Ahondando injusticias

En 2017, un precandidato presidencial de Colombia señalaba que una reforma pensional era urgente. Argumentaba, con razón, que un tercio de los ingresos del Estado se destinaba a cubrir las pensiones de solo dos millones de beneficiarios. Con esa cifra, apuntaba, se les podría dar un salario mínimo a todos los mayores de 65 años en el país. Enfatizaba en la inconveniencia de tener dos regímenes pensionales y en la necesidad de romper esa diferenciación. También resaltaba cuán inequitativo era el sistema de prima media (el que administra Colpensiones), pues termina subsidiando a los más ricos: “el 80 % de los subsidios están concentrados en el quintil de mayor ingreso”, decía. Preocupado por la sostenibilidad fiscal del crecimiento de las pensiones no contributivas a una población mayor que aumenta aceleradamente, proponía armar un fondo con cuyos rendimientos se pagaría en el futuro un salario mínimo a cada adulto en edad de pensionarse. Entendía también el precandidato que en el corazón de los problemas del sistema pensional colombiano estaba la informalidad laboral e indicaba que era imposible combatirla con la tarifa de impuestos a las utilidades empresariales de ese entonces: el 34 %. A la derecha del precandidato había una precandidata. También defendió la necesidad de una reforma pensional y laboral de fondo que el gobierno de Santos, afirmó, le había embolatado al país a nombre de la paz.

Más de cuatro años después de ese foro, el precandidato de marras -el hoy presidente Duque- y la precandidata -la hoy vicepresidenta Ramírez- se adentran en sus últimos meses al timón del Gobierno. No han presentado ninguna reforma pensional. Tampoco laboral. Le entregan al país, eso sí, un estatuto tributario reformado en la dirección opuesta a la argumentada por el precandidato: las tarifas a las utilidades empresariales son ahora del 35 %. Y esta semana han propuesto permitir que algunos afiliados al régimen de pensiones de ahorro individual se puedan devolver a Colpensiones para acceder a los generosos subsidios del régimen público. Hablan de cerca de 19.000 beneficiados con un costo de $3,8 billones: un subsidio promedio de “200 millones para cada integrante de ese quintil más rico del que hablaba el precandidato y que además abre la puerta para que muchos otros demanden para acceder a ese beneficio, incluso aquellos ya pensionados y que habrían recibido una mayor pensión en Colpensiones.

Simpatizo con la idea de que es injusto que algunos afiliados hayan tomado decisiones equivocadas sobre cuál régimen les convenía: los sistemas pensionales existen justo para compensar nuestra miopía financiera a la hora de planear apropiadamente los ahorros de largo plazo. Pero resolver esa injusticia, permitiendo el traslado, se hace a costa de una injusticia peor: un Estado al servicio de pagar un creciente monto de pensiones subsidiadas a ese quintil privilegiado. Ojalá el gobierno entrante no se quede como este en los discursos y realmente dé el debate sobre cómo resolver el fondo de esa injusticia. No el debate de cómo ahondarla.

@mahofste