuda contratada en el pasado y mantener la protección a la población pobre y vulnerable a partir del próximo año. La financiación del desequilibrio actual correrá por cuenta de la compra de ISA por Ecopetrol.
La situación fiscal es dramáticamente mala. Realidad que a los distintos grupos de la sociedad parece importarles poco o nada. Como toda propuesta de reforma de los impuestos, la que se discute genera malestar entre la opinión pública, críticas de toda índole y oposición incluso dentro del partido de gobierno. Con mayor razón en una coyuntura de crisis sin precedente en nuestra historia, en los inicios de la campaña electoral de 2022. Y de la vergonzosa divulgación de su eventual contenido en los medios por el Gobierno. Como mínimo, hay reacciones encontradas: si bien es evidente la necesidad de incrementar los recaudos, el momento es el menos apropiado para intentarlo.
Al malestar y a la inoportunidad de la hora presente se suman un lastre cultural muy profundo en Colombia en contra de los impuestos, además de la ineficiencia del gasto público y la percepción de corrupción.
* * * *
En este año, cuando se conmemoran doscientos años de la Constitución de Cúcuta –la primera del país como república independiente–, vale la pena releer el ‘episodio’ escrito por Roberto Junguito sobre la llamada ‘contribución directa de 1821’ (Cien episodios de la historia económica de Colombia, Ariel, 2018).
En Cúcuta se aprobó una ley fiscal que incorporó “un impuesto sobre las rentas o ganancias de los ciudadanos bajo el título de contribución directa”, fijó los sujetos gravables, las tarifas y su modo de recaudo. Las tarifas variaron entre 2 y 3 % para los salarios y entre 10 y 12,5 % para las rentas de capital, incluyendo la de los bienes de manos muertas en cabeza de las órdenes religiosas (renta presuntiva). Una acción de avanzada: Colombia fue el primer país de América Latina en introducir el impuesto de renta en su legislación.
“La reacción frente a la contribución directa –escribió Junguito– fue altamente negativa desde sus inicios. José María Samper la atribuyó a la posición de la alta clase social poseedora de grandes latifundios, defensora de la esclavitud y que debía su posición económica a las instituciones coloniales”. Fue tal la oposición que los legisladores comenzaron a modificarla en 1823 y la suprimieron definitivamente en 1826. En ese año se restablecieron impuestos indirectos, eliminados en la ley de Cúcuta, como el de la alcabala, lo mismo que el monopolio estatal del aguardiente. Se regresó, entonces, a los tributos de la época de la Colonia. Casi cien años después, en 1918, se aprobaría otra vez el impuesto de renta con una estructura similar, pero con tarifas inferiores a las de la ley de 1821.
¡Increíble! En 200 años de vida independiente no hemos resuelto el problema fiscal por la reticencia de los colombianos al pago de impuestos. El recaudo es inferior al del promedio de la región y de los países de la Ocde. Y, con el paso de los días, el problema se agudiza y su solución se hace más compleja políticamente.
De la reforma del 2021 deberíamos quedar –al menos– con la ampliación de la base gravable del impuesto de renta a quienes ganen más de 30 millones de pesos al año. Sería una acertada manera de recordar la Constitución de Cúcuta. Y de salir de la Colonia.
Carlos Caballero Argáez
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