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De acuerdo con cifras del Fondo Monetario Internacional (FMI), la tasa de bancarrotas para las pequeñas y medianas empresas a nivel global podría triplicarse a causa de la crisis económica desatada por la pandemia.
En Colombia, según información del DANE, 75 % de estas empresas han manifestado que han tenido una disminución importante en su flujo de ingresos.
Por derecho propio, estos datos son preocupantes, pero lo son aún más cuando se ven bajo la óptica de la composición de la economía colombiana, en donde las micro, pequeñas y medianas empresas representan 80 % del empleo y 90 % del sector productivo, según estimaciones del Ministerio de Trabajo.
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Una situación que, de paso, se repite de cierta forma a lo largo de Latinoamérica. De acuerdo con Marcela Eslava, decana de la Facultad de Economía de la Universidad de Los Andes, en todo el mundo hay dos segmentos empresariales muy distintos, uno formalizado y uno emergente, pero en América Latina este segundo es más grande que en los demás continentes. En consecuencia, un choque económico como el que vivimos por cuenta del coronavirus “con estas características y magnitud, implica una exposición más grande que otras economías, sobre todo en lo social”, dijo la académica en un foro convocado por el Banco de Desarrollo de América Latina (CAF).
Es por esto que las empresas tienen medidas especiales en el documento Conpes de reactivación de la economía, que recientemente fue aprobado y cuya versión final fue publicada esta semana por el Departamento Nacional de Planeación. Estas son las acciones que esta política propone para asistir a las empresas colombianas en medio de la peor crisis económica del país.
Entre las varias estrategias y líneas del documento, el Conpes establece como prioridad asistir e impulsar a las micro, pequeñas y medianas empresas del país (mipymes), que componen la vasta mayoría del tejido empresarial en el país.
También se habla de una nueva normativa para que los costos de cerrar empresas se reduzcan y haya “medidas más ágiles para su liquidación” para “atender de mejor manera los procesos de insolvencia y así facilitar la recuperación de las empresas que han tenido dificultades con la crisis”.
Una de las líneas de acción más grandes consiste en aumentar el acceso a compras públicas, especialmente para las miypymes. En concreto, en el primer semestre de este año, la Agencia Nacional de Contratación Pública debe estructura una herramienta de visualización de oportunidades de negocio con el Estado para este sector empresarial.
Así mismo, “para generar un mayor volumen de transacciones de bienes y servicios de características técnicas uniformes por parte de las Entidades Estatales, se promoverá ampliamente la plataforma de la Tienda Virtual del Estado Colombiano. Esto permitirá aumentar el flujo de recursos para los proveedores actuales y futuros, beneficiar a las Mipymes que se encuentren en la Tienda Virtual, generar encadenamientos productivos locales, e impulsar prácticas sostenibles en la adquisición de bienes, obras o servicios”, se lee en el texto final de la política.
De la misma forma, se habla de crear una estrategia en conjunto con las cámaras de comercio para facilitar el acceso de las micro y pequeñas empresas a las compras públicas, una acción que ya comenzó a adelantarse desde octubre del año pasado mediante la firma de un convenio entre Colombia Compra Eficiente y Confecámaras (gremio de las cámaras de comercio).
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Con esto, se busca estructurar e implementar un modelo unificado de Directorio de Proveedores y de Proponentes en Colombia, que será gestionado por las Cámaras de Comercio del país en coordinación con Colombia Compra Eficiente.
Además, las Cámaras de Comercio promoverán acciones para que las empresas del territorio nacional participen en los procesos de compras estatales con mayor confianza y transparencia.
Otra de las acciones importantes que delinea el Conpes es la creación de una línea de crédito por $2.500 millones para pequeñas y medianas empresas, hasta con tres años de plazo, que “gozarán de una reducción de tasa de interés de hasta cinco puntos porcentuales, así como de períodos de gracia hasta de seis meses”, según se lee en el documento. Estos recursos deben fluir a través de Bancóldex.
Así mismo, esta entidad debe “(…) modificar plazos y condiciones preferenciales en créditos de redescuento a través de la línea Mipymes Competitivas para modernizar y consolidar las empresas nacionales, brindando recursos de crédito para inversiones de largo plazo”.
El Fondo Nacional de Garantías tiene tres tareas específicas, de acuerdo con el Conpes: “crear una línea de refinanciación de pasivos dirigida a microempresarios. Movilizar créditos a través de la línea de garantía para liquidez de Facturas, en el marco de las líneas del Programa Especial Unidos por Colombia. Movilizar créditos a través de la línea de garantía para la emisión de Bonos ordinarios en el Segundo Mercado de valores que realicen las empresas para atender las necesidades de financiación de mediano y largo plazo”.
La política también habla de revisar cómo se fijan las tarifas por concepto de comisiones en algunos productos financieros, una acción que debe empezar en este año. De la misma forma, y en el mismo plazo, se debe “promover una mayor participación de inversionistas y agentes oferentes de productos y servicios financieros”.
En términos de capital humano y técnico, el Conpes propone un “programa de asistencia técnica a mipymes para que puedan cumplir estándares de calidad en mercados destino”, así como una “estrategia de apoyo a proyectos de desarrollo tecnológico e innovación con enfoque regional entre empresas, clústeres, universidades, centros de investigación y desarrollo tecnológico”.
Por último, la política establece varias acciones para impulsar la economía en términos de ventas al exterior, que estarán a cargo del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, y que en buena medida parten de las recomendaciones hechas por la Misión de Internacionalización en estos campos:
- Atracción, promoción y retención de inversión de eficiencia; exportación de servicios modernos.
-Mejor ambiente de competencia, competitividad y desarrollo productivo logística y facilitación del comercio (incluyendo el mejoramiento de los procesos aduaneros y la gestión integrada de riesgos).
-Revisión y ajuste de los instrumentos de regulación del comercio de bienes (incluyendo la estructura arancelaria).
-Revisión y ajuste de barreras no arancelarias, implementación de estándares de calidad, aprovechamiento del potencial de la diáspora colombiana en el exterior y coordinación institucional respecto a estas áreas de política.